Una orden de desalojo dejó a decenas de familias de la Comunidad Indígena Santa Rosa, en Humahuaca, con sus casas demolidas. En Catamarca, la comunidad de Peñas Negras de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén resistió ante el intento de avance de un proyecto minero. Las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Lof Melo resistieron un intento de desalojo en Neuquén. En Misiones, la comunidad Mbya Guaraní de Puente Quemado II volvió a denunciar el avance sobre su territorio y en Salta se acumulan decenas de causas judiciales vinculadas a conflictos por la tierra. Son solo algunos de los conflictos territoriales de los últimos meses en la Argentina, una realidad que se repite a diario a lo largo y ancho del país. Mientras tanto, el Congreso argentino debatía el proyecto de “Inviolabilidad de la propiedad privada”, presentado por el oficialismo, que pretendía eliminar las restricciones de tierra rural a extranjeros, habilitar los desalojos express y derogar la ley de manejo de fuego. Cambian las provincias, los actores, los expedientes, los fallos judiciales y los debates parlamentarios, pero la pregunta es siempre la misma: ¿quién quiere quedarse con nuestra tierra?
Recientemente, el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” puso a la Ley de Tierras en el centro de una discusión que hasta entonces circulaba sobre todo entre organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y espacios académicos. El texto impulsado por el Gobierno argentino buscaba desarmar buena parte de las restricciones que desde 2011 limitan la cantidad de tierra rural que podía quedar en manos extranjeras. La Ley 26.737 había establecido un máximo del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, además de límites por nacionalidad, por titular y restricciones sobre determinados cuerpos de agua y zonas de frontera.
En agosto, cuando llegó el momento de votar, el oficialismo ya no tenía los apoyos necesarios para sostener ese capítulo. Esa falta de votos no apareció de la nada. Durante semanas crecieron las campañas públicas, las movilizaciones, los informes, las cartas a senadores y la presión de organizaciones de distintas provincias que consiguieron instalar la extranjerización de la tierra como un problema de soberanía.
En medio de ese clima ocurrió algo inesperado: después de que Argentina eliminara a Inglaterra en la semifinal del Mundial, los jugadores desplegaron sobre el campo una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”. La imagen recorrió el país y el mundo justo cuando el Senado discutía una ley que ampliaba las posibilidades de compra de tierra por capitales extranjeros. Durante aquellos días, varios senadores reconocían en conversaciones informales que la repercusión de esa imagen había vuelto todavía más difícil acompañar públicamente la reforma.
La movilización social terminó encontrando así una imagen capaz de condensar algo que las organizaciones venían planteando hacía meses: la soberanía sobre Malvinas y la discusión sobre quién controla la tierra argentina no podían circular por carriles completamente separados. El 5 de agosto el Gobierno terminó retirando los cambios sobre tierras y, durante la sesión, también se logró quitar el capítulo que pretendía modificar la Ley de Manejo del Fuego. El resto del proyecto consiguió media sanción por 37 votos contra 33 y pasó a Diputados con las reformas sobre desalojos exprés y expropiaciones todavía adentro.
Durante algunas semanas, la Ley de Tierras siguió en pie. Sin embargo, el 29 de septiembre la Corte Suprema cambió nuevamente el escenario: El tribunal revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el artículo que derogaba la Ley 26.737. La Corte no decidió que la derogación fuera constitucional, sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había presentado el amparo, no tenía legitimación para iniciar esa demanda y que faltaba un “caso o controversia” que habilitara al Poder Judicial a resolver la cuestión de fondo. Al caer aquella sentencia, el artículo 154 volvió a entrar en vigencia y, con él, la derogación de la Ley de Tierras.
