Cuando Pascua Lama comenzó a ser una realidad, dos décadas atrás, Constanza San Juan tenía 15 años, vivía en Santiago de Chile y no escuchó sobre ese proyecto aurífero binacional (Argentina-Chile) sino hasta cuatro años después. Fue durante una charla en la que habitantes del Valle del Huasco advertían que un proyecto minero quería destruir los glaciares: “Ahí me enrolé con personas que intentaban ayudar desde Santiago”, dice a LATFEM. Desde entonces, viajó cada verano al valle para marchar contra el proyecto. Así comenzó a conocer a esas personas que estaban en la resistencia. En 2010 presentó su tesis de Licenciatura en Historia donde describe cómo la instalación y el impacto de la empresa transnacional se tradujo en “una progresiva destrucción del capital social original” de las comunidades de Valle del Tránsito.
“Intenté demostrar los impactos intangibles y sociales que hacía la Barrick Gold en su porfía por desarrollar este proyecto, afectando la identidad, la autogestión, la cultura diaguita, la cultura del río, las relaciones sociales”, recuerda Constanza. Hoy es vocera de la Asamblea por el Agua de Guasco Alto, cuyos integrantes rechazaron desde el comienzo, en el año 2000, la instalación del proyecto minero. Reunieron pruebas y motorizaron denuncias por contaminación y logrando procesos sancionatorios de la SMA que desde 2013 frenaron la obra de Pascua Lama. “Este proyecto marcó mi vida”, sigue la activista.
—¿Cómo se enteraron del fallo que clausura definitivamente Pascua Lama?
—De sorpresa, porque fue casi en fecha de fiestas patrias; aunque lo estábamos esperando, haciendo una campaña muy fuerte, pidiendo solidaridad a todo el pueblo chileno y a todas las comunidades de la región, para que nos ayudaran a presionar porque sabíamos que se venía este fallo que era decisivo. En 2018 ya se había mandatado a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que es el organismo regulador y fiscalizador más grande para cumplir con el cierre del proyecto binacional. Entonces estábamos a la espera. La verdad estamos muy emocionados. Esto ha sido celebrado por muchas personas alrededor del mundo. El fallo responde a una lucha de veinte años: veinte años de dolor, de maltrato, de contaminación, de destrucción, de separación y división de familias, de comunidades, de organizaciones, de niños que vivieron con esta amenaza en las nacientes de las aguas y que vieron atravesada su juventud por este miedo, por este estrés. Por lo tanto, cuando recibimos esta noticia fue un gran alivio, un gran respiro. Quienes compartimos esta batalla nos dijimos: “Vamos a poder dormir tranquilos, por fin, esta noche”. Porque estaba este miedo de no saber qué calidad del agua se estaba tomando, qué estaba pasando con el ecosistema del glaciar, si iba o no iba a haber agua para el futuro, si podríamos proyectar la vida en esta tierra o no.
—Nombrás consecuencias habituales de estos proyectos extractivistas: impactos socioambientales, divisiones, también la Barrick hizo promesas de otras condiciones de trabajo o propuestas bajo el sello de la “Responsabilidad Social Empresarial”.
—Hay que decir que las empresas llegan y se instalan sin respetar la voz de los territorios. Y eso también es una responsabilidad de los gobiernos. Aquí el pueblo se levantó desde un principio y dijo “No queremos la minera” porque nos va a contaminar, nos va a dividir socialmente, va a destruir nuestros glaciares, y veinte años después eso se corrobora. Y cuando la comunidad está empoderada, estamos todos levantados, ¿qué hace la empresa? Despliega una serie de estrategias de cooptación, de compra de conciencia, para dividir a la comunidad, a las organizaciones. Este despliegue es muy siniestro porque intenta romper la identidad del Valle, rompe procesos históricos de una sociedad que era muy fuerte en autogestión, con una cooperación muy grande entre sus miembros. El daño es medioambiental y, subrayamos, tiene impactos sociales; más allá de las divisiones familiares u organizacionales, llega a lo más íntimo de las comunidades: a la identidad, al capital social, o a los patrimonios que se han construido durante años. Daños muy grandes e irreversibles o casi irreparables en términos tanto ambientales como sociales.
—El Primer Tribunal de Ambiental chileno afirma en la sentencia que “Pascua Lama violaba 33 normativas medioambientales y causó daños a especies de fauna y flora nativa por el monitoreo incompleto de glaciares y la descarga de aguas ácidas en un río cercano que abastecía a comunidades de la etnia diaguita. (…) La magnitud del peligro de daño en la salud de las personas hace necesario el cierre del proyecto minero Pascua Lama al no parecer viables otras alternativas de funcionamiento seguro para el medioambiente y la salud de la población”.
