Por las declaraciones tremendamente agresivas, y algunas veces muy poco razonables, que caracterizan al ultraconservador Partido Republicano chileno, parece increíble pero es cierto. Las palabras de Beatriz Hevia, miembro de este partido y Presidenta del Consejo Constitucional —el órgano encargado de redactar la nueva Constitución—, parecen las más elocuentes para resumir este momento de Chile: “Ni usted, presidente, ni yo podríamos haber imaginado que estaríamos en este mismo lugar asistiendo a una nueva ceremonia de entrega. Usted, estimado presidente, porque seguramente albergaba la esperanza de que ganara el Apruebo y comenzara a regir un nuevo texto constitucional. En mi caso, por una razón totalmente distinta: porque tenía la convicción de que ganaría el Rechazo y la confianza de que se respetaría el cierre de la cuestión constitucional”, dijo la abogada de 30 años, en la escueta ceremonia con la que este martes se dio entrega, por segunda vez, de un nuevo proyecto de Constitución para Chile.
Por supuesto, ninguna de esas dos cosas ocurrió, por eso el desconcierto permanente de ambas partes. En 2022, la ciudadanía no votó por la opción “Apruebo”: decisión que obligó a dar marcha atrás con la propuesta de nueva Constitución escrita por un órgano elegido popularmente en el que el gobierno de Gabriel Boric había invertido mucha expectativa. Por otro lado, en las urnas ganó ampliamente la opción “Rechazo” al nuevo texto, pero con ello tampoco se cerró el proceso constituyente: un deseo de la derecha chilena casi transversal, que siempre ha defendido la Constitución vigente, es decir, la de la dictadura. Este martes 7 de noviembre, el Presidente Gabriel Boric regresó al Congreso Nacional para recibir por segunda vez en su gobierno un borrador que busca cambiar la Constitución de Augusto Pinochet, nuevo texto con un espíritu radicalmente diferente y elaborado también en condiciones diferentes al primer intento de reescritura, que será sometido a un plebiscito este 17 de diciembre en el que la ciudadanía votará “A favor” o “En contra” de su implementación.
El proceso que inició con las revueltas de 2019 tuvo también un cierre de características bien diferentes a la primera entrega. Fue una sobria y breve ceremonia en la sede del Congreso Nacional de Santiago donde el llamado Consejo Constitucional entregó el documento al presidente Boric, quien firmó el decreto e hizo oficial un nuevo plebiscito popular en el país. Esta vez, no hubo representantes de movimientos sociales, ni manifestantes a las puertas del congreso, ni personas de la sociedad civil, ni discursos conmovedores con referencia a las protestas que iniciaron todo y que ya parecen un episodio muy lejano en la historia chilena. Porque esta vez, paradójicamente, justamente el sector que nunca quiso cambiar la Constitución fue el encargado de reescribirla.
Después de que la ciudadanía rechazara con un abrumador 62% la primera propuesta de nueva Constitución, el gobierno llamó a un nuevo proceso constituyente, pero con diferentes características. Entre otras cosas, se buscó eliminar la idea de un proyecto “refundacional” que, se cree, resultó demasiado expulsivo para la ciudadanía. También se apuntó a trabajar con límites acotados y previamente acordados, y se eliminó el componente popular que caracterizó al primer texto y que —paradójicamente para un país donde se levantó una revuelta popular sin líderes—, la ciudadanía parece rechazar.
