Pandemia: cubanas sin ley de protección durante el aislamiento

El año pasado, cuarenta cubanas, activistas y trabajadoras de la prensa, presentaron una solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Tenían la expectativa puesta en el 2020. Sin embargo, la respuesta de la Asamblea no fue posititva y ahora las niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, travestis y trans cubanas atraviesan el aislamiento sin una normativa que las proteja en un contexto en el que, muchas veces, se potencian las violencias machistas.

Cuba fue el primer país en firmar y el segundo en ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Sin embargo, todavía hoy no cuenta con normas específicas para luchar contra ese tipo de violencias. En noviembre pasado, cuarenta mujeres cubanas, activistas y trabajadoras de la prensa, presentaron una solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). El 13 de febrero era la fecha límite para que le dieran una respuesta, pero no hubo comunicación por escrito al resto de las solicitantes ni acompañamiento oficial o institucional alguno. Así llegaron las cubanas al aislamiento y la pandemia mundial del COVID-19: con niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, personas trans realizando el confinamiento encerradas junto los varones que las violentan sin una marco normaativo que las proteja.

Luego de la solicitud remitida a lxs diputadxs con potestad legislativa, el 10 de enero la Asamblea respondió a 4 de las 40 firmantes del proyecto, diciendo que por el momento el mismo no sería promovido y que en el calendario legislativo oficial hasta 2024 tampoco estaba incluido. Lo mismo sucedió con la agenda hasta 2028 que la Asamblea dio a conocer a través de la prensa. 

El objetivo de la propuesta no era sólo sancionar los delitos, “sino crear las bases para implementar un sistema integral de prevención y atención”. Además, se pidió una Ley integral y transversal a todo el cuerpo normativo, que pueda “habilitar y exigir la creación de protocolos en instituciones policiales, jurídicas, centros de trabajo y estudio, espacios de militancia política, espacios culturales y medios de comunicación, frente a casos de violencia de género y para su prevención”.

La solicitud se centró en tres puntos:

  • Incluir en el cronograma legislativo previsto en la disposición décimo tercera de la vigente Constitución de la República la elaboración de una Ley Integral contra la Violencia de Género.
  • Constituir un grupo asesor cuya composición sea de conocimiento público, integrado por personas con trabajo en el tema, que acompañe el proceso de redacción del proyecto de Ley (con representación de distintas regiones del país y sectores sociales).
  • Recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de elaboración de la Ley Integral contra la Violencia de Género. 

En octubre de 2015 Mariela Castro, presidenta del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX) e hija del exmandatario y Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, dijo: “En Cuba no tenemos, por ejemplo, feminicidios. Porque Cuba no es un país violento, y eso es un efecto de la revolución”. La afirmación generó controversia: había historias concretas que evidenciaban lo contrario. Pero Cuba, para ese entonces, no tenía ninguna estadística sobre feminicidios en el país. Tampoco sobre asesinatos en general.

Recién en 2019, un informe nacional que el oficialismo ofreció a la Comisión Económica para América Latina el Caribe (CEPAL) sobre cómo se afronta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reconoció la existencia de feminicidios y violencias hacia las mujeres en Cuba. Aunque el informe es del año pasado, el dato da cuenta de lo sucedido en 2016. En ese año, la tasa de feminicidios fue 0.99 por cada 100.000 habitantes de la población femenina de 15 años o más. Para similar período, esa tasa fue baja en comparación con países como El Salvador, Honduras, Guatemala, México o Brasil, y alta en relación con Perú, Chile o Panamá. También la reforma de la constitución del mismo año hizo un reconocimiento similar. En su artículo 43, admitió la desigualdad de género alegando que “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito” y que “El Estado garantiza que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades.”

La lucha por la ley

En los últimos tiempos, campañas como Evoluciona, Únete, Eres más, Van de la mano, la Red de Mujeres Afrodescendientes, el proyecto Nosotrxs, los blogs Negra Cubana Tenía que Ser y Asamblea Feminista, la Cátedra de Estudios de la Mujer de la Universidad de La Habana, el espacio Bertha Cáceres del Instituto de Filosofía y la plataforma SemLac-Cuba, entre otras, se pronunciaron activamente en contra de las violencias hacia las mujeres. Fue con la creación de “Yo sí te creo en Cuba”, una plataforma de apoyo a las víctimas de la violencia machista en la isla alojada en la red social Facebook, que comenzó el germen de la lucha por la ley. 

“Lo primero fue Yo sí te creo, donde gracias a las redes sociales hicieron red colegas del ámbito académico y activismos contra las violencias machistas que nunca se habían sentado a redactar un documento común”, contó a LATFEM Marta María Ramírez, periodista feminista cubana y una de las 40 firmantes en la petición de la ley. Y agregó que, si bien no es la primera vez que se hace esta demanda, sí es la primera que se inscribe en tierra fértil para poner el tema en agenda: “El contexto internacional del Ni una menos y el Me too, y el nacional de reformas y redacción de nuevas leyes administrativas para acompañar esas reformas constitucionales fueron el caldo de cultivo para hacer esto más radical. Antes éramos menos voces”.

“Creo que hay un problema en las sociedades latinas, donde la violencia tiene un componente súper estructural, donde la ley es una garantía desde el marco de la legalidad, pero lo que hay que remover son constructos muy fuertes que están en las bases, que son estructuralmente patriarcales, milenarios”, dijo a LATFEM José Raúl Acosta Artiles, comunicador social y activista de la campaña Evoluciona. Y agregó: “Esperamos no sólo esta ley sino otro grupo de leyes que atañen el código de familia, pero hasta el momento no hay un pronunciamiento de qué es lo que va a salir o cambiar en materia legislativa”. A título personal, José Raúl cree que más allá de la aprobación de la Ley, lo que de seguro se va a lograr es transversalizarla al resto de las leyes, “que también sería un logro en el escenario complejo en el que estamos”.

Conjuntamente con el pedido de la ley, se evidencia además el de estadísticas que representen la realidad de las mujeres y el colectivo LGBTQ+.  El dato ofrecido a la CEPAL, aunque valioso, es deforme: el problema de los feminicidios, por ejemplo, está subcalculado. Dentro del crimen de feminicidio algunos países especifican los “feminicidios íntimos”. Allí se incluyen los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas, familiares o convivientes. El corte cubano, sin embargo, es aún más específico: solo parejas o ex parejas.

Esa definición, por ejemplo, no permite hablar de feminicidio si quien asesina es un conviviente distinto de la pareja o un desconocido. Tampoco consideraría a Leydi Maura Pacheco Mur, la mujer violada y asesinada en 2018 en Cienfuegos, una víctima de feminicidio. Ni a Delia Echeverría Blanc, asesinada en Santiago de Cuba por la ex pareja de su hija.

Para la periodista feminista e integrante de la Editorial de la Mujer, Lissy Villar Muñoz, el feminismo en Cuba es un desafío. “Más allá de que tenemos ciertas garantías legales y constitucionales hay muchos desafíos que tienen que ver con identificar dónde se encuentra el patriarcado”, dijo a LATFEM. Y siguió: “Creo que no nos lo hemos planteado lo suficiente en el país, porque creo que no existe un gran movimiento feminista en Cuba. Sí existen prácticas y activistas, pero no algo como un movimiento orgánico”. José Raúl coincide, aunque presta una salvedad: en países como Chile o Argentina, dice, donde hay un fuerte movimiento feminista, sin embargo, faltan cantidad de garantías: “El Estado, aún así, se burla”.