Diseño e ilustración de portada: Rocío Fernández Fuks y Seelvana
Los pisos del centro de salud Samco tienen arena. En la entrada, en la sala de espera, en los consultorios. En San José del Rincón, o Rincón como le dice todo el mundo, están acostumbrados a convivir con arena. Se mete en las casas, en la Municipalidad y en el Concejo, en las escuelas, en los negocios y hasta en las camas. Las calles del pueblo, a 13 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, son todas de arena salvo dos: la entrada y la salida a la Ruta 1, asfaltadas hace tan solo una década.
Triana aparece sonriendo por la sala de espera de la parte vieja del Samco y guía hasta el consultorio, en la parte nueva. Pone el aire en 24 y sale a buscar el mate. El consultorio es de dos por dos con una camilla, un escritorio con dos sillas, algunos carteles pegados. Triana atiende ahí desde hace un año y medio. Es la primera médica que garantiza el derecho a abortar en Rincón.
Tiene 32 años y le encanta ser la médica del pueblo. Le gusta que se corra la voz, que la conozcan y sepan que ella está ahí, de lunes a viernes a la tarde, para escucharlas. Usa jean, musculosa negra, alpargatas, la piel bronceada por el sol rinconero. En el consultorio todos los meses le tocan la puerta entre dos y cuatro mujeres, casi todas de 20 a 30 años, para pedirle una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). También cubre Colastiné, Arroyo Leyes y las localidades que están desde que empieza la Ruta 1 hasta Santa Rosa de Calchines, a 30 kilómetros de Rincón. Antes, las mujeres iban a Santa Fe, derivadas por el psicólogo del Samco o las socorristas.
—Hasta atiendo consultas en la plaza. Hubo chicas que me vinieron a buscar preocupadas porque tenían un atraso. Yo les digo: “Tranqui, hacete un test de embarazo, venite al Samco y vemos qué hacemos”. Cuando se confirma les explico que tenemos una ley y cuáles son sus opciones. Me gusta ser parte de la comunidad.
Rincón es una ciudad de 15 mil habitantes sobre un brazo del río Paraná, el arroyo Ubajay, y tiene una playa de arena y un terraplén para evitar inundaciones, por donde andan caballos, vacas, perros y alguna que otra cabra. Enfrente, las islas y el humedal. Y aunque es uno de los pueblos coloniales más antiguos de la Argentina, fundado en 1580, como ciudad es joven: hasta 2013 no llegaba a los 10 mil habitantes y tenía un gobierno comunal. Es la tierra sobre la que escribió Juan José Saer y es también el lugar que en plena democracia tuvo a un represor como presidente comunal. Mario Facino fue jefe de la comisaría cuarta de Santa Fe, un centro clandestino de detención de la última dictadura militar, y todavía es recordado en Rincón por mandar hombres a caballo a romper una manifestación de derechos humanos en la plaza unos años antes de ser condenado por crímenes de lesa humanidad.
Santa Fe es una de las provincias que garantiza el derecho al aborto legal desde hace más de una década. Primero, a través de los protocolos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y desde 2020 con el respaldo de la ley de IVE. También se autoabastece y abastece a otras provincias de misoprostol y mifepristona.
Rincón también es un lugar de contrastes entre casas de fin de semana con pileta, barrios populares y asentamientos precarios en zonas inundables. En un radio de unos 10 kilómetros viven empresarios, jueces y funcionarios, empleadas y empleados públicos, pescadores, mujeres que cocinan para vender viandas, trabajadoras y trabajadores de limpieza, de cuidados, de albañilería y de jardinería, comerciantes con negocios chicos, familias jóvenes que llegaron de Santa Fe y construyeron con el Procrear, gente que recuperó la técnica del barro y los materiales reciclables o que organiza la feria agroecológica. Hay también banditas enfrentadas, problemas de consumo, marginalidad y homicidios. Y hay adolescentes, veinteañeras y treintañeras que quedan embarazadas y quieren abortar.
El Samco es un centro de salud de mediana y baja complejidad que depende de la provincia pero se gestiona a través de un Consejo Directivo y de fondos de impuestos municipales. Durante años estuvo abandonado. Tuvo un director con 14 denuncias por violencia laboral, género y fraude que fue desplazado por una intervención del gobierno provincial. Ahora, con una nueva directora y médica, se siente más amigable.
