La discusión que estuvo postergada desde el regreso de la democracia hasta ahora, tiene que ver con la legalización del aborto. En 2015, en la primera marcha de #NiUnaMenos, algunas con mayor o menor vehemencia lo sugerían. Hoy lo gritamos todas. Vale la pena recordar que esta es la 7ma vez que se presenta la iniciativa. También, tenemos que recordar que la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, tiene 13 años, el feminismo sabe de insistencias.
Algunos de los datos concretos que tenemos sobre el tema son: que aproximadamente 500 mil mujeres abortan al año. Que 47 mueren por abortos no seguros. Y que son las más pobres. Sabemos, entonces que hay clínicas privadas que lucran con el secreto y que lo pagan las pobres con la vida o con la cárcel. Sabemos que es un tema exclusivo a las personas con capacidad de gestar. No es un tema de las creencias religiosas, ni de la ciencia. Es un tema de la política; quienes integran el Congreso Nacional deberían preguntarse, si están de acuerdo con que las mujeres mueran por abortos clandestinos. Y hasta que resuelvan esa pregunta la sangre de esas mujeres, está también en sus manos.
En Tierra del Fuego AIAS, que es una de las pocas provincias que cuenta con un protocolo de interrupción legal del embarazo, el acceso a ese derecho no está garantizado. Y no está garantizado, porque los objetores de conciencia se escudan detrás de la burocracia para obturar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces las mujeres fueguinas se ven obligadas a llevar adelante embarazos forzados, o a enfrentar la clandestinidad y ser víctimas de la criminalización, de la cárcel o de la muerte, que fomenta el Poder Judicial fueguino.
En Tierra del Fuego AIAS, que es una de las pocas provincias que cuenta con un protocolo de interrupción legal del embarazo, el acceso a ese derecho no está garantizado. Y no está garantizado, porque los objetores de conciencia se escudan detrás de la burocracia para obturar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces las mujeres fueguinas se ven obligadas a llevar adelante embarazos forzados, o a enfrentar la clandestinidad y ser víctimas de la criminalización, de la cárcel o de la muerte, que fomenta el Poder Judicial fueguino.
Tenemos que recordar, que quien era el titular de la Defensa Pública Dr. Julián de Martino –hoy premiado como Juez de la Cámara de Apelaciones de la Sala penal- en representación de los derechos colectivos de “los niños por nacer” y olvidándose de los derechos de las mujeres que ya nacieron, solicitó durante el año 2007 la prohibición de la entrega de la “pastilla del día después”, alegando que la píldora era abortiva. Por ese entonces, la Jueza Dra. Adriana Rapossi, dictó una medida cautelar y ordenó al Gobierno provincial suspender la repartición del anticonceptivo hormonal de emergencia, que se distribuía de forma gratuita en los hospitales públicos a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
La causa siguió su curso y la Justicia machista también. De Martino, pidió ampliar la medida cautelar y el juez Guillermo Penza, prohibió la comercialización del fármaco. Y así Pasaron 4 años. Una decisión que tomaron nada más que tres personas, cercenó durante 4 años los derechos reproductivos de todas las mujeres de de la capital fueguina. Hasta hoy algunas de las farmacias locales, argumentan hoy que la “pastilla del día después” se encuentra judicializada, motivo por el que piden la prescripción médica para su comercialización
Este año, la Cámara Legislativa fueguina estableció el 25 de marzo como “Día de los derechos del niño por nacer”. No es casual que esto sucedería en el marco de este debate sobre la legalización del aborto. Esta norma nefasta, sancionada sobre tablas de espalda a las fueguinas, que basa su argumentación en una fecha estrictamente religiosa, además establece jornadas educativas y culturales a cargo del Poder Ejecutivo, olvidándose con absoluta claridad de la educación laica.
Según uno de los últimos informes del Ministerio de Salud fueguino, más de un 12 por ciento de los nacimientos fueron de mujeres menores de 20 años.
Según ese mismo informe desde 2000 hasta 2014 esa cifra se disminuyó a penas un 2%, luego de la implementación del protocolo de aborto no punible. Para pensar en disminuir los números de embarazo adolescente, tenemos que contar con el aborto legal, porque tenemos derecho a una sexualidad plena las y los jóvenes también.
Lo otro que deben saber, es que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, será legal en Argentina, tal vez este año, tal vez dentro de 15, lo que deriva en el segundo planteo hacia las diputadas y diputados: ¿qué lugar en la historia quieren ocupar?
