La foto con gran angular es la del neoliberalismo: es el mercado y no el Estado la mejor forma de organización de la economía. Esto implica apoyar los avances del libre comercio, y estimular todos los mecanismos de desregulación en el funcionamiento de los mercados. Lo que se propone no es nuevo, ya dejó en la década del 90 a la Argentina y la región devastadas. Una parte de lo que se come en el festín neoliberal son los derechos laborales a través de medidas que permiten disminuir los costos laborales, en particular los no salariales, entendiendo que esos costos son mecanismos que distorsionan la señal de los precios, esencial para que funcione la competencia en los mercados.
En esta línea, el proyecto de reforma laboral conocido propone diferentes mecanismos para flexibilizar elementos de la relación capital-trabajo (remunerado), que afectan las instituciones de protección laboral. En particular se busca flexibilizar la jornada laboral, disminuir los costos de despido (a través, por ejemplo de debilitar los mecanismos de litigio posible para las y los trabajadores), y disminuir los aportes a la seguridad social.
Estas medidas van a perjudicar a todxs lxs trabajadorxs pero, al tirar hacia abajo las regulaciones protectoras, el impacto será mayor para lxs trabajadorxs con inserciones laborales más precarias, subcontratadxs, ocupadxs en empresas de menor tamaño, en sectores de actividad con actividades más fluctuantes, en el borde siempre difuso y frágil entre la formalidad y la informalidad laboral.
Como lo demuestra la evidencia, las mujeres se encuentran sobre-representadas en esta zona de precariedad laboral y la reforma las castigará especialmente, como a las trans, travestis y lesbianas. Un punto adicional por el cual la tríada de reformas -laboral, tributaria y previsional- es especialmente negativa para las mujeres es que implica un desfinanciamiento de la seguridad social (principalmente vía reducción de las contribuciones). Esto pone en jaque algunos de los avances que se habían logrado en los últimos años en materia de protección social para las mujeres, y en particular para aquellas con un vínculo más débil con el mercado laboral (por ejemplo a través del plan de inclusión previsional o la asignación universal por hijo).
Otra población precarizada es la de lesbianas, gays, trans, travestis, bisexuales y otras identidades no binarias que, tanto por su identidad autopercibida, como por su orientación sexual y expresión de género, se encuentran más precarizadxs. Su menor posibilidad de contratación, acceso al empleo y posibilidad de permanencia responden a los contextos laborales formales e informales discriminatorios y hostiles, donde los estereotipos de género y los mandatos de heteronormalidad abundan. Así, muchxs son arrojadxs a conseguir ingresos monetarios en contextos informales o por cuenta propia, precaria e inestable, que están muy lejos de gozar de la protección social y la previsibilidad de ingresos de la que sí se benefician una parte de lxs trabajadorxs.
En un contexto de ajuste y despidos masivos en las áreas estatales nos preguntamos qué lugar queda para el cumplimiento de la Ley de Cupo Laboral Trans. En octubre de 2015 fue promulgada la Ley provincial N° 14.783, conocida como “Ley Diana Sacayán”, donde se establece que las personas travestis, transexuales y transgénero tienen derecho a acceder a, al menos, el 1% de los puestos de trabajo en la administración pública provincial.
De la protección a trabajadorxs a la protección a empresas
La reforma laboral forma parte de un combo de transformaciones que el gobierno está impulsando –laboral, tributaria y previsional–, avalado por el resultado en las elecciones de medio término. Se alinea en particular con la reforma tributaria, que propone varios otros elementos que implican la disminución de los aportes del capital y las empresas al financiamiento público. Así, la búsqueda de la competitividad de las empresas, necesaria para que puedan sobrevivir en un contexto de creciente libre comercio, se apoya en el desfinanciamiento de la seguridad social.
En el corto plazo se pueden ver deteriorados los montos reales de los beneficios sociales (haberes previsionales y transferencias monetarias asistenciales), lo que se propone con el cambio en la manera de estimar la movilidad de estos montos. En el largo plazo, se sospecha una reforma previsional más profunda, que extienda aún más la edad mínima para acceder al beneficio previsional y que puede incluir algún mecanismo de privatización, al menos parcial, del sistema. En esta oportunidad se equipararía la edad jubilatoria entre varones y mujeres a 70 años, sumándole a ellas 5 años más.
En el nombre de la igualdad
Con el pulso del cinismo, se incluyó el aumento de la licencia por paternidad para los trabajadores asalariados formales. En concreto lo que se propone es ampliar el plazo de los dos días actuales contemplados en la ley de contrato de trabajo, a quince días.
La ampliación de la licencia por paternidad es parte de la agenda que el movimiento de mujeres y feminista viene promoviendo, como una de las medidas dentro de la batería de acciones necesarias para lograr la corresponsabilidad social en las tareas de cuidado. Imprescindible para desarmar uno de los nudos claves de reproducción de la desigualdad: el reparto injusto de las responsabilidades de cuidado, que carga sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, en particular de las mujeres con menores ingresos, el trabajo cotidiano de reproducción de la vida. Esto constituye uno de los obstáculos centrales para la participación laboral de las mujeres y sus posibilidades de generar ingresos.
Como parte de esta agenda, la propuesta de ampliación de las licencias por paternidad no puede ser menos que bienvenida. Sin embargo, el contexto implica resaltar varios reparos. En primer lugar, la propuesta es insuficiente, porque en el mejor de los escenarios alcanzaría sólo a los trabajadores formales (dejando fuera del beneficio a más de un tercio de la población trabajadora) y porque se propone como una meta en sí misma, y no como un paso en un proceso que debería avanzar hacia la igualación de las licencias por maternidad y paternidad, como mecanismo para redistribuir el trabajo de cuidado entre madres y padres, y simultáneamente para evitar la discriminación de las mujeres en el mercado laboral.
En segundo lugar, la propuesta aislada garantiza su fracaso, ya que debería ser parte de una propuesta integral de cuidado, que además incluya la creación de licencia parentales, de licencias por cuidados de otras personas dependientes, como también lo son las personas con enfermedades crónicas, con discapacidad y también a las y los adultos mayores, la ampliación de los servicios de cuidado (con pretensión de universalidad en la cobertura y la calidad), y la profesionalización de las ocupaciones remuneradas en el cuidado.
En tercer lugar, una propuesta como esta, en el vacío, que no contemple mecanismos para la transformación cultural que hace falta para que los padres efectivamente se tomen la licencia, y los empleadores efectivamente la concedan, es posible que tenga un impacto menor.
En cuarto lugar, es probable que los componentes que la reforma incluya –vinculados con la flexibilización de los tiempos de trabajo– empeoren la organización del cuidado y el trabajo no remunerado de las mujeres, antes que beneficiarlas por una eventual extensión de la licencia por paternidad.
En definitiva: el maquillaje de reforma sensible a las brechas de género no evitará que el conjunto de medidas propuestas debilite los derechos de los trabajadores y trabajadoras, cercene los beneficios conquistados por las mujeres y contribuya a abonar un ambiente donde las leyes de mercado sean las que determinen la forma de la vida de las personas.
En este sentido, lejos de pensar que la violencia económica está alejada de los complejos entramados y retroalimentaciones de la violencia machista, la reforma que pone al debilitamiento de los derechos y la precarización de nuestras vidas es una nueva invitación a reforzar los mecanismos de resistencia en la agenda del movimiento feminista.