Tiene guardia, enfermería, cuatro consultores externos, un centro de vacunación y un lugar para hacer ecografías. La parte vieja es más oscura, con paredes amarillentas y carteles por todos lados. La nueva es blanca y ordenada. A pesar de la ampliación, el lugar les queda chico para la demanda que tienen. La sala de espera siempre está llena.
Triana se enamoró de Rincón apenas lo conoció. Le gusta que a solo 20 minutos de una ciudad como Santa Fe haya un lugar tan verde. Ella es entrerriana y se mudó a la capital santafesina para estudiar medicina general en la Universidad Nacional del Litoral. Cuando terminó hizo la residencia en un hospital de segundo nivel y después trabajó en centros de salud en el norte de la provincia. Vive en Rincón desde hace tres años. Desde que llegó supo que quería ser médica en el Samco y garantizar abortos.
—Las chicas llegan con miedo y con incertidumbre. Muchas no saben que hay una ley, están desinformadas. Vienen con un embarazo confirmado y cuando les digo que tienen esta posibilidad se sorprenden. Lo más importante es darles toda la información—dice y repite—Información, información, información.
¿Y después?
—Se van felices. Justo hoy vi a tres chicas que vinieron al control post IVE y todavía tengo sus caras en la retina. Tenían la felicidad de haber decidido.
El control posterior se hace entre los siete y diez días siguientes, pero Triana les dice que ella está todas las tardes, que vayan cuando quieran. No solo garantiza abortos. Atiende todo tipo de consultas médicas, hace control de embarazo y de bebés recién nacidos, y coloca métodos anticonceptivos.
Cuando se trata de una IVE, les receta misoprostol combinado con mifepristona si el embarazo es de hasta 12 semanas. Si es de más, hace una derivación rápida a un hospital de tercer nivel en la ciudad de Santa Fe. En los años que lleva en la salud pública casi nunca le faltaron insumos. El año pasado hubo unos días sin preservativos –lo que más buscan las chicas–, pero se solucionó rápido.
—Santa Fe siempre fue pionera en cuestiones de salud, y después de la ley todo mejoró. Reoganizaron las instituciones, quienes acompañan y quienes no, armaron las redes y ajustaron la derivación de las que llegan con más de 14 semanas.
Para ella uno de los mejores cambios fue dar la combinación de mifepristona y misoprostol porque la interrupción es más rápida y menos dolorosa. Los dos medicamentos los fabrica Laboratorio Industrial Farmacéutico, más conocido como el LIF.
Triana es una defensora del laboratorio público y, sobre todo, de la ley de IVE. Dice que si el gobierno nacional la intenta derogar, ella será la primera en salir a defenderla.
No siempre fue así.
Hasta 2018, Triana fue objetora de conciencia.
No responden ni los mails
Santa Fe es una de las provincias que garantiza el derecho al aborto legal desde hace más de una década. Primero, a través de los protocolos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y desde 2020 con el respaldo de la ley de IVE. También se autoabastece y abastece a otras provincias de misoprostol y mifepristona. En las tres gestiones socialistas entre 2007 y 2019 hubo una intención de fortalecer el sistema de salud y de garantizar derechos sexuales. Con el peronismo de Omar Perotti y en el año que lleva el radicalismo en el gobierno esa política continuó.
Lo que cambió en 2024 fue el vínculo con el gobierno nacional. Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023 y durante los siete meses siguientes no hubo nadie a cargo de la Dirección de Salud Sexual. Recién en junio de 2024 funcionarios del Ministerio de Salud de Santa Fe conocieron por zoom a la nueva directora del área, Marisa Picollo. Fue la única vez que la vieron. Después, no se comunicaron más ni le contestaron ningún mail. Piccolo renunció y en octubre asumió Mara Nicole Pérez Reynoso y de nuevo lo mismo: ninguna comunicación, respuesta ni directiva sobre cuál iba a ser la política de salud sexual del gobierno de Milei.
Lo más grave fue que la Nación dejó de enviar insumos. Los gobiernos anteriores tampoco mandaban el total de la demanda y la provincia siempre tuvo que comprar con recursos propios lo que faltaba. Pero con Milei el recorte fue drástico e imprevisible.
