Cuando el 29 de marzo de 2019 comience el juicio contra Yanina Farías, cumplirá 599 días detenida en prisión preventiva. Está acusada de homicidio agravado por el vínculo, por omisión: por no haber podido cuidar a Xiomara, su nena de 2 años. Para el fiscal Gabriel Lorenzo, Yanina “debería haber velado por la integridad física y el debido resguardo de su hija”. Enfrenta la pena máxima por no haber hecho más de lo que podía, que era poco y nada.
Yanina vivía con su hermana Mayra en San Miguel y se encargaba de cuidar a lxs hijxs de ambas. A mediados de 2017, la madre le pidió a Yanina que cuidara un terreno de ella en Cuartel V, Moreno. Allá fue con su hija Xiomara y con su hijo Juan Gabriel, que tenía 4. A los pocos días de haberse mudado, su madre fue hasta la casilla acompañada de José Alfredo Leguizamón. Le explicó a Yanina, que ese hombre se iba a quedar a vivir ahí, para cuidar del lote y de ella, a cambio de comida y techo.
A la semana, Yanina empezó a vivir con miedo. Leguizamón la violaba y a ella y a sus hijxs, les pegaba. Le molestaba que Yanina jugara con sus hijxs, que los besara. Cuando ella quiso pedir ayuda, Leguizamón comenzó a encerrarla. Clavó las ventanas por el lado de afuera, salía y lxs encerraba con candado. No la dejaba ver a su papá. Comenzó una vida de cautiverio, sin derechos, sometidxs al abuso de ese hombre. No vivieron en la misma casa más de veinte días.
El 7 de agosto estaba cambiando el pañal de la nena cuando Leguizamón intentó violarla. Yanina se resistió, Xiomara empezó a llorar. El hombre -que se había encargado de decir en todo el barrio que era pareja de Yanina, a pesar de no ser cierto-, empezó a golpear a Xiomara para que se callara. Juan Gabriel intentó defenderlas y también fue golpeado. Cuando Yanina pudo asistir a la nena, se dio cuenta que le costaba respirar y perdía el conocimiento una y otra vez. Leguizamón salió con la nena afuera de la casa gritando “perdoname”.
La llevaron a una Unidad de Pronta Atención de Moreno y por la gravedad de las lesiones, debieron trasladarla al hospital Garrahan, donde murió la madrugada del 8 de agosto. Tenía hematomas y lesiones en la cabeza, los brazos, el torso, las piernas, la espalda. Nuevas y viejas. La autopsia también indica que había sido violada.
Yanina no pudo acompañar a Xiomara al Garrahan, fue detenida y trasladada primero a la comisaría 4ta de Cuartel V y luego a la comisaría de General Rodríguez. El papá de Yanina se enteró porque una vecina lo vio en facebook y llamó desesperado a Mayra. Un día, sin ningún aviso a sus familiares, le dieron traslado a un penal y perdieron el contacto con ella, porque el Juzgado no les informaba adónde estaba. Después de seis meses, Mayra fue a consultar, acompañada por la Red de Mujeres de Moreno, al abogado Alejandro Bois, que redactó un hábeas corpus. Con el papel, fue otra vez al Juzgado: no se lo recibieron, pero le informaron que Yanina estaba detenida en el penal N° 51 de Magdalena. En esos días comenzó a organizarse la Comisión por la libertad de Yanina Farías.
Yanina tiene un retraso madurativo. La psicóloga Raquel Disenfeld pudo verla en el penal y realizó un informe psicológico y sobre las violencias físicas y psicológicas que vivió en los diecisiete días que tuvo a Leguizamón en la casa. Vivía con terror, había sido tomada “como su esclava en todos los sentidos”, “dependía del perpetrador estar viva o muerta”, estaba “encerrada materialmente y psíquicamente”. Yanina no tiene recursos simbólicos para enfrentar todo lo que le pasó, como no puede entender la acusación que pesa sobre ella. Pudo explicarle a Disenfeld que Leguizamón le pegaba a lxs hijxs para castigarla porque los mimaba.
