Fotos: Gentileza Barrios de Pie.
Las organizaciones comunitarias sostienen una parte de la vida que el Estado no garantiza. En los barrios, son las mujeres quienes organizan comedores y merenderos, acompañan situaciones de violencia, generan espacios de apoyo escolar, construyen redes frente a las emergencias y encuentran respuestas donde las políticas públicas no llegan. Ese trabajo produce saberes, organiza a las comunidades y hace posible la vida cotidiana, pero sigue siendo uno de los más invisibilizados y precarizados. Cuando los recursos no alcanzan y las políticas públicas se retiran, ese trabajo no desaparece: se multiplica sobre los cuerpos y el tiempo de quienes cuidan.
En Argentina, hablar de cuidados hoy exige reconocer su importancia y discutir qué ocurre cuando se desfinancian las políticas que los garantizan, cuando los hogares reciben cada vez menos respuestas, y cuando las organizaciones comunitarias deben absorber ese trabajo en tiempos de crisis. También exige preguntarse cómo construir acuerdos entre sectores que no siempre comparten espacios de discusión, pero que tienen responsabilidades y experiencias necesarias para pensar una política integral.
Con ese horizonte y en el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, se realizó el conversatorio “Sostener la vida, tejer el futuro”, una jornada que reunió a cuidadoras comunitarias, referentes de organizaciones sociales, sindicalistas, investigadoras, políticas y activistas feministas. El espacio propuso poner a circular la palabra, compartir experiencias y discutir las tensiones que atraviesan esta agenda.
La jornada comenzó con un minuto de silencio por Nancy Godoy, docente rural asesinada en Corrientes. Su desaparición y el posterior hallazgo de su cuerpo en el departamento de Esquina, ubicada a 300 kilómetros de Corrientes capital, conmocionaron a quienes estaban presentes. Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) y referente de Barrios de Pie, pidió que su nombre fuera recordado con un “Nancy, ¡presente! ¡Ahora y siempre!”. Esa conmoción marcó el encuentro: hablar de sostener la vida también implica nombrar las violencias que la ponen en riesgo y las desigualdades que enfrentan mujeres, lesbianas, travestis y trans en los distintos territorios del país.
Godoy tenía 52 años y trabajaba como docente suplente en la Escuela Rural Nº 626 del en el paraje El Malezal. Estaba desaparecida desde el 7 de octubre y su cuerpo fue encontrado el 28, a unos 2.5 kilómetros de la escuela donde trabajaba. La fiscalía investiga el caso como femicidio y hay cinco personas detenidas e imputadas. El nombre de Nancy estuvo presente durante todo el encuentro, atravesado por la pregunta acerca de las condiciones en que se vive, se trabaja y se cuida. La maestra rural había denunciado hasta el cansancio el mal estado de la escuela.
Cuidar en comunidad
La discusión sobre los cuidados suele concentrarse en el Estado, las familias y el trabajo remunerado dentro de los hogares. Pero hay un universo que todavía ocupa un lugar secundario en las políticas públicas y en buena parte de las investigaciones: el de los cuidados comunitarios. “Curiosamente, los cuidados comunitarios son el efector de cuidados más invisibilizado”, planteó Norma Sanchís, directora de la Asociación Lola Mora. “En los barrios populares, las mujeres organizan comedores y ollas populares, sostienen espacios de apoyo escolar, acompañan situaciones de violencia y responden a necesidades sanitarias, económicas y sociales. También intervienen frente a conflictos y situaciones de violencia en sus comunidades”, explicó.
Sanchís propuso mirar esa experiencia más allá de la asistencia social. Frente a las crisis económicas, sanitarias o ambientales, las organizaciones comunitarias se auto-organizan y construyen respuestas colectivas. En esa trama hay relaciones de reciprocidad e interdependencia que producen otra forma de vincularse, muy distinta a la lógica individualista y competitiva que proponen los mercados. “Una de las mejores maneras de conmemorar el Día Internacional de los Cuidados es dando visibilidad a la tarea que hacen muchas mujeres en Argentina para cuidar a sus comunidades”, sostuvo la socióloga feminista que lleva más de 20 años investigando y pensando, una y otra vez, cómo hacer para que lo que esté en el centro no sea el dinero sino la vida.