Un informe de la Dirección de Salud Sexual de Santa Fe para el Consejo Asesor en Salud Sexual y Reproductiva reveló que en 2024 la provincia recibió 93 por ciento menos de preservativos, 68 por ciento menos de anticonceptivos y test de embarazos, y 93 por ciento menos de tratamientos hormonales para personas trans.
En relación a misoprostol y mifepristona, Nación envió un 68 por ciento menos de tratamientos a las provincias. A Santa Fe no la afectó porque ya los fabrica. Pero, además, fue solidaria con el resto: el LIF bajó a un costo simbólico la venta de las dos pastillas para que los otros gobiernos provinciales puedan abastecerse.
En total, según el informe de la Dirección de Salud Sexual provincial, Santa Fe invirtió casi 6 mil millones de pesos para comprar todo lo que Nación no mandó. Lo más difícil fue lo imprevisible. Como desde el gobierno nacional no daban precisiones de qué y cuánto iban a enviar, el Ministerio de Salud tuvo que hacer licitaciones aceleradas, que son mucho más costosas porque se paga sobreprecio. Para 2025 dejaron de contar con el gobierno nacional: ya asumieron los costos y están abastecidos para todo el año.
En el hospital
Todos los meses Paula y sus dos compañeras del Centro de Especialidades Médicas y Ambulatorias de Rosario, conocido como el Cemar, reciben a unas 30 mujeres que quieren abortar a través de una Ameu (aspiración manual endouterina). El turno para la interrupción dura entre dos y tres horas y la Ameu se hace en quince minutos, sin anestesia total ni internación.
Paula tiene 37 años y es una de las primeras médicas del país que aprendió la técnica. Mucho antes de que hubiera una ley, garantizaba abortos legales en centros de salud de Rosario. Ya en la facultad se dio cuenta de que estaba a favor de la práctica, pero decidió dedicarse a la salud sexual cuando hizo la residencia en un centro de salud y conoció las historias de las mujeres que llegaban allí.
Escuchó sobre la técnica de Ameu en una clase de la facultad y quiso especializarse. En 2014 viajó a México y estuvo tres meses aprendiendo a hacerla. Dos años después le insistió al entonces director de Salud Sexual de Rosario, Daniel Teppaz, para armar la primera experiencia piloto en el Hospital Alberdi junto con otro médico. Unos meses después abrieron en el Cemar.
Las mujeres que llegan al Cemar vienen de una primera atención en el centro de salud de su barrio. Allí confirman el embarazo, hacen la ecografía y, si quieren abortar, les explican las dos opciones: el combipack de misoprostol y mifepristona para hacerlo en casa, o donde prefieran, o en el Cemar con Ameu. Si eligen Ameu contactan al equipo de Paula y ellas le dan un turno para dentro de dos o tres días.
Por año reciben entre 300 y 350 mujeres, un número estable desde 2016. Llegan desde barrios populares de los distritos noroeste, oeste, norte y centro de la ciudad. Las del sur y sudoeste van al Roque Saenz Peña, un hospital pionero en la garantía de derechos sexuales.
Las Ameu representaron el 28.7 por ciento de las 1.640 IVE que se hicieron en la salud pública de Rosario en 2023. De todas las Ameu que se hacen en el Cemar, un diez por ciento son mujeres con obra social. Antes de la ley eran el 30. La baja responde a que con la ley las mujeres recurren a la salud privada sin problemas. Antes podían chocarse con médicas o médicos que no quisieran aplicar las causales.
El edificio del Cemar está en pleno centro, en una manzana en San Luis y Moreno donde también funcionan la Maternidad Martin, una plaza y la obra social provincial Iapos. Es un edificio moderno, con paredes blancas, pisos blancos de cemento pulido, mucha luz y cuadros de colores.
“Las chicas llegan con miedo y con incertidumbre. Muchas no saben que hay una ley, están desinformadas. Vienen con un embarazo confirmado y cuando les digo que tienen esta posibilidad se sorprenden. Lo más importante es darles toda la información”, dice Triana.
Por una rampa ancha se baja al subsuelo, donde está el consultorio de Ameu. Tiene tres divisiones. La primera es una oficina donde hacen la parte administrativa. La segunda es una salita con dos sillones, una mesita y un perchero del que cuelga el pañuelo verde. Ahí las pacientes hacen la previa, ya sea tomar un analgésico, antibiótico o, en ciertos casos, misoprostol. También hablan de métodos anticonceptivos y les ofrecen todas las opciones. El 80 por ciento se va con uno de larga duración puesto después de la IVE. Ahí las mujeres también hacen el reposo postaborto. Les dan agua, mate cocido y galletitas.
