Son las siete de la tarde y en la plaza Juan Fabini de Montevideo empieza un juicio popular. Este espacio también se conoce como plaza del Entrevero, por el nombre de la escultura que estaba a las espaldas de las mujeres, lesbianas, travestis y trans que se reunieron aquí. La escultura representa “un homenaje a los héroes anónimos que forjaron la patria”. Fue realizada por el artista José Belloni y representa a los pueblos originarios y a los gauchos peleando entreverados disputándose el territorio. Vaya alegoría para juzgar a escasos metros a crímenes y decisiones patriarcales contra las mujeres.
Así como la respuesta argentina a las leyes de obediencia debida y punto final que protegían a genocidas fue la realización de juicios públicos a mediados de los años ´90, las feministas del Abya Yala promueven estas audiencias para vencer la impunidad de la justicia patriarcal. Claudia Korol moderó el debate y la presentación de casos. También invitó a multiplicar la experiencia en otros países y a que las activistas seamos veedoras de los juicios que se realizan en tribunales ordinarios.
En esta oportunidad se presentaron historias de Honduras, El Salvador, Argentina y Chile, y se actualizó la situación de los casos presentados durante el último Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia, Chaco, en Argentina. Como representantes del Tribunal estuvieron la abogada Nina Brugo, Alicia Sandoval y la antropóloga Rita Segato.
En esta oportunidad se presentaron historias de Honduras, El Salvador, Argentina y Chile, y se actualizó la situación de los casos presentados durante el último Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia (Argentina). Como representantes del Tribunal estuvieron la abogada y referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Nina Brugo, Alicia Sandoval y la antropóloga Rita Segato.
Decir Ni Una Menos
Maira Alvarado, de la Red de Mujeres Campesinas de Honduras, alertó sobre la situación de violencia y criminalización que sufre el movimiento campesino y, en especial, la persecución que sufren las defensoras del medio ambiente. Recordó a Berta Cáceres, líder del COPINH, asesinada el 2 de marzo de 2016, e invitó a entonar la consigna: “Berta no se murió/ Berta se hizo millones/ Berta soy yo”. “Nos queda acompañarnos unas con otras”, remarcó Alvarado, para defender la tierra que ganaron “a la fuerza, no porque el gobierno nos la haya dado”.
Le siguió la abogada salvadoreña Sara García que valoró la existencia de este tribunal porque “pone en evidencia todas las violencias sistemáticas de nuestra región”. La defensora denunció la penalización absoluta del aborto en el país centroamericano y las injusticias que han enfrentando mujeres cuyos casos son parte de la campaña “Las 17”, como Manuela y Teodora. Sara recordó que Manuela llegó al sistema de salud público para ser atendida por una emergencia obstétrica, ya que había tenido un aborto espontáneo. La condenaron a 30 años de prisión y murió al segundo año de estar encarcelada pues padecía cáncer (que le había producido el aborto). Por este caso, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), García exhortó a pedir regionalmente garantías de no repetición y reparación a la familia de Manuela. Por el caso de Teodora, Sara informó que el próximo 8 de diciembre habrá una audiencia para revisar la sentencia condenatoria y pidió que todas las feministas apoyen su excarcelación y amnistía, además de sumarse a la campaña para liberar a 27 mujeres salvadoreñas que actualmente están encarceladas por abortar. “Decir Ni Una Menos significa para nosotras que no existan estas leyes que nos criminalicen”, concluyó.
Desde La Plata, Argentina, participó Nelly Gamboa, madre de la joven peruana Sandra Ayala Gamboa que fue asesinada en la sede del archivo del Ministerio de Economía bonaerense hace once años. Si bien por ese caso hay un condenado a cadena perpetua, Nelly dijo que quedan al menos cuatro pruebas de ADN por hacer, que permitirían identificar a más responsables de ese femicidio que marcó a la ciudad de las diagonales. Gamboa denunció una vez más la complicidad, el encubrimiento y la impunidad que goza el personal policial en este caso, pidió “unir fuerzas para que esto cambie” y se solidarizó con Marta, mamá de Johana Ramallo, una joven que desapareció en esa misma ciudad hace cuatro meses.
“Muchas veces la gente me ve sonreír, pero atrás de la sonrisa hay dolor de mamá, impotencia, odio”, dijo Marta entre lágrimas. Cuando su hija desapareció, la policía le dijo que su hija se había ido “con algún machito” y que ya iba a volver. Marta no dudó en asegurar que en la desaparición de Johana el Estado “es cómplice”.
