Se estima que en El Salvador, entre 1998 y 2019, al menos 181 mujeres fueron procesadas injustamente por razones asociadas al aborto y emergencias obstétricas. En 2014, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto junto a Colectiva Feminista lanzaron la campaña “Las 17” para visibilizar las historias de estas mujeres. Ahora son “Las 17 y más” porque son muchas más de las que imaginaban. En la actualidad, muchas continúan privadas de libertad y enfrentan la precariedad de un sistema penitenciario colapsado en el contexto de una pandemia mundial. En marzo la ONU concluyó que en El Salvador hay mujeres detenidas de manera arbitraria por haber sufrido, justamente, emergencias obstétricas. La Agrupación Ciudadana pidió en un comunicado a las autoridades salvadoreñas “que tomen en consideración los perfiles de estas mujeres y las liberen como parte de las medidas de descongestión carcelaria que han recomendado organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU”.
Ahora, se suman a este pedido el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), Women’s Equality Center (WEC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Reclamaron de manera conjunta que el Estado salvadoreño tomar medidas urgentes para descomprimr las cárceles en el marco de la crisis sanitaria global por el coronavirus. Piden que liberen a las mujeres encarceladas de manera injusta por haber tenido emergencias obstétricas.
“Es de amplio conocimiento que los centros de detención salvadoreños no cuentan con condiciones de salubridad apropiadas para evitar el contagio: no hay acceso a agua potable; las instalaciones no permiten distanciamiento social de población interna; no hay acceso a servicios de salud oportunos; y, como se ha conocido públicamente, el trato es cruel e inhumano”, denunciaron las organizaciones en un documento en donde señalan: “¡Es justo liberarlas!”.
En El Salvador la población carcelaria hasta diciembre de 2018 era de 39.642 personas de las cuales 27.719 estaban condenadas y 11,923 tenían calidad de procesadas. En cuanto a la identidad de género de esas personas: 3.490 son mujeres (8.80%) y 36.152 son varones (91.20%), según el portal de transparencia de la Dirección General de Centros Penales.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido que durante la crisis sanitaria se investiguen todas las presuntas violaciones a los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para responder al COVID-19.
A nivel mundial muchos Estados han acatado las recomendaciones de la ONU al respecto de la reducción de población penitenciaria para mitigar la pandemia. En América Latina varios países se han alineado en ese mismo sentido y les han permitido la libertad a poblaciones en contextos de vulnerabilidad buscando contener la transmisión del COVID-19.
- En Chile se ha otorgado la libertad a mujeres que hayan cumplido un tercio de la condena; les quede por cumplir un saldo igual o inferior a los 36 meses; y estuvieren embarazadas o tuvieren un hijo o hija menor 2 años que resida en la unidad penal.
- En Colombia se le ha dado el beneficio de detención domiciliaria a mujeres gestantes o con hijos menores de tres años, dentro de los establecimientos penitenciarios, o también a personas con medidas de detención preventiva por delitos culposos.
- En México se ha concedido la libertad a mujeres acusadas del supuesto delito de aborto, y por extensión a personal de salud que haya llevado a cabo el procedimiento sin violencia y con consentimiento de dicha mujer.
- En Brasil se ha recomendado la revisión de detenciones provisionales para liberar a mujeres gestantes, lactantes o madres o personas responsables de niños de hasta 12 años o de personas con discapacidad, así como adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad o personas en grupo de riesgo.
- En Nicaragua fueron excarceladas 1700 personas que no tenían antecedentes penales y que eran acusada de delitos por los cuales se aceptaban fianza de algún tipo.
“Es claro que los países de la región han dejado en libertad a un gran número de mujeres tenido en cuenta condiciones similares como ser madres, ya sea ya sea que sus hijos o hijas menores de edad se encuentren dentro o fuera de la prisión; estar detenidas de manera preventiva; o haber cumplido una porción considerable de la pena que les fue impuesta. De ese modo, vale la pena señalar que muchas de las salvadoreñas encarceladas de manera injusta se encuentran en situaciones muy parecidas: tienen hijos menores de 12 años que les esperan en casa, fueron detenidas de manera arbitraria o ya cumplieron un tercio de las condenas que nunca debieron haber recibido”, señalan desde la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), Women’s Equality Center (WEC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) .