La tercera habitación es donde se hace la Ameu. Tiene una camilla típica de consultorio ginecológico, biombo, un reloj de pared y un pizarrón. Ahí algunas mujeres dejan mensajes.
Chicas, muchas gracias son unas divinas <3
Holi, las quiero =)
Chicas, muchísimas gracias. Me sentí super contenida y cuidada. Son unas genias. Por más profesionales con ese amor por su profesión!!!
Paula usa un ambo verde agua limpio y arrugado, como recién sacado del lavarropas. Cuando habla mueve de un lado a otro el pelo oscuro, lacio y corto. Responde tranquila y explica cada paso en detalle. Dice que todas las personas que atienden acá procuran ser cálidas y amigables: desde las que recepcionan hasta las enfermeras o quienes hacen las ecografías. La mayoría de las pacientes que se acercan tienen entre 20 y 35 años y, al igual que en Rincón, en muchos casos desconocen cuáles son sus derechos.
—Llegan con miedo, incertidumbre, prejuicio y mucho desconocimiento. Aún con cuatro años de ley, muchas no saben que existe. En 2018 y 2019 sí había más idea: las chicas de los barrios llegaban con pañuelos verdes atados en la mochila.
Paula también atiende dos veces por semana en el consultorio de diversidad. Todos los meses van 750 personas trans por tratamientos de hormonización. Además de médica generalista, es subsecretaria de Género de la Facultad de Medicina y da clases en la cátedra de aborto, una materia electiva que fue la primera del país en trabajar el tema como problema de salud pública. Desde que abrió en 2017 siempre se llena el cupo.
De todos modos, en la universidad vienen notando algo: cada vez son menos los estudiantes que eligen la especialidad de medicina general. Es un problema porque de ahí salen profesionales para la red de atención primaria, la joya de la salud pública de Rosario. En 2024 hubo 50 cupos y solo se anotaron 20. En anestesia había 10 y se anotaron 100.
—Es cierto que eligen carreras donde van a ser mejor remunerados pero también donde trabajar más tranquilos, sin exponerse y frustrarse tanto. Trabajar en un centro de salud es difícil. Además de que estamos en un contexto más individualista y ahí se trabaja en equipo. Pero si es una prioridad que haya médicos generalistas tendría que haber una política de pagarles más.
Paula habla tranquila pero dice todo lo que piensa. Antes de trabajar en el Cemar estuvo seis años en centros de salud.
Y se fue, como muchos, quemada.
Estoy cansado, jefe
El sistema de salud pública de Rosario es uno de los mejores del país. Es un modelo de atención de cercanía, con la idea del médico o la médica de cabecera en cada barrio. Fue impulsado en las intendencias de los noventa de Binner y siguió siendo un caballito de batalla de las gestiones socialistas y radicales que vinieron después.
Funciona con 51 centros de atención primaria repartidos en todos los barrios populares de la ciudad, tres hospitales de segundo nivel y dos de tercero, dos maternidades, el Cemar, el Sies (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias), un Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM), un Instituto de rehabilitación (ILAR), La Estación pata atención de problemas de consumo y el Instituto del Alimento. A eso se suman otros 50 centros de salud y dos hospitales provinciales.
Sobre esa base territorial se montó la garantía del aborto antes de que hubiera una ley. Primero hubo una política de reducción de daños. A comienzos de los 2000, en el Roque Saénz Peña dejaron de denunciar a quienes llegaban con infecciones por abortos clandestinos. La voz se corrió y las mujeres iban apenas abortaban porque sabían que las curaban rápido y sin juzgarlas.
En 2004 se hizo el primer aborto no punible de una adolescente que entraba en la causal salud y violación. El movimiento feminista venía del Encuentro Nacional de Mujeres de 2003, que quedó en la historia como el primero en el que se usó el pañuelo verde. Cuando surgió el caso lo llevaron a la Secretaría de Salud y exigieron que aplicaran las causales. La interrupción se hizo en total secreto y fue el puntapié para la primera ordenanza del país de aborto no punible, aprobada por el Concejo de Rosario en 2007.
