Balas de goma, gas pimienta en los ojos, gases lacrimógenos, requisas vejatorias, manoseos, insultos y maltratos son las palabras que se repiten los testimonios de las personas detenidas y testigos de la represión tras el Paro Internacional de Mujeres del último 8 de marzo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) presentó un dictamen-al que tuvo acceso LatFem- en el que concluye que se trató de hechos de violencia institucional que deberán ser investigados para determinar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad que intervinieron.
El documento presentado en el marco del expediente que lleva adelante la titular de la Fiscalía Criminal y Correccional 59, Laura Belloqui, reúne las declaraciones de víctimas y testigos de la represión ocurrida pasadas las 20 horas, en plena desconcentración. Entre ellas está el relato de una de las jóvenes socorrida en hospital Argerich después de recibir cuatro balazos de goma: dos impactaron en su estómago, otro en la mano y el cuarto en la ingle. También aparece la voz de uno de los detenidos que contó que perdió el conocimiento en la calle por los golpes y las patadas que recibió de los agentes armados.
Muchas fueron obligadas a desnudarse durante la detención, a algunas les revisaron nalgas y vaginas. Además, las detenidas recibieron amenazas y agresiones atravesadas por el machismo y la lesbofobia. Las trataron de “pibe” y “negra de mierda”, entre otros insultos.
Según el escrito de PROCUVIN, las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares. La mayoría no sabía por qué estaba detenida. Los policías no se lo informaron y tampoco se identificaron ante ellas. Las personas que testimoniaron repiten una escena recurrente para describir el momento de la detención: un grupo de varones de civil que las intercepta y “entrega” a uniformados. “A esta la llevamos”, escuchó otra de las encarceladas antes de que una persona de civil la tirara al piso.
“Los elementos hasta ahora incorporados permitieron inferir la ausencia de recaudos especiales por parte aquellos funcionarios encargados de diagramar y coordinar el operativo policial, a fin de resguardar la integridad física y garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de aquellas personas que se encontraban manifestándose en forma pacífica”, señala el dictamen que lleva la firma del titular del PROCUVIN, Félix Crous, y del fiscal ad hoc a cargo del Área de Violencia Policial, Maximiliano Medina.
Cronología de la represión
El documento traza una cronología de los hechos tras la desconcentración de la manifestación que reunió a más de 300 mil personas en la Plaza de Mayo. Los primeros sucesos ocurrieron en la zona de la Catedral metropolitana, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad arrojaron gases lacrimógenos, gas pimienta y proyectiles antitumulto –desde corta distancia-. En ese mismo momento se produjeron detenciones arbitrarias, violentas e irregulares. Los efectivos detenían a personas que no estaba relacionada con el principio de incendio que se había producido en la puerta de la Catedral.
Un segundo conjunto de situaciones, que deberán ser investigadas, se dieron en las inmediaciones de las calles Bolívar y Diagonal Sur, donde un camión hidrante comenzó a dispersar a la gente que aún quedaba en el lugar. Allí estaban el grupo Kidz y jóvenes bailando música electrónica. En ese lugar se produjeron detenciones violentas e arbitrarias y algunas de las víctimas fueron rociadas con gas pimienta o llevadas a la rastra entre varios efectivos policiales.
El tercer eje del dictamen está centrado alrededor de las 22 horas cuando la Policía increpó a un grupo de mujeres que cenaba en una pizzería de la calle Perú. Los agentes les pidieron que abandonaran el lugar y al preguntar las razones, muchas de ellas fueron agredidas por los efectivos, detenidas e introducidas en un camión de la Policía de la Ciudad.
Las causas judiciales
La cacería policial de mujeres post 8M se bifurcó en dos caminos. En primer lugar un cúmulo de expedientes tramita en Juzgado de Instrucción N° 59. Se trata de la causa que tiene que indagar sobre los “ apremios ilegales”. Esta investigación se inició la misma madrugada tras la represión. La abogada Luciana Sánchez, en nombre de todas las personas detenidas en las comisarías 1ª, 4ª, 30ª y de la Comuna 4, presentó un habeas corpus. Una acción judicial para que se informe dónde estaban detenidas y quiénes eran, porque la policía se negaba a brindar información de los nombres de las detenidas y había un gran desconcierto al respecto.
Esa acción fue declarada abstracta tras la liberación de las personas detenidas. Pero la jueza de turno, Laura Graciela Bruniard, extrajo copia de la denuncia de apremios ilegales, la cual fue sorteada y recayó en el Juzgado de Instrucción 59. En esa misma sede judicial también está la denuncia hecha por la abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta contra funcionarios porteños, entre ellos, el jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar; el Ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y Marcelo D’Alessandro, Secretario de Seguridad.
En segundo lugar la causa tiene como imputadas a las víctimas detenidas. Se trata de 15 mujeres y 5 varones imputados por “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”. Ese expediente tramita en el juzgado de Instrucción 35 e interviene la Fiscalía en lo Penal N 8 a cargo de Fernando Fiszer.
