Existe un diagnóstico extendido sobre educación y primera infancia en Argentina que sostiene que en todo el país faltan jardines maternales y de infantes. Se expresa en diversos informes respecto al tema, como el mapa de la Educación Inicial elaborado por UNICEF y en datos oficiales sobre el alcance y cobertura de estas instituciones. Pero especialmente se verifica en la experiencia, tantas veces sin éxito, de madres y familias que buscan una vacante en algún espacio que resuelva el cuidado y la educación durante los primeros años de la trayectoria vital de sus niñas y niños.
Hace tiempo que la necesidad de contar con más espacios educativos y de cuidado para la primera infancia urge ser jerarquizada en la agenda social y educativa de nuestro país. Para el sistema educativo argentino, el nivel inicial es considerado una unidad pedagógica integrada por el jardín maternal (desde los 45 días hasta los 2 años) y el jardín de infantes (a partir de los 3 y hasta los 5 años). Según se detalla en el Anuario Estadístico Educativo 2022 del Ministerio de Educación de la Nación, en Argentina hay 18.466 unidades educativas de nivel inicial, de las cuales 13.621 corresponden a la gestión estatal y 4.845 son de gestión privada. De acuerdo a un informe sobre la importancia del nivel inicial elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación, aún quedan por construir al menos 24.202 salas para alcanzar la cobertura total, sin contar las maternales.
Según establece la Ley de Educación Nacional 26.206, en el primer peldaño del sistema educativo son obligatorias las salas de 4 y 5 años. La sala de 3 (aún) no lo es, pero el marco normativo que la contempla promueve su universalización, es decir que su acceso tiene que estar garantizado de acuerdo a la demanda. Esto no fue así desde siempre: la ley de Educación Nacional forma parte de un conjunto de normas sancionadas hace poco más de una década y media con el propósito de ampliar el alcance del acceso a la educación y de garantizar su ejercicio en un sentido igualador y de justicia socioeducativa. Entre ellas, se destaca también la Ley de Financiamiento Educativo 26.075 que, al igual que la Ley de Educación Nacional, se promulgó en 2006.
Falsas promesas
Una década después de la sanción de aquellas normativas, ambos ministros de educación del macrismo —Esteban Bullrich y Alejandro Finocchiaro— prometieron llevar a cabo una “revolución educativa”. El por entonces presidente argentino, Mauricio Macri, hablaba de que las y los maestros fueran protagonistas de “una agenda ambiciosa”. Durante su campaña electoral en 2015 se había comprometido a la construcción de 3000 jardines de infantes. Como una continuidad concreta del carácter ambicioso de esa agenda desplegada en campaña, creó en 2016 el “Plan Nacional 3000 jardines” que decidió desarmar al promediar su gestión hasta volverlo un espejismo: hacia el final de su mandato se habían inaugurado menos de 150 jardines nuevos. En simultáneo, los fondos destinados al programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes se redujeron drásticamente durante el período que duró su gobierno.
En 2018, la Asociación Civil Bajo la Lupa presidida por la diputada nacional Margarita Stolbizer solicitó informes sin respuesta sobre adjudicaciones, certificaciones de obras, pagos, adelantos financieros y constatación de niveles de ejecución del Plan, lo que motivó la presentación de una denuncia para investigar la posible malversación de recursos públicos, administración fraudulenta y/o violación de deberes de funcionario público.
En 2019, CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) elaboró un informe exhaustivo donde detalla una serie de observaciones sobre el Plan que incluyen subejecución presupuestaria, atraso en las obras y bajo nivel de finalización de las mismas con información desagregada de varias provincias. Que hayan coincidido distintos sectores en señalar estas irregularidades evidencia que no fue solamente una promesa incumplida por parte de una gestión de gobierno, se trató de un claro abandono por parte del estado acerca de un tema sensible y crucial en la vida de las familias como es el cuidado y la educación en la primera infancia, derechos fundamentales que debe garantizar.
