La información que rodeó el femicidio de Micaela García en Entre Ríos, apenas descubierto, apuntó hacia la responsabilidad de Sebastián Wagner. El acusado del femicidio había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones y dentro de la cárcel no había sido sujeto de ninguna política específica que tendiera a evitar la reincidencia en delitos sexuales. Por eso, desde el movimiento de mujeres señalamos: fue Wagner pero también fue el Estado. La falta de dispositivos puntuales se combinó con la falta de datos producidos por el Estado, que tiñó de irresponsabilidad los números que se ventilaron sin respaldo fáctico en esos días. Un ejemplo de ello fueron las palabras de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich quien dijo que el 100% de los “violadores” son reincidentes, frente a la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, cuando se analizó un proyecto de modificación del régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad, para limitar las excarcelaciones.

En ese contexto, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP), a cargo de la fiscal Guillermina García Padin y del fiscal Diego García Yomha, presentó un informe sobre las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual y que están cumpliendo su pena en detención o en suspenso.

¿Cómo leer estos datos? En primer lugar debemos subrayar que sobre un universo de casi 73 mil personas detenidas en todo el territorio argentino, el informe analiza aquellas bajo la órbita de la UFEP. En esta muestra, los delitos contra la integridad sexual son el 10% de 2924 detenidos y el 5% sobre 3867 penas en suspenso. Aún así, aunque la muestra sea reducida permite asomarse al universo de los agresores sexuales. También debemos tener en cuenta que, a diferencia de las unidades penales provinciales, a las prisiones bajo la órbita nacional que tienen detenidos de estas características la UFEP les solicita que se incorporen al Programa de Tratamiento Individual y que informen de qué manera van a trabajar con los condenados, qué dispositivos y tratamientos se van a aplicar. Se pide a la Dirección de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal que evalúe la incorporación de la persona al Programa para Ofensores Sexuales que funciona en una unidad penal de la provincia de Neuquén. Si se solicita una salida anticipada o transitoria, la UFEP analiza si realizó algún tratamiento específico.

Los datos muestran que el 60% de las personas condenadas es la primera vez que son objeto de la persecución penal: nunca antes habían sido perseguidos por un delito contra la integridad sexual. El 19% ya había sido condenado por un delito contra la integridad sexual. De los condenados por estos delitos, más de la mitad fue por violación y el 48% tenía entre 26 y 40 años cuando cometió el delito y solo el 29% completó el nivel educativo obligatorio.

Para las personas que tienen la pena en suspenso, sobre casi el 30% se mantiene la prohibición de acercamiento o contacto con la víctima. El 16% debe seguir un tratamiento psicológico y el resto tiene prisión domiciliaria.

¿Qué pasa con las denuncias? El 93% de las víctimas fueron mujeres. En el 62% de los casos la denuncia se hizo en la primera semana, pero hay un 8% que se hace después de los cinco años, un 10% se hace entre el año y los tres años y un 4% entre los tres y los cinco. Esta demora puede leerse en las características de los agresores, muchos de ellos familiares o personas cercanas al ámbito familiar. El informe de la UFEP “marca la necesidad de ampliar la base preventiva y el acceso de las víctimas al sistema penal, de modo tal que se facilite una pronta respuesta”. Con políticas de prevención estos casos se podrían reducir.

De los condenados que tienen prisión efectiva, el 39% tenía un vínculo familiar; de los que tienen penas no privativas de la libertad, el 46% de las víctimas tenía un vínculo familiar con el agresor. El tipo de vínculo que se relevó en el informe da cuenta de que el 53% de las víctimas fueron hijxs propios o hijxs de la pareja, el 19% sobrinxs. También, que el 8% de las víctimas fueron las parejas o ex parejas del agresor.

Según los últimos datos públicos, el equipo de Delitos contra la Integridad Sexual, del Programa las Víctimas contra las Violencias, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recibe cinco denuncias diarias contra niñxs y el 80% de los abusos son intrafamiliares. Pero desde la primera llamada hasta la denuncia hay un período pantanoso, porque solo dos denunciarán efectivamente. En esa zozobra se mezcla el miedo a “destruir la familia”, que sea más conflictivo el desenlace, que la protección a los niñxs no sea efectiva, enfrentarlos a la judicialización, romper los vínculos. Por cada caso no denunciado, lxs desprotegidxs son lxs niñxs. ¿Qué otras herramientas que no sean las penales pone el Estado a disposición de lxs niñxs en situación de vulnerabilidad? ¿Qué tan real es ese 19% de personas reincidentes en delitos sexuales sobre el universo de los ofensores?

Como dijimos al comienzo, el informe aborda los pocos casos de condenados que están bajo la órbita federal. Sobre la gran mayoría de los agresores sexuales, sobre los Wagner, la Argentina prefiere mantener la ignorancia.