La secuencia volvió a cambiar días después: ante el nuevo escenario político y la posibilidad de que Diputados avanzara contra el DNU 70/2023, la Corte se reunió de manera extraordinaria un viernes y suspendió provisoriamente el artículo 154, sin resolver todavía la cuestión de fondo. Por eso, la Ley de Tierras continúa vigente por ahora, pero la discusión no está cerrada y la movilización continúa. Al mismo tiempo, el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” no cayó entero: el Senado aprobó y envió a Diputados el capítulo que acelera los desalojos urbanos y rurales, junto con los cambios sobre expropiaciones. El texto mantiene el juicio sumarísimo para los procesos de desalojo y amplía las posibilidades de restitución anticipada de los inmuebles, por lo que esa parte de la reforma todavía está en debate.
En ese movimiento de leyes, decretos y expedientes aparece una pregunta bastante menos técnica: por qué y quiénes están interesados en nuestra tierra. Basta mirar al norte argentino para encontrar algunas respuestas: allí dónde están los salares y el litio, el oro y el cobre, están algunos de los proyectos con mayor inversión extranjera en el país. El agua que necesitan los proyectos mineros, tierras agrícolas y ganaderas, bosques y lugares cuyo valor turístico e inmobiliario viene creciendo. En muchos de esos mismos lugares hay comunidades indígenas que todavía esperan que el Estado termine de reconocer jurídicamente territorios que habitan desde hace generaciones.
Cuando los casos empiezan a parecerse
El Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA publicó un informe que intentó juntar conflictos que normalmente aparecen separados en las páginas policiales, ambientales o provinciales. En pocos días reunió más de 50 casos de conflictos territoriales distribuidos en ocho provincias. El relevamiento no pretende ser un censo completo: se armó con información acercada por organizaciones de los propios territorios y el Observatorio lo presenta como una primera prueba para empezar a juntar historias que suelen aparecer separadas en las noticias locales. Aun con ese carácter preliminar, el mapa deja ver algo bastante claro: el conflicto por la tierra atraviesa distintas regiones del país y el Noroeste es, dentro de los casos reunidos, la zona donde se concentra el mayor volumen dejando en evidencia un patrón que se repite a lo largo y ancho de todo el país.
Cuando se mira el Norte con más detalle, también cambia el motivo de la disputa. En la Puna de Catamarca y Jujuy pesan especialmente la minería de litio y metalífera, el acceso al agua y los territorios comunitarios; sólo en Catamarca el informe pudo reconstruir nueve casos. En Salta aparecen desalojos, ventas de tierras donde viven comunidades diaguitas y conflictos por desmontes y expansión agroindustrial. En Santiago del Estero, el avance de la frontera agrícola enfrenta a comunidades indígenas y campesinas con empresarios agropecuarios, varios de ellos extranjeros o vinculados a grandes grupos del agronegocio. Hacia el NEA, el problema toma otra forma: en Chaco se repiten las disputas entre comunidades Qom y Moqoit, familias criollas, particulares y el Estado provincial, mientras que en Misiones el avance forestal y agroindustrial presiona sobre territorios Mbya Guaraní y campesinos.
No hay un único motivo que explique todos esos conflictos. Tampoco todo desalojo termina en extranjerización ni toda inversión extranjera supone el desplazamiento de una comunidad. Pero cuando los casos se leen juntos aparece una secuencia que ayuda a entender la preocupación actual. Muchas de las comunidades que aparecen en el informe no llegaron recientemente a esas tierras: viven allí desde hace generaciones, crían animales, producen, tienen cementerios, sitios sagrados, caminos y formas de organización propias. El problema es que esa relación histórica con el territorio no siempre terminó convertida en un título de propiedad comunitaria reconocido por el Estado. En algunos casos hubo relevamientos que acreditaron la ocupación tradicional; en otros quedaron incompletos, existen problemas catastrales o directamente nunca se resolvió la situación dominial. Esa diferencia, que en la vida cotidiana puede parecer apenas administrativa, se vuelve enorme cuando aparece una empresa, un particular o un proyecto económico con una escritura, una concesión minera o un permiso otorgado por el Estado.
