La mayor parte de los sondeos pronosticaban un escenario ajustado, pero en ninguna de estas previsiones estaba presente una diferencia de un 11% entre ambas fuerzas para esta segunda vuelta que le dio la reelección al magnate bananero, Daniel Noboa. No se trataba de una elección más, desde el campo popular advertían que, ante un modelo que busca profundizar el neoliberalismo y su deriva autoritaria, lo que se ponía en juego era la democracia. Por eso, un amplio arco que incluyó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), el Partido Socialista y diferentes organizaciones sociales, firmaron un acuerdo programático de unidad camino al balotaje. El sociólogo e investigador de FLACSO Ecuador, Franklin Ramírez, un día antes de la elección advertía que “no se trata de una elección donde simplemente se plebiscite la continuidad de una derecha neoliberal en el poder, sino de un modelo de neoliberalismo autoritario que ha ido tomando forma de una política de guerra explícita con intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad”. El analista también señaló que “muchas veces la excusa de la violencia del narco, sirve para desplegar un nivel de violencia en la sociedad que viene incrementando el número de desaparecidos, de ejecuciones extrajudiciales, de falsos positivos, de racialización y persecución de la pobreza en los barrios más vulnerables”.
Esta tensión social acumulada impregnó la campaña y las dos instancias de votación desde la primera vuelta en febrero. En la última semana se incrementó la inquietud entre cambios a último momento dispuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la decisión del Ejecutivo de extender el estado de excepción desde el sábado. La medida alcanzó a siete provincias incluido el Distrito Metropolitano de Quito y restringe la libertad de reunión por 30 días. Ecuador fue a las urnas en medio de la militarización y según el gobierno, fue para reforzar la seguridad en las calles ante la crisis que vive el país. El domingo, Luisa González denunció desde sus redes sociales que Noboa estaba “sembrando actas de votación” para iniciar un fraude y a su vez, pedía que el Ejército no interfiera en los comicios. La presencia militar tuvo un protagonismo llamativo para un escenario electoral democrático durante toda la jornada, pasadas las ocho de la noche el CNE realizó una conferencia de prensa para validar los resultados y confirmar que las tendencias a esa hora eran irreversibles, durante el acto la presencia de militares fuertemente armados no pasó desapercibida ya que tenían orden de custodiar a las autoridades electorales.
La sombra del fraude estaba instalada, y a la luz de los sondeos, una de las posibilidades que se barajó la semana previa era que Luisa González gane la elección y que sea el oficialismo el que no reconozca los resultados. Inesperadamente el escenario se dio vuelta con una diferencia que no estaba en el radar de ninguna encuesta y Revolución Ciudadana terminó emitiendo una denuncia pública por fraude y el pedido de recuento de votos porque entre las principales irregularidades se afirma que tienen documentada “la reducción inexplicable y selectiva de votos: miles de votos para Luisa González desaparecieron injustificadamente durante el conteo, mientras Daniel Noboa registró incrementos estadísticamente imposibles en numerosos recintos electorales”.
“Todo está muy tenso, muy sombrío” decía el sábado Franklin Ramírez desde Quito. “Es la lógica que ha tenido Noboa durante su gestión, recurrir a las fuerzas armadas, a la fuerza pública, amenazar y dar mensajes intimidantes para cercar y asediar a la democracia”, afirmó el investigador de Flacso. En este sentido, Ramírez no dudó en sostener que “una continuidad de Noboa reforzaría esa línea autoritaria, autocrática y la lógica de la guerra interna, de la militarización de la sociedad y del orden político, además de la continuidad del neoliberalismo ligado a la agenda del Fondo Monetario Internacional”. Por eso, un triunfo de Revolución Ciudadana podía representar “un respiro para la sociedad, contar con un Estado más presente, que haya una oxigenación del sistema político con una lógica más democrática”, con la posibilidad de darle “mayor presencia al estado en los territorios, en la vida social y en la protección social” ante una crisis estructural tan profunda.
Desde que Noboa decretó en enero de 2024 la guerra interna para combatir a las organizaciones terroristas, el narcotráfico hizo estragos en los territorios y comenzaron a crecer los casos de abusos militares, particularmente de jóvenes racializados y empobrecidos. En diciembre de 2024 la desaparición y muerte de los cuatro niños de Las Malvinas en Guayaquil a manos de militares del Ejército conmocionó a una sociedad que cerraba el año con la mayor cantidad de homicidios para la región. La tendencia no se modificó en estos últimos meses, por el contrario, siguió creciendo en paralelo a la acumulación de poder que el Poder Ejecutivo le asigna a las fuerzas militares, sin lograr por eso darle solución al problema más acuciante del Ecuador. Firme en esta línea Noboa anunció en marzo un acuerdo con Erick Prince, el fundador de Blackwater un grupo de mercenarios estadounidenses, para trabajar en la seguridad del país.
A esta crisis acumulada ahora se suman las irregularidades y el fraude denunciado por Revolución Ciudadana, en este sentido, es imprescindible que el CNE pueda aportar pruebas con el recuento y la apertura de las urnas para lo que sería aproximadamente un millón de votos en disputa. Las irregularidades no fueron parte solo de esta instancia en la primera vuelta, en febrero ya se hablaba de la inversión en pauta publicitaria, el uso de las cadenas nacionales, las promesas de mano dura de este “punitivismo demagógico”. En esta oportunidad, se pusieron en juego promesas de bonos, restricciones del CNE, obstáculos para la llegada de observadores internacionales y finalmente, el estado de excepción. Es difícil leer el resultado actual sin tomar en cuenta estas consideraciones que formaron parte de todo el proceso electoral.
“En esta elección se terminó de asentar la confluencia entre la CONAIE, Pachakutik y Revolución Ciudadana, que son las dos grandes fuerzas del campo popular. Además se han sumado el Partido Socialista, algunas organizaciones populares, campesinas, indígenas, afro y otros partidos más pequeños. Esto es una gran novedad luego de 15 años de tensión, de confrontación, de beligerancia entre estas fuerzas. Es una señal no solo al campo popular, diría yo, sino al conjunto de actores políticos de que se requiere el más amplio acuerdo nacional para enfrentar esta crisis”, explicó Franklin Ramírez y añadió que en las horas previas a la elección sectores de la derecha que no se identifican con el proyecto del magnate bananero, se despegaron de su candidatura y manifestaron su apoyo a Revolución Ciudadana. En este contexto, esta alianza estratégica tiene por delante desafíos tan grandes como si hubiera ganado Luisa González ya que, en la Asamblea Legislativa no hay mayoría automática para ninguna de las dos fuerzas, de modo que será necesario que no se pierda el acuerdo de compromisos firmado para poder hacer frente en el ámbito legislativo a iniciativas prometidas por Noboa como una reforma de la Constitución Nacional.
