A María Mamérita Mestanza Chávez la obligaron a ligarse las trompas en 1998 en un centro del sistema de salud pública en la ciudad peruana La Encañada, en la región de Cajamarca. Le habían dicho que si no se operaba, ella o su compañero iban a tener que pagar una multa y hasta podían ir a la cárcel. Tenía 33 años y ya había parido 7 veces. Después de la intervención esta madre campesina murió como consecuencia de malestares post operatorios que no fueron atendidos. En 1999, DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer–, el CLADEM – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer– y APRODEH – Asociación Pro Derechos Humanos–, interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una acción contra el Estado peruano, que culminó en un acuerdo de solución amistosa pero que todavía el gobierno no cumple. No hizo una justicia ni dio reparación integral a Mamérita y a los familiares de las otras 18 mujeres que fallecieron luego de tratamientos de anticoncepción quirúrgica definitiva a los que eran sometidos campesinas  y campesinos en las regiones pobres e indígenas del Perú entre 1996 y 2000.

“Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar”, repetían una y otra vez empolleradas esta mañana un grupo de feministas de Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú frente al hotel Sheraton de la Argentina. Con polleras rojas típicas de la vestimenta tradicional peruana y úteros negros sobre la ropa, las mujeres habían atravesado la plaza de Retiro en silencio ante la mirada de las personas que pasaban en pleno inicio de la jornada porteña. Cuando llegaron al frente del hotel levantaron carteles que reclamaban #ActúaCIDH y gritaron: “Esterilizaciones forzadas. Justicia ahora”. Después, el canto: “Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar”. La acción terminó con una ofrenda de flores sobre un manto negro donde ellas rompieron sus úteros de cartón. Se trató de un acto artístico de solidaridad para visibilizar el reclamo antes de la apertura del 162 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta acción forma parte de la campaña “Somos 2074 y Muchas Más” empujada por organizaciones de derechos humanos, feministas y de lucha por la diversidad de Perú. “Necesitamos que la Comisión fortalezca su accionar porque no está cumpliendo con el acuerdo de solución amistosa. No está escuchando a la sociedad civil ni a las víctimas. Hoy el gobierno peruano pretende olvidar el acuerdo”, dijo a LatFem María Ysabel Cedano directora de la agrupación feminista DEMUS, que acompaña el caso de María Mamérita Mestanza Chávez. Ella fue una de las empolleradas que coordinó la intervención. Era la primera vez que la hacían fuera de Perú.

“Queremos que se denuncie como crimen de lesa humanidad. Esperamos que la CIDH escuche a las víctimas concediéndoles una audiencia pública a ellas, sus familiares, representantes y abogadas, que han solicitado sin éxito hasta en cuatro oportunidades. No se ha cumplido con hacer justicia a las más de 2074 denunciantes con las que se inició una investigación preliminar que dura más de una década. A la fecha son 2166 denunciantes las que esperan que la Fiscalía Superior resuelva la queja contra una resolución fiscal que no ha considerado estándares en derechos humanos y que podría archivar el caso, perpetuando la impunidad”, puntualizó Cedano.

Las esterilizaciones forzadas, como la que sufrió María Mamérita Mestanza Chávez, fueron parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori. “En ese período se realizaron más de 300.000 ligaduras de trompas y vasectomías sin garantizar el consentimiento previo, libre e informado conforme los estándares internacionales de derechos humanos”, contó la referente feminista.

A las mujeres se las acusaba de tener hijos, se les mentía que podían ir a la cárcel si no accedían a la intervención, amenazaban con quitarles los programas sociales de apoyo o les ofrecían ayuda económica a cambio. Se desplegaban distintos métodos de coerción en un contexto atravesado por la pobreza, la violencia del conflicto armado interno y la ocupación militar en el territorio campesino. “En ese período hubo 400 quejas en la Defensoría del Pueblo de personas que acudían a denunciar que no se garantizaba el consentimiento”, relató la directora de DEMUS.

El 2003, en la ciudad de Lima, las representantes de María Mamérita Mestanza Chávez y el Estado suscribieron el Acuerdo de Solución Amistosa, en el que el Estado quedaba comprometido a viabilizar reparaciones para a los familiares de la víctima, así como a investigar y sancionar a los responsables. En ese momento el Estado reconoció que había incurrido en una violación a los derechos humanos. Sin embargo, a más de 14 años de la firma de este acuerdo, no se avanzó en las promesas.

El gobierno peruano lleva adelante un Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO),que tiene más de 5.000 solicitudes y más de 2.000 registros de mujeres señalando que fueron víctimas de esas prácticas médicas sin consentimiento acorde. Pero el proceso de reparación integral y justicia todavía no tiene lugar.