Foto de portada: Catalina Distéfano.
Son las ocho de la noche del 14 de mayo. En Villa Fátima, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, una treintena de efectivos de la Policía de la Ciudad irrumpen por uno de los accesos al barrio. En La Carbonilla, en La Paternal, una topadora avanza escoltada por uniformados y móviles. En la 21-24, los agentes recorren los pasillos exigiendo documentos, requisando motos y fotografiando comedores comunitarios. Escenas idénticas se multiplican en simultáneo en Zavaleta, la 31, Ciudad Oculta, Los Piletones, Rodrigo Bueno, Fraga, Barrio Mitre, Ramón Carrillo y Cildañez.Durante tres horas, más de 1.500 efectivos, drones, helicópteros y topadoras desembarcan sobre algunos de los barrios más poblados de la Ciudad. En apenas el 2% de la superficie porteña vive el 6,3% de la población.
El Gobierno porteño busca construir una postal donde aparece la topadora como trofeo de gestión. Una topadora que hoy aparece en las calles de la Ciudad en carteles gigantes pegados en las paredes. Pero en esa postal no aparecen las trabajadoras que salen de madrugada, las infancias que juegan en los pasillos ni las redes que sostienen la vida cotidiana. Tampoco las demandas históricas de urbanización, infraestructura y servicios básicos. Lo que se exhibe es una ciudad partida entre quienes merecen ser protegidos y quienes deben ser controlados.
Las luces azules de los patrulleros se reflejan sobre las chapas y los ladrillos a la vista. En cuestión de minutos, el miedo empieza a circular por los grupos de whatsApp que tienen de los vecinos de los barrios. El miedo circula más rápido que cualquier comunicado oficial.
“El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter en cana. Y si es extranjero, que tenga la certeza de que lo mandamos de vuelta a su país”, declara Jorge Macri ante los micrófonos. El operativo quedó registrado en las redes sociales. Lo que ocurre después, en cambio, sucede lejos de los flashes. Un mes después, ¿qué queda en los barrios cuando se apagan las sirenas?
La Carbonilla: un refugio arrasado
Hace más de dos semanas que no sale el sol en la Ciudad de Buenos Aires. La humedad de las paredes y la que brota del suelo se mezclan con el desagüe de una manguera sobre la vereda angosta y elevada de la calle Perú, en el tercer sector de La Carbonilla, uno de los 50 barrios populares de la Capital Federal relevados por el ReNaBaP. El barrio es una tira que bordea el viaducto del tren San Martín en La Paternal y que creció hacia arriba, pegado a las vías, buscando alcanzar la altura de un tren que se escucha pasar con frecuencia constante durante todo el día. Entrando por Espinosa, antes de doblar por Perú las paredes dicen: “Los delincuentes no están en las villas: están en Puerto Madero”.
En esa callecita angosta solían estacionar carros cartoneros, armarse puestos de venta ambulante y, frente a la casa de Mari, sostenerse un techo y un cartel: “Comedor y merendero Patria Grande”. Mari es la coordinadora del espacio. De la puerta de su casa salen corriendo dos niñas, sus nietas, que esperan en la vereda a les profes que vienen a ayudarles con la tarea. En este hogar la cocina no descansa; la casa crece en vertical buscando el sol, como casi todas las del barrio, donde viven unas cuatro mil personas según el último censo, aunque les vecines aseguran que son muchas más. Esta tarde hay mate cocido, chocolatada y facturas. El comedor cumple seis años; nació en el aislamiento de la pandemia por una necesidad colectiva que Mari supo escuchar.
“En el grupo de WhatsApp leía que la gente tenía hambre. No podía seguir viendo eso. Con mi familia empezamos a cocinar. Como no podíamos salir, subíamos o bajábamos la comida en un balde con una soga. Era caricaturesco, pero fue la forma que encontramos para sobrevivir”, se ríe Mari al contarlo.
