El 20 de enero pasado, Donald Trump asumió por segunda vez la presidencia de Estados Unidos con la promesa de firmar cerca de cien órdenes ejecutivas, decretos que le permiten formular políticas sin pasar por el Congreso. Y así lo hizo. La mayoría fueron en cuestiones de inmigración, cambio climático y energía, género y diversidad, aranceles y comercio. En su primer día en la Casa Blanca, Trump declaró la emergencia en la frontera sur, decretó la retirada de los Estados Unidos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y del Acuerdo de París, eliminó las políticas que “promuevan la ideología de género”, y prohibió TikTok, entre otras tantas cosas.

La emergencia en la frontera con México implica la posibilidad del despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona y la construcción de nuevas barreras físicas. Pero el punto más álgido de su guerra contra los migrantes fue la publicación de una orden ejecutiva que anula el derecho a la ciudadanía por nacimiento, que establece que cualquier persona nacida en suelo estadounidense, gozaría de ciudadanía plena. Pero el trumpismo argumenta que la Constitución fue incorrectamente interpretada durante todos estos años. Varias disposiciones judiciales buscan frenar la orden ejecutiva y en la política, la academia y los medios se encendió un debate encendido: ¿Tiene el presidente poderes para desconocer un derecho constitucional? ¿Qué dice la ley? ¿A quiénes afecta (más) esta disposición? 

Los primeros grandes pasos antimigración

Al asumir, Donald Trump puso al Servicio de Inmigracion y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), a movilizarse para cazar posibles deportados. Trump no anunció un número de migrantes a deportar durante los próximos cuatro años, como fue el caso durante su primer mandato cuando sostuvo que serían unos tres millones. Pero su vicepresidente, James David Vance, habló de comenzar por un millón de deportados. La deshumanización que convierte en cifras vacías a personas independientemente de sus historias y procedencias es escalofriante desde el vamos. Las víctimas más vulnerables de estas hostilidades serían los 1.4 millones de migrantes que no fueron calificados por la ICE como candidatos a la ciudadanía y recibieron órdenes de deportación. Pero la mayoría de ellos consiguieron prórrogas para permanecer en el país porque no pueden ser devueltos a sus países, ya sea porque no los reciben o porque podrían ser perseguidos. Aún así, desde el 23 de enero comenzaron a enviar aviones militares llenos de inmigrantes deportados hacia destinos como India o Nigeria. 

Durante su primer mes de gobierno, Donald Trump mandó cientos de tropas a la frontera sur con México. Además, habilitó a la ICE a allanar iglesias y escuelas, antes considerados espacios sagrados. El aumento de las redadas en distritos de vasta población migrante también se disparó con episodios destacados por ejemplo en un mercado en el Distrito Ironbound en Newmark que fue allanado y luego interrogaron a muchos de los trabajadores del lugar. Sin embargo, sin una orden judicial, es ilegal allanar e interrogar a personas en espacios privados, algo que fue apuntado por el alcalde de Newmark, Ras Baraka, quien señaló que el accionar de la ICE fue arbitrario. Este tipo de operaciones son frecuentes en este distrito, donde la criminalización de migrantes se corresponde con el número de arrestos diarios que, según las estimaciones de la ICE, hasta el pasado 14 de febrero crecieron desde la asunción del mandatario hasta alcanzar la cifra de 1179. Actualmente la ICE dejó de publicar el número de detenciones diarias. 

Trump no anunció un número de migrantes a deportar durante los próximos cuatro años, como fue el caso durante su primer mandato cuando sostuvo que serían unos tres millones. Pero su vicepresidente, James David Vance, habló de comenzar por un millón de deportados. La deshumanización que convierte en cifras vacías a personas independientemente de sus historias y procedencias es escalofriante desde el vamos.

Ysabella Osses es directora de Relaciones Internacionales en la organización Florida Rising, cuenta que si bien aún no pueden observarse los impactos concretos de las medidas tomadas en los primeros días de gobierno, están al caer las consecuencias de legislación de Trump, aprobada por la legislatura y el gobernador que “elimina la matrícula estatal para los estudiantes beneficiarios de DACA, establece penas de muerte obligatorias para ciertos delitos y destina casi $300 millones de dólares a la militarización del Estado, con énfasis en la vigilancia y la violencia en nuestras comunidades migrantes.” El DACA es un plan de amnistía para jóvenes migrantes ilegales aplicado desde la gestión de Obama. 

En el día a día, para migrantes que viven allá, estas medidas generan miedo. Para Sofía, desde que asumió el nuevo gobierno hay menos gente en la calle, bares o restaurantes y aparece “el miedo a salir por ser deportado. En cierto modo hay temor por querer viajar a otras ciudades, estar manejando y que me vayan a deportar en la calle.”

El derecho de nacer con nacionalidad

Pero hay un asunto que es transversal a estos episodios: el mismo día de su asunción, Trump publicó una orden ejecutiva que anula la ciudadanía por derecho de nacimiento. Se trata de una política histórica de Estados Unidos que rige con consenso desde la Enmienda 14 en la Constitución vigente desde 1868. Aunque también está presente en la legislación federal y en otros textos legislativos de menor rango, en la Constitución concretamente dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el cual residen”. 