El mayor cambio fue en 2012, cuando la Municipalidad empezó a comprar y dar gratis misoprostol. Ahí entró la red de centros de salud. Ya no era necesario que las mujeres fueran a los hospitales, podían atenderse con su médico o médica de cabecera. Muchos ya se lo recetaban para que lo compraran en farmacias, a veces a nombre de un varón para que no fueran juzgadas. La decisión de darlo de manera gratuita fue clave para bajar las internaciones por complicaciones: desde 2012 no hay muertes por abortos clandestinos en Rosario. En 2023, de los 1.640 abortos voluntarios que se hicieron en la salud pública, el 62 por ciento fueron en los centros de salud y con pastillas.
Lo más grave fue que la Nación dejó de enviar insumos. Con Milei el recorte fue drástico e imprevisible. En total, según el informe de la Dirección de Salud Sexual provincial, Santa Fe invirtió casi 6 mil millones de pesos para comprar todo lo que Nación no mandó.
Pero ese sistema de salud exitoso no estuvo ajeno a las crisis de los últimos 10 años, tanto del país como de la ciudad. Más allá de la inversión en infraestructura, lo que dicen quienes lo construyeron es que en el modelo de salud pública rosarino había un proyecto político, una matriz ideológica, una discusión permanente con la gestión que garantizaba el compromiso de 5 mil trabajadores y trabajadoras. Y eso cambió.
Desde 2013 Rosario se convirtió en la ciudad con la tasa de homicidios más alta del país, donde la mayoría de las víctimas son pibes jóvenes de los barrios populares. Mientras el narcotráfico avanzó en esos territorios, el Estado fue y vino con su presencia, las gestiones fueron más erráticas y menos ambiciosas. La política social fue un vaivén con cambios de nombre de programas y cada vez menos presencia territorial. Y lo que siempre estuvo en pie fue el centro de salud.
Paula trabajó en dos en la zona noroeste. Fue donde más aprendió. Le cambió la vida pero también la agotó.
—Es muy frustrante no tener herramientas para responder a las demandas que llegan. Vos estudiaste para atender una diabetes, un aborto, y llega gente que no tiene para comer, que vive la violencia y el narcotráfico de cerca. El centro de salud es donde más se palpa la violencia en los barrios. Las víctimas son personas que conocés, atendés a toda su familia. Y también implica un riesgo. Es un lugar donde la gente ve la presencia del Estado y descarga ahí su bronca y frustraciones.
Paula repite varias veces que desde que está en el Cemar siente que trabaja en una isla, tanto a nivel nacional, provincial y local. Ahí no les falta nada, tienen todos tipos de anticonceptivos, no hay hostigamiento ni roces. Con sus compañeras se llevan bien y hasta se hicieron amigas. Dice que el verdadero termómetro está en los centros de salud.
Desde que estalló la crisis de violencia urbana, ese sistema de salud que fue un orgullo está cada vez más cansado. A eso se sumó la pandemia. Y aunque sigue siendo un sistema bueno y mejor que en muchos lugares del país, ahí recaen todos los problemas, ahí es donde el Estado no se retira pero, tampoco, se fortalece. Solo sostiene. Aguanta. Y eso pesa en los cuerpos y en el ánimo de quienes sostienen el sistema, como Paula:
—En lo cotidiano sentimos que está todo roto. Los centros de salud están explotados, los trabajadores de salud no alcanzan, las relaciones entre los niveles de atención están rotas. Hay muchas compañeras enfermas, con licencias, no siendo reemplazadas. Hay más individualismo y cada uno hace lo suyo. Venimos a trabajar enojados, se ve en las caras.
Los derechos ya no garpan
Durante el debate de 2018, el gobierno de Miguel Liftichtz comunicó que estaba produciendo misoprostol y referentes de la salud pública de Rosario fueron protagonistas de la discusión pública. Rosario apareció como un ejemplo y hasta se la bautizó como la Capital del Aborto Legal. La ciudad y la provincia fueron promocionadas por el poder político como zonas amigables donde se garantizaban derechos.
Si en ese entonces la alianza de socialistas y radicales se ponía con orgullo los pañuelos verdes, siete años después, la misma alianza –pero con el PRO adentro– elige una política de no mostrar. No quedar pegado a nada que se parezca a lo que llaman woke. La política sigue siendo garantizar derechos, pero no decirlo.