Mari es salteña, pero construyó su vida en la Ciudad de Buenos Aires. No recuerda con precisión las fechas, pero calcula que llegó hace diecisiete años, cuando la mayor de sus nietas, era apenas una bebé. Hasta hace un mes, las personas que llegaban a buscar la vianda o les niñes que asistían al apoyo escolar esperaban todes bajo un techo que la comunidad había armado enfrente. Era una instalación precaria pero vital para que los días de lluvia la olla no se llenase de agua y les niñxs estuvieran resguardados de la intemperie. Sin embargo, las topadoras del operativo “Tormenta Negra” se llevaron puesto el refugio. “Los que nos gobiernan no nos quieren. A los que vivimos en las villas, a los que son extranjeros, a quienes venimos de otras provincias. Nos desprecian”, dice Mari.
La noche del 14 de mayo, al mismo grupo de whatsapp vecinal, que en la pandemia fue una contención, comenzaron a llegar los mensajes desesperados de la irrupción de la Policía porteña al barrio. Mari recuerda: “Fue desesperante. En los audios las vecinas gritaban que se estaban llevando todo, deteniendo gente, tirando mercadería. Preguntaban:¿qué buscan?, ¿qué buscan?”.
—Buscan plantar miedo—responde hoy Mari.
El operativo en números
Al día siguiente de la “Tormenta Negra”, un silencio denso cubrió las villas. En las escuelas públicas del sur y de Retiro, las aulas quedaron semi vacías. Muchas madres decidieron no mandar a sus hijes a clases. El rumor de nuevas razzias, el sonido de los helicópteros de la noche anterior aún presente, y el temor infundado pero inoculado a las deportaciones calaron hondo.
Mientras tanto, las casillas de correo electrónico de los ciudadanos porteños recibieron un boletín oficial titulado de manera pomposa: “El operativo más grande de la historia en las villas de la Ciudad”. El mail celebraba los números de la saturación policial como un triunfo de guerra: “Llevamos adelante ‘Tormenta Negra’, el operativo de control y seguridad más grande de la historia en todas las villas de la Ciudad, con más de 1.500 policías desplegados en simultáneo. Hubo 27 detenidos, 5 búnkers de droga cerrados, 25 comercios clausurados, 113 motos y 64 autos secuestrados”. El texto advertía: “se terminó la Ciudad dividida entre lugares donde cumplir la ley es opcional. Ningún porteño de bien tiene por qué vivir con miedo. Los únicos que tienen que tener miedo son los delincuentes”.
“No desbarataron ninguna organización delictiva,—sostiene Moni desde su puesto en el paseo de compras de la Villa 31, en Retiro— Fue una puesta en escena para la televisión”. Moni cría y mantiene a sus hijes sola, sin un empleo formal ni un ingreso fijo que le garantice llegar a fin de mes. Sostiene el hogar mientras los más grandes todavía estudian. En su puesto vende lo que puede y lo que va consiguiendo: un día accesorios, otro día collares para perros u ojotas. Su economía, como la de tantas en el barrio, es de subsistencia diaria. “Nuestra bronca tiene que ver con que manejamos capitales mínimos. Lo poco que podemos poner sobre una mesa. La vecina de al lado vende ajos: no trae un camión, trae cinco bolsas, los pela, los vende para seguir adelante y vienen y se lo sacan”, dice.
Para ella y sus vecinas, el operativo “Tormenta Negra” empezó mucho antes de que llegaran las topadoras: los días previos, los rumores de allanamientos corrían por los pasillos. Por eso, ese 14 de mayo, Moni decidió levantar su puesto al mediodía. El temor a que le confiscaran la mercadería la obligó a refugiarse en su casa, pegada a la ventana y al teléfono. Según Moni, están viviendo bajo una persecución psicológica constante:
—A veces te piden el DNI para entrar a tu propio barrio.
