Por: Fotos: Mariana Leder Kremer Hernández

¿Una tucumana con dolor de panza, iría a un hospital? ¿Y si está sufriendo un aborto espontáneo y necesita atención médica? ¿Y si fue violada, no quiere seguir adelante con la gestación y desea solicitar el acceso a un derecho que tiene hace 96 años? En la provincia de Tucumán, cualquier situación de estas características, aunque esté por dentro de la ley, puede terminar en su penalización. Fue lo que le pasó a Belén, que estuvo detenida dos años con prisión preventiva acusada de homicidio agravado, como la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán llamó a un aborto espontáneo.

 

El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un adelanto de su informe anual como aporte a las razones para parar el 8 de marzo. Se trata del capítulo “Acceso desigualitario al aborto legal y criminalización selectiva” en el que se analiza el cumplimiento del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del que hoy se cumplen cinco años. A partir del relevamiento del CELS, durante 2016 “se identificaron quince casos de mujeres criminalizadas luego de atravesar una emergencia obstétrica. Se trata de jóvenes, de entre 18 y 22 años, con escasos recursos económicos, que ingresaron al sistema público de salud de donde salieron con custodia policial”.

El fallo F.A.L. implicó un antes y un después en la manera cómo debe interpretarse el artículo 86 del Código Penal de la Nación –de 1921–, que establece las excepciones para penalizar el aborto en sus artículos 1 y 2: si se realizó para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. La Corte, con su fallo, obligó al Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a implementar y hacer que se cumplan protocolos hospitalarios para quitar los obstáculos que limitan o impiden que las niñas, adolescentes, mujeres y personas trans accedan a los servicios médicos.

A pesar de los cinco años transcurridos, solo nueve provincias cuentan con protocolos que respetan las pautas que estableció la Corte. Siete tienen guías de atención con una serie de requisitos ilegítimos, establecidos de manera arbitraria y de espaldas al fallo que en la práctica son obstáculos para poder abortar. Se trata de casos institucionalizados de violencia en donde aparecen tres factores: unas prácticas estructurales de violación de derechos, realizadas o permitidas por funcionarios –efectores de la salud en esos casos–, en un contexto de vulnerabilidad o de poca autonomía como una internación o la salud en riesgo. Otras ocho provincias no tienen ningún protocolo: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

El noviembre de 2016 el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer evaluó el cumplimiento del Estado argentino de la Convención CEDAW y difundió recomendaciones que el Estado está obligado a implementar. Respecto del aborto fue tajante: el Estado nacional tiene que sancionar una ley de interrupción voluntaria del embarazo, debe asegurar que todas las provincias tengan protocolos acordes con el fallo FAL y que todas las personas que solicitan la interrupción legal del embarazo puedan hacerlo de manera segura y que haya servicios de pos aborto, entre otras indicaciones.

La falta de protocolos y la criminalización de mujeres que llegaron a hospitales públicos para preservar su salud, tiene efectos incontrolables para la salud de la población. Para el CELS “numerosos casos muestran la vigencia del estigma que pesa sobre el aborto en la Argentina y cómo el sistema de justicia lo reproduce y fortalece. La persecución del Poder Judicial a quienes llegan en búsqueda de atención médica por emergencias obstétricas condiciona también a quienes deban buscarla en el futuro. Así, las mujeres, niñas y trans son empujadas a la clandestinidad, y su vida y salud se ponen en riesgo: el aborto inseguro es la principal causa de mortalidad materna entre las mujeres jóvenes y pobres”.

F.A.L. tiene cinco años, pero la ley, 96. Con ese fallo la Corte buscó terminar de una vez por todas con las judicializaciones, entorpecimientos y demoras a las que distintos funcionarios de la justicia o de la salud sometían a las mujeres, niñas, adolescentes y trans que necesitaban abortar. Las noticias previas a F.A.L. incluían las de mujeres que gestaban niños que iban a morir al nacer y a quienes la Justicia obligaba a llevar el embarazo a término, niñas de doce años que habían sido violadas y a las que llamaban [rad-hl]“joven madre”[/rad-hl]. A pesar de lo exhaustivo y detallado del fallo, situaciones similares, sobre todo la imposición de la maternidad obligatoria a las niñas, sigue vigente en las provincias que violan los derechos de las mujeres.

Para acceder al adelanto del informe anual del CELS, click acá.

Para acceder al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, click acá.