—Sí, el Tribunal ambiental ratifica la clausura que la SMA ya había indicado por estos 33 cargos y por eso también hablan de “dolo”. O sea, acá la empresa cometió la mayoría de sus acciones con pleno conocimiento y conciencia de lo que hacía. El Tribunal recalca el grave daño a la salud de las personas: la contaminación al río significó afectación a la salud de las personas, sobre todo a los niños de 0 a 4 años de edad. Y hay afectación a los glaciares. Hemos vivido un crimen ambiental, un ecocidio, y esto no se puede seguir permitiendo por parte de las autoridades. Los gobiernos nos tienen que escuchar cuando las comunidades decimos que no queremos un proyecto contaminante en el territorio. Y a las empresas se las tiene que limitar en su accionar, no pueden seguir comprando conciencias y destruyendo todo.

—Por un lado, un Tribunal ambiental establece esta sentencia y, por otro, el Estado chileno no ratifica el Acuerdo de Escazú bajo el argumento de que “mezcla derechos humanos con medio ambiente”.
—Si el proyecto Pascua Lama hoy está clausurado es por el accionar de esta comunidad, que no dejó de luchar durante años en los que tuvimos que tomar el rol fiscalizador que el organismo dejó tirado. Estaban las pruebas pero nadie decía nada; estaban las sanciones, pero no se daban a conocer. Recién en 2013 nos llegaron las pruebas y con eso se empezó a movilizar todo esto. Hay que recordar que la primera sanción que se le da al proyecto en 2013 es una multa y se escondió la contaminación de agua; fue la comunidad la que tuvo que ir a reclamar al tribunal ambiental, ganamos ahí, después ganamos ante la Corte Suprema, y eso mandató a hacer de nuevo el proceso, dando cuenta de indicios de contaminación de agua, eso obligó a la Superintendencia a elevar el estándar [de calidad] y que finalmente no se pudieran seguir ocultando las cosas. Pero no es como quiere mostrar Chile [con este caso]: que aquí hay una institucionalidad ambiental robusta. Muy por el contrario: acá la institucionalidad lo que hace es permitir, permitir y permitir estos proyectos y facilitarles la vida, por ejemplo, diciendo que no va a firmar el Acuerdo de Escazú -diciendo que no es conveniente para Chile. ¿No es conveniente para quién? Para las empresas, po’. Más allá de que Escazú se pueda mirar con ojo crítico, tiene cuestiones muy importantes como la protección a defensores y defensoras, que es algo crucial en ese acuerdo.
—El fallo ratifica que Barrick Gold debe pagar una multa de 7 mil millones de pesos chilenos (casi 9 millones de dólares). ¿Cómo siguen la lucha?
—A nosotros nunca nos ha importado la multa, así que no hemos hecho un gran seguimiento de qué va a pasar con esa plata; no paga en nada el daño irreparable que han hecho. Sí nos importa que se clausure el proyecto y nos vamos a preocupar de que así sea, de que no haya “letra chica”. El fallo establece que se tiene que hacer un plan de cierre por parte del Servicio Nacional de Geología de nuestro país. Hay un plan de cierre en el permiso ambiental, pero nosotros vamos a estar fiscalizando muchísimo, para que esto no sea una flexibilización a favor de la empresa. Vamos a exigir fechas para todo lo que está ahí, como el desmantelamiento del campamento y el cierre de los túneles. Como la gran falta que tuvo la empresa fue que comenzó a hacer labores de exploración sin dar aviso y sin tener la planta de tratamientos de aguas (por eso decimos que es una empresa criminal, que decidió contaminar -ellos sabían que si comenzaban a hacer estos trabajos sin tener la planta iban a contaminar-), el tribunal mandata que terminen de construir el sistema de manejo de aguas. Tenemos muchas cosas que fiscalizar y ver como comunidad.
—¿Qué reacciones ha tenido la empresa?