Villa Fátima: no te dejan vivir, no te dejan trabajar
El discurso oficial del Gobierno de la Ciudad parece un eslogan de ordenamiento urbano. Las palabras elegidas no son nuevas: orden, limpieza, recuperación del espacio público. Sin embargo en el merendero de La Carbonilla, en los comedores del Bajo Flores, las feriantes de la 31, en la Junta Vecinal de Villa Fátima escuchan otra cosa. “Este Gobierno nos quiere hacer creer, y les quiere hacer pensar a los sectores medios, que nosotras somos el problema de todo lo que no se hace en la Ciudad”, sostiene Nadia Aguilera, presidenta de la Junta Vecinal de Villa Fátima.
Para ella este ensañamiento tiene que ver con la campaña electoral y un odio de clase histórico: “No pueden entender que somos todos clase trabajadora: el que se levanta a las cinco de la mañana para ir a una PyME, el que labura en un restaurante, el que junta cartón o las compañeras que sostienen los comedores. El negocio de ellos es que no te dejan vivir porque no te dejan trabajar”.
En Villa Soldati, dentro de la Comuna 8, se emplaza Villa Fátima. Ahí vive Nadia hace cuarenta años. Llegó de la mano de su familia cuando tenía apenas cinco, desde Lanús, en una época en la que el barrio era un trazado de calles de tierra, ranchos y chapas. Hoy es psicóloga social, militante política, parte de la Junta Vecinal y lleva su origen como bandera: “Tengo mi identidad villera, soy villera y no lo voy a negar”, dice orgullosa.
Como presidenta de la Junta Vecinal del barrio Nadia describe otra realidad, asegura que con la gestión de Jorge Macri y las políticas nacionales, la economía de subsistencia se encuentra “totalmente aplastada”. La persecución ya no es solo discursiva, sino material: el Ministerio de Espacio Público confisca mercaderías constantemente, tira la comida de las mujeres que salen a buscar el mango a la esquina. “Es de una crueldad total. ¿Cómo podés tirar comida acá?”, dice.
Esa asfixia se transformó en violencia policial la noche del 14 de mayo. Mientras el operativo avanzaba por los accesos, Mónica —vecina de Fátima, pastelera y trabajadora de la cooperativa gastronómica Che que Rico— estaba conectada a una reunión de la Mesa Nacional de Barrios Populares discutiendo, paradójicamente, la urbanización y la necesidad de una presencia productiva del Estado. Los golpes insistentes en la puerta interrumpieron la pantalla: su compañero subió corriendo a buscar los papeles de la cooperativa porque los estaban allanando.
Al bajar, Mónica se topó con una comitiva de inspectores y policías que pretendían entrar por la fuerza. Cuando les exigió la orden judicial, los agentes se retractaron sobre la marcha alegando que se trataba de una “inspección”. En un barrio densamente poblado, fueron directo a buscar el espacio que gestionan las compañeras de La Poderosa. Mónica dice que “el sinsentido era total”, los mismos efectivos que montaban el despliegue, patrullan la zona a diario, les compran comida o les piden agua caliente para el mate. Saben que hacen funcionar una olla popular tres veces por semana y talleres deportivos para veinte niñes en una de las canchitas del barrio.
Sin embargo entraron igual: armas largas, escudos, palos, cascos y pasamontañas. “Verlos de frente y tan cerca causó espanto y una sensación total de desamparo”, repasa Mónica verborrágica. La requisa se topó con la legalidad: los libros contables estaban en regla, las facturas de las maquinarias al día y el local contaba con certificados de desinfección vigentes e infraestructura de higiene industrial que, irónicamente, se había financiado y rendido años atrás a través de programas públicos de promoción del trabajo. Al no encontrar irregularidades, los agentes se limitaron a marcar tres sugerencias menores de mejora y colocaron una faja de clausura preventiva. Antes de irse, y de manera burlona felicitaron a las trabajadoras por la limpieza del lugar: “Te apuntan con armas y pasamontañas y después te felicitan”.
El impacto del operativo generó miedo, pero también potenció la bronca y la necesidad de organizarse:
—¡Algo tenemos que hacer!—arenga Nadia.
