“Va a ser un Ministerio verde”, había dicho Ginés González García cuando tomó posesión de la cartera de Salud el 11 de diciembre. Un día después ya estaba sentado en el salón de conferencias de la Casa Rosada acompañado de tres médicas expertas en derechos sexuales y (no) reproductivos para anunciar que la actualización del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se publicará este viernes en el Boletín Oficial. Las tres médicas Valeria Isla, Mariana Romero y Analía Messina llevaban sus pañuelos verdes en sus respectivas muñecas. El símbolo de una de las demandas de los feminismos fue transmitido por los canales oficiales de presidencia y con él la historia de 14 años de lucha, la irreverencia de la juventud de llevar ese trozo de tela verde a todos lados y la despenalización social conquistada en 2018.
Los pañuelos verdes estaban en las muñecas y también en las carteras y mochilas de un grupo de feministas de distintas trayectorias y procedencias que habían llegado hasta allí. Antes del anuncio a la prensa, que comenzó a las 17 h, el flamante ministro se había reunido con una comitiva de activistas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, médicas especialistas y otras militantes políticas. González García llegó a su encuentro con el protocolo firmado después de compartirlo con el presidente Alberto Fernández y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Las feministas lo recibieron con aplausos sentadas alrededor de una gran mesa rectangular. Estaban desde las históricas Nelly Minyersky y Dolores Fenoy hasta la joven abogada cordebesa Lola Guerra, de Católicas por el Derecho a Decidir. La representación intergeneracional y transversal de la Campaña se vio reflejada en las postales que dejó ese encuentro.
“Sentí que pasamos de que la Casa Rosada esté vallada a que hoy esté abierta a nosotras que somos parte del movimiento de mujeres, del pueblo que reclama derechos y causas justas. Nos abrieron las puertas para presentarnos un protocolo para después de solo dos días de gestión de gobierno avanzar en un tema tan importante como este”, dijo Lola Guerra a LATFEM.
Además de las integrantes de la Campaña, participaron la diputada del Parlasur Checha Merchan y la primer titular del Consejo Nacional de las Mujeres, Virginia Franganillo e integrantes del Consejo Asesor que junto a lxs trabajadorxs del Ministerio de Salud actualizaron el Protocolo.
“No hay márgen para incumplir la ley en los casos de interrupción legal del embarazo”, dijo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, luego de participar de las reuniones.
Que la conferencia de prensa haya sido en Casa Rosada pone en evidencia la decisión política del Ejecutivo de avanzar sobre la garantía de este derecho, deuda de la democracia. Ya no se trata de promesas de campaña ni declaraciones a la prensa: el gobierno de les Fernández tiene la clara voluntad de que el Estado deje de darle las espaldas a quienes deciden interrumpir un embarazo y este es un primer paso.
“Estamos dispuestos a cambiar la historia con muchas cosas más que el protocolo”, dijo González García. Y también aclaró:“Esto no es un combate, ni es una decisión que se toma para ganar una elección, esto es cómo se ejercita un derecho y cómo se cumple con la ley”.
“Queremos que todos los profesionales en cualquier lugar del país tengan respaldo en lo que están haciendo”, señaló.Este protocolo tiene como objetivo actualizar la guía de prácticas anterior teniendo en cuenta los cambios que existieron en la legislación, como la aprobación del nuevo Código Civil de 2015, y la evolución del conocimiento que hace que se modifiquen cuestiones científicas, siguiendo cánones internacionales como la Organización Mundial de la Salud.
La actualización del protocolo ILE, que entra en vigencia este viernes, tiene pocas variantes respecto de la que había sido resuelta por el secretario de Salud Adolfo Rubinstein, que González garcía señaló como algunos elementos técnicos y una flexibilización respecto de la objeción de conciencia para asegurar que no impida la ILE.
En 2007, durante la primera gestión de González García, se publicó el primero. Luego fue actualizado en 2010 y 2015. Y según el Ministro va a serguir actualizandose.
Este instrumento busca garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender a la población, y llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan basándose en la legislación vigente. Y se basa en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales.
“Con este protocolo damos un instrumento sanitario par que se cumpla con la ley y proteger a las personas que lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo”, explicó el ministro de Salud.
González García señaló además que “somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley”.
