“Ya no quiero promesas, ya no quiero palabras: quiero hechos”, dice Érika Martínez. Tiene la mirada firme y los ojos le brillan. Su voz suena con la auténtica expresión de eso que las mexicanas conocen bien: el motor de la alegre rebeldía. Ella sigue hablando: “Estas lágrimas ya no son de dolor, son de alegría. Estoy emocionada, porque no venimos a trabajar por nosotras sino por todas las mujeres de todo el país”.
Érika tiene 42 años y desde hace tres que busca justicia para su hija, una niña de 10 años que a los 7 sobrevivió al abuso sexual del hermano de su padrastro. Como la familia entera vivía en la misma casa, tras la denuncia ellas se quedaron a la intemperie. Érika es, además, una de las voceras de las más de 50 mujeres y niñxs que desde el jueves 3 de septiembre ocupan la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México. En un pliego entregado a las autoridades oficiales –del cual se espera una respuesta en los próximos días– exigen subsidio para una Alerta nacional por violencia machista, servicios médicos y acceso a medicamentos, entrega de despensas, programas de empleo, cese a la descalificación del movimiento feminista y el retiro de la campaña “Cuenta hasta diez”, una propaganda estatal que pone el foco de la violencia machista en que los varones se tranquilicen mentalmente antes de actuar, como si los impulsos agresivos fueran una cuestión de paz interior. Además, exigen la renuncia de Rosario Piedra Ibarra, actual titular de la Institución.
“Aquí van a vivir madres de víctimas que tienen niños huérfanos y que no tienen dónde vivir”, dice Yesenia Zamudio, otra de las voceras del movimiento. Zamudio es la madre de Marichuy Jaimes, una estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que fue asesinada en enero de 2016. En su mirada hay determinación y furia. “Ésta será su casa –sigue–. Y que le hagan como les dé la gana, el Gobierno de la Ciudad de México y el federal. Si hablan de indemnizaciones, pues ahí que se quede, ya nos cobramos”. Por su parte, Érika justifica: “No es intimidación, esto es una respuesta a sus omisiones”. Y agrega con determinación: “Yo necesitaba un hogar libre de violencia, el Estado no me lo dio así que lo tomé”. El edificio fue rebautizado con el nombre “Ocupa – Casa de Refugio Ni Una Menos México”.
Cinco años después del asesinato de su hija, presuntamente por su maestro del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yesenia dice que no entiende cómo ella sigue viva. Érika denuncia que las autoridades nunca dejaron de revictimizarla. Para subsistir, ella lanzó una línea de muñecas a través de la cual muchas otras le han contado sus historias. Dice que quiere ser recordada por eso y así sacar adelante a sus compañeras.
El rostro de María Isela Valdez recorrió el mundo cuando la mujer se arrodilló ante el presidente Manuel López Obrador en el Palacio Nacional para pedirle justicia en el caso de su hijo, Roberto Quiroa, desaparecido en Tamaulipas hace seis años. Marcela Alemán y Silvia Castillo viajaron desde San Luis Potosí, a 412 kilómetros de la Capital, para pedir justicia por sus hijes, una niña víctima de violación sexual y un joven asesinado, respectivamente. Fue cuando Alemán se amarró a una silla, luego de la negativa de Piedra Ibarra debido a una “incorrecta integración de sus carpetas” que la toma del edificio se desató. Castillo amenazó con suicidarse.
Según la ONU y estadísticas nacionales, en México cada día hay entre 9 y 10 feminicidios. La mitad de estos asesinatos están vinculados al crimen organizado. Además, se denuncian en promedio 50 casos diarios de abuso y violencia sexual. A principios de este año la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación informó que la cifra de personas desaparecidas creció un 54%: se reportan al menos 61.637. La mayor parte de los datos corresponde al período iniciado en 2006, cuando empezó la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Durante el año 2019 se denunciaron más de 3 mil feminicidios. El 9 de marzo de 2020, durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, la Ciudad de México tuvo la movilización callejera más grande desde las protestas por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en 2014. “Somos las mismas”, exclama Yesenia. “Pero principalmente las víctimas, las madres, las mujeres, las sobrevivientes y las que somos empáticas. Somos un frente nacional que no es sólo de feminismos, es de muchas personas y organizaciones que estamos hartas de tanta violencia”. Érika agrega: “Acá (en la toma de la CNDH) tuvimos a una mujer con 7 hijos desaparecidos”. Y sigue: “Por eso venimos por todas, no sólo por las de la Ciudad de México: ser ciudadana de la Capital es un privilegio. Entonces si nosotras ya estamos privilegiadas vamos a hacer que todos los Estados sean iguales”.