La pregunta por la visibilidad no puede separarse de la pregunta por las condiciones materiales en las que se realiza ese trabajo. “Sostener la vida es una construcción colectiva y política”, dijo Norma Morales y habló de la experiencia de las trabajadoras de los espacios comunitarios. En los barrios populares, las cuidadoras siguen sosteniendo comedores, espacios de acompañamiento y redes de contención, aun cuando los recursos escasean y las políticas que antes acompañaban esas tareas dejaron de llegar.
“Nosotras nunca nos fuimos del territorio. Nosotras somos el territorio”, aseguró Norma. La frase condensa una discusión sobre el lugar que ocupan las organizaciones comunitarias en la respuesta a la crisis, pero también sobre el reconocimiento que reciben quienes las sostienen. No alcanza con valorar la tarea cuando hay una emergencia: las trabajadoras necesitan reconocimiento salarial, laboral y social. “Y ahora, ¿quién nos cuida a nosotras?”, preguntó.
La pregunta adquiere otra dimensión frente al desmantelamiento de las políticas públicas de cuidado. Según el monitoreo elaborado por La Cocina de los Cuidados, desde diciembre de 2023 el gobierno de Javier Milei eliminó o desfinanció 48 de las 50 políticas nacionales relevadas. El dato permite dimensionar la magnitud del retroceso, pero también mirar sus consecuencias concretas: menos recursos para los espacios comunitarios, menos apoyos para las personas que los necesitan y más responsabilidades trasladadas a los hogares y a las redes territoriales.
El informe advierte que el retiro estatal no elimina las necesidades de cuidado, las redistribuye de manera desigual. Cuando se interrumpen programas, se reducen presupuestos o se desarman equipos, el trabajo no desaparece: vuelve a recaer sobre las familias y, dentro de ellas, principalmente sobre las mujeres. En los barrios, esa transferencia se expresa en espacios que siguen abiertos aun sin recursos suficientes, en trabajadoras que sostienen tareas sin remuneración adecuada y en organizaciones que deben resolver con sus propios medios problemas que requieren respuestas públicas.
Para Marisa Fournier, investigadora del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), las organizaciones comunitarias no pueden ser pensadas solamente como intermediarias entre el Estado y la población. A partir de su trabajo de investigación junto a organizaciones de cuidado, señaló que esos espacios no solo dan de comer, educan o acompañan situaciones sanitarias: también producen conocimiento sobre las necesidades de cada territorio y generan procesos de organización social. En ellos, muchas mujeres encontraron herramientas para politizar aspectos de la vida cotidiana que durante mucho tiempo fueron considerados problemas individuales.
La socióloga puso el foco en el valor económico de ese trabajo, que suele quedar fuera de cualquier reconocimiento. Las organizaciones ponen a disposición edificios, terrenos, infraestructura, saberes construidos durante años, capacidad de trabajo y recursos tecnológicos. Todo eso tiene un valor, pero no se paga. “Es un capital económico, es un capital que tiene un valor también en términos de dinero, que nadie se lo reconoce y que nadie se lo paga”, aseguró y agregó que hoy no existe una política pública que contemple un presupuesto para remunerar a las trabajadoras comunitarias de cuidado. Para Fournier, esa situación funciona como un subsidio que los sectores populares realizan para el conjunto de la sociedad: son las organizaciones y sus trabajadoras quienes absorben los costos de sostener servicios, espacios y redes que benefician a toda la comunidad. Por eso, reclamó políticas redistributivas que reconozcan, remuneren y reparen ese trabajo.
En esa misma línea, Natalia Zarza, educadora popular y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), contó que encontró en la organización comunitaria “una trinchera para transformar”. Para ella, las organizaciones no solo resuelven necesidades urgentes: también producen conocimientos y ensayan otras formas de construir comunidad. “No estoy en contra de las nuevas tecnologías, pero digo que hay una semilla de otro modelo y es el cuidado comunitario. Porque el abrazo, el cuerpo a cuerpo, el sostén, eso no lo va a reemplazar ninguna tecnología”, aseguró. Y agregó: “somos un montón de compañeras que hacemos esto hace muchos años”.
