El primer día de trabajo de Mariela Labozzetta al frente de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) coincidió con los alegatos del juicio contra Nicolás B., acusado de abuso sexual contra sus hijas. La denunciante había sido la madre de las nenas, Feliciana Bilat. A pesar de que recién empezaba a estar al frente de la fiscalía especializada, Labozzetta corrió a contrarreloj para poder intervenir y evitar una sentencia injusta que parecía irreversible. No llegó. Y el Tribunal Oral Criminal 7 absolvió al hombre acusado de abuso. Sin embargo, Labozzetta tuvo su revancha con el proceso de justicia y reparación que empujaba Feliciana como denunciante. El 13 de agosto del año pasado, a la mujer la detuvieron por defenderse después de que el agresor violara una orden de acercamiento. La fiscal fue hasta la comisaría 10 y se quedó ahí hasta que la liberaron.
-¿Cuáles son los límites de tus obligaciones como fiscal? No todxs lxs fiscales le ponen el cuerpo a las situaciones que acompañan de esa manera, como aquel fin de semana que acompañaste a Feliciana…
Una no sabe si corresponde, si es una obligación, si forma parte de los límites. Pero era una clara situación de violencia, Feliciana estaba detenida y yo asumí que tenía que estar ahí. No lo pensé mucho.
-¿Te considerás feminista?
Qué difícil. No me lo pregunté a mí misma. Pero creo que cada vez más. Cuando empezás a mirar la vida con la perspectiva de género es muy difícil desprenderse, ves que está todo atravesado. La mirada de género ayuda a mostrar dónde está la desigualdad y empieza a ser evidente que es en todos lados.
-Hay una divorcio muy grande entre lo que ocurre en las calles, la avanzada del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans y la reacción de los y las operadores de Justicia, ¿eso tiene que ver con la formación? ¿Cómo incorporar la perspectiva de género en la Justicia?
El sistema de administración de Justicia es el sistema más conservador de todos: tiende a que las cosas permanezcan como están, que los jueces sean eternos, que los empleados sean siempre los mismos. Hay que transformarlo estructuralmente. La formación de los operadores de justicia no contempla la formación en género. Tampoco está en las carreras universitarias, ni los posgrados. Hay que intervenir la currícula de esos trayectos formativos. Pero claramente también antes, en la primaria, hay que aplicar la ley de Educación Sexual Integral. La mirada no te la da un curso, nada más, la da una formación a largo plazo.
-Los casos de femicidios más resonantes de los últimos meses en Argentina: Micaela García, en Entre Ríos y Araceli Fulles en San Martín, al oeste del conurbano; pusieron en agenda otra vez la necesidad de reforzar políticas públicas. Sin embargo, desde algunos sectores más conservadores se interpreta que eso significa penas más duras, refuerzos punitivos.
La mayor parte de recursos del Estado tiene que estar en la prevención, en los espacios donde se establecen las redes sociales y las relaciones de poder. El Derecho Penal llega tarde, pero su acción tiene un sentido que es enviar un mensaje social: la criminalidad de género es un asunto grave que hay que atender, que hay que sancionar, que no es natural, que la sociedad lo condena. En ese sentido, el acento del Derecho Penal tiene que estar en hacer eficiente su trabajo. Evitar la impunidad, la falta de investigación, el desinterés que se muestra sobre las víctimas, el desinterés que hay sobre los distintos tipos de vidas. No puede ser que haya vidas que valen más que otras.
La ultra punitividad de los delitos, la no excarcelación, los proyectos que están en danza ahora para limitar libertades son respuestas espasmódicas y como toda respuesta de este tipo son negativas. No se puede emparchar el Código Penal.
En este momento hay una comisión de Código Penal que está pensando cómo va a ser ese Código que se pretende reformar. Ahí deberíamos estar pensando la mensuración de las penas, pensar si los delitos menores de género tienen que tener penas más altas que los femicidios, por ejemplo. Esto sucede en España. Ahí existen leyes específicas, dispositivos penales autónomos. Entonces ponen un refuerzo punitivo en esas conductas, por ejemplo el hostigamiento, que son la antesala del aumento de la criminalidad.
La UFEM como respuesta a Ni Una Menos
La UFEM fue creada bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal hace casi dos años. Fue el 29 de junio del 2015, tras el impulso de la primera movilización masiva contra los femicidios en Argentina. La resolución 1960/2015 que lleva la firma de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, explica que la UFEM “es la reacción institucional a demandas de distintos órdenes”: los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos, la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y la “histórica manifestación” Ni Una Menos del 3 de junio de aquel año.