Finalmente, en marzo de 2021 el Ministerio de Educación de la Nación a cargo de la gestión actual efectuó una presentación ante la Oficina Anticorrupción por irregularidades en la administración del plan lanzado en 2016.
Priorizar es destinar recursos
Basado en los principios emanados de la normativa vigente, la Educación como bien social y como derecho a ser garantizado por el Estado, implica que sea considerada en el presupuesto público como una inversión y no como un gasto.
La Ley de Financiamiento Educativo de 2006 significó un hito vertebrador de gran impacto en el presupuesto y sus consecuentes políticas educativas, lo que resultó en mejoras respecto del acceso al derecho.
“En el marco conmemorativo de los 40 años de la restauración de la democracia en nuestro país presentamos este Proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, no para saldar una deuda de la democracia con la educación, sino para reforzar su deber con ella”.
Este análisis sobre Financiamiento educativo elaborado por las Campañas Latinoamericana y Argentina por el Derecho a la Educación (CADE y CLADE) entre otras organizaciones, considera que para alcanzar el derecho pleno a una educación de calidad hacia 2030 se requiere duplicar la inversión y propone a la justicia educativa como orientadora. Desde esta perspectiva, la justicia educativa implica pensar en 3 cuestiones anudadas: las políticas educativas necesarias, la inversión requerida para su cumplimiento y las fuentes que la garanticen.
Conseguir el propósito de garantizar el derecho a la educación y universalizar su acceso requiere de un esfuerzo presupuestario que permita paliar las inequidades en un país con enormes desigualdades. Si bien el presupuesto educativo anual a partir de la sanción de aquella ley fue creciente, se vio fuertemente comprometido a partir del ajuste producto de la adquisición de deuda externa por parte del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri.
Es necesario reflejar el impacto directo que esto genera en las vidas de niños, niñas y sus familias: destinar menos presupuesto educativo, destinar menos inversión en educación significa construir menos escuelas, contar con menos fondos para el mantenimiento edilicio, adquirir menos materiales pedagógicos, recortar la adjudicación de becas para quienes las necesitan.
En septiembre de este año, los actuales ministros Jaime Perczyk, de Educación, y Sergio Massa, de Economía, presentaron el proyecto para una nueva Ley de Financiamiento Educativo frente a ministros, gobernadores, rectores de universidades, legisladores, representantes de gremios docentes y no docentes, antes de ser enviado al Poder Legislativo para su tratamiento. El proyecto propone incrementar la inversión educativa en 2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB): del 6 al 8%. A su vez, de este total define que el 6,5% estará destinado a la cobertura de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y el 1,5% restante a la educación universitaria. “Creemos que la mejor inversión que puede hacer una sociedad es aumentar la inversión en el sistema educativo”, aseveró Massa, actual candidato a presidente durante el acto. Mientras, Perczyk afirmó que “Argentina necesita un financiamiento continuo, seguro y suficiente para sostener y mejorar el sistema educativo y esperamos que todas y todos estemos de acuerdo con eso” a lo que agregó que “nuestro país tuvo un acuerdo muy importante que fue que todas las pibas y todos los pibes a la salida de la pandemia tenían que volver a la escuela y fuimos a buscarlos para que vuelvan. Ese fue un gran acuerdo político y acá tiene que estar el segundo que es aumentar la inversión en la educación”. El proyecto empezó a tratarse a principios de este mes en la Cámara de Diputados con amplio respaldo de organizaciones sindicales, especialistas y referentes educativos. Se basa en la Ley de Financiamiento Educativo que le antecede y que cuenta entre sus logros haber llevado del 75% al 98% el porcentaje de niñas y niños que asisten al jardín en sala de 5.
Específicamente para el nivel inicial proyecta la ampliación de la cobertura: universalizar las salas de 3, 4 y 5 años e iniciar el proceso para las salas de 2 años priorizando a los sectores sociales más desfavorecidos. A su vez, prevé la construcción de nuevos jardines infantiles y maternales para niñas y niños de 45 días a 2 años de edad.