La dimensión laboral también apareció en la intervención de Carla Gaudensi, secretaria de Géneros de la CGT y secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (FATPREN). Gaudensi destacó la articulación con las organizaciones de la economía popular para construir una mirada integral sobre los cuidados. Las trabajadoras que tienen un empleo remunerado también ven condicionadas sus trayectorias laborales por las responsabilidades domésticas y familiares: muchas veces deben resignar tareas, reducir jornadas o aceptar trabajos con peores pagos para poder sostener los cuidados. Por eso, aseguró que las políticas públicas deben contemplar tanto a las trabajadoras comunitarias como a quienes realizan tareas de cuidado en sus hogares. “Esto nos afecta a las trabajadoras en su conjunto”, señaló y agregó que el cuidado debe ser entendido como un derecho y no como una responsabilidad individual de las mujeres, y que la política necesaria para garantizarlo no puede quedar circunscripta a los feminismos, sino que debe comprometer a toda la comunidad organizada.
De lo local a lo integral: hacia un sistema de cuidados
La necesidad de construir respuestas articuladas también estuvo presente en la intervención de Verónica Baracat, Oficial a Cargo de la Oficina de ONU Mujeres en Argentina. La especialista en género, con más de 20 años de experiencia en instituciones internacionales y agencias gubernamentales, recordó que las mujeres realizan la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado y que esa distribución desigual constituye una de las principales barreras para su autonomía económica. La construcción de sistemas de cuidados, sostuvo, requiere políticas públicas y una agenda sostenida, pero también trabajo desde los territorios. “Para poder luchar por un sistema de cuidados hace falta trabajar desde lo local”, explicó. Es ahí donde las mujeres pueden expresar sus demandas y donde los funcionarios públicos pueden reconocer las brechas y pensar cómo resolverlas. Verónica mencionó el trabajo que se viene realizando ONU Mujeres en provincias como Neuquén, Jujuy y Chaco para conformar mesas interinstitucionales, identificar necesidades y avanzar en respuestas concretas.
La discusión sobre cómo construir políticas públicas desde las necesidades específicas de cada territorio se enlazó con otra preocupación: cómo sostener una agenda común en un escenario político regresivo. Virginia Franganillo, una de las coordinadoras de la mesa intersectorial La Cocina de los Cuidados, habló de la necesidad de convertir el cuidado en un tema central de la reconstrucción del país. “Estamos en un momento clave de la historia. Es ahora o nunca”, afirmó la socióloga feminista y peronista que viene impulsando la agenda de los cuidados en la política hace más de dos décadas.
La Cocina de los Cuidados se conformó como un espacio de articulación entre organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, universidades, iglesias, funcionarias y legisladoras de distintas fuerzas políticas. Desde ese encuentro impulsaron un monitor para seguir el estado de las políticas públicas, elaboraron informes y promovieron acciones legales frente a los retrocesos desde la llegada del gobierno de Milei. Franganillo destacó el carácter colectivo de ese trabajo y la posibilidad de reunir sectores que venían construyendo esta agenda desde distintos lugares.
En ese recorrido se inscribe el Acuerdo Nacional por los Cuidados, una propuesta elaborada por alrededor de 40 compañeras de distintos espacios. Franganillo explicó que del Acuerdo participan las tres centrales sindicales de Argentina (la CGT, la CTA y la CTA Autónoma), organizaciones sociales y comunitarias, universidades, sectores de la Iglesia y organizaciones que representan a poblaciones que requieren cuidados y apoyos específicos. La amplitud de esa composición expresa la voluntad de construir un consenso que trascienda las fronteras de un solo sector u organización política . El Acuerdo propone que los cuidados ocupen un lugar central en el proyecto de país para discutir cómo se distribuyen las responsabilidades entre el Estado, las familias, las comunidades, los sindicatos y el sector privado. Para Franganillo, creadora y primera presidenta del Consejo de la Mujer, en 1992, esa discusión debe reconocer que las desigualdades de género y la feminización de la pobreza son problemas históricos.
