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Las moratorias previsionales no solo desequilibraron el sistema, sino que hay un argumento moral subyacente: trabajadores que aportaron al sistema deben aceptar haberes inferiores a los que les corresponde en virtud de la incorporación de nuevxs beneficiarixs.

Mientras que a lxs jubiladxs que hayan realizado aportes se les entregará $700, a lxs que ingresaron al sistema por moratoria les corresponde $350. En el mismo sentido, la disminución de $100 en el monto de la Asignación Universal por Hijx (AUH) respecto al incremento que hubiera tenido con la fórmula anterior afecta especialmente a las mujeres.

El argumento de los dirigentes de Cambiemos, periodistas y analistas oficialistas es bastante simple y fácil de asimilar: al incorporar 3,1 millones de nuevos jubiladxs (en su mayoría mujeres sin aportes) a los 6,5 existentes, el sistema no es sustentable sin aportes del Tesoro Nacional. Las moratorias previsionales no solo desequilibraron el sistema, sino que hay un argumento moral subyacente: trabajadores que aportaron al sistema deben aceptar haberes inferiores a los que les corresponde en virtud de la incorporación de nuevxs beneficiarixs.

Las moratorias previsionales no solo desequilibraron el sistema, sino que hay un argumento moral subyacente: trabajadores que aportaron al sistema deben aceptar haberes inferiores a los que les corresponde en virtud de la incorporación de nuevxs beneficiarixs.

En definitiva, además de cargar con el peso del mayor ajuste sobre sus espaldas, el colectivo de mujeres es víctima otra vez de una brutal violencia simbólica generada por los medios de comunicación y el discurso oficial que pretende justificar el vaciamiento del sistema previsional instalando que la responsabilidad del desfinanciamiento se debe a una ampliación de derechos injusta e irresponsable y no como resultado de la implementación de sus propias políticas.

Las jubilaciones de las amas de casa

Una cuestión central que las economistas feministas y el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans en general reclaman es el reconocimiento del trabajo reproductivo no remunerado. Para cuantificar su magnitud un sencillo cálculo indica que, si cada hora dedicada gratuitamente a estas tareas se remunerara según lo que se paga a una empleada doméstica en el mercado, la suma total de las remuneraciones equivaldría al 20% del Producto Bruto Interno.

Las mujeres realizan un aporte fundamental al mercado de trabajo a pesar de no percibir un solo centavo como remuneración.  En 2013 se publicaron datos de la Encuesta sobre el Uso del Tiempo del INDEC, donde se identifica que las mujeres dedican en promedio más de tres horas diarias extra que los varones a realizar trabajo doméstico no remunerado. El trabajo reproductivo recae especialmente en las mujeres y las jubilaciones de amas de casa constituye no solo un reconocimiento social al trabajo reproductivo, sino también el empoderamiento de las mujeres como sujetxs de derecho.

Trabajadoras informales, jubiladas de segunda.

Las políticas del Cambiemos en materia previsional implican un quiebre con el proceso de inclusión social sostenido hasta el momento. La meritocracia es el concepto desde el cual se estructura la nueva concepción sobre previsión social, donde se reconocen diversos grados de derechos vinculados a los diferentes grados de aportes. Sin embargo, un somero análisis de la historia reciente nos demuestra lo sesgado de estos conceptos.

Entre 1993 y 2008 se implementó un sistema privado de jubilaciones (AFJP). Las empresas percibían una comisión, deducida del aporte previsional obligatorio de los afiliados, y administraba la inversión del capital acumulado. El sistema de reparto quedó desfinanciado y el Estado se hizo cargo de sostener los haberes de lxs jubiladxs remanentes durante el periodo de transición. En 2009 el sistema fue re-estatizado para evitar el inminente quebranto previsional.

Según un estudio del Centro de Estudios CENDA del 2006, El reino de las promesas incumplidas, solamente en conceptos de comisiones se estima una transferencia total a las administradoras de 10 mil millones de dólares entre 1994 y 2006 y otros 35 mil millones en concepto de reducción de contribuciones patronales. Según el año, entre uno de cada tres y uno de cada cuatro pesos de los aportes de los trabajadores fue destinado a comisiones y solamente 20 mil millones fueron a parar a las cuentas de los aportantes.  La sangría de recursos que significó para el Estado seguir pagando jubilaciones generó que este se endeude significativamente. Paradójicamente una de las acreedoras más importante eran las propias AFJP, que cobraban intereses por un monto de dinero que antes administraba directa y gratuitamente el Estado. Un dato revelador de la magnitud de las transferencias de recursos hacia las empresas administradoras es que, de julio de 1994 a julio de 1996, fue superior la ganancia en comisiones al presupuesto público para seguridad social aprobado para esos años.

Analizar el antecedente de las AFJP nos demuestra que no existen diferencias significativas en relación con los aportes realizados. Al fin y al cabo, en un caso los aportes no existieron y en otro se esfumaron gracias a la estafa de las jubilaciones privadas. Tanto en uno como en otro caso, la solución para que puedan percibir haberes es un sistema solidario financiado por los trabajadores, las patronales y el Tesoro Nacional.

El deliberado desfinanciamiento del ANSES, las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno nacional y la complicidad de parte de la oposición son las culpables de la crisis actual y no la inclusión de las mujeres y sectores más vulnerables. Desde el movimiento de mujeres, y como economistas feministas, es importante tomar conciencia y denunciar activamente lo perverso tanto de la reforma previsional como del discurso que se instala paralelamente e invierte la carga, estableciendo como responsables a las víctimas.