A través del tiempo, esta disposición garantizó el acceso a la ciudadanía plena de quienes nacieran en suelo estadounidense independientemente de la proveniencia de sus progenitores o de su estatus migratorio, con pocas excepciones como hijos de diplomáticos extranjeros. Pero la orden ejecutiva publicada por Trump exige que para acceder a la ciudadanía, los recién nacidos no podrán ser ciudadanos si la madre es inmigrante ilegal o residente temporaria o si su padre no es ciudadano o residente permanente al momento del nacimiento. 

El argumento del trumpismo es que, en realidad, el texto siempre fue malinterpretado y que solo corresponde el derecho a la ciudadanía para quienes estén “sujetos a la jurisdicción” de los Estados Unidos, algo que no se cumple en los casos señalados por la orden ejecutiva. 

Este tipo de políticas no afectan a toda la población migrante por igual: Basta con recordar que su máximo aliado y compañero Elon Musk es sudafricano o que la mismísima esposa de Donald, Melania Trump , es de procedencia eslovena. Pero ellos son “migrantes de bien” porque vienen de familias ricas o países del Norte Global.

Concretamente, el decreto ordena a todas las agencias federales, estatales y locales a cesar la inscripción de recién nacidos como ciudadanos estadounidenses si sus padres no son residentes permanentes o ciudadanos plenos. De aplicarse, generaría enormes trabas burocráticas para estos niños y sus padres y madres, que enfrentarán grandes problemas burocráticos con posibilidad de ser deportados. Por lo tanto, tendría un impacto significativo en el número de migrantes ilegales presentes en Estados Unidos. En este sentido, un estudio de Migration Policy Institute de 2015 sostiene que si se negara la ciudadanía a los recién nacidos por tener al menos un progenitor indocumentado (tal como dispone la orden ejecutiva) la población de migrantes irregulares podría crecer hasta 24 millones para 2050, duplicando con creces la cifra actual estimada en 11 millones de migrantes indocumentados (aunque especialistas sostienen que esta cifra está desactualizada por los cruces no registrados en la frontera sur). 

Para justificar la hostilidad, el presidente Trump declaró la emergencia de la frontera sur y argumenta que Estados Unidos es el único país del mundo en otorgar la ciudadanía por derecho de nacimiento. Pero esto es falso: al menos otros 30 paises aplican esta política, por ejemplo Canadá, y México junto con la mayoría de los países latinoamericanos, incluida la Argentina. 

No hay (tanto) consenso 

Desde su asunción en enero, en medios y espacios académicos se debate si este tipo de decisiones es jurisdicción presidencial y si un decreto como este, que tiene por objetivo reducir y quitar derechos a la población migrante, cada vez mayor en Estados Unidos, puede considerarse inconstitucional. Para cambiar la Constitución en Estados Unidos, se requiere la elaboración de una enmienda que sea aprobada por ambas cámaras del Congreso y por tres cuartos de los Estados que componen al país.

La interseccionalidad con personas racializadas y con miembros de la comunidad LGBTIQ+ se vuelve central, ya que estos grupos también amenazan la identidad que el trumpismo busca proteger. Por lo que migrante ilegal, pero también trolo, dos veces migrante de mal. 

Luego de publicado el decreto, un bloque conformado por los fiscales generales de 22 Estados demócratas y el Distrito de Columbia presentó una denuncia en su contra. También los Estados demócratas de Washington, Arizona, Illinois y Oregon, presentaron una demanda conjunta, al igual que diferentes organizaciones por la democracia y los derechos humanos en general y de las mujeres embarazadas en particular como American Civil Liberties Union o Lawyers for Civil Rights. En estos documentos, los actores estatales y de la sociedad civil argumentan que no corresponde al presidente cambiar este tipo de reglas sino al Capitolio y que, de todas formas, la orden ejecutiva es inconstitucional. A raíz de estas denuncias, el juez federal del Distrito Oeste, John Coughenour, emitió un fallo a fines de enero que bloqueó la orden ejecutiva y sostuvo que el decreto del presidente es “descaradamente inconstitucional”. El bloqueo rigió por dos semanas mientras avanzan los litigios. Sin embargo, es probable que los casos que deriven de estas denuncias lleguen hasta la Corte Suprema, en la que Trump no tiene la batalla ganada necesariamente por el carácter institucionalista de algunos miembros, pero sí tiene un claro viento a favor debido a su mayoría republicana.

Además, en este asunto hay posiciones encontradas incluso dentro de sus filas. Por ejemplo, quien fue vocero presidencial durante el primer mandato de Trump, Paul David Ryan, sostiene que no se puede anular el derecho de ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva porque la constitución es clara en la cuestión. También se desmarcó del presidente el juez de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, James C. Ho, de procedencia taiwanesa -nombrado  en 2018 por el mismo Donald Trump- quien sostuvo que el derecho de ciudadanía por nacimiento es para proteger a los niños y no a inmigrantes ilegales como lo plantean desde el trumpismo más duro.  