En su Mapa de la Educación Inicial en Argentina, Unicef afirma que el acceso de los niños y niñas de 2 años al sistema educativo alcanza apenas al 11% y que ante la ausencia de oferta de gestión estatal, la única alternativa para muchas familias es acudir a la gestión privada oficial y no oficial, con el correspondiente pago de un arancel. En muchas provincias, las salas maternales y de 3 años en establecimientos privados no reciben aporte estatal por lo que su costo resulta muy difícil de afrontar para las familias. Si bien el documento reconoce avances significativos en relación con la primera infancia en nuestro país, también afirma que todavía existe una brecha importante entre la normativa y el ejercicio efectivo de los derechos en este campo y que avanzar en esa dirección requiere de un correlato presupuestario. El financiamiento de las políticas educativas y de cuidados para la primera infancia debe constituir una política de Estado sostenida en el tiempo.
Sin presupuesto, solo somos malabaristas
En El cuidado infantil en el siglo XXI: Mujeres malabaristas en una sociedad desigual, Eleonor Faur explora cómo se organizan los cuidados de niños y niñas desde el nacimiento hasta los 5 años en la Argentina contemporánea desde distintas perspectivas.
Su análisis parte de la hipótesis de que en nuestro país, la organización social del cuidado infantil refleja y reproduce desigualdades de clase entre mujeres y entre niños. Considera necesario tener en cuenta que la intervención estatal presenta una diversidad en el abordaje de distintos grupos y sujetos en un país que se ha tornado altamente desigual en el terreno socioeconómico y que, pese a las significativas mejoras de las últimas décadas, continúa con un alto porcentaje de la población en situación de pobreza.
“Desde esta perspectiva, el cuidado infantil aparece como un territorio en el que las históricas desigualdades de género se acentúan, en especial entre la población más pobre, a riesgo de reproducir desigualdades socioeconómicas. De ahí se desprende la metáfora (…) que sintetiza su argumento: los malabares, las mujeres malabaristas. Hoy en día, las políticas públicas descansan en los verdaderos malabares que, de forma cotidiana, realizan las mujeres”, reflexiona Faur.
Durante el tratamiento del proyecto en el Congreso, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, señaló la importancia de la extensión del nivel inicial, incluida en el articulado: “Las mujeres docentes que cuidamos los hijos de otros pagamos para que nuestros niños y niñas puedan ir a un jardín maternal en condiciones dignas. Y las mujeres que trabajan tienen un doble o triple trabajo porque, además de trabajar en la escuela y en la casa, tienen a cargo las políticas de cuidado”.
A su vez, la diputada nacional Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación, se refirió al dictamen de mayoría que obtuvo el proyecto: “La educación necesita de una acción concurrente entre la Nación y las provincias mediante convenios bilaterales, por eso la ley sugiere un aumento del presupuesto a un 8% del PBI” y aseguró que “la norma prioriza la inversión” y “creemos que hay que poner más recursos para la educación”.
Fundamentalmente, el proyecto destaca la necesidad de generar acuerdos estructurales, continuos y sostenidos en el tiempo entre las distintas fuerzas políticas sobre el futuro inmediato y mediato de la educación, que trasciendan las gestiones de gobierno y las identificaciones partidarias. “El primero de esos acuerdos debe ser sobre uno de los pilares de nuestro país, como lo es la educación pública, condición necesaria para avanzar en metas y objetivos educativos más precisos y de más largo alcance”.
Tal como se expresa en su fundamentación, “la educación es un instrumento —acaso el más importante— de igualación social. En las sociedades democráticas modernas, cada vez que se hace referencia al reconocimiento de determinados derechos, se presenta la necesidad de hablar de inversión, ya que mayormente no hay reconocimiento de un derecho sin el correspondiente financiamiento para hacerlo efectivo”.
