— Si me pasa algo, ya saben quiénes son los responsables.
Meses antes de su desaparición, la dirigenta mapuche Julia Chuñil Catricura, de 72 años, alertó con esta frase a sus familiares y vecinos sobre las amenazas que recibía por parte del empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter en la comuna de Máfil, a más de 800 kilómetros al sur de Santiago, en la región de Los Ríos. La relación entre ambos era de permanente tensión por un predio que el empresario adquirió a pesar de que se trataba de tierras que fueron declaradas ancestrales por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). La comunidad de Putrehuel, que Julia fundó en 2014 y hoy preside, reivindica y defiende ese territorio donde viven 17 familias.
El viernes 8 de noviembre Julia salió de su casa, en la que vivía sola junto a su perro Cholito, para ir a buscar unos animales que tenía extraviados. Era parte de las labores de campo que realizaba a diario. La única que la vio fue su vecina, con quien mantenía contacto frecuente. Esa mañana se saludaron y Julia le avisó que iba en dirección al predio llamado Reserva Cora Uno-A. Fue lo último que se supo de ella.
A los dos días, la familia de Julia denunció su desaparición en la policía local y comenzó una búsqueda que no se ha detenido hasta ahora por el territorio. Putrehuel es una zona rural donde no llega señal de teléfono ni de internet, que se caracteriza por su abundante vegetación, sus montes y ríos y, sobre todo, por sus intensas lluvias, condiciones climáticas que han dificultado la búsqueda.
Pasaron más de tres meses en los que se han recorrido todos los rincones de ese territorio con aeropolicías, buzos y brigadas especializadas. Gracias a los lugareños, que conocen mejor que nadie la zona, y a la ONG medioambiental Escazú Ahora, que proveyó de brigadistas particulares, la búsqueda de la dirigenta mapuche se ha agilizado. Sin embargo, la falta de resultados llevó a la familia a descartar que Chuñil se encuentre allí. Su hijo, Pablo San Martín Catricura, afirmó en medios de prensa chilenos que a su madre la sacaron del territorio. Una convicción que argumenta en las escasas pistas que se conocen hasta ahora: las huellas de un vehículo grande, algo totalmente inusual en ese territorio, y algunos elementos de Julia encontrados a no más de dos kilómetros de su casa, de dónde salió hace 100 días.
Esas pistas son parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Valdivia a partir de la querella interpuesta por la familia de Julia Chuñil contra quienes resulten responsables por los delitos de secuestro, homicidio o feminicidio contra la dirigenta mapuche. Si bien se esperaba que el pasado 21 de enero se revelaran más datos de la investigación, se declaró su reserva nuevamente por 40 días.
Organizaciones de derechos humanos, feministas y medioambientales cuestionan el papel del Ministerio Público y señalan que aún no se ha definido una línea de investigación clara ni se ha planteado una hipótesis sobre lo ocurrido con Chuñil, a más de tres meses de su desaparición.
Además, interpelaron directamente al presidente Gabriel Boric para que solicite agilizar la investigación dada la gravedad de los hechos que involucran a una defensora de derechos humanos. El mandatario se refirió públicamente a Chuñil el 10 de diciembre pasado, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, calificándola como “una valiente defensora del medio ambiente” y expresó su pesar por su desaparición. Además, informó sobre conversaciones que mantuvo con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y la ministra de Defensa, Maya Fernández, para coordinar el uso de recursos aéreos de la Fuerza Aérea de Chile en las labores de búsqueda, instruyendo acciones concretas para intensificar los esfuerzos.
Los familiares de Julia y organizaciones sociales le han dado visibilidad a su desaparición mediante acciones públicas que convocaron a cientos de personas frente al Palacio de La Moneda, en Santiago, y que se replicaron en otras ciudades chilenas como Valdivia, en Los Ríos, la región en la que desapareció la dirigenta.
¿Quién es Julia Chuñil?
Julia Chuñil Catricura es una líder indígena mapuche y defensora ambiental reconocida a nivel local por su lucha en la protección de la biodiversidad y los derechos territoriales de su comunidad. Desde el 2014, fundó la comunidad mapuche de Putrehuel, en la comuna de Máfil, que ahora se conforma de 17 familias. Hasta antes de su desaparición, Julia era presidenta de su comunidad y una líder reconocida en el sector por la defensa del bosque nativo ante las amenazas de deforestación por parte de privados a las que ella siempre se opuso.