—Al día siguiente del fallo, la Barrick sacó un comunicado público que, para nosotros, se transformó en la tercera victoria, porque terminan aceptando el fallo, es decir, no van a apelar. Pero sí es preocupante que digan que quieren seguir trabajando en Chile. Nosotros decimos que no se debe permitir ninguna inversión más en el Valle del Huasco, donde hoy tenemos siete proyectos más que están ubicados, en etapa de exploración, en las nacientes de las aguas. Y vamos a seguir en lucha para lograr el territorio libre de megaminería. Sin dudas este fallo es un aliciente y un motor enorme, que nos hace ver que estamos en lo correcto, con la verdad, que tenemos la fuerza y que sí se puede. Necesitamos que toda Sudamérica ponga los ojos aquí, porque contenemos las tres cuartas partes de los glaciares de esta región y están en peligro porque nuestro gobierno insiste en que se puede seguir haciendo minería protegiendo los glaciares; Pascua Lama viene a demostrar que eso no es posible. Tenemos los proyectos de ley de protección de glaciares paralizados por el poder minero. Así que les pedimos a toda Latinoamérica que exija al gobierno chileno que proteja todos los glaciares y sus ecosistemas.

—Del lado argentino, las autoridades de San Juan dicen que quieren seguir con la Barrick el proyecto Veladero, cuyos derrames de cianuro representan algunos de los peores desastres ambientales en ese país. ¿Qué opinan en la Asamblea de Guasco Alto?
—Estamos muy preocupados por lo que está pasando en ese lado. Lamentamos lo que está haciendo el gobierno argentino. Les pedimos que miren lo que hizo la empresa en nuestro país. Apoyamos la exigencia [de la Asamblea Jáchal no se toca, entre otras organizaciones] del cierre de Veladero, que ya contaminó con cianuro, por las obras de la misma transnacional. Históricamente hemos tenido alianzas, hemos hecho abrazos a la Cordillera juntos. El fallo nos da un nuevo impulso para retomar los lazos con los compañeros porque tenemos otra meta: derogar el Tratado Binacional Minero, que permite este tipo de proyectos en estas zonas transfronteriza.

El largo camino a la justicia ambiental: un poco de historia
Todo comenzó en el año 2000 cuando lxs agricultores de la zona se dieron cuenta que el proyecto Pascua Lama estaba emplazado arriba de glaciares -querían destruirlos-, y que también el botadero de estériles, que produce un drenaje ácido de minas (un cóctel de metales pesados con agua que va supurando a las napas y al río) en la naciente del río Estrecho -que es, a su vez, el río que hace brotar al río Huasco, que alimenta a más de 75 mil personas de Cordillera a mar, ahí es cuando la gente dice “No, no queremos el proyecto porque viene a amenazar nuestra vida, que es el agua”. Así usamos como lema “El agua vale más que el oro”, comienza la lucha, y trece años después empezamos a obtener las pruebas de los organismos públicos, que daban cuenta de estas destrucciones a los glaciares, a la flora, a la fauna y la contaminación del río. Eso fue un aliciente para empezar a buscar cómo poner recursos de protección, demandas, etcétera.Nosotros decimos que la Pachamama nos ayudó mucho. Decíamos que el proyecto era inviable, pero no podíamos subir a fiscalizar porque lo impide el Tratado binacional minero, pero la tierra nos daba cuenta de lo que estaba sucediendo arriba. Eso pasó en el año 2013, cuando el río Estrecho venía muy sucio, con material en suspensión, y los agricultores dijeron: “Esto no es normal, algo está pasando arriba”, y eso obliga a que la empresa se autodenuncie -debido a un mecanismo de la SMA- y obligó a que los servicios fueran. Allí se encontraron con que el nivel de incumplimiento y de desastre que había era muy grande, y no tenía correlación con lo que la empresa estaba diciendo que había ocurrido. Eso abrió el proceso sancionatorio a la empresa, por más de 23 cargos en un principio, del cual nosotros nos hacemos parte como habitantes del Valle del Huasco, con abogados del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OCLA) y otros que son parte del equipo, que ayudan a la comunidad sin cobrar. Eso terminó en una multa en 2013. Alegamos que no se estaba dando cuenta de la contaminación del agua; ganamos en el tribunal ambiental, ganamos en la corte suprema, se mandó a rehacer el proceso, y en 2015 se reabrió. En ese tiempo (2013-2015) nosotros pusimos denuncias desde la comunidad, ante testimonios de los trabajadores, por cosas que veíamos en los canales y nuestras propias investigaciones, y logramos que esas pruebas fueran parte de un nuevo proceso sancionatorio para la empresa. Ahí se abre otro proceso de diez cargos, que se junta a los anteriores y da cuenta de este proceso final por 33 cargos, que termina con el dictamen de la SMA en enero de 2018 y dos años después con la ratificación del fallo por parte del tibunal ambiental de Antofagasta.
