Amor y rabia ecofeminista para defender la vida del río Santa Cruz

En la provincia de Santa Cruz avanza un proyecto para construir dos mega-represas que pone en riesgo la vida del último río glaciario que corre libre en la patagonia argentina. Agrupaciones ecofeministas y comunidades originarias se organizan para defender el agua, los territorios y los derechos humanos. Exigen que el Estado cumpla con la consulta libre, previa e informada de los pueblos y denuncian la matriz patriarcal de estos proyectos extractivistas.

En Santa Cruz, Patagonia argentina, hay un río de un azul turquesa profundo que nace en los glaciares andinos y corre libre y tumultuoso hasta encontrarse con el mar, donde en invierno provee de refugio y alimento al macá tobiano, un ave endémica en peligro crítico de extinción. Pero la vida de este río está en peligro.

En 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner resucitó un viejo proyecto para construir dos mega-represas sobre el río y lo adjudicó a “Represas Patagonia” (Unión Transitoria de Empresas conformada por ElectroIngeniería, Hidrocuyo y Gezhouba, de China). Desde entonces, varias agrupaciones lideradas por ecofeministas se organizaron para visibilizar y activar la defensa del río. Así nacieron colectivos como Río Santa Cruz Sin Represas, Río Santa Cruz Libre y Río Vida, que articulan en forma de red dentro del Movimiento Patagonia Libre y junto a la Red Ñimiñ, donde además, participan comunidades originarias.

Para tener derechos, hay que tener wi-fi

En 2014, cuando las obras iniciaron sin el debido Estudio de Impacto Ambiental ni consulta pública, la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, a quienes luego se sumaron algunas ONGs, iniciaron el largo y laberíntico camino legal que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y logró la suspensión temporaria de la obra y la realización de una audiencia pública en el Congreso Nacional en 2017. Las comunidades originarias también consiguieron un fallo que obliga al Estado y a la Empresa a cumplir con la consulta libre, previa e informada (Convenio 169 de la OIT), proceso que se encuentra en sus inicios y que legalmente debió realizarse antes de cualquier intervención en el territorio. A pesar de tantas irregularidades, el proyecto avanza.

Recientemente, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a una nueva audiencia para evaluar las obras del tendido eléctrico desde las represas hasta el Sistema Argentino de Interconexión. Esta vez, el encuentro se realizó de forma “virtual”, en medio de la pandemia y de la explosión de contagios en los obradores de las represas. “Pedimos que se anule esta audiencia, ya que no es participativa ni representativa. No toda la comunidad tiene acceso a internet, a una computadora y a la información publicada de manera virtual. Esta audiencia profundiza la desigualdad en relación a las personas que tienen acceso a recursos informáticos y las que no, un gran porcentaje de quienes quedan excluides, son justamente las comunidades afectadas por este megaproyecto”. Esta frase se escuchó una y otra vez durante las cuatro horas que duró la audiencia.

Sofía Nemenmann, del Río Santa Cruz Sin Represas, Movimiento Patagonia Libre y Red Ñimiñ contó a LATFEM cómo encararon esta instancia: “La organización previa a la audiencia fue tan compleja como enriquecedora. Articular entre comunidades originarias, ONGs y activistas independientes viene acompañado de un proceso de aprendizaje diario y con un objetivo en común. Se trabaja en la diferencia, haciendo pie en los acuerdos. Diría que lo que compartimos es un sentimiento: la importancia de la vida, la interdependencia y la imposibilidad de desentenderse de la grave crisis socioambiental que estamos atravesando.”

Cecilia Argañaraz es abogada, vive en El Calafate y también participa del Movimiento Patagonia Libre. Para ella es fundamental entender este proyecto de represas bajo la luz de los Derechos Humanos. “Se trata del conjunto mínimo de derechos que a ninguna persona puede faltarle para que pueda vivir una vida digna. El Estado tiene la obligación de respetarlos, protegerlos, garantizarlos y promoverlos, no los puede impedir ni obstaculizar, ni pueden ser perturbados por un tercero. Nuestro país ha adoptado los Derechos Humanos en su máxima jerarquía normativa y los está violentando con esta obra. Además, como estos derechos son interdependientes, en este caso, al afectar el derecho a un ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, se afectan los Derechos de los Pueblos Originarios, el derecho a la salud, al patrimonio, a la participación ciudadana, pilar de la democracia que se nos restringe con estas instancias donde no se garantiza este derecho. Tenemos que ver la gravedad institucional, social y jurídica que implican estas obras” explica.

El extractivismo como proyecto político patriarcal

Silvina Comachi, es docente de economía y administración, asesora de los pueblos Mapuche, Mapuche-Tehuelche y Tehuelche y vive en Comandante Luis Piedra Buena, a orillas del río Santa Cruz. Estuvo en la audiencia y comentó a LATFEM: “Santa Cruz es una provincia netamente extractivista, la mayoría de los trabajos mejor remunerados de la región son los masculinizados, mientras las mujeres trabajan en las casas de manera invisibilizada o son trabajadoras estatales. Las mujeres y la naturaleza somos súper explotadas en este sistema jerárquico-patriarcal”.

Según el Informe de diagnóstico laboral de noviembre de 2019, elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas Nacional, la estructura productiva de la provincia está basada en la extracción de gas y petróleo, la actividad pesquera, la minería y el turismo. La brecha salarial entre hombres y mujeres en Santa Cruz es del 50%. Un sueldo promedio en la construcción ronda los 50 mil pesos y en minería, energía, electricidad, gas y agua 80 mil, mientras que en el rubro enseñanza, trabajo típicamente feminizado, es de aproximadamente 20 mil.

