Este 12 de octubre, justo un día donde los pueblos originarios conmemoran su resistencia, el presidente chileno Sebastian Piñera decretó el Estado de Excepción y la militarización de la Araucanía: la zona sur del país donde el pueblo mapuche pide recuperar sus tierras ancestrales hace décadas. En un anuncio desde La Moneda, Piñera aclaró que la medida regirá 15 días prorrogables y declaró: “Este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”.
Esto significa que el ejército tendrá atribuciones como el patrullaje junto a la policía, el apoyo tecnológico y logístico, el control de ingreso al sector y las reuniones sociales en lugares públicos. Las zonas que tendrán presencia militar son las provincias de Biobío y Arauco en la región del Biobío, y las de Malleco y Cautín, en la de La Araucanía. Esta es la zona que los mapuche definen como su territorio ancestral o Wallmapu, donde el Estado chileno se asentó bélicamente. Un lugar donde se vive en tensión permanente a causa, entre otras cosas, del no reconocimiento del Estado chileno a los mapuche, y la imposibilidad de los gobiernos, incluidos los pasados, de izquierda, para llegar a acuerdos relevantes, o que se mantengan en el tiempo, respecto a las tierras.
La palabra terrorismo ha sido asociada al pueblo mapuche ampliamente en la historia reciente de Chile. La Araucanía se ha convertido en un lugar infranqueable, del que, increíblemente, se obtiene muy poca información. La irregularidad del accionar y las investigaciones del Estado no permiten conocer cuánto de las quemas y destrucciones de fundos, y cuánto de los nuevos fenómenos como el robo de madera de las forestales o la irrupción de la idea de guerra contra el narcotráfico -los supuestos móviles para un Estado de Excepción- se vinculan realmente al accionar mapuche. Eso, sumado al historial de montajes por parte de la policía chilena, que han terminado por descubrirse, ha generado una bruma de desconfianza. “El gobierno alega que el narcotráfico se ha transformado en el primer motor pero no ha mostrado evidencia sobre eso (…). Existe un limbo donde uno no sabe si realmente son atentados o montajes, entonces hay una desconfianza tremenda”, afirmó el sociólogo mapuche Salvador Millaleo, en un reciente reportaje para la BBC. Otro ítem del conflicto es que, pese a la gran cantidad de recursos naturales que se explotan en la región, según la última Encuesta Casen, La Araucanía tiene el mayor índice de pobreza del país con un 17,4%.
El llamado conflicto mapuche es también uno de los temas álgidos en la discusión pública, sobretodo en las campañas presidenciales que la han llevado a un lugar de importancia, y también en la Convención Constitucional, donde se intentó reivindicar su presencia guardando escaños reservados para pueblos originarios, y donde además se eligió a Elisa Loncón, una mujer mapuche, como su presidenta.
Justamente, Loncón, calificó de “preocupante” la instauración de Estado de Emergencia, además de criticar que la medida se anunciara, casi como provocación, un 12 de octubre, cuando los mapuche conmemoran el Día de la Resistencia Indígena: “Es el día que nosotros no podemos celebrar, porque es cuando se inició el genocidio”, dijo.
Dos días antes del anuncio, en Santiago, la Marcha de la Resistencia Indígena fue convocada por representantes de los pueblos originarios, como es usual ese día del año, en una manifestación para reivindicar su autonomía. Lamentablemente, también son usuales ya las fotos de la represión policial como respuesta a cualquier tipo de manifestación ciudadana. Esta vez, en medio de las protestas, Denisse Cortés Saavedra, una activista de derechos humanos y estudiante de derecho, que se encontraba trabajando como parte de la Defensoría Popular, falleció por heridas provocadas en la protesta. Aun no están claras las circunstancias de su muerte. La versión de Carabineros dice que se produjo por fuegos artificiales lanzados por los mismos manifestantes, pero la madre de Denisse ha puesto en duda la versión, diciendo que las heridas halladas en su pulmón no corresponden a esa teoría. “Nadie les cree”, dijo a una estación de televisión, cuando se informó que el deceso de Denisse ya estaba siendo investigado por tres brigadas de la PDI chilena: Homicidios, Derechos Humanos y Reacción Táctica, destinada a pirotecnia.
Los videos que ya han aparecido muestran cómo, después del ataque, algunos socorristas intentan ayudar a Denisse pero la policía se niega a colaborar. Una actitud que ya habían adoptado con otros casos que quedaron documentados, como el de Gustavo Gatica, el joven que quedó ciego por proyectiles de la policía, donde se obstruyó el ingreso de ayuda médica.
Denisse Cortés era una persona querida en el movimiento social y su caso ha estado en la palestra, a pesar de que en Chile los medios de comunicación masiva no han tendido a cubrir estas noticias. Como técnica en enfermería, se la conoció por asistir a las manifestaciones para prestar primeros auxilios, y como voluntaria de la Defensoría Popular, asesoraba sobre gestiones de liberación de detenidos y detenidas durante la revuelta. Según la Universidad de Humanismo Cristiano, donde cursaba derecho, que publicó una despedida: “Al inicio de la revuelta del 18-O era conocida como “La Sola”, ya que acudía únicamente con su equipamiento y sin filiación alguna a prestar primeros auxilios en las inmediaciones de la Plaza Baquedano. Meses más tarde se sumó al voluntariado de la Defensoría Popular. ‘Si mi hijo estuviera herido, me gustaría que alguien lo ayudara de corazón, que alguien resguardara su vida en esos momentos”, le decía a sus cercanos’”.
Los hechos ocurrieron apenas dos días antes del segundo debate presidencial, de cara a las elecciones de este 21 de noviembre, donde varios de los candidatos pidieron esclarecer la situación de Denisse, e incluso, el candidato de izquierda Eduardo Artés, pidió un minuto de silencio para ella, que fue negado por el periodista Matías del Río, quien moderaba el debate.
Las elecciones que se llevarán a cabo el 21 de noviembre están rodeadas de esta permanente tensión en la contingencia chilena. Y sin duda vienen marcadas por la imprevisibilidad. Por su parte Sebastián Piñera, que va de salida, enfrenta una investigación penal y una acusación constitucional presentada por la oposición, después del escándalo de Pandora Papers, donde se reveló la venta de un mega proyecto minero que pertenecía a su familia y que habría vendido en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes. No es primera vez que Piñera está involucrado en irregularidades financieras, sin embargo, la supuesta venta de la minera en estas condiciones resultó especialmente polémica porque en sus cláusulas indicaba que la última cuota del pago estaría condicionada a que esa zona no fuera declarada área de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural: una decisión que recaería justamente en su gobierno.
Al Estado de Excepción, que por estos días copa la agenda chilena, se le sumó un anuncio este jueves en Santiago sobre el plan “Anti bandas, armas y narcotráfico”, que reforzará, a pesar del desprestigio de la institución, la presencia policial en 15 zonas consideradas críticas de la capital. El anuncio también se da justo cuando el 1º de octubre dejó de regir el estado de catástrofe por la pandemia en todo el territorio desde de marzo de 2020. Cabe destacar que, sumado al que se decretó durante el estallido social, en 2019, los chilenos y chilenas, estuvieron casi dos años bajo toque de queda nocturno.
