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Casiva está acusado de homicidio calificado por mediar violencia de género, hurto calamitoso (por el celular) y daño (por la agresión a la mascota de Lara), todo en concurso real. En la primera audiencia del juicio se abstuvo de declarar e increpó al fiscal Gustavo Arocena y al tribunal de la Cámara. También se agarró la cara cuando escuchó llorar a su madre mientras declaraba.

Pasadas las 10 de la mañana de este miércoles comenzó el juicio con jurados populares por el femicidio de Azul Montoro. Tenía 23 años cuando fue asesinada el 18 de octubre de 2017. El proceso oral y público se desarrolla en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 9ª Nominación, Tribunales II, de Córdoba. Es la primera vez en la provincia que el asesinato de una mujer trans es calificado como femicidio. El acusado es Fabián Casiva y tiene antecedentes por violencia de género. ¿En qué momento un violento se convierte en femicida? 

Cuando el violento se convierte en femicida

En octubre de 2013, cuando tenía 19 años, Casiva fue imputado por la Fiscalía de 2º turno de Violencia Familiar por privación ilegítima de la libertad personal agravada, amenazas calificadas y lesiones leves calificadas agravadas en contra de su madre, Mónica Galíndez, y de su hermana, Vanesa Casiva. 

En octubre, tres años después Casiva fue imputado nuevamente por lesiones leves calificadas y amenazas calificadas en contra de su madre. Ella era sometida a sus “malos tratos -tanto físicos como verbales- y a conductas destinadas a dominarla basadas en una relación desigual de poder”, según consta en el expediente.

En octubre del año siguiente se convirtió en femicida: asesinó a Azul Montoro exactamente el 18 de octubre de 2017 entre las 4 y las 5.10 de la madrugada. Hasta ahora, es la escena final en el espiral de la violencia. Aquella noche, Casiva llegó en su motocicleta hasta la “zona roja” comprendida entre las calles Humberto Primo y Sarmiento, donde tanto mujeres cis como trans ejercen el trabajo sexual. Después de consultar por varias de las chicas que trabajaban ahí esa noche, se decidió por Azul y se fueron juntos hasta el departamento de Lara Godoy, una amiga íntima.

Lara había viajado a San Juan por el Día de la Madre y le había dejado llaves de su departamento tanto a Azul como a Maina Carrizo. Aquella madrugada había silencio en esa casa cuando Azul entró acompañada por el cliente. Casiva ingresó con ella hasta el dormitorio y, en el marco de una discusión por motivos que aún no se conocen, sacó un cuchillo y la apuñaló. 17 veces. Ella quiso defenderse pero él le provocó un golpe en la cabeza que terminó por dejarla inconsciente. Antes de irse, con el mismo cuchillo atacó a la perra caniche de Lara que estaba en la habitación. Tomó el celular de Azul y dos billetes de cien pesos. Después, se subió a la moto y se fue.

Casiva está acusado de homicidio calificado por mediar violencia de género, hurto calamitoso (por el celular) y daño (por la agresión a la mascota de Lara), todo en concurso real. En la primera audiencia del juicio se abstuvo de declarar e increpó al fiscal Gustavo Arocena y al tribunal de la Cámara. También se agarró la cara cuando escuchó llorar a su madre mientras declaraba.

Inimputabilidad del acusado

Los antecedentes por violencia machista no fueron computados para este juicio porque Casiva fue sobreseído por inimputabilidad. Padece esquizofrenia aguda, según relató su madre. 

“Era una persona violenta”, dijo Galíndez mientras bajaba el tono de la voz y miraba de reojo a su hijo sentado a su derecha. Ella lloraba y se secaba las lágrimas de la cara mientras él repetía el mismo gesto en sus ojos, de espaldas a una sala repleta de familiares y amigas de Azul. La mujer lloró también al reconocer que lo había denunciado por violencia. “Soportaba mucho las cosas que pasaban. Yo, como mamá, pensaba que podía ayudarlo pero no. Lo denuncié porque necesitaba ayuda”, contó la mujer. 

La imputabilidad del acusado es la principal estrategia de la defensa. Tiene un defensor público, el asesor letrado Javier Rojo. Casiva tenía “una problemática en su desarrollo intelectual que le impedía comprender la criminalidad de los actos”. El abogado afirmó que durante el juicio tratará de mostrar cuál era la situación psíquica del acusado para saber si el 18 de octubre de 2017 “fue un día más en su vida o fue producto de una serie de situaciones que se fueron agudizando hasta llegar al lamentable hecho”. Luego sostuvo que Azul fue una víctima más de un problema psiquiátrico-médico. 