Y esto se traduce en algo tan concreto como la ausencia de voces oficiales: acceder a hablar con un funcionario o funcionaria es casi imposible. Se pone en marcha una maquinaria burocrática con responsables de comunicación que, al estilo del gobierno nacional, no responden a pedidos de entrevistas ni de información pública. Hay cuadros que están ahí, desde hace años, garantizando derechos pero lo hacen en silencio. Tal vez es para no poner en riesgo los derechos en tiempos de avanzada conversadora. O porque ya no son épocas en las que estar a favor de la ampliación de derechos sea un capital simbólico.
El gobierno de Maximiliano Pullaro invierte en lo que Nación recorta y garantiza la ley, pero para afuera tiene un discurso más cercano al del oficialismo. No solo pone los votos para sancionar leyes, frenar la creación de una comisión investigadora por el criptogate o volver a endeudarse con el FMI. Dentro de la provincia da aumentos muy por debajo de la inflación a docentes, trabajadores de la salud y estatales, descuenta con orgullo los días de paro y despliega una política de seguridad punitiva con denuncias de violación de derechos humanos.
A diferencia de lo que pasa en otras provincias, en Santa Fe el discurso antigénero y antiaborto de Milei no penetró en los equipos de salud. Al contrario. Desde que hay ley trabajan con más respaldo y tranquilidad. La directiva es no romper lo que está institucionalizado y ampliar: el año pasado aumentó la cantidad de efectores que garantizan la IVE y en las zonas más difíciles se aceitó la derivación.
En 2023, de los 1.640 abortos voluntarios que se hicieron en la salud pública, el 62 por ciento fueron en los centros de salud y con pastillas.
El vínculo con otras provincias sí fue difícil. Quienes trabajan en salud sexual se conocen desde hace años con colegas de otras provincias y han visto todo tipo de gestiones pasar delante de ellos. Siempre están buscándole la vuelta para garantizar derechos y colaborar mutuamente. Pero nunca vivieron algo como el gobierno de Milei, con una desarticulación y una injusticia federal. Las que, como Santa Fe, pudieron afrontar los gastos de los insumos que Nación no mandó, siguieron garantizando derechos. Las que son más chicas y más pobres, no.
El primer año de gestión mileísta en salud sexual dejó algo en evidencia: la motosierra fue una política de ineficiencia e imprevisibilidad. El recorte de insumos no respondió a ningún análisis ni dato concreto. Solo se tradujo en más gastos para las provincias, aunque solo algunas se animen a decirlo en voz alta.
Por qué cambiar
Triana entró a hacer la residencia en el Protomédico en 2018. Todavía no había llegado a Rincón. Tenía 25 años y era objetora de conciencia. Viene de una familia evangélica y durante toda la carrera estuvo en contra del aborto legal. El cambio llegó cuando empezó a trabajar en salud pública.
—Fue instantáneo, casi apenas entré.
El Protomédico es un hospital de segundo nivel en Recreo, una ciudad del Gran Santa Fe, a 17 kilómetros de la capital provincial. Es un hospital que, mucho antes de la ley, fue amigable con las mujeres que llegaban con un aborto incompleto o que querían abortar.
A pesar de que la provincia estuvo a la vanguardia aun antes de la ley, la ciudad de Santa Fe tuvo su resistencia. Durante años, los dos hospitales santafesinos más importantes, el Iturraspe y el Cullen, estuvieron copados por objetores de conciencia. No solo no garantizaban las ILE. En muchos casos denunciaban a las mujeres que se internaban con abortos hechos en la clandestinidad.
A comienzos de los 2000 había una directiva del gobierno provincial de Carlos Reutemann pegada en los hospitales toda la provincia. Decía que quien concurriera con un aborto clandestino sería denunciada con la policía. El hospital Iturraspe fue donde dejaron morir a Ana María Acevedo, una joven madre de 20 años que viajó 600 kilómetros desde el norte para tratarse un cáncer de mandíbula. Como estaba embarazada los médicos decidieron no tratarla y solo le dieron ibuprofeno. Primero murió la bebé y después ella. En 2007, cuando asumió el gobierno del socialista y médico Hermes Binner, la política sanitaria cambió. La provincia empezó un camino que se había consolidado en Rosario. Y el gobierno provincial le pidió disculpas a la familia de Ana María Acevedo.