Un extracto del documental “Máfil ñi pu tukulpazugun”, compartido por el Instagram del Canal 2 La Victoria —una señal de televisión independiente y comunitaria—, muestra el bosque nativo que protegía Julia con su voz de fondo.
La ONG medioambiental Escazú Ahora sistematizó los antecedentes que dan certeza de la labor que Julia desempeñaba en el territorio. De acuerdo a un documento que la organización elaboró, el predio que Julia protege alberga una rica biodiversidad característica del sur de Chile. Este territorio está cubierto por un bosque nativo que incluye especies como coigües, ulmos, arrayanes y lingues, fundamentales para la regulación hídrica, la captura de carbono y el mantenimiento de suelos saludables. La fauna del área incluye mamíferos como el zorro chilote y el pudú. Además, los pequeños cursos de agua y humedales presentes en el predio son esenciales para la biodiversidad local.
Julia Chuñil defendía este territorio y su diversidad biológica porque eso implica defender la cosmovisión mapuche, proteger su Küme Mogen, su espiritualidad y la forma de habitar el mundo en contacto con la naturaleza. Por eso, defender sus tierras ancestrales mapuche la convierten en una defensora de los derechos humanos.
Esto tiene relación directa con lo que establece el Acuerdo de Escazú, firmado en marzo de 2022 por Gabriel Boric. Fue una de las primeras gestiones iniciando su mandato, un pacto que desechó el anterior gobierno de la derecha Sebastián Piñera. Se trata del primer tratado sobre protección ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que incorpora medidas específicas para dar protección y resguardo a las y los defensores ambientales.
La bajada de otorgar especial protección a las y los defensores ambientales no se encontraba vigente al momento de la desaparición de Julia Chuñil. Tras la denuncia y la presentación de la querella, se solicitó agilizar la tramitación del protocolo que finalmente entró en vigencia a fines de diciembre.
En particular, este documento señala que las personas defensoras de derechos humanos “son todas aquellas que individual y colectivamente (asociadas con o sin personalidad jurídica) promuevan, protejan y/o procuren la realización de los derechos humanos en el plano nacional e internacional, de manera pacífica y sin violencia”. Además, ejemplifica que se entienden dentro de estas acciones, las de “vigilancia, denuncia, difusión, educación en derechos humanos u otras actividades de promoción, protección y realización de los derechos humanos”.
Las defensoras, las más atacadas
Por defender el territorio, Julia Chuñil fue víctima de actos de hostigamiento, intentos de soborno y agresiones directas. Las amenazas escalaron hasta niveles alarmantes, con intentos de daño físico y actos de sabotaje, como el bloqueo de accesos al terreno cuando ingresaba por un camino común a su comunidad.
Su desaparición es una nueva alerta sobre los riesgos que enfrentan las defensoras ambientales, especialmente en América Latina, donde las tasas de violencia son especialmente altas.
En 2023, Global Witness registró 196 casos documentados de personas defensoras asesinadas por ejercer su derecho a proteger sus tierras y el medioambiente, aunque es probable que este número esté subestimado. Desde que la organización documenta los hechos de violencia hacia defensores, en 2012, ha registrado un total de 2.000 casos. De esa cifra, América Latina concentró el 85% de todos los casos, en 2023.
Estas agresiones mortales se concentraron principalmente en cuatro países, donde ocurrieron más del 70%: Brasil, Colombia, Honduras y México. De las personas asesinadas en 2023, el 43 % eran indígenas y el 12 % mujeres.
Mientras que a nivel local, según la ONG Escazú Ahora, durante 2023 se registraron en Chile 35 casos de amenazas, que afectaron a 20 personas, de las cuales el 65 por ciento son mujeres. Esto evidencia que son las mujeres quienes principalmente asumen roles de cuidados y protección del territorio y la naturaleza, exponiéndose a labores que aún no son lo suficientemente reconocidas para tener el resguardo necesario. De quienes se vieron afectados, 6 personas han identificado su pertenencia al pueblo mapuche, constituyendo el 30% de los casos recogidos.
La desaparición de Julia Chuñil ha movilizado a organizaciones y activistas que se han unido para exigir la máxima celeridad para encontrarla. Es un caso que nuevamente deja al descubierto la fragilidad de la protección para quienes defienden la naturaleza ante los intereses extractivistas.
