El 2023 será recordado para muchos y muchas como un año de mucha intensidad en la región. Ciertamente no se trata de una novedad para un continente en el que los ciclos políticos han devenido en procesos muy dinámicos y cambiantes. Nos acostumbramos al paso abrupto de gobiernos con tintes progresistas a gestiones neoliberales y viceversa, a la realización de elecciones polarizadas donde las principales candidaturas se oponen radicalmente. Incluso normalizamos que las encuestadoras no acierten los resultados electorales.
Por ese motivo, en estos nuevos tiempos, ya no es posible trazar lecturas geopolíticas homogéneas que unifiquen procesos y gobiernos como en un tiempo atrás. Hoy sería errado dividir a la región entre un bloque progresista y uno de derecha como se pudo analizar en la primera década del siglo XXI. Porque tanto las derechas como los progresismos hoy se relatan en plural: sus particularidades locales no nos permiten entenderlos en marcos de estrategias regionales por más que haya alianzas y articulaciones entre ellos. Sin embargo, más allá de estas particularidades, vemos una situación de tensión, inestabilidad y fragilidad que puede ser generalizable.
Desde 2019 hasta la actualidad, las diferentes crisis políticas que atravesaron a la región mantuvieron un ritmo inusual. Años signados por grandes rebeliones, mareas verdes y paros nacionales. Pero también, y a la vez, asistimos a un complejo momento donde la violencia se impone como una forma de hacer política. Ésta en algunos países se materializó con golpes de estado y el desconocimiento de las constituciones nacionales; en otros, con la violencia física explícita contra dirigentes políticos, líderes y lideresas sociales y defensoras de los Derechos Humanos. Mecanismos que corrieron los límites mínimos que conservaban nuestras democracias.
Cabe aclarar que todos estos procesos regionales y locales, no se pueden entender sin su relación geopolítica. Menos ahora que el mundo entero está inmerso en una crisis social, económica y climática sin precedentes. Una crisis que también es de las formas de representación y de organización que conocíamos hasta el momento. El mundo ya no es el mismo: en menos de cuatro años pasamos una pandemia, asistimos a la guerra entre Ucrania y Rusia desde nuestras redes sociales y vimos una nueva invasión de Israel en Palestina tras el ataque de Hamas en Israel. Conflictos que afectan directamente al devenir de los procesos y economías de América Latina y el Caribe.
El mundo ya no es el mismo: en menos de cuatro años pasamos una pandemia, asistimos a la guerra entre Ucrania y Rusia desde nuestras redes sociales y vimos una nueva invasión de Israel en Palestina tras el ataque de Hamas en Israel. Conflictos que afectan directamente al devenir de los procesos y economías de América Latina y el Caribe.
Es así que llegamos al final del 2023, acumulando el agotamiento y la incertidumbre política de los últimos años. Una sensación colectiva que, con sus matices, se replica a lo largo y ancho del continente. Con este panorama y mirando la región desde la Argentina es difícil encontrar un poco de esperanza para los años venideros. La reciente asunción de la ultraderecha encabezada por Javier Milei junto a la casta de siempre evidenció, en tan solo 15 días, el avance de un modelo de muerte: privatizaciones, despojo, ajuste y represión. Celebrado por las derechas mundiales, Milei llegó a la presidencia para acentuar las desigualdades existentes y beneficiar, también, a los mismos de siempre. Todo pareciera indicar que lo va a hacer junto al Poder Judicial, las empresas de comunicación y las corporaciones transnacionales, ignorando los acuerdos internacionales, las legislaciones locales e incluso la propia Constitución Nacional.
Sin embargo, aunque el escenario argentino no sea alentador, no todo está perdido en la región. Al escudriñar en los diferentes sucesos que atravesamos a lo largo de este año vemos, también, que las luchas de los pueblos resurgen para defender las democracias, sus derechos y territorios en todas partes. Proponemos un repaso por los principales acontecimientos en América Latina y el Caribe para mirar de cerca, dialogar con otros procesos y pensar nuestras alianzas…
Brasil
El 1° de enero de 2023 comenzó la tercera gestión de Luiz Inacio “Lula” da Silva en Brasil. Si bien tuvo un comienzo complejo ya que su opositor, Jair Bolsonaro, no aceptó la derrota y llamó a sus seguidores a interrumpir su asunción, la voluntad popular triunfó. Luego de haber transitado cuatro años de una política de muerte, el gobierno de Lula restableció el orden democrático para todo el país en tan sólo algunos meses.
El balance de este primer año ya evidencia la importancia de un estado presente. Mientras que el desgobierno de Bolsonaro se caracterizó por no asistir durante la pandemia de COVID-19, agudizar la crisis de seguridad pública y el avance del modelo extractivista; Lula lanzó un abanico de programas sociales para garantizar el acceso a la vivienda, educación, salud y alimentación.