En relación a la adhesión de las provincias el titular de la cartera de Salud dijo: “Ustedes saben que, en un país federal, mucho depende de que se adhieran las provincias. Ya hay muchas que están adheridas, pero lamentablemente algunas provincias grandes, como Buenos Aires, por ejemplo, no aprobaron el protocolo”.
Algunos puntos centrales para entender qué es el #ProtocoloILE
- Este Protocolo está destinado a garantizar la dignidad y derechos de toda persona con capacidad de gestar y, por lo tanto, potencial sujeto del derecho a ILE, cuando su vida o salud estén en peligro, o esté cursando un embarazo producto de una violación, independientemente de si es una persona con o sin discapacidad.
- Un dato importante: debe aplicarse en todo el territorio argentino y en todas instituciones sanitarias, sean públicas o privadas.
- Les permite a los equipos de salud trabajar en un marco de mayor seguridad jurídica y busca evitar los bloqueos al acceso de este derecho.
- Reconoce la posibilidad de la objeción de conciencia, pero establece que esta no puede suponer un obstáculo para el acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo.
- De acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación aprobado en 2015, a partir de los 16 años la persona gestante es considerada adulta.
- Entre los 13 y los 16, puede solicitar autónomamente una ILE cuando no implique un grave riesgo para su salud o vida. Todo el accionar del equipo de salud debe estar guiado por el principio de autonomía progresiva.
Idas y vueltas
El 20 de noviembre pasado la ex secretaría de Salud de la Nación aprobó la actualización del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. La resolución 3158/2019 fue publicada ese día en el Boletín Oficial. El último protocolo era de 2015. Uno de los reclamos del movimiento feminista era que este instrumento tuviera rango ministerial. Cambiemos degradó a Secretaria al ex Ministerio pero este nuevo Protocolo lleva la firma del Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Es la primera vez que tiene este status.
Sin embargo, la alegría feminista por esta nueva conquista duró a penas unos días porque el ex presidente Mauricio Macri decidió vetar la decisión de la ex Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.
El último Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo había sido publicado en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación. Allí se establecían los derechos de las personas y las obligaciones del sistema de salud para garantizar el acceso a los abortos legales y seguros, según lo que señala el artículo 86 del Código Penal desde 1921 y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012.
¿Cómo se aplica el protocolo ILE hoy en el país?
En 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó lo que señala el Código Penal a través de un fallo paradigmático conocido como “F.A.L”. Este dictamen se llama así por las iniciales de la madre de una adolescente víctima de violación que tuvo que llegar al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut para poder interrumpir su embarazo.
El máximo tribunal del país ratificó que en Argentina no es necesaria la denuncia ni autorización judicial para llevar adelante interrupciones legales del embarazo.
El mismo fallo exhortó a los estados nacionales y provinciales a proporcionar las condiciones necesarias para llevar adelante las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura. Les pidió que elaboraran protocolos hospitalarios “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.
Después de F.A.L., en 2015 el Ministerio de Salud de la Nación actualizó el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo en todos los hospitales y centros de salud del país.
De las 24 jurisdicciones que hay en el país -teniendo en cuenta las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- sólo 12 tienen protocolos que se respetan, en buena parte, lo establecido por la Corte Suprema. Estas son: Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, Córdoba.
Hay 6 jurisdicciones que tienen protocolos con requisitos que pueden dificultar el acceso a los abortos legales. Se trata de: provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro.
Por último, hay 7 jurisdicciones que no cuentan con protocolos. Son: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.
A partir de la publicación de la actualización, para quienes no tienen Protocolos o tienen instrumentos restrictivos rige el más progresivo que sería, con esta novedad, el de Nación. Así lo señala el principio de progresividad.
La ley que rige hace casi cien años y ratificó el máximo tribunal del país en 2012 es clara. Sin embargo, no siempre se cumple y en muchas ocasiones el acceso al aborto legal en Argentina es obstaculizado vulnerando los derechos de niñas, jóvenes, mujeres y varones trans en todo el país. Por eso la lucha por el derecho a decidir y por la interrupción voluntaria del embarazo sigue camino al 2020.
La ley que rige hace casi cien años y ratificó el máximo tribunal del país en 2012 es clara. Sin embargo, no siempre se cumple y en muchas ocasiones el acceso al aborto legal en Argentina es obstaculizado vulnerando los derechos de niñas, jóvenes, mujeres y varones trans en todo el país. Por eso la lucha por el derecho a decidir y por la interrupción voluntaria del embarazo sigue camino al 2020.