Si ese primer texto aglutinaba de alguna forma el espíritu del estallido social —escrito por un órgano paritario de 155 miembros, con escaños reservados para pueblos originarios, elegido por votación popular—, este segundo intento comenzó por un Comité Experto de 24 personas nombrado por el Congreso, que estuvo encargado de elaborar un anteproyecto con lineamientos base para luego ser discutido por 50 integrantes de un Consejo elegido por la ciudadanía en mayo pasado. Ese organismo, que en la primera oportunidad había sido dominado por nuevas izquierdas, y sobre todo por izquierdas no partidarias, por dirigentes sociales y personas de la sociedad civil, esta vez fue integrado por una arrasadora mayoría de actores de la derecha, que se hizo con 34 consejeros en total dentro del Consejo, una cantidad más que suficiente para tomar decisiones, vetarlas o modificarlas, pues superaron fácilmente los tres quintos del quórum necesario para hacerlo. El Partido Republicano, liderado por Jose Antonio Kast —candidato de la ultraderecha que compitió contra Boric en las últimas elecciones presidenciales— fue el gran grupo ganador en el nuevo proceso constituyente, un proceso al que de hecho siempre se opusieron. Es decir, que el sector que nunca quiso cambiar la constitución de la dictadura se llevó 35% de los votos en las elecciones y con ello aportó 22 consejeros al órgano.
El proceso duró 8 meses y el Consejo electo trabajó con las llamadas “enmiendas” al anteproyecto elaborado por los 24 expertos. Se discutieron una serie de cambios profundos a la propuesta entregada inicialmente, que estaba más bien marcada por la moderación y que había esbozado cambios siguiendo la idea de “no refundar” que tanto espanta a la estricta sociedad chilena. Aun así, ese texto previo tuvo como principal hito el reconocimiento del Estado de derecho en Chile, una idea en la que han insistido las izquierdas, y que de alguna manera remite a los malestares que precipitaron el estallido. Además, incorporaba puntos interesantes como el derecho a la vivienda, a las buenas condiciones laborales, al cuidado del medioambiente y el reconocimiento de los pueblos originarios.
La idea de Estado de derecho es una de las más problemáticas y discutidas en Chile porque a su alrededor se asienta el modelo como lo conocemos hoy. El Consejo Constitucional mantuvo el concepto de Estado de derecho presentado por los expertos, pero no gratis; lo modificó de tal forma en que quedara —dicen sus críticos—, “vacío”. Es decir, que si bien se lo enuncia, una serie de normas particulares referentes a derechos sociales colisionan contra él. “El texto está lleno de normas que desconfiguran el Estado social. Un ejemplo es la norma que establece el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, algo que no existe en ninguna otra Constitución del mundo”, explicó el abogado constitucionalista Javier Couso. Esta nueva carta consagraría entonces un Estado social pero sin fuerza, y con ello reafirmaría el gran malestar que en la Constitución de la dictadura estaba implícito y que moldea el corazón de la sociedad chilena: que Chile es un estado subsidiario, no social, y que son los privados los encargados de proveer derechos sociales como salud, educación, pensiones. “No estamos dispuestos a suscribir una Constitución escrita en democracia que sea peor a la que tenemos”, dijo el consejero Yerko Ljubetic, una frase a la que han empezado a suscribir las izquierdas de cara al plebiscito.
Por otro lado, entre las propuestas que han generado mayor polémica, el nuevo texto rechazó la paridad en el Congreso y reduce los diputados de 155 a 138, plantea la expulsión “en el menor tiempo posible” de migrantes que ingresen de forma irregular al país, y la posibilidad de que los reclusos mayores de 70 años que acrediten enfermedades terminales puedan pedir prisión domiciliaria, lo que, dicen los detractores, podría ser usado como resquicio para los violadores a los derechos humanos que hoy se encuentran presos.
Quizás uno de los asuntos que más ha inquietado por estos días a las mujeres y los cuerpos gestantes es la norma que indica que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. La consigna fue escrita en reemplazo de la actual que indica “la vida del que está por nacer”. Puede parecer una diferencia de redacción sin importancia, sin embargo eso podría significar un total cambio de interpretación de la norma que podría interferir con la ley de aborto en tres causales, logro que tanto le costó al movimiento de mujeres en 2017, y que sin duda, con el envión del nuevo gobierno progresista de Boric, deseaba ir por el aborto libre. En medio de estas discusiones, el partido republicano —que a pesar de sus posiciones extremas se ha consolidado como fuerza política relevante y al que de ninguna manera conviene seguir ignorando— no escondió que su objetivo futuro sería eliminar todo tipo de aborto. El consejero constitucional Antonio Barchiesi dijo: “El hecho de que esta norma no consagre la prohibición directa del aborto, es para nosotros un mandato para buscar siempre y en todo lugar la derogación de la ley de aborto en cuanto permite el asesinato de un inocente”.