La urgencia, sin embargo, está marcada por un presente de crisis: muchas coincidieron en el cansancio de las compañeras que sostienen tareas de cuidado y militancia, aún sin descanso ni reconocimiento. La propuesta es que la agenda de los cuidados tenga continuidad y presencia pública, incluso en el camino hacia las próximas elecciones presidenciales. Franganillo llamó a sostener una campaña plural, con participación de distintos sectores del feminismo y sin convertirla en una iniciativa partidaria. La unidad, planteó, será central para que el cuidado deje de ocupar un lugar marginal en las plataformas y en las decisiones de Gobierno. “La unidad del feminismo es central en esto: el centro del 8 de marzo y después, hasta las elecciones, debe ser la campaña por los cuidados. Una campaña que es plural, no partidaria, la construimos muchas compañeras de todos los arcos políticos”, aseguró.
En el intercambio también apareció una discusión sobre los límites de pensar los cuidados como una agenda exclusiva de mujeres y diversidades. Leonor Cruz, secretaria de Géneros y Diversidades de la CTA Autónoma, advirtió que hablar de cuidados implica hablar de distribución de la riqueza, salarios e infraestructura y planteó la necesidad de interpelar a los dirigentes varones de sindicatos y movimientos sociales para que asuman esa discusión en sus organizaciones. Si cuidar sostiene la vida de toda la sociedad, la responsabilidad de garantizar el cuidado no puede recaer siempre sobre las que cuidan.
Las discusiones atraviesan las experiencias de las cuidadoras comunitarias, las trabajadoras sindicalizadas, las investigadoras y quienes impulsan políticas públicas: qué lugar ocupa el cuidado en la organización social y económica, quién aporta los recursos para sostenerlo y quiénes siguen pagando sus costos con tiempo, trabajo y salud. En un escenario de retroceso de derechos y desfinanciamiento estatal, construir acuerdos entre sectores es una condición para que las necesidades que hoy resuelven las mujeres y las organizaciones en soledad se conviertan en responsabilidades colectivas y en políticas públicas con presupuesto.
Poner los cuidados en el centro supone discutir qué se considera trabajo, qué vidas merecen ser sostenidas y qué recursos se destinan a hacerlo posible. También supone escuchar a quienes llevan años organizando respuestas en los barrios y reconocer que además de atenderse con urgencia, se produce conocimiento, se construye comunidad y se ensayan otras formas de sostener la vida. “Nosotras seguimos estando ahí, en el territorio, con un nivel de sostenimiento de la vida, con un nivel de precarización muy profundo”, dijo Norma Morales y coincidió con sus compañeras al mencionar el agotamiento físico, la salud mental “estallada” y la tristeza que atraviesa a quienes, aun en estas condiciones, siguen sosteniendo espacios comunitarios.
La dimensión económica de ese trabajo también aparece en los números. Según datos del CELS, el sector de cuidados —que incluye trabajo doméstico, salud y educación— emplea actualmente a 3,4 millones de personas y podría llegar a 5,2 millones en los próximos años. Sin embargo, desde diciembre de 2023, 48 de las 50 políticas nacionales de cuidado relevadas fueron eliminadas o desfinanciadas. La necesidad de cuidar no disminuyó: lo que se redujeron fueron los recursos públicos para garantizarlo.
Para Norma, el desafío es que ese trabajo tenga reconocimiento y se convierta en una política pública. “No somos compañeras que solo revuelven la olla”, dijo y convocó a construir un programa político para los cuidados comunitarios de cara al año electoral. “Nosotras también queremos interpelar a los a los futuros candidatos en el marco de las elecciones de 2027. Qué lugar nos toca a nosotras, qué lugar le toca la agenda de los cuidados comunitarios en las propuestas políticas, en esos proyectos políticos que se están construyendo”, propuso la referente de Barrios de Pie. La pregunta quedó planteada en el encuentro, pero también una demanda: que las organizaciones que hoy sostienen la vida en los territorios no tengan que seguir haciéndolo a costa de su propio agotamiento.