El caso de Johana fue tratado en la primera audiencia del Tribunal del Abya Yala. Su madre está segura de que a la joven de 23 años se la llevó una red de trata con fines de explotación sexual. Ante la atenta y sentida escucha del público hizo un relato detallado del derrotero judicial que padeció, incluyendo la fisca de La Plata que no investigó durante los primeros dos meses y acabó declarándose “incompetente”, dilatando los tiempos y pasando la causa a la Justicia Federal. Más que incompetente, “la fiscal se tiene que declarar inútil y cómplice”, sentenció Marta, quien recordó que está a cargo de la hija de Johana que tiene 7 años. “Tenemos que seguir buscando a las chicas desaparecidas porque no están perdidas. ¡Yo las quiero a todas vivas y libres!”, expresó la mujer.
Cuando fue el turno de las activistas de Chile, ellas denunciaron el crimen de Macarena Valdez que apareció ahorcada frente a su hijo de seis meses tras manifestarse contra la instalación de una antena en territorio sagrado. En su autopsia no se registraron signos de ahorcamiento. También se pidió solidaridad con Elvira Sánchez, dirigente social, madre de seis hijos, a quien la forestal Arauco, dueña de un tercio de los territorios chilenos por su fuerte forestación de pino y eucalipto, le interpuso cuatro demandas: la primera fue por el supuesto hurto de un pino, la segunda por “usurpación no violenta” -por la que dieron a Elvira una orden de alejamiento-, la tercera y la cuarta son denuncias porque supuestamente Sánchez no cumple la orden de alejamiento. Este es uno de tantos casos de criminalización de judicialización de defensoras que luchan contra los monocultivos y el monopolio de los mercados. El juicio a Elvira comenzará a fines de noviembre y el Tribunal ético feminista pidió que se observe el proceso judicial, movilizándonos y pronunciándonos contra este hostigamiento.
En este sentido, también se presentaron demandas de solidaridad con varios casos en Argentina cuyos juicios comienzan la semana que viene. Se nombraron especialmente las causas de Dayana Gorosito y apoyar la apelación por el juicio de la médica residente en el Maitén que realizó un aborto no punible.
Estela Díaz, responsable del Comité por la Libertad de Milagro Sala, habló de las condiciones ilegales en las que se dio el traslado de la líder de la Tupac Amaru a la cárcel, la tortura y degradación a la que la están sometienndo bajo un “odio racial y patriarcal”. “La quieren muerta”, afirmó la sindicalista y responsabilizó al presidente argentino Mauricio Macri y al gobernador jujeño Gerardo Morales por la persecusión a Sala.
Juezas populares
Para cerrar la audiencia, Nina Brugo valoró al Tribunal como una nueva forma de organizarnos contra la justicia patriarcal y como espacio desde el cual se emiten condenas desde la ética feminista, que es “una ética real, popular y revolucionaria”.
Sandoval observó a las mujeres sentadas en semicírculo, rodeando a quienes habían abierto su corazón para contar casos de mujeres violentadas, y destacó esta apropiación de una figura política usada históricamente por los hombres como es el ágora.
Por último, Rita Segato dijo que todos los casos mostraban la característica “apropiadora” que tienen nuestros Estados: apropiador de los cuerpos, de las personas, por ende, de los territorios.
Para esto, el Estado “necesita espectacularizar su dominación mediante la exhibición de su arbitrio” y lo hace a través de medidas ejemplarizantes como la prohibición del aborto o la prisión de figuras como Milagro Sala -que significa “aprisionar la administración femenina de la vida”.
“Estamos buscando respuestas estatales y recibimos respuestas estatales”, dijo Segato. Instó a comprender que estos casos “no son un error estatal, sino que es la esencia del Estado” y que debemos pensar por fuera de las estrategias habituales y dejar de intentar corregir una naturaleza intrínseca a la estructura de un Estado. Aclaró que esto no signfica que se abandonen las demandas al Estado, sino repensar estrategias y buscar nuevas formas de cuidarnos, como la ayuda mutua, y de expresarnos, creando retóricas que nos representen.
Las próximas audiencias fueron convocadas para el 2 de marzo, en el segundo aniversario del crimen de Berta Cáceres, y el 8 de marzo, a un año de la masacre de cuarenta niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala.