>El gobierno también comenzó a defender los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, puso el foco en el Pueblo Yanomami que había sido fuertemente atacado por la minería ilegal impulsada por Bolsonaro. En otro orden de cosas, con el objetivo de reducir el déficit fiscal, Lula también promulgó una ley de impuestos a las personas super ricas, metiéndose verdaderamente con “la casta” brasilera.
Guatemala
El 21 de agosto se celebraron las elecciones en el país centroamericano. Allí Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, un partido político socialdemócrata, ecologista y progresista, se impuso con un 58% de los votos. Desde entonces, el Ministerio Público desplegó una serie de medidas judiciales para anular los resultados de las elecciones.
Además de funcionar como un enclave colonial, desde 2017 el país centroamericano se encuentra atravesando una dictadura judicial tras la ruptura del orden constitucional y el mantenimiento de su Corte Suprema de Justicia de manera arbitraria. Por ese motivo, el triunfo de Arévalo representó un cambio de época y tensionó las estructuras existentes en un país donde gobierna la derecha desde hace más de 70 años.
A través de allanamientos, mecanismos de desinformación y estigmatización del Movimiento Semilla el gobierno de Alejandro Giammattei, en complicidad con el Poder Judicial, desconoció la voluntad popular. Desde entonces, las organizaciones sociales y movimientos indígenas se encuentran realizando un Paro Nacional en defensa de la democracia.
Ecuador
El país andino estuvo atravesado por múltiples crisis que desencadenaron en el adelanto de las elecciones presidenciales que sucederían en 2024. Luego de un juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso que buscaba destituirlo por malversación de fondos, Lasso decidió aplicar el mecanismo de “muerte cruzada” y disolvió la Asamblea Nacional.
Con esta herramienta constitucional, el presidente puede disolver el parlamento y debe convocar a elecciones. En ese marco, durante la segunda mitad del año, el empresario Daniel Noboa se impuso con un 52% de los votos a Luisa González, la candidata del correísmo.
Además de la crisis política en Ecuador, este último año estuvo marcado por la inseguridad y la violencia del crimen organizado. A través de la paramilitarización, motines, amenazas y toma de rehenes en las cárceles, bandas delictivas tomaron gran parte del territorio nacional. La población denuncia el crecimiento de las violencias y el abandono estatal. Por este accionar al menos nueve periodistas se exiliaron por sufrir amenazas directas contra su persona y/o afectos cercanos.
Colombia
En su primer año de gobierno, Gustavo Petro y Francia Márquez lograron avanzar con muchas de las demandas históricas del campo popular. Entre sus principales logros se encuentra el reconocimiento del derecho a la tierra, hasta entonces ninguneado: Se aumentó más del 100 % del presupuesto de agricultura, se entregaron 1.400.000 de hectáreas de tierra y se reconocieron cuatro Zonas de Reserva Campesina.
El Gobierno aumentó el presupuesto en educación y aprobó la “Ley de Matricula Cero” para que la educación superior estatal vuelva a ser gratuita. Además creó el Ministerio de la Igualdad encabezado por Francia Márquez para implementar políticas públicas para mujeres, jóvenes y grupos étnicos. En lo que respecta a las políticas de asistencia social, el gobierno impulsó el programa “Hambre Cero” a través del cual entregó $500 mil pesos (125 dólares aproximadamente) a más de 2 millones de personas.
Petro también destrabó el histórico Acuerdo de Paz iniciado en 2016, logró la promulgación de la Ley de Paz Total y comunicó el cese al fuego con los grupos guerrilleros ELN, Estado Mayor y la Segunda Marquetalia. A su vez, realizó diferentes negociaciones con grupos armados ilegales. Finalmente, el gobierno desarrolló una importante política ambiental en el territorio amazónico frente a la crisis climática. Con este programa implementó un apoyo económico para que el campesinado y las comunidades indígenas sean agentes regeneradores de la selva durante los próximos 20 años.
Perú
El pasado 7 de diciembre se cumplió un año del golpe de Estado contra el presidente electo Pedro Castillo. Desde entonces, el gobierno de facto asumido por quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte, se sostuvo a costa de represión y persecución judicial. Desde las comunidades y organizaciones de derechos humanos se registraron al menos 95 personas asesinadas y más de 1000 heridas por violencia institucional.
Por su parte, las organizaciones sociales, indígenas, sindicales y campesinas mantuvieron los paros y tomas de las principales ciudades denunciando el golpe pero también, y sobre todo, para cuidar a la población en un contexto de total abandono en materia de políticas sociales. Entre las principales demandas hacia el gobierno de Boluarte, la población denuncia una situación de crisis económica, el crecimiento de la inseguridad y la violencia así como la falta de transparencia y corrupción.
