Empiezan las clases. Faltan vacantes. Cada nuevo año, el calendario del mes de febrero en la Ciudad de Buenos Aires parece repetir esta escena como en el día de la marmota. Las experiencias de las familias y sus recorridos en pos de conseguir una vacante para sus hijes en el nivel inicial se multiplican y tienen tantos puntos en común que no resulta posible pensar la problemática como una suma de experiencias individuales. ¿Dónde está mi vacante? es una pregunta personal que condensa un problema colectivo.
Marianela Candolfi todavía espera la confirmación de la vacante para su hija Franca. En diciembre pasado cuando completó el proceso de inscripción online, le notificaron que había quedado en lista de espera en un puesto con casi nulas expectativas de ingresar. “Franca cumple 2 años en abril y el año pasado nos preparamos mentalmente para enfrentar el tema de las inscripciones en CABA. Teníamos la experiencia previa con mi hijo mayor, para quien en 2013 conseguir vacante en sala de 3 había sido complicadísimo. Esta vez sabíamos que sería difícil porque en mi barrio —Flores— hay muy pocos jardines. Preinscribí a Franca poniendo como primera opción un jardín que está a escasos 150 metros de mi casa, pero ese jardín arranca en maternal y todxs lxs alumnxs continúan desde las salas anteriores sumado a que tiene convenio con el Hospital Piñero, por lo que lxs hijxs del personal tienen prioridad. De todos modos, elegí esa escuela como primera opción porque los otros jardines del barrio están a más de diez cuadras y tampoco tendría prioridad ahí. Al momento de la publicación de los resultados, supimos que Franca no tenía vacante en ninguna escuela y nadie sabía informarnos bien en qué lugar de la lista de espera estaba hasta que supimos que era el puesto número 12.” Marianela hizo un reclamo en el área de preinscripciones del GCBA que habilitó una ventanilla de reclamos en una escuela de Parque Chacabuco. También fue a la supervisión del distrito donde no le aceptaron la carta de reclamo que había llevado y solo labraron un acta. Al no obtener ninguna respuesta, elevó el reclamo a la Defensoría del Pueblo, donde luego de varios días consiguió que le dijeran lo que ya sabía: Franca estaba en lista de espera y solo quedaba consultar en la supervisión si había vacante para ella en algún otro jardín.
Amparos, fallos y legislación
“Decidí escalar un nivel más y presentar un amparo judicial para que el GCBA garantice el derecho de Franca a la educación, algo que recomiendan las agrupaciones de familias que luchan por el derecho a las vacantes”. Marianela presentó el amparo en el mes de diciembre con el patrocinio de un abogado y a fines de febrero se encuentra esperando que el juzgado dicte una medida cautelar para que le otorguen la vacante. “Esperamos que la justicia esté de nuestro lado”, dice.
Los colectivos organizados en torno a la problemática de falta de vacantes en la Ciudad de Buenos Aires Vacantes para todxs en las escuelas públicas y La vacante es un derecho llevan registradas a más de 20 mil familias afectadas. La Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires dio lugar en noviembre pasado a un amparo presentado por familias, docentes y legisladores: la sentencia confirma que en la Ciudad faltan vacantes y obliga al gobierno porteño a garantizarlas. El fallo también exige al jefe de gobierno porteño que informe cuáles son las 54 escuelas nuevas que supuestamente creó, de las cuales nunca se dio información detallada y que en muchos casos corresponden a traslados o modificaciones edilicias que no resuelven la falta de edificios escolares a la medida de la demanda.
El fallo también exige al jefe de gobierno porteño que informe cuáles son las 54 escuelas nuevas que supuestamente creó, de las cuales nunca se dio información detallada.
Algunas familias obtuvieron la vacante escolar por medio de una acción de amparo con patrocinio jurídico. “Hay muchas familias que quedan sin vacante y lamentablemente no saben que pueden iniciar una acción frente a esa situación”, afirma Oscar Rosón, abogado que ofrece amparos gratuitos para las familias que lo necesitan y fue quien asesoró a la mamá de Franca.