Al poner esos casos sobre un mismo mapa, el desalojo empieza a verse como uno de los momentos posibles de una disputa que suele comenzar mucho antes. Puede empezar cuando una empresa quiere explorar un cerro, cuando avanza la frontera agrícola, cuando aumenta el valor inmobiliario de una zona o cuando alguien reclama como propio un campo donde otras familias viven desde hace décadas. Después vienen los expedientes, los catastros, las causas judiciales y una discusión desigual sobre qué documento pesa más. Si finalmente una decisión ordena el desalojo, el Estado tiene una herramienta que las comunidades conocen demasiado bien: la fuerza pública. Lo que el informe permite ver es que muchas veces no se está discutiendo una tierra vacía ni una “toma” reciente, sino territorios habitados desde hace mucho tiempo cuyos derechos siguen sin estar completamente resueltos mientras sobre ellos crecen otros intereses económicos.
“Cuidar el agua es fundamental para cuidar la tierra”
A más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, Martín Pachado habla de la tierra a partir de las cosas con las que convive todos los días. Las llamas, las ovejas y las cabras, la lana que trabajan las familias, las vegas —sistemas naturales de conservación del agua en los humedales andinos— de las que toman agua los animales. Martín es comunero y vocero de Peñas Negras, una comunidad diaguita del departamento de Belén, en Catamarca. “Nosotros vivimos en los cerros, cuidando llamas, ovejas, cabras, trabajando la lana, todos son artesanos”, cuenta. Después habla del agua, porque tarde o temprano cualquier conversación sobre minería termina ahí: “Defender y cuidar el agua es fundamental para cuidar la tierra y nuestras vegas, porque de ahí se alimentan nuestros animales. Nosotros somos quienes cuidamos nuestra naturaleza durante todo el año”.
En septiembre, la comunidad volvió a denunciar intentos de ingreso a su territorio por parte de empresas vinculadas al proyecto minero Alto El Mulato, correspondiente a la empresa Sendero Resources Corp. de origen canadiense, que busca explorar oro y cobre. Peñas Negras sostiene que no dio su consentimiento para esas tareas y denunció hostigamiento, control policial y episodios de violencia. Las empresas y el gobierno provincial, liderado por Raúl Jalil, sostienen que existen permisos para realizar la prospección y que otras comunidades de la zona acompañan el proyecto. Lo hacen en un complejo contexto de precarización laboral y de falta de políticas en materia de agricultura familiar, artesanías y/o turismo, donde la minería aparece como la única opción.
Martín dice que para ellos el conflicto empezó mucho antes de los episodios de septiembre. Desde 2021, cuenta, vienen diciéndole al gobierno provincial que no quieren actividad minera dentro del territorio que reconocen como ancestral. En esos años varios comuneros fueron denunciados y judicializados y el cacique Sebastián Gutiérrez fue detenido. “Sufrimos varios tipos de violencia. Estamos con causas y denuncias de la empresa, sufrimos discriminación por la empresa, por la policía, por el gobierno provincial y también por empleados de la empresa”, dice.
Lo que más le cuesta separar de todo eso son las necesidades que la comunidad arrastra hace años.. “El gobierno dice que si queremos la minería vamos a ser beneficiados con luz, camino, agua, salud, educación, comunicación y que, si no, vamos a ser pobres toda nuestra vida”. Martín lo cuenta con bronca porque para él ahí hay una manipulación evidente.
Peñas Negras ya tiene una economía, aunque no sea la que aparece en los grandes anuncios de inversión: “Somos criadores, tejedores, vivimos del ganado. Nosotros nos podemos destacar con el desarrollo ganadero, agrícola o con la fibra de vicuña. El gobierno no nos escucha. Lo que quiere es extraer los minerales para el mercado mundial”. Mientras eso ocurre en las montañas de Catamarca, el marco nacional que regulaba la venta de tierras rurales acaba de cambiar.