El gobierno de Boluarte se enfrenta a una fuerte desaprobación popular que llega al 86% según las últimas encuestas. A esta disconformidad se suma la reciente liberación que dispuso el Tribunal Constitucional de Perú al expresidente Alberto Fujimori detenido por crímenes de lesa humanidad. Fujimori está condenado por su responsabilidad directa en dos matanzas, la esterilización de 200 mil mujeres indígenas, así como diferentes mecanismos ilegales de espionaje, corrupción y persecución. En ese contexto, agrupaciones de familiares de las víctimas de la dictadura fujimorista se encuentran movilizadas y realizando acciones en los tribunales internacionales ya que se trata de un indulto ilegal.
México
En su último año de mandato, Manuel López Obrador mantiene un 60% de aprobación popular y se convierte en el sexto streamer de habla hispana con más horas vistas en el mundo con su programa matutino “La mañanera” al estilo del clásico “Aló presidente” implementado por Hugo Chávez en Venezuela. Este escenario, nos habla de un cierre de gobierno positivo que le permitirá la continuidad de “Morena”, su fuerza política, con Claudia Sheinbaum como candidata para las elecciones de 2024.
Durante el último año de su gestión, López Obrador logró el aumento del 62% del salario mínimo. En materia de educación se entregaron becas para la educación primaria, secundaria y universitaria y se crearon 145 universidades. En lo que respecta a la inversión pública se logró un crecimiento del 78% en obras de infraestructura y desarrollo, políticas que no se han visto durante décadas.
Indudablemente se trata de una figura contradictoria. Entre las principales demandas populares que le hacen al gobierno de López Obrador está la gran deuda ambiental: son cientos los conflictos socioambientales que se oponen a proyectos mineros, de hidrocarburos, agua, forestales y de infraestructura. Este accionar, además, es implementado a través del avance de la militarización que ha acrecentado la violencia en los diferentes territorios en particular contra mujeres y líderes ambientales.
El Salvador
El dictador más cool del mundo, Nayib Bukele, cumplió cuatro años de su mandato y todo parece indicar que no abandonará el cargo. Si bien, según la Constitución salvadoreña, no existe la posibilidad de renovación del mandato presidencial, Bukele inscribió su candidatura para las elecciones de 2024.
Ciertamente el gobierno de Bukele tiene valoración social, esto se debe a la disminución de la inseguridad. Sin embargo, esta disminución no implica el fin de las violencias. Por el contrario, El Salvador se encuentra en Estado de Emergencia desde marzo de 2022. Desde entonces, las decisiones políticas quedan restringidas al Poder Ejecutivo y se evita el proceso legislativo ordinario. Uno de los principales objetivos del Estado de Emergencia es imponer medidas más represivas y autoritarias contra la población.
Este año, una de las noticias más recordadas y ¿aplaudidas? a lo largo del mundo fue la creación de “Mega Cárceles” para la detención de las personas pertenecientes a bandas criminales. Si bien con esta noticia Bukele logró alimentar el morbo de la narrativa punitivista, lo que no cuenta es que muchas de las personas detenidas no tienen vinculación con los delitos que se les atribuyen y que algunas de ellas son menores de edad. En los centros de detención, además de vulnerarse los derechos básicos como a la salud, alimentación, aire libre y al debido proceso, la tortura es el único organizador. Según el colectivo Socorro Jurídico Humanitario (SJH) al menos 200 personas murieron en ese contexto.
Chile
En el aniversario 50 del golpe de Estado en Chile no hay grandes victorias por parte del gobierno de Gabriel Boric en su segundo año de gestión. Si bien es cierto que hubo mejoras económicas y que el costo de vida comenzó a estabilizarse durante los últimos meses, se esperaban nuevos gestos políticos del gobierno más de izquierda que tuvo Chile desde el retorno de la democracia.
En su llegada al gobierno, Boric prometió un plan de refundación de Chile que implicaba mejoras en la educación, ambiente trabajo, salud y vivienda. Hasta el momento tuvo sus primeros logros como la reducción de la jornada laboral a 40 hs semanales, la gratuidad en el sistema de salud y el incremento del salario mínimo. Es cierto que el ejecutivo tiene su responsabilidad en no haber podido concretar gran parte de las medidas y modificaciones propuestas por su gabinete, sin embargo cabe destacar que la mayoría fueron frenadas y/o cuestionadas por el Congreso, la oposición y las empresas de comunicación.
Si bien este segundo año nos deja sabor a poco y las expectativas han disminuído, la reciente victoria del voto “En contra” de la Reforma Constitucional fue un respiro para Chile y la región. En el Chile de los 50 años, al menos, no se eligió una constitución peor que la establecida durante la dictadura que es la vigente. Esta segunda modificación de la carta magna impulsaba la privatización de los recursos naturales como el agua, convertir en inconstitucional las tres causales que existen en la actualidad para la interrupción legal de un embarazo, proteger el sistema de AFP (Administradoras de fondos de pensiones), entre otros. No habrá un nuevo retroceso y es eso lo que hoy humildemente se celebra.