No se trata de ataques aislados

Como repasamos al principio de esta nota, esta acción no es aislada y se enmarca en un plan sistemático contra la población migrante. Forma parte de una narrativa del odio que reivindica la identidad “pura” de los Estados Unidos. Pero incluso dentro de esa narrativa, este tipo de políticas no afectan a toda la población migrante por igual: Basta con recordar que su máximo aliado y compañero Elon Musk es sudafricano o que la mismísima esposa de Donald, Melania Trump , es de procedencia eslovena. Pero ellos son “migrantes de bien” porque vienen de familias ricas o países del Norte Global. Y dentro de los “migrantes de mal” o “aliens”, también hay factores que afectan las decisiones tomadas por los agentes de frontera y la ICE en general. La interseccionalidad con personas racializadas y con miembros de la comunidad LGBTIQ+ se vuelve central, ya que estos grupos también amenazan la identidad que el trumpismo busca proteger. Por lo que migrante ilegal, pero también trolo, dos veces migrante de mal. 

Ysabella también comenta a Latfem que la Constitución de los Estados Unidos resguarda a todos, sean ciudadanos o no: los migrantes indocumentados tienen derecho a la privacidad, a no abrir la puerta de su casa y a no contestar preguntas del ICE. Tampoco están obligados a firmar documentos no autorizados por un juez bajo la presión de los miembros de la ICE. Sin embargo, muchas veces quienes son sujetos a estas presiones no conocen estos derechos. Por lo tanto, para Ysabella, la herramienta clave para proveer a migrantes indocumentados que se acercan a su organización en busca de ayuda es el acceso a la información. Esta situación es de especial importancia para la comunidad travesti, trans y no binaria, que está bajo las hostilidades de la violencia política estatal creciente desde la asunción del nuevo gobierno, y que cuestiona su capacidad de decisión y la de sus familias. Estas especificidades generan grandes temores en la comunidad LGBTIQ+, que como explica Ysabella, a veces tienen miedo de salir a la calle por las persecuciones. 

Raúl Caporal es presidente del consejo de Casa Frida, un refugio para personas LGBTIQ+ en México que recibe a migrantes deportados. Caporal comenta a Latfem que,desde la asunción del nuevo gobierno hace un mes, registraron un aumento de las personas que se acercan al programa a pedir ayuda y asistencia legal para solicitar asilo en México. Sin embargo, las complicaciones para la propia organización también aumentan: “El pasado 24 de enero recibimos una serie de correos notificando la suspensión de proyectos que ejecutábamos con apoyo financiero del gobierno de los Estados Unidos. Entre ellos, proyectos de protección a víctimas de trata de personas y explotación, así como otros proyectos relacionados al fortalecimiento de la atención psicosocial para el cuidado de la salud mental de personas desplazadas forzadas en frontera sur con México”.

Planificar el odio

Aunque la cuestión migratoria forma parte central de la agenda del gobierno actual, hay muchas incertidumbres respecto a la logística y la burocracia que requiere el crecimiento exponencial de las detenciones y deportaciones. 

En este sentido, no hay claridad sobre cómo se alojaría el crecimiento de la población carcelaria (que hoy está completa) en el caso de que se realicen detenciones constantes a migrantes con causas penales, quienes podrían ser deportados una vez que cumplan su condena. Incluso se anunció la utilización de la Cárcel de Guantánamo, conocida por ser destino de enemigos capturados en enfrentamientos militares en otros países y objeto de críticas de organismos internacionales de derechos humanos. En el marco de la política antimigratoria trumpista, será destino de alrededor de treinta mil migrantes ilegales deportados que residían en el país. 

Tampoco está resuelto el vacío de fuerza de trabajo que generaría la deportación masiva de migrantes,  algo que preocupa a algunos sectores de la economía. Según un informe del Pew Research Center, la población migrante indocumentada representa alrededor del 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos, mayoritariamente en los sectores agrícolas, de construcción, servicio doméstico, restaurantes y hotelería.

Aún en este contexto, las grandes operaciones con allanamientos e interrogatorios dudosamente justificados, son cada vez mas frecuentes. La construcción del enemigo interno es fundamental para la narrativa del presidente a pesar del rol de estos sectores en la sociedad estadounidense. 

Donde esté el capital, allá irá la gente

No sorprende a nadie que un gobierno como el de Donald Trump vaya por los migrantes. Sin embargo, la idea de que se puede reducir el flujo de migrantes o repeler la llegada de nuevos ignora una cuestión fundamental. Estados Unidos es la primera potencia mundial. El estándar de vida supera ampliamente la media del mundo y es de esperarse que ciudadanos de países cuya vida cotidiana está atravesada por la violencia y la explotación busquen un destino mejor. Por lo tanto, la política de hostilidad y rechazo, las deportaciones y el odio, no solucionan ningún problema de raíz. En temas migratorios, siempre queda en el tintero la pregunta acerca de qué pasaría si en lugar de poner la plata en políticas antimigratorias, la pusieran en ayudar a solucionar los problemas de raíz de los países de los que proviene mayoritariamente la población migrante. Por ahora, nos quedamos con la duda.