“No es un error, es una forma”
El 10 de agosto la Policía de Jujuy llegó para ejecutar una orden de desalojo dictada por el juez Juan Pablo Calderón. Hubo un operativo de más de cien efectivos, disparos con balas de goma, personas heridas, detenciones y viviendas demolidas. El episodio generó después pedidos de informe en la Legislatura jujeña y proyectos de repudio en la Cámara de Diputados de la Nación.
“Derribaron con topadoras y no pudimos recuperar el material ni algunas de nuestras cosas. Vivimos amontonados, andamos de aquí para allá en casas de familia. Estamos muy mal psicológicamente”, cuenta Graciela Humana, integrante de la Comunidad Indígena de Santa Rosa, en Jujuy.
El conflicto que terminó en su desalojo se arrastra desde hace años y está vinculado a los límites de terrenos dentro de la propia comunidad. Las familias afectadas sostienen que el expediente avanzó sobre la base de un plano aprobado por la Dirección Provincial de Inmuebles que se superpone con su posesión histórica y que el organismo conocía el problema. Otras coberturas locales describieron la causa como una disputa histórica de límites entre familias de la comunidad.
La respuesta que esperaba del Estado tampoco había llegado: “La Justicia no dio ninguna respuesta, sólo la orden del desalojo. La provincia tampoco, el municipio tampoco, no se acercaron a dialogar ni nos dieron un techo ni reparaciones”. Días después, las familias regresaron al territorio e iniciaron una permanencia pacífica. Volver no reconstruyó las viviendas que habían sido tiradas abajo, y el reclamo por una reparación siguió abierto.
Graciela vuelve siempre al plano, “catastro reconoce su error y el juez, ¿qué hace? Ordena el desalojo y la Policía avanza con las balas de goma”, dice. Después lleva la conversación hacia algo que excede su casa: “Esto no es un hecho aislado. No es un error, es una forma. Sacarnos, hacer desaparecer a las comunidades”.
Natalia Morales, diputada provincial del PTS-FITU, también mira Santa Rosa como parte de una historia más larga. Dice que en Jujuy la conflictividad cambia según la región. En la Puna, el interés sobre los salares y el litio fue abriendo distintas formas de ingreso de las empresas a territorios comunitarios. En la Quebrada de Humahuaca, en cambio, pesa mucho el aumento del valor inmobiliario de la tierra, el turismo y, en algunos lugares, emprendimientos productivos como la vitivinicultura. “Las comunidades viven desde hace generaciones, no tienen los papeles formales que den cuenta de esa posesión, de esa preexistencia, y después aparecen supuestos titulares ligados al poder político con los títulos formales”, dice.
Morales enumera Cueva del Inca, Santa Rosa, Bárcena y otros conflictos de la Quebrada. En los valles menciona disputas con familias terratenientes y en otras zonas vuelve a aparecer la minería. Su cuestionamiento apunta también a cómo interviene el Estado cuando esas situaciones llegan a un punto de choque. “La Justicia desconoce incluso los derechos colectivos de las comunidades indígenas y trata los casos como si fueran individuales”, sostiene. En Santa Rosa, agrega, intervinieron la Justicia, la Policía, funcionarios provinciales, el municipio y otras áreas estatales. En agosto había denunciado públicamente que el despliegue policial había sido desproporcionado y vinculó esos conflictos con intereses inmobiliarios, turísticos y productivos en la Quebrada.
Lo que dice Morales dialoga con un problema que aparece varias veces en el informe del Observatorio, el reconocimiento de la ocupación histórica de una comunidad y la propiedad formal no siempre llegan juntos. La derogación de la emergencia territorial indígena dejó además sin una de las herramientas nacionales que durante años suspendió desalojos mientras se realizaban relevamientos. El informe registra en el norte comunidades que cuentan con antecedentes, relevamientos o décadas de ocupación y que, aun así, siguen enfrentando disputas sobre la titularidad de esas tierras.
Ahí la discusión sobre extranjerización es más compleja que una cifra sobre cuántas hectáreas están a nombre de una empresa extranjera. Para que una tierra pueda destinarse a un proyecto minero, agropecuario o inmobiliario también importa quién está viviendo ahí, qué documentación tiene, qué derechos reconoce el Estado y qué pasa si esa persona o esa comunidad se opone.