Se trata de una Unidad especializada en violencia contra las mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales. Y actúa en tres áreas: Análisis Criminal y Planificación, Política Criminal y Litigio Estratégico. Es decir, intervienen en investigaciones preliminares y genéricas, como en el caso de la causa por la represión en el último Paro Internacional de Mujeres el 8 de marzo. También tienen actuación autónoma por delegación de las fiscalías y actuación conjunta por pedido de colaboración de fiscales. Además, monitorean casos relevantes y producen herramientas de investigación y actuación judicial.
En Argentina, este tipo de fiscalías dedicadas a la violencia contra las mujeres existían hasta ese entonces en la Ciudad Autónoma de Buenos, en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Neuquén y Salta, entre otras. Y a nivel regional existía el antecedente desde 1994 la Fiscalía de la Mujer de Guatemala.
La creación de UFEM se sumó a una estructura de fiscalías especializadas en distintos temas: violencia institucional, narcocriminalidad, lesa humanidad, entre otras. “Nuestra mirada tiene que ver con política criminal. Dentro del Ministerio Público fueron creadas unidades especializadas que coinciden con los ejes de política criminal de relevancia y complejidad. Se trata de dos grandes ejes: crimen organizado y graves violaciones a los derechos humanos. Ver la política criminal así es poder mirar el fenómeno en toda su integralidad y esto tiene un impacto en la investigación. Podés cruzar datos, concentrar información, te podés anticipar”, señala Labozzetta en su oficina. Y explica en tono pedagógico: “no es ir atrás del último eslabón del crimen organizado sino apuntar a los grandes espacios de financiamiento, a las grandes bandas. Ver los orígenes del fenómeno criminal y utilizar esa información para trazar estrategias de persecución penal”.
-¿Y en los casos de violencia machista cómo se aplica esta mirada?
La criminalidad de género no tiene esta característica de crimen organizado porque está fraccionada. Cada hecho es un hecho autónomo. Tiene sentido ver el fenómeno en su totalidad porque sí es complejo. No es un fenómeno de criminalidad compleja en el sentido que se entiende desde el Derecho Penal, pero sí es un fenómeno social complejo que tiene que ser mirado como tal.
-En esa complejidad, una de las cuestiones que se menciona en los debates judiciales es federalizar los delitos vinculados a la violencia machista.
La atomización de los sistemas de justicia y la no federalización de los delitos de género en nuestro país tiene un impacto negativo. Nos quita la posibilidad de tener datos integrales de todo el país, la dimensión de casos que entran al sistema penal por género. Una puede presumir que son muchísimos, un porcentaje alto del sistema de justicia. En el caso del sistema nacional, los delitos ordinarios, entre el 30 y el 40 por ciento de los casos son de violencia de género. Pero al no ser un delito federal, se pierde esa posibilidad de ver la integralidad.
En ese sentido, a nivel Latinoamérica y el Caribe, ¿se está pensando regionalmente los casos de femicidios y las formas de violencia más extrema?
Es muy importante pensar cómo están mirando otros fiscales los feminicidios en México, en Colombia. Ver, por ejemplo, los delitos sexuales en los conflictos armados. Tener una mirada regional es interesante para ver los orígenes del fenómeno. Hay un modelo de protocolo latinoamericano para investigar muertes violentas de mujeres que lo hizo ONU Mujeres y la UFEM fue seleccionada por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para coordinar la selección de operadoras y operadores judiciales que realizarán la primera edición del “Curso de autoformación virtual sobre el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género femicidio/feminicido” de la ONU. El objetivo, en ese camino, es adaptar ese instrumento, adoptarlo internamente y socializarlo con los Ministerios Públicos regionales.
-En el caso del asesinato de la activista travesti Diana Sacayán, la UFEM tuvo una intervención particular, recibieron a familiares, amigas, organismos, trabajaron con ellxs.
Entendimos que se trataba de un delito enmarcado en determinada comunidad, entonces ocurrió un conflicto que era necesario acompañar. Se puede hacer un proceso de restitución de derechos que excede a la familia directa y se asocia a la comunidad. Diana era una referente, activista. Nuestra dinámica de trabajo es de puertas abiertas a la comunidad.
La primera movilización Ni Una Menos incluyó una serie de demandas concretas que se materializaron en 5 puntos. La creación de la UFEM es una de las pocas respuestas por parte del Estado que efectivamente está en marcha. Mariela Labozzetta, mujer y cada vez más feminista, ocupa esa responsabilidad con entusiasmo y compromiso.
Foto: Fiscales.gob.ar