Los expedientes y los cuadros: las respuestas oficiales
“No estoy de acuerdo en la violencia, en el vandalismo”, dijo en una de sus conferencias “mañaneras” el presidente López Obrador. Y agregó: “No estoy de acuerdo con lo que hicieron a la pintura de Francisco Madero. El que lo hace no conoce la historia, lo hace de manera inconsciente o es un conservador”. Se refería a las diferentes intervenciones que las colectivas hicieron en los cuadros –réplicas– que encontraron en la institución, entre ellos el de Madero, referente de la revolución mexicana. El presidente afirmó entender que hay “mucho dolor” y que las víctimas de la violencia están “con razón muy dolidas”, y que tienen derecho a manifestarse. “Pero no creo que ésa sea la mejor forma de hacerlo”, dijo.
Érika Martínez le respondió públicamente: “Estas flores, estos labios pintados (la intervención de dicho cuadro) los pintó mi hija, una niña que a los siete años fue abusada sexualmente. Quiero decirle a ese presidente que cómo se indigna por este cuadro y no se indigna cuando abusaron de mi hija”. Luego de los entredichos, se hizo pública la subasta del mismo y todos los cuadros intervenidos. Además, en la puerta de la CNDH se montó un puesto de ventas para el fondo de lucha, que incluyó termos y tazas con las impresiones de las nuevas obras.
“A la Comisión Nacional de Derechos Humanos le preocupa lo que le sucede a las mujeres en este país, los feminicidios, pero también tenemos que decir lo que le pasa al resto de la población”, dijo por su parte la titular de la institución, Rosario Piedra Ibarra. Además, la funcionaria denunció la destrucción de expedientes: “Están destruyendo las pruebas y eso a mí me da muy mala espina, me hace sospechar muchas cosas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que no se solucionen los casos de violaciones graves?”.
“La señora Rosario está mintiendo, está difamando, me está revictimizando y está fomentando el odio hacia mi persona”, acusó el jueves por la tarde en la puerta de la CNDH Yesenia. Y amplió: “Ustedes (por los medios) estaban presentes cuando yo salí con unas hojas blancas y las rompí en el aire diciendo `Miren cómo no trabajan`, y la señora salió a decir que yo rompí y quemé expedientes y que alguien me pagó. ¡Y había notario público cuando entregamos los expedientes!”.
Las ocupaciones comienzan a crecer y a expandirse en el país
“Además de las más de 50 personas que hoy están adentro vienen mínimo seis colectivas de un Estado y de otros”, dijo el jueves por la tarde Yesenia. Además, contó que “hay muchas de las ocupantes que entran y salen porque están yendo a Derechos Humanos o al médico… ¡Ah!, porque ahora sí las están atendiendo… ¿vieron cómo sí son las ´formas`?”.
Las tomas comenzaron a replicarse en otras ciudades y colonias del Estado. Hubo tomas en Veracruz, Michoacán, Aguascalientes, Puebla y Ecatepec. De esta última, ayer por la noche se supo que fue reprimida y desalojada por la policía. Once mujeres, seis niños, un bebé de 1 año y tres hombres que habían sido detenidxs fueron liberadxs esta mañana.
Las fuerzas de seguridad también reprimieron a lxs periodistas que estaban cubriendo en la sede en Ecatepec de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem). A Lizbeth Hernández, compañera de la Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe y coordinadora de Kaja Negra, le quitaron su celular. Distintos medios de la región repudiamos este ataque a la libertad de expresión.
Por su parte, la Codhem emitió un comunicado en el que aclaraba que la toma de la sede era pacífica y reiteró su llamado a la solidaridad y empatía con las distintas colectivas movilizadas del Estado de México.
El hartazgo en México tiene su propia genealogía y una promesa desde las colectivas que se movilizan: “No tendrán nuestro silencio”.
