A mediados de 2020, a raíz del estreno de la serie televisiva “La Veneno” sobre la vida de la transexual española Cristina Ortíz, se desató en Twitter un debate entre españolxs y argentinxs respecto a las categorías utilizadas para nombrar a la protagonista del show. Los contendientes se acusaban recíprocamente de estar reproduciendo una perspectiva patologizante de las identidades trans* al utilizar la categoría transexual, emergida de los estudios psiquíatricos sobre la sexualidad a mediados del siglo XX, o bien de utilizar un término despectivo e insultante al nombrarla como travesti. Algunxs postulaban nombrar a La Veneno como una mujer trans adoptando una categoría surgida de los activismos en las últimas décadas.
El debate (estéril) pone en evidencia el pantanoso terreno de la identificación sexo-genérica cuando se trascienden las fronteras de los estados nacionales. La identidad travesti, que para lxs argentinxs y algunos países del cono sur latinoamericano es una categoría repleta de potencia política gracias a activismos como los de Nadia Echazú, Marlene Wayar y Lohana Berkins, representa un vocablo insultante y agresivo para otros países. La palabra transexual que para algunxs encierra el legado de la patologización, ha sido para otrxs una categoría valida desde donde disputar sus identidades, por ejemplo para Karina Urbina y las transexuales argentinas de los años noventa. Las distancias geográficas e históricas distorsionan la posibilidad de capturar en una palabra las experiencias identitarias, o quizás simplemente nuestras identidades son y serán siempre un género imposible de describir -y registrar- exhaustivamente.
Con la sanción del decreto 476/2021 el Estado argentino busca solucionar una trama compleja de dificultades que se hicieron presentes tras las demandas de muchas personas por ser registradas de un modo diferente al masculino/femenino actualmente en uso. El primer caso sucedió en Mendoza, tras la demanda de Gerónimo Carolina Gonzáles Devesa quien obtuvo por parte del registro civil provincial la rectificación de su partida de nacimiento sin declarar ningún sexo. Pero tal cómo señalamos en un artículo anterior, el sistema de registro de identidad de las personas articula a los registros civiles provinciales y el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) que funciona en la órbita del Ministerio del Interior. Por esta razón entre 2018 y la actualidad se expidieron en las provincias partidas de nacimiento rectificadas que no consignaban género o bien consignaban diversas denominaciones: autopercibido, no binario, indefinido, etc. Esto significó que se acumulen gran cantidad de casos de personas que aun habiendo obtenido la rectificación de sus partidas de nacimiento no pudieran acceder a un Documento Nacional de Identidad (DNI) que consigne esas nominaciones, debido al desafío técnico y burocrático que esto representaba para el ReNaPer.
En estos últimos tres años, solo en la provincia de Buenos Aires alrededor de 300 personas obtuvieron por la vía administrativa o judicial la rectificación de sus partidas de nacimiento para no consignar el género o registrar otra identidad por encima de o binario y están a la espera de poder contar con un nuevo DNI.
A mediados de 2020 se suscribieron acuerdos de trabajo mancomunado entre el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el Ministerio del Interior para avanzar en la tramitación de estos documentos. Había sido Victoria Tesoriero, titular de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, quien llevó la demanda del activismo al ministro Wado De Pedro y este, a su vez, le hizo llegar la propuesta al presidente.
Hoy finalmente esas instancias de trabajo toman forma en este decreto que establece fundamentalmente la existencia de un nuevