Foto de portada: Milagro Mariona
— Fui al hospital público porque estaba volando de fiebre. Me dijeron que como vengo de otro país, tenía que pagar una cifra altísima para hacerme unas placas. No me alcanzaba la plata y volví a casa. Mi jefa se asustó y me dio el contacto de un médico amigo que aceptó atenderme gratis. Eso me salvó, porque el cuadro resultó ser neumonía.
Las palabras pertenecen a Eliana, una joven de 23 años oriunda de Paraguay que, a mediados de 2024, emigró a Argentina. En Itacurubí, el pueblo de 10.000 habitantes donde había nacido, el trabajo escaseaba, o estaba mal remunerado. Por eso, cuando su prima Guadalupe le propuso tirarse el lance en el país vecino, no dudó en aceptar. Eligieron ir a Salta. La ciudad estaba ubicada a pocos kilómetros de la frontera, y si las cosas salían mal, no sería difícil volver.
Las primeras semanas vendieron comida en la calle. Eliana era extrovertida y le gustaba conversar con los transeúntes. Por eso no tardó en conseguir empleo como mesera en un restaurante de empanadas. Guadalupe, en cambio, era tímida y se sentía incómoda entre desconocidos. Al mes gastó sus últimos ahorros y compró un pasaje a Paraguay.
Eliana se quedó sola, pero aun así, estaba feliz con su nueva vida. Además, una compañera del trabajo -migrante, como ella- le contaba maravillas sobre las universidades gratuitas en Córdoba y Buenos Aires. La idea de ahorrar unos meses y mudarse a otra provincia para estudiar la entusiasmaba cada vez más. Cuando se enfermó, llevaba dos meses viviendo en Salta y ya había iniciado los trámites para obtener la residencia temporaria. Ser expulsada del sistema de salud marcó un antes y un después: “A partir de ese momento, sentí que nunca podría llamar ‘hogar’ a un país que me trató como un parásito”, concluye.
En apariencia, la historia de Eliana no tiene nada de particular. Son infinitos los testimonios de migrantes que han recibido comentarios discriminatorios o xenófobos en hospitales públicos. Sin embargo, hasta este año, se trataba de una problemática que ocurría por fuera de lo establecido por la Ley de Migración 27.851. En el artículo 8, la normativa establece que el Estado no podrá negar o restringir el acceso a la salud, la asistencia social o la atención sanitaria a los extranjeros que lo requieran, sin importar su situación migratoria.
Entre febrero y septiembre de 2024, cuatro provincias argentinas -incluyendo Salta- habilitaron el cobro de la atención sanitaria a los extranjeros. Mientras tanto, en cinco provincias más ya existen proyectos de ley similares. El principal argumento que utilizan desde las diferentes jurisdicciones es que los migrantes consumen una gran cantidad de recursos sanitarios y, en un contexto de crisis económica, el Estado debe priorizar la salud de los ciudadanos argentinos. Por otro lado, a principios de octubre, el Poder Ejecutivo anunció que están considerando extender la medida a todo el territorio nacional.
¿Cómo funciona la ley?
En Argentina, la Ley de Migración 27.851, sancionada en 2004, divide a los extranjeros en cuatro tipos de residentes regulares: permanentes, temporarios, precarios y transitorios. En la primera y la segunda categoría entran aquellas personas que poseen un DNI y están habilitadas a permanecer por un período de largo o mediano o plazo en el país. El tercer grupo, en cambio, se utiliza para categorizar a los extranjeros que tomaron la decisión de radicarse por un tiempo prolongado, e iniciaron el trámite para obtener la residencia temporaria. A falta de un DNI, se les entrega un documento provisorio. El último tipo supone estadías de corta duración e incluye a turistas, pasajeros en tránsito, trabajadores migrantes estacionales y académicos, entre otros.
Según la nueva normativa aprobada en Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Cruz, los residentes precarios y transitorios estarán obligados a pagar un monto determinado para acceder al sistema sanitario. Si bien la normativa aclara que no se negará la atención médica en casos de emergencia, también agrega que, si la persona no puede solventar sus propios gastos, estos serán transferidos al país de origen. Mientras tanto, los residentes permanentes y temporarios no se verán afectados por esta medida.
Los valores de las intervenciones son bastante elevados y varían según cada provincia. Además, suelen actualizarse según el índice de inflación, el cual acumula una alza de 101,6% en lo que va del año. En Salta, por ejemplo, el día de internación cuesta $93.481 (95 USD), mientras que algunas cirugías, como una apendicectomía o una cesárea superan los $500.000 (510 USD).
Los tres mitos que sustentan la ley
En medio del debate sobre el arancelamiento de la salud para extranjeros, emergen diversos mitos que contribuyen a fomentar el estigma y justificar el retroceso en materia de derechos. La desinformación juega un rol clave en la formulación de estas premisas. Como se verá a continuación, los argumentos más utilizados por los gobiernos provinciales para avalar la medida carecen de fundamento empírico y son contrarios a los estudios realizados por investigadores y organizaciones de la sociedad civil. En paralelo, tiende a reforzar una narrativa, basada en la idea de que cierto tipo de migrantes -aquellos que provienen de países fronterizos- atentan contra el desarrollo económico y social del país.