La violencia de Leguizamón contra lxs hijxs de Yanina y el castigo a través de ellxs a la madre forman parte de la estructura en la que se desenvuelven las violencias machistas: la muerte de Xiomara es parte del sistema de crueldad disciplinaria.
La provincia de Buenos Aires tiene antecedentes de acusar a mujeres que son víctimas de violencia machista de malas madres; muchas están detenidas por delitos que cometieron sus parejas o varones cercanos. Yanina González y Celina Benítez fueron acusadas por el Poder Judicial de abandono de persona, por no haber podido resguardar la vida de lxs hijxs, sin considerar que estaban sometidas a golpes. Para el Estado, deben ser garantes de la seguridad, pero no tienen ninguna posibilidad real ni de salvar a lxs hijxs ni los medios para defenderse a sí mismas.
Leguizamón está acusado de “homicidio simple”. Para la fiscalía no hay dudas de que Leguizamón mató a golpes a Xiomara y advierte en la elevación a juicio al Tribunal Oral Criminal 4 de Mercedes que lea con atención la necropsia, porque Xiomara tiene lesiones con connotación sexual. La carátula, sin embargo, no es femicidio. Sin que la Ley Micaela haya tocado a su puerta ni preguntarse cómo el entramado de violencias afectó la capacidad de actuar de Yanina, el fiscal Lorenzo considera que ella debe tener una pena mayor.
La Comisión Provincial por la Memoria se presentó como amicus curiae ante el tribunal, para acercar argumentos que favorezcan una lectura con perspectiva de género de contextos de violencia como en este caso. Se trata de evaluar y considerar la desproporcionalidad en la distribución y el ejercicio del poder en vínculos asimétricos. También sumó en el escrito un fragmento de la nota que el Comité de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará le hizo llegar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz, tras la absolución de los tres imputados por el femicidio de Lucía Pérez: “Los criterios que han sido utilizados en esta sentencia construyen en la sociedad un mensaje de tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y reflejan claros estereotipos de género utilizados para decidir el caso”. Y agrega respecto de casos resueltos por la Corte Interamericana que “el uso de los estereotipos de género en la actuación de los operadores de justicia representan una clara violación a los derechos humanos de las mujeres, entre los que se encuentran el derecho a vivir libre de violencia y el derecho a la justicia y a los recursos judiciales”.
Yanina, desde el día 7 de agosto de 2017, está siendo tratada de acuerdo a estereotipos sobre lo que debe ser el ejercicio de la maternidad. Fue encarcelada y sometida a un proceso penal por ser considerada “mala madre”. La violencia contra ella fue invisibilizada y, en cambio, fue convertida en victimaria, por el delito de omisión. Dorothy Roberts, en “Maternidad y delito”, dice algo que aplica para distintos puntos del continente: los delitos de responsabilidad por omisión se aplican en su mayoría a mujeres que han fracasado en el cuidado adecuado de sus hijxs. Son acusaciones morales. Yanina, además, es pobre.
Para Roberts, “los jueces asumen que el instinto materno de la mujer para proteger a sus hijos del daño puede superar cualquier barrera para escapar”, pero esa mujer, vista de cerca, individualizada, no tiene la capacidad de controlar la violencia en su hogar -y el instinto materno es una invención histórica. En contextos violentos, se les pide a las madres funciones heroicas, que no están en condiciones de poder hacer.
Hasta ahora, la actuación de la Justicia Penal en el caso del femicidio de Xiomara y el tratamiento severo y disciplinante a su mamá, Yanina Farías, es lo que se conoce como justicia patriarcal. El viernes 29 de marzo comienza el juicio y el tribunal tiene la oportunidad de escribir una historia distinta para ellas dos.