Antes de una escritura
Peñas Negras muestra otra parte de ese recorrido, si bien no hubo un desalojo como en Santa Rosa, lo que sí hubo fueron intentos de ingreso para realizar tareas mineras, denuncias cruzadas, presencia policial y una comunidad que decidió impedir el paso porque considera que nunca fue consultada de la manera que corresponde. La empresa y el gobierno provincial sostienen que tienen permisos y que otras comunidades dieron su acuerdo. Peñas Negras sigue diciendo que dentro de su territorio la respuesta es otra.
“Ellos tratan de subir por la fuerza, vienen con la policía y después en los medios muestran como que nosotros somos los violentos”, dice Martín. Habla de “derechos territoriales, ancestrales”, pero enseguida vuelve al agua y a los animales. Esa relación quizás explique mejor el conflicto que muchas de las palabras que se usan para hablar del extractivismo. Mientras que para la empresa, el cerro contiene muestras que pueden mostrar si hay un yacimiento económicamente viable. Para la comunidad, es el lugar donde están las vegas de las que dependen, de igual manera, su vida y la de sus animales.
En el informe, Peñas Negras aparece junto con Corral Blanco y Laguna Blanca entre los casos catamarqueños donde se cruzan empresas mineras, problemas de titulación, territorios indígenas y necesidades básicas todavía sin resolver. En Jujuy, el mismo trabajo registra el conflicto de Santa Rosa y otros casos atravesados por minería, problemas catastrales y presión sobre tierras comunitarias.
Es difícil saber hoy qué operaciones nuevas puede generar la derogación de la Ley de Tierras o cuánto tardará ese cambio en verse en los registros. También hay otras normas que siguen regulando distintos territorios, y las tierras indígenas tienen protecciones constitucionales propias. Lo que sí cambió de inmediato es el límite nacional específico que se había creado para la propiedad o posesión extranjera de tierras rurales. El régimen del 15 por ciento, el límite por nacionalidad y el máximo de mil hectáreas en la zona núcleo formaban parte de la ley que el artículo 154 del DNU declara derogada.
Al mismo tiempo, el proyecto que salió del Senado conserva las reformas destinadas a acelerar los desalojos y sigue su trámite en Diputados, donde durante septiembre organizaciones y especialistas expusieron sus objeciones en comisión.
Las dos discusiones llegan ahora casi juntas. Una tiene que ver con las condiciones en las que el capital extranjero puede acceder a tierras rurales. La otra, con la rapidez con la que la Justicia puede ordenar que alguien deje un inmueble. En el medio están casos como los de Santa Rosa y Peñas Negras, que empezaron mucho antes de estas reformas y seguramente seguirán después de ellas.
Graciela dice que en Jujuy quieren que las comunidades tengan miedo y abandonen sus tierras. Martín dice que en Catamarca les ofrecen como promesa de la minería cosas que deberían formar parte de la vida cotidiana de cualquier pueblo: caminos, luz, agua, salud, educación. Los dos hablan desde territorios diferentes, pero hay algo muy parecido en sus historias. Si cada vez hay más interés por los minerales, el agua y la tierra del norte, qué lugar van a tener las personas que ya viven ahí.
La movilización de agosto mostró que una discusión que parecía técnica o sectorial puede llegar a las calles y disputar el debate parlamentario . Ahora la Corte volvió a mover las reglas, mientras en Diputados se abrió otra pelea alrededor del DNU 70/2023 y siguen pendientes los cambios sobre desalojos. En Peñas Negras, mientras tanto, las familias siguen con sus animales en el cerro. En Santa Rosa volvieron al territorio después de ver sus casas demolidas. Antes de saber quién podrá comprar esas tierras, hay otra historia ocurriendo ahí, todos los días, la de quienes están tratando de quedarse para defenderlas.