Por las volteretas que ha dado Chile durante los últimos 4 años, y que cualquier guion de ficción política se querría, se entiende que de cara a las urnas cualquier cosa podría estar por suceder aun. La derecha, que dominó el nuevo texto, con la astucia y la organización de siempre, ha aglutinado algunas de las nuevas preocupaciones de la sociedad chilena post estallido social: la seguridad, el combate a la delincuencia, la migración ilegal y una de las inquietudes más características de los chilenos: el orden. La nueva carta incluye herramientas para todo eso, desde el control fronterizo radicalizado, al reconocimiento del crimen organizado. La ciudadanía que en 2020 —con la primera votación donde decidiría si deseaba o no cambiar la Constitución que la aquejaba— fue a las urnas masivamente, alegremente movilizada y aun al calor de las manifestaciones, se encuentra ahora en franca situación de agotamiento y desanimo. Durante los últimos 4 años no ha dejado de estar en proceso de elecciones, ya sea por las referidas al camino constitucional como a las elecciones presidenciales. Pero, si de algo sirven las encuestas —porque en estos 4 años han demostrado su poca fiabilidad— CADEM, una de las más nombradas en Chile, indica que la ciudadanía se inclinaría por la opción “En contra” con un 38% y “A favor” con 51%, también indica que hay un 15% de indecisos. Por su parte, el último registro de Pulso Ciudadano indicó que el 69,7% votaría “En contra” y el 30,3% optaría por aprobar el documento.
“Los chilenos deberán decidir si esta es una propuesta que nos une”, dijo Gabriel Boric, que ha sido discreto respecto a su posición pero se entiende que el gobierno ira por la opción “En contra” en el plebiscito cuya campaña mediática empezó el mismo día de la entrega del documento. El ex presidente Ricardo Lagos ya se manifestó en contra del documento, así como las grandes coaliciones de izquierda encarnadas en Socialismo Democrático, Frente Amplio y Chile Digno, entre otros. Los sectores más extremos de la derecha, la UDI y por supuesto Republicanos, se cuadró con la opción “A favor”, incluido el ex presidente Sebastián Piñera, y el Movimiento Amarillos por Chile, un nuevo partido frankestein creado a la luz de los nuevos procesos sociales chilenos que incluye personalidades mediáticas de derecha y deseroteres de la Democracia Cristiana plegados también hacia la derecha.
Entonces, una vez más, para la derecha será todo ganancia. Si sale electa la opción “En Contra”, continuará vigente la Constitución de la dictadura, la que siempre defendió y que nunca quiso cambiar. Si sale electa la opción “A Favor”, la Constitución será cambiada por una escrita a su medida por la derecha más radicalizada. No existe por el momento voluntad para llevar adelante un tercer proceso constitucional. Lo deslizaron así las palabras de Gabriel Boric al cierre: “Si esta propuesta es rechazada nuestro Gobierno se dedicará sin pausa y con mucha energía a seguir trabajando y gobernando por el bienestar de las personas, respondiendo con sentido de urgencia a las demandas sociales que la ciudadanía nos exige y que hoy son la principal preocupación de nuestros compatriotas”. Por lo tanto, para la izquierda, la posición es tremendamente desalentadora: los partidos que históricamente han militado por cambiar la Constitución probablemente tengan que rechazar una nueva propuesta y continuar…con, bueno, la de la dictadura.