Cuando Triana entró al Protomédico era el año del debate del aborto en el Congreso. El Ministerio de Salud ya garantizaba misoprostol desde 2013. Ella hacía los ingresos pero no daba la medicación porque era objetora. Lo hacía otro médico dentro de las causales de aborto no punible que permitía el Código Penal.
Pero hubo una mujer que marcó un quiebre para Triana. Tenía 25 años y cinco hijos. Uno había muerto aplastado por un tractor. La mujer había quedado embarazada y estaba desesperada. Llegó al consultorio con sus cuatro hijos chiquitos pidiendo ayuda. Triana la escuchó y la acompañó. Cuando fue la hora de darle las pastillas, tomó una decisión.
—Dejame que se la voy a dar yo—le dijo al médico que se encargaba de hacerlo. Aún se acuerda de la escena: se sentó, abrió la caja y separó con un bisturí el misoprostol del diclofenac que traían las cápsulas.
Todavía no se distribuía el misoprostol fabricado por el LIF y usaban el que venía indicado para problemas gástricos. Ese mismo año, en pleno debate por la ley de IVE, el gobierno de Santa Fe anunció que estaba fabricándolo. Era el primer laboratorio público en hacerlo. En 2023 sumó la mifepristona. Las dos drogas juntas tienen una efectividad del 98 por ciento.
Después de preparar la dosis, Triana se la entregó.
—Y me sentí muy bien. Cuando conocés la vida de la gente te das cuenta de que no podés estar en contra de esto. Fue una evolución personal muy linda porque me acercó al feminismo y a pensar cuestiones de diversidad. Entendí que cuando alguien necesita hacer una interrupción ni siquiera tenés que ponerte de su lado: como profesional tenés que respetarla y acompañarla. Ahí solita la vida me acomodó.
Triana también estaba en el consultorio cuando en diciembre de 2024 una chica llegó con un embarazo de casi 14 semanas al Samco de Rincón. Tenía un hijo en la primaria y estaba segura de que quería abortar desde el momento en que se había enterado. Antes de llegar al Samco había googleado cómo podía interrumpir el embarazo y había encontrado una página de una organización que parecía feminista. La contactó: le pidieron el teléfono y le dijeron que la iban a acompañar en todo el proceso.
“En lo cotidiano sentimos que está todo roto. Los centros de salud están explotados, los trabajadores de salud no alcanzan, las relaciones entre los niveles de atención están rotas. Hay muchas compañeras enfermas, con licencias, no siendo reemplazadas. Hay más individualismo y cada uno hace lo suyo. Venimos a trabajar enojados, se ve en las caras”, dice Paula.
Las semanas pasaban y no la ayudaban. Primero la llevaron a una entrevista con un ginecólogo. Después de mucho insistir le dieron el turno para la ecografía. Se la hicieron delante de su hijo y pusieron la imagen y el sonido bien fuerte. Atrás le escribieron:
Nació: sí o no.
Bautismo: sí o no.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que la estaban engañando. De que nadie ahí quería ayudarla. Dejó de responderles y empezaron a llamarla sin parar y a mandarle mensajes y videos.
Pero, de nuevo, ella estaba segura de que quería abortar y siguió buscando. Dio con un facebook de Socorristas en Red de Santa Fe. Apenas les escribió, la pusieron en contacto con Triana. Ese mismo día la médica generalista de Rincón la recibió y la escuchó. Como el embarazo era de casi 14 semanas hizo lo que indica el protocolo. En vez de darle el tratamiento de misoprostol y mifepristona, prescripto hasta la semana 12, la derivó esa misma tarde al Cemafé, uno de los hospitales de tercer nivel de la provincia de Santa Fe donde hacen Ameu.
En menos de 24 horas la mujer pudo abortar. Pero Triana no podía creer que, a cuatro años de la sanción de la ley de IVE, pasaran estas cosas.
—Cualquier piba en esa situación desiste, pero ella estaba decidida. Así como yo hago una interrupción, te acompaño en el control de embarazo y te sigo después en el control del niño o la niña porque amo lo que hago. Entiendo que cada uno tiene derecho a pelear por lo que quiera pero esto es otra cosa. Estas situaciones que bloquean mi laburo no pueden pasar.
Ese día Triana pensó que era importante hablar y contar por qué acompaña las decisiones de cada persona que llega al consultorio.
Y sobre todo por qué cambió.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.