Los argumentos jurídicos que sostienen la presentación de los amparos se enmarcan en la normativa nacional y local que protegen el derecho a la educación. La Ley 26.206 de Educación Nacional establece que “la Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los 45 días hasta los 5 años de edad inclusive” y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su art. 24 que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”. Actualmente son obligatorias las salas de 4 y 5 años pero Rosón afirma: “lo cierto es que ello no exime al estado de la Ciudad de Buenos Aires de la responsabilidad indelegable que le impone la constitución de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita a partir de los 45 días de vida, más allá del carácter facultativo del aprovechamiento de tal servicio por parte de la ciudadanía.”
Por otra parte, una serie de acuerdos y compromisos regionales e internacionales priorizan la atención de los derechos al cuidado y a la educación para los primeros años de vida. El informe El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia sobre los países que integran América Latina y El Caribe, refiere que entre las Metas Educativas 2021 —promovidas por la Organización de Estados Iberoamericanos— se destaca la de aumentar la oferta de educación inicial para niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años. Reconoce que aunque en los últimos años el acceso a estos derechos ha mejorado en cada país de la región, la desigualdad persiste y afecta más profundamente a las familias de menores ingresos. Para los años iniciales, las desigualdades son aún mayores. Algo que ya destacaba el informe Miradas sobre la Educación en Iberoamérica (OEI, 2016): el acceso de niños y niñas hasta los tres 3 años a la educación y al cuidado solo alcanza a cubrir el 18% en Brasil, el 3% en Costa Rica, el 2% en El Salvador. En México y Argentina cubre solo el 4%. La demanda es creciente y la oferta de servicios educativos y espacios de cuidado resulta a todas luces insuficiente.
El acceso de niños y niñas hasta los tres 3 años a la educación y al cuidado solo alcanza a cubrir el 18% en Brasil, el 3% en Costa Rica, el 2% en El Salvador. En México y Argentina cubre solo el 4%. La demanda es creciente y la oferta de servicios educativos y espacios de cuidado resulta a todas luces insuficiente.
informe Miradas sobre la Educación en Iberoamérica (OEI, 2016)
Entonces, ¿cuáles son los argumentos que opone el estado para rechazar el reclamo por vacantes en el nivel inicial en la Ciudad de Buenos Aires? “El GCBA manifiesta que al no ser obligatorio el nivel inicial, no debe garantizarlo. También señala que es una garantía progresiva, es decir de no inmediato cumplimiento, y hasta que el poder legislativo no asigne fondos, no puede crear más escuelas”, explica Rosón en base a su experiencia en la presentación de amparos.
Echar la educación y los cuidados a la suerte
María Julieta Cornejo es médica y trabaja de lunes a viernes a horario completo; su marido también es personal de salud y hace guardias de doce horas. Necesitan la vacante para su hijo Santino de 1 año de edad, por los horarios laborales y para garantizar sus cuidados: “nos veníamos arreglando con familia, amigxs y esa ayuda en algún momento se acaba”. Sabían que un jardín cercano a su casa contaba con sala de 1 año. Lo anotaron pero no les otorgaron la vacante. Finalmente decidieron la vía del amparo. En ese momento supieron que muchas veces depende de los juzgados donde cae la presentación, que pueden favorecer o no la obtención de un resultado positivo y que no depende de las familias sino más bien de la suerte. “Es un derecho y por eso lo hicimos”. Luego de la presentación, los citaron para una conciliación en el juzgado a la que por los horarios laborales solo pudo asistir el papá de Santino, quien tuvo que pedir el día en su trabajo. En esa reunión conciliatoria la jueza instó al GCBA a que defina qué vacante otorgaría a su hijo con un plazo de 3 días para ofrecer una propuesta. Al día siguiente les fue asignada la vacante en el mismo jardín donde lo habían inscripto y les había sido negada en primera instancia. “Estamos muy contentos, sentimos que se hizo justicia. Sabemos que muchas familias se quedan sin vacante antes de que empiece el año escolar y nos sentimos muy afortunados de lo que pudimos conseguir”.
