Un test de embarazo para poder conseguir el empleo, la obligación de presentar declaraciones juradas sobre su pertenencia política, persecución gremial, precarización laboral, salarios por debajo de la línea de la pobreza: son algunas de las situaciones que atraviesan las trabajadoras de la línea telefónica 144 de la provincia de Buenos Aires. Son contratadas de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que depende de la gobernadora María Eugenia Vidal. Se trata de la línea gratuita que funciona a nivel nacional todos los días del año para atender, asistir y orientar a mujeres víctimas de violencia machista. La diputada de la provincia de Buenos Aires, Lucía Portos, presentó un proyecto ante la Cámara de Diputados bonaerense para expresar preocupación por la violencia a la que son sometidas las trabajadoras.
“Más del 90 por ciento del personal de la Secretaría se encuentra en una situación de inestabilidad laboral. Esto se traduce en las políticas públicas que llevamos adelante: en vez de fortalecerse se vuelven más inestables”, dijo a LATFEM la delegada de la Junta de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Verónica Misseri. “Nos gustaría que el gobierno pase de lo discursivo a un compromiso real con Ni Una Menos”, agregó.
La línea 144, solamente en el mes de junio, atendió 30.000 llamados con 70 operadoras. Las trabajadoras denuncian que no son suficientes para la demanda existente en el territorio bonaerense. “Cada llamada tiene un tiempo de escucha, de acompañamiento, de derivación correspondiente; no son llamadas que se puedan resolver en pocos minutos. El personal no alcanza”, dijo Misseri.
“El estado provincial subejecuta presupuesto para el manteniendo adecuado del programa de atención, es decir, para intervenir integralmente a favor de los derechos de las mujeres. En este último tiempo, las comunicaciones se han incrementado producto en parte de la gran difusión de la misma. Sin embargo, no fue reforzada con personal”, dicen los fundamentos de la presentación de la diputada Portos.
El equipo de atención de la línea telefónica, en su mayoría integrado por profesionales psicólogas y trabajadoras sociales, está conformado por operadoras y coordinadoras con capacitación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres. “Constituye una de las herramientas fundamentales con las que cuenta el Estado para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, señala el pronunciamiento que elevó la diputada del Frente para la Victoria.
A nivel nacional, la línea 144 se creó en 2013 a cargo del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM). En la provincia de Buenos Aires, se ejecutó primero a través del Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (AVM) en 2008. Un programa dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Para descentralizar y recibir las llamadas del territorio de la provincia, a mediados del año 2016 el AVM comenzó a funcionar como Línea 144 – Delegación Provincia de Buenos Aires, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, quien decidió tercerizar el servicio en la empresa Provincia Net. Desde el inicio la línea se encuentra atendida por mujeres. Al estar tercerizado a la empresa Provincia Net, las trabajadoras entran dentro del Sindicato de Comercio a pesar de que sus tareas no están vinculadas a esa área.
La precarización laboral a la que son sometidas las trabajadoras se refleja en la gran cantidad de contratadas que hay bajo cuatro formas distintas de contratación: planta permanente, temporaria, monotributo y tercerizaciones mediante empresas privadas. “Desde hace un año estamos reclamando el pase a planta permanente”, explicó Misseri. Algunos de los salarios son por 13.000 pesos, debajo de la canasta familiar y otros por 6.300 pesos-para aquellas que atienden la línea los fines de semana y feriados- están apenas sobre la línea de indigencia.
“Nos preocupa esta situación que están atravesando las trabajadoras dado que la precarización laboral también significa violencia contra las mujeres, porque el estado de vulnerabilidad al cual intentan someterlas es doble, ya que por estadísticas las mujeres nos encontramos en una situación desfavorable en el mercado laboral. Siempre el nivel de desocupación es mayor para las mujeres, como así también el nivel de informalidad”, dice el texto de Portos que lleva la firma de una decena de diputados y diputadas.