“Las mega-represas forman parte de la depredación de la tierra, son efectos del neocolonialismo y del sistema capitalista global y patriarcal. Desde el ecofeminismo venimos luchando contra el extractivismo, en la defensa del agua y de los territorios-cuerpas. Me opongo a estas obras también porque son representativas del androcentrismo y el antropocentrismo. Exigimos la desmercantilización de la vida natural”, agrega Silvina.

Un conjuro ecofeminista para torcer la historia

En aquella audiencia en el Congreso Nacional de 2017 participaron 97 personas: 75 varones, en su gran mayoría blancos y profesionales y sólo dos de ellos representaban a comunidades de pueblos originarios. Luego de escuchar a 44 oradores tomó la palabra la primera de las 22 mujeres que accedieron al micrófono en aquella instancia. En esta última audiencia de octubre, los números fueron más equilibrados: hablaron 12 varones y 14 mujeres.

La única persona que se expresó a favor de las represas fue Néstor González, Intendente de Puerto Santa Cruz, quien no “estaba anotado para participar y apareció a último momento, demostrando las irregularidades de todo este proceso”, detalla Cecila. Este funcionario aseguró “conocer mucha gente interesada en este proyecto pero que no tuvo recursos para participar”, reforzando el reclamo por la falta de participación, incluso ‘desde el otro lado’.

“Creo que la furia ecofeminista que nos impulsa, a veces con rabia, otras con amor, tiene mucho para aprender. Trabajamos en red para aprender a desacelerar, escuchar y poder caminar hacia una lucha inclusiva y plurinacional que nos represente a todes. Nos organizamos desde el ecofeminismo y nuestros compañeros acompañan. En la Red compartimos la lucha con comunidades originarias que no se identifican ni con el feminismo, ni con el ecofeminismo y que además manejan otros ritmos y distintas herramientas de diálogo y decisión. Nos movemos a prueba y error, con respeto como base para construir”, comenta Sofía, del Río Santa Cruz Sin Represas. “La rotunda oposición organizada que presentamos es la que va a frenar esta y todas las obras de falso progreso que nos quieren vender”, dice convencida.

Por el derecho de los pueblos al agua, al territorio y el buen vivir

Sabina Muñoz es guía de turismo de el Calafate, actualmente vive en Gales y también forma parte de los colectivos Río Santa Cruz libre, Movimiento Patagonia Libre y la Red Ñimiñ. Ella destaca la importancia de comprender nuestra propia responsabilidad para con nuestro hábitat y frente a nosotres mismes “porque cuando hablamos de proteger glaciares, no hablamos solo de turismo o fuentes laborales, hablamos de agua”. “Cuando hablamos del macá tobiano, la Lamprea o la Tonina Overa, no hablamos de simples especies de fauna, hablamos de biodiversidad. Y cuando hablamos de Pueblos Originarios y de hallazgos Arqueológicos, sobre los que esta obra genera un impacto irreversible, hablamos de Consulta Previa, Libre e Informada”, sostiene y continua contundente “a quienes gobiernan no les importa, “velan por nuestra salud” con agrotóxicos, mega minería, incendios intencionales y tala ilegal de bosques, caza furtiva, contaminación de agua por fracking, granja de cerdos, mega represas”. Ante este panorama, Sabina cree que todes podemos hacer algo y considera al activismo una parte esencial para cambiarlo todo.

Su compañera en el Movimiento Patagonia Libre, Sabrina Picone, es Licenciada en Ciencias del Ambiente y becaria doctoral CONICET-CIT Santa Cruz e integra  la Colectiva Transfeminista de la Biblioteca Popular de El Chaltén. Picone explica que se exige al Estado que garantice otras instancias de participación para las personas que habitan en los territorios impactados. “Queremos decidir qué, cuánta, cómo y para qué vamos a producir más energía”, afirma. “La pandemia que estamos atravesando es una alarma, tenemos que cambiar nuestras formas de relacionarnos con el ambiente, no podemos ver estos mega-proyectos únicamente desde lo económico, y no lo decimos sólo nosotres, también lo confirman estudios científicos, la crisis ambiental y civilizatoria, las cumbres internacionales desde 1972 y quienes más sufren los impactos de la crisis ecológica. La tierra tampoco quiere mega represas, no tienen licencia social ni natural”, analiza.

La lucha de estas mujeres por un río vivo y libre hace tejido de lazos solidarios entre ellas y la Naturaleza, y a la vez, buscan construir nuevas formas de hacer activismo ambientalista. Como concluye Sofía: “Para luchar por un ambiente sano, tenés que empezar por respetar a tus compañeras, a la vida que te rodea. Aún hay ambientalistas que se llenan la boca hablando sobre ríos y huemules, pero no saben construir vínculos respetuosos con sus pares y todavía lidiamos con mucho de eso. Detrás de cada activista que ama y lucha por el río Santa Cruz hay una mujer, una historia, tramas complejas, heridas y fortalezas. Es un trabajo a diario por la coherencia y la sanación, desde adentro hacia afuera, por eso no me sorprende que seamos mayoría mujeres quienes llevamos adelante esta causa. Nos sostenemos, construimos y luchamos en red”.