Ya que no todos los amparos presentados son resueltos favorablemente, la suerte que acompañó la resolución del caso de Julieta termina resultando un privilegio al que no todas las familias pueden acceder. Así lo explica Rosón: “En lo contencioso y administrativo de la Ciudad hay 24 juzgados, de los cuales tres jueces siguen el lineamiento de un polémico fallo del TSJ que a grandes rasgos establece que el GCBA no debe asegurar la educación pública a menores de 4 años. También hay dos salas que siguen ese criterio. De ochenta amparos presentados en los últimos meses, dos fueron rechazados y la sala confirmó el rechazo.” En este fallo, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) establecen que sólo pueden reclamar judicialmente por el acceso a la educación pública quienes no puedan pagar una escuela privada en la Ciudad.
El estado es responsable
La sociología del cuidado entiende que se necesitan infraestructura, servicios de cuidado, tiempo y dinero para cuidar. En este sentido, la relación entre las políticas de cuidado y el sistema educativo es insoslayable. Los primeros tramos de la escolaridad —esos primeros años del nivel inicial y primario— son actores fundamentales que inciden en la forma en que las familias organizan el cuidado. Las escuelas de nivel inicial constituyen uno de los principales medios a través de los cuales las familias organizan el cuidado de sus hijes. En los últimos años se observa que hay serios problemas de vacantes y resulta necesario poner atención a esta problemática por la responsabilidad indelegable del estado. Si el estado tiene la capacidad de proyectar desde la dimensión demográfica frente a la potencial demanda y no toma la decisión de construir escuelas, el problema se va a seguir acrecentando. La evidente demanda insatisfecha da cuenta de una respuesta insuficiente por parte del estado.
Corina Rodríguez Enríquez, economista feminista dedicada a estudiar la economía del cuidado, grafica su organización social a través de la figura del “diamante del cuidado”. Los 4 vértices representan a los actores del cuidado: los hogares, el estado, el mercado y las organizaciones comunitarias. La economista sostiene que la organización social del cuidado es injusta sobre todo por la distribución desigual de las responsabilidades, no solo entre varones y mujeres sino también entre estos cuatro actores, donde el estado ocupa un rol subsidiario. “Prevalece una idea que sostiene que el ámbito preferido del cuidado es el hogar y que el estado garantiza los cuidados solo en situaciones donde los hogares no pueden hacerlo.” Esta visión persistente acerca de los hogares y de su rol como actores protagónicos y prioritarios del cuidado explica por qué la participación del estado se configura de esa manera.
Los gremios docentes, colectivos de familias y cooperadoras vienen reclamando sucesivamente cada año la falta de vacantes y los problemas de infraestructura en las escuelas porteñas como dos cuestiones prioritarias para atender. La carencia de vacantes en las escuelas públicas genera un colapso de demandas cada vez que inicia un nuevo año escolar y es la falta de construcción de escuelas lo que provoca esta situación. La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes llevada adelante por la SENNAF (Secretaría nacional de niñez, adolescencia y familia de Argentina) en conjunto con Unicef, explora las razones por las cuales madres o cuidadoras explican la no asistencia a establecimientos educativos o de cuidado en niños y niñas de hasta 3 años. Los datos revelan que las dificultades vinculadas a la situación laboral, la falta de oferta gratuita y la inexistencia de jardines cercanos son razones que obstaculizan el acceso.
Aún frente a esta realidad, el Ministerio de Educación porteño niega sistemáticamente la problemática. La ministra porteña, Soledad Acuña, hace poco volvió a asegurar que no existe falta de vacantes pero simultáneamente reconoció la demanda insatisfecha de quienes no acceden a una vacante para sus hijos e hijas menores de cuatro años, porque no hay jardines: “no estamos pudiendo cubrir toda la demanda y por eso están los Centros de Primera Infancia (CPI) que dependen del Ministerio de Desarrollo Social que atienden a los grupos más vulnerables y cubren un montón de vacantes en la Ciudad”.
Entonces, “¿dónde está mi vacante?” se siguen preguntando las miles de familias que todavía esperan que se garantice su derecho a la educación y a los cuidados.