1-Los extranjeros no pagan impuestos
Para Argentina, la llegada de Javier Milei a la presidencia implicó una profundización de la crisis socioeconómica, de la mano de la desaparición y el desfinanciamiento de las políticas públicas. Según un informe elaborado por el CEPA, en 2024, el Poder Ejecutivo disminuyó en un 40% el presupuesto destinado al Ministerio de Salud, mientras que en los hospitales públicos, el recorte fue de un 50%. En este contexto, varios gobiernos provinciales -en particular Mendoza y Jujuy- se excusaron en la falta de presupuesto para recaudar fondos entre los extranjeros que “no aportan al sistema impositivo”.
La normativa provincial recae sobre dos grupos: los residentes precarios y los transitorios. A menudo, las personas que se encuentran en la segunda categoría, buscan trabajo en Argentina y realizan la mayoría de sus consumos en el mercado interno. Esto implica que realizan aportes al sistema tributario, ya sea a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA), presente en cada compra, o mediante la inscripción en el monotributo, entre otros ejemplos.
Algo similar ocurre con los residentes temporarios. En Jujuy, Salta y Mendoza, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos económicos. En este contexto, los turistas extranjeros, aportan impuestos a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es importante tener en cuenta que la categoría también incluye a trabajadores migrantes estacionales o académicos, los cuáles, al estar insertos en el ecosistema laboral, son alcanzados por el sistema impositivo.
2-Los extranjeros colapsan el sistema de salud
El inminente colapso de los hospitales debido a la presencia de migrantes es uno de los argumentos más utilizados por los gobiernos provinciales a la hora de justificar el arancelamiento del sistema sanitario. Bajo esta perspectiva, la sobre demanda de los hospitales por parte de personas no residentes implicaría costos excesivos e implicaría la falta de camas o turnos para los locales.
A nivel nacional, no hay datos oficiales que den cuenta de la cantidad de extranjeros que se atienden en el sistema sanitario. En cambio, algunas provincias optaron por difundir información acotada sobre el tema. En abril de este año, el gobierno de Salta difundió una serie de cifras proporcionadas por cinco hospitales de la provincia, los cuales evidencian que la cantidad de pacientes extranjeros descendió de manera radical a partir de la nueva normativa. Aún así, en ningún momento se menciona la proporción de extranjeros en relación a los locales, así como tampoco hay información cuantitativa que dé cuenta del impacto real de los tours sanitarios. Además, los números citados provienen de cinco hospitales, mientras que en la provincia de Salta existen más de cuarenta centros de salud.
Frente a este panorama, en julio de 2024, la Fundación Soberanía Alimentaria publicó un informe en el que se evidencia que la atención de personas no residentes es inferior al 1% de las prestaciones totales que se brindan en el sistema de salud. El estudio deja en claro que, incluso en provincias fronterizas, como Jujuy, la tasa de extranjeros que egresan de los hospitales públicos es inferior al 0,28%. Por último, el análisis concluye que, teniendo en cuenta las cifras mencionadas, las propuestas de arancelamiento basadas en el pretexto del impacto económico o sanitario que la atención de extranjeros podría tener, resultan poco convincentes.
Otra de las premisas que sustentan la idea de que los extranjeros colapsan el sistema sanitario es la existencia de tours sanitarios. En una conferencia de prensa, Rodolfo Montero, actual Ministro de Salud de Mendoza, declaró que en los países limítrofes, hay personas que se dedican a ofrecer paquetes turísticos en los que el principal atractivo es un recorrido por los principales hospitales públicos de la provincia.
En relación a esto, Valeria Chiavetta, presidenta de la Asociación Ecuménica de Cuyo y coordinadora del Punto de Atención y Orientación para Personas Migrantes y Refugiadas, afirmó que no hay estudios concretos que demuestren el impacto del turismo sanitario: “Si este fenómeno de verdad ocurre, es en un nivel muy reducido y no representa un gasto significativo”.
Con el objetivo de obtener cifras oficiales que den cuenta de la cantidad de extranjeros no residentes que recurren al sistema de salud, este medio realizó reiteradas solicitudes de acceso a la información pública a los Ministerios de Salud de Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Cruz. En ninguno de los casos hubo respuesta.
3- En otros países te dejan tirado
En septiembre de 2023, varios medios de comunicación compartieron la historia de Matías Rosales, un argentino que murió luego de ser atacado a puñaladas en Oruro, Bolivia. Según la información publicada, el joven de 30 años habría acudido a un hospital, donde se negaron a brindarle atención debido a la nacionalidad extranjera. El hecho es real, y fue citado en múltiples ocasiones para justificar el arancelamiento del sistema sanitario para las personas no residentes. Sin embargo, no se tiene en cuenta que según un convenio firmado por los gobiernos de Argentina y Bolivia en 2023, cualquier argentino debe tener garantizada la atención médica en el sistema de salud boliviano. En todo caso, se trata de un episodio que ocurrió por fuera de lo establecido por la ley, y que refleja la xenofobia presente en el país vecino.