Si bien en un comienzo las pericias que se hicieron en el marco de la investigación declararon a Casiva inimputable; el fiscal Guillermo González continuó investigando y ordenó nuevos estudios que se conocieron en octubre de 2018 y demostraron que sí comprendía la criminalidad de los hechos y que, además, había intentado ocultarlo: asesinó a Azul, se deshizo del arma homicida y se ocultó tras el femicidio. Tomó un remise desde su casa hasta el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial -que, según declaró el remisero, pagó con dos billetes de cien pesos que tenían manchas de sangre seca- y allí pretendía quedarse.

La querella, a cargo del abogado Tomás Aramayo, aseguró que Casiva intentó escudarse en una enfermedad de salud mental. “Era plenamente consciente de lo que realizó. La mató salvajemente. La comunidad trans tiene una expectativa de vida de 35 años. Además, no tienen inclusión laboral. Por eso el trabajo sexual es su única salida. Azul hoy podría tener 26 años, tenía expectativas de vida como toda persona. Por eso es necesaria la inclusión, para que estas situaciones no se vuelvan a cometer”, aseguró el letrado en la primera audiencia. El fiscal que interviene en la causa, Gustavo Arocena, también afirmó que Azul fue asesinada por su condición de género.

Mujeres trans

“Ya teníamos miedo de lo que pudiera hacer”, declaró Vanesa, la hermana del acusado durante la indagatoria en la etapa preliminar al juicio. Ella lo denunció junto a su madre, cansada de las agresiones que sufrían. También contó que una vez él intentó prenderles fuego la casa. Los antecedentes en violencia machista fueron claves para determinar la imputación. Azul Montoro fue asesinada por ser una mujer trans.

En la primera audiencia declaró Lara Godoy, una de las mejores amigas de la víctima que también es trans y ejerce el trabajo sexual. “Nuestra vida es difícil. Estamos expuestas a diario a muchos peligros. Nos paramos en una esquina y no sabemos si volvemos a casa. Nos agreden, nos tiran botellas de los autos, nos insultan. Es común para nosotras. Terminé el secundario, inicié una carrera universitaria y me presenté a entrevistas de trabajo pero nunca me llamaron”, contó angustiada. 

Hace una semana, se realizó en Córdoba la tercera Marcha contra los Travesticidios y Transfemicidios. El principal reclamo fue la inclusión laboral. Desde la subdirección de Derechos Humanos de las Minorías y Lucha contra la Discriminación empezaron a “trabajar fuertemente con la fuerzas de seguridad, que era una demanda histórica por la violencia institucional” que sufren precisamente las trabajadoras sexuales.

“Hoy existen grupos de WhatsApp, integrados por trabajadoras sexuales trans, por la Policía misma, funcionarios del Ministerio de Justicia y funcionarios del Ministerio de Gobierno. Creo que es un nuevo cambio de paradigma. Eso nos ha hecho reportar mucho menos hechos de violencia. Todavía faltan trabajar en otras inclusiones, como educación, trabajo, salud. A ninguna la podemos entender de manera desarticulada de lo que va sucediendo en la ciudadanía en general”, explicó Alejandro Escudero Salama, titular de la subdirección, que también presenció la audiencia.

Desde esa área acompañaron a los familiares de Azul y les consiguieron los abogados querellantes que actualmente trabajan en la causa con perspectiva de género. Escudero Salama, además, contó que trabajan en un relevamiento de la población trans en Córdoba: según datos preliminares, hay 1034 personas en toda la provincia.

“Hay muchas demandas históricas y una era dar cuenta de la situación con datos. Hay mucho relato que se corresponde con la realidad pero hay que legitimar los discursos por medio de una estadística oficial.  Es el insumo necesario para ajustar las políticas públicas tanto municipales, nacionales, como provinciales. Hoy las chicas dicen que su expectativa de vida es de 35 a 40 años, que empieza con la expulsión temprana de sus hogares y sigue con la expulsión del sistema educativo y laboral. Entonces también lo presentamos como una herramienta pedagógica, que sea un insumo para que todos conozcamos esta cruel realidad”, dijo Escudero Salama a LATFEM al término de la primera audiencia. Afuera de Tribunales II la comunidad trans acompaña cada mañana el desarrollo el juicio.