La frase se repite en cada asamblea barrial tras el operativo.
¿De qué hablamos cuando hablamos de inseguridad?
Para quienes habitan las villas porteñas, la palabra seguridad tiene otra semántica: implica la certeza de tener luz en invierno para no congelarse, la garantía de que una ambulancia pueda ingresar ante una emergencia, poder acceder a conexión de internet, contar con presupuesto en los Centros de Salud Comunitaria, tener a acceso al agua potable y vacantes escolares en el propio distrito que eviten que les niñes crucen plazas desoladas a oscuras al regresar de la escuela.
—Cuando pedimos seguridad, pedimos eso; no pedimos que nos amedrenten, nos peguen un palazo y nos manden para adentro de la casa— sostiene Nadia Aguilera.
Para les vecines de las villas porteñas, la discusión excede la seguridad: se trata también de quién tiene derecho a permanecer en una ciudad cada vez más cara y excluyente.
La ofensiva sobre los barrios populares ocurre en un momento en que los procesos de urbanización se encuentran estancados por el desmantelamiento de la política nacional de integración socio-urbana. La eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba obras de infraestructura en barrios populares de todo el país, dejó proyectos frenados y recursos paralizados.
En este escenario, la desprotección también se profundiza por la eliminación de políticas públicas de género a nivel nacional y local. Sin embargo, donde el Estado se retira, las redes feministas comunitarias se cargan la vida al hombro. En La Carbonilla, Mari, como muchas otras mujeres, combina sus jornadas laborales fragmentadas —limpiando casas particulares en otros barrios de la Ciudad o en el conurbano— con el cuidado de toda la comunidad. En los comedores no solo se atajan las ollas: se gestionan trámites online, se median problemas de infraestructura con la Defensoría del Pueblo y se contienen las situaciones de violencia machista que el andamiaje institucional decidió ignorar.
Ese laburo de cuidado cotidiano hoy también sufre el acoso de la sospecha burocrática. El Gobierno de la Ciudad impuso controles estrictos sobre los comedores, obligando a las cocineras a utilizar aplicaciones digitales para registrar los datos de cada vecino que retira una vianda, bajo la premisa oficial de que las raciones son falsas. Nadia cuenta que en el comedor de Villa Fátima, donde asisten a más de 200 personas diarias pero solo reciben insumos para 140, las mujeres deben sumarle la carga de la vigilancia digital a la tarea comunitaria para justificar la existencia del hambre.
Las historias de Mari, Nadia, Moni y Mónica no son aisladas. Son algunas de las voces que permiten ponerle cuerpo a una realidad que también aparece en las estadísticas. En marzo de 2026, el séptimo informe de La cocina de los cuidados, un espacio de monitoreo integrado por el CELS, la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) y diversos colectivos territoriales, reveló que el 56% de los hogares debió hacer ajustes en la cantidad o calidad de sus alimentos por falta de recursos. Lejos de la supuesta “normalización” económica que publicita el Gobierno, el tejido de subsistencia se está rompiendo en su eslabón más sensible: los comedores comunitarios. Según el informe, el subgrupo de personas que asiste a comedores o recibe mercadería creció significativamente, pero el 60% de ellas denuncia que hay menos disponibilidad de alimentos que antes.
Las requisas del operativo “Tormenta negra” y las fajas de clausura, como la que recibió la cooperativa Che que Rico o el hostigamiento al merendero de La Carbonilla, ocurren en un contexto donde seis de cada diez personas debieron recurrir al desahorro, al crédito formal o familiar o incluso a un trabajo extra para llegar a fin de mes.
—Nosotros somos parte de la ciudad, aunque les pese a todos. Movemos la economía, somos fuerza de trabajo y esto tendría que ser valorado; sobre todo el trabajo de las mujeres— sostiene Nadia.
La periodista intentó consultar a distintos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para conocer su posición sobre los operativos y sus consecuencias en los barrios populares. La respuesta fue que no estaban realizando entrevistas.