Aunque es cierto que en algunos países, como Estados Unidos o Alemania, los extranjeros tienen dificultades para ingresar al sistema sanitario, en cuatro de los cinco países que limitan con Argentina, el acceso a la salud está garantizado. En Paraguay y Brasil, los hospitales públicos brindan atención gratuita a los extranjeros no residentes, mientras que en Bolivia y Chile, están vigentes distintos tratados de reciprocidad. La excepción es Uruguay, donde los servicios sanitarios son pagos.
¿Cuáles son las consecuencias del arancelamiento del sistema sanitario para extranjeros?
Una semana después de que el gobierno de Mendoza autorizara el cobro de la salud a personas migrantes, el hall de ingreso al Hospital Público Luis Lagomaggiore amaneció con un cartel pegado en la puerta principal. En mayúsculas, aclaraba que los pacientes de nacionalidad extranjera deberán abonar la prestación médica, de manera previa a su realización. Abajo, figuraba un CBU para depositar el monto.
La escena sintetiza el grado de impasibilidad con el que se está aplicando la nueva medida. Al tratarse de una normativa reciente, no hay mucha noción sobre el alcance que podría tener. Sin embargo, desde la Fundación Ecunémica relatan que ya han tenido que acompañar en varias situaciones de migrantes que tuvieron problemas para acceder al sistema sanitario. Además, señalan que los carteles como el que colgaron en el Luis Lagomaggiore, contribuyen a que mucha gente decida no asistir a un médico ante una emergencia y ponga en riesgo su vida.
Otro de los puntos a destacar es que es probable que una de las poblaciones más afectadas serían aquellas que se encuentran bajo la categoría de residentes precarios. Como se mencionó en los párrafos anteriores, las personas que están en esta situación han iniciado los trámites para obtener la residencia precaria. Es importante tener en cuenta que el procedimiento burocrático que deben seguir para obtener la regularización no es sencillo y puede tardar hasta un año. En este sentido, Ezequiel Fernández Bravo, antropólogo especializado en migración y becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) explica que, con frecuencia, aparecen problemas vinculados a la falta de información, las complejidades burocrático-administrativas y la virtualización de una parte del trámite: “Muchos migrantes no tienen las habilidades necesarias para sortear los obstáculos, y terminan por recurrir a un gestor o a una organización comunitaria”.
A principios de 2024, el gobierno de Javier Milei incrementó el costo del trámite en un 1500%, complicando aún más la regularización. En relación a esto, Irvin Moncada, migranta colombiana e integrante de la Asociación Civil Bloque Migrante, señaló que ningún otro procedimiento administrativo aumentó tanto: “Esta decisión demuestra que, desde el Estado hay una intencionalidad clara de colocar obstáculos y discriminar a las personas migrantes”. También agregó que la medida tiene peores efectos sobre la población más vulnerable: “Es un precio impagable para una mamá que viene sola con dos hijos”.
De por sí, los residentes precarios se enfrentan a una serie de problemáticas relacionadas con el acceso a la vivienda o al trabajo formal. Lila Báez, integrante de la Secretaría de Trabajadores Migrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) relató que, previo a la sanción de la ley, habían escuchado varios casos de médicos que se negaron a brindar atención a migrantes debido a la falta de DNI. Para ella, la aprobación de leyes que habilitan el cobro por el uso del sistema sanitario a extranjeros en algunas provincias, abre una Caja de Pandora que en un futuro, va a permitir que los funcionarios y los profesionales de la salud de otras regiones del país impongan mayores barreras en el acceso a la salud.
En términos jurídicos, no caben dudas de que la normativa conlleva un retroceso en términos de derechos para las personas migrantes. Para Alejandro Mamani, abogado e integrante de Identidad Marrón, un colectivo que se dedica a problematizar el racismo estructural en América Latina, este tipo de legislaciones se apoyan en el estigma de que el extranjero boliviano, paraguayo y peruano roba: “En Salta y Jujuy, donde la ancestralidad andina está muy presente, el tema de los hospitales se utiliza como argumento para aprobar leyes muy cuestionables desde el punto de vista constitucional”.
Al igual que ocurre en la mayoría de los países, en Argentina, los migrantes son quienes realizan los trabajos más precarios y peor remunerados. Hermes Grance, migranta paraguaya y activista en derechos humanos explicó que a pesar de que la mano de obra extranjera proveniente de los países limítrofes es fundamental para el funcionamiento de la economía, es un chivo expiatorio en un contexto marcado por el saqueo al pueblo trabajador. El arancelamiento del sistema sanitario sería un reflejo de eso.
Como pudimos ver a lo largo de esta nota, la medida tiene poco que ver con la sostenibilidad económica, el colapso del sistema sanitario o la relación con los países vecinos. Como contraparte, aumenta las dificultades para que las personas migrantes puedan acceder al sistema de salud, a la vez que contribuye a reforzar estigmas basados en la desinformación.
Eliana es un nombre ficticio elegido por la entrevistada para resguardar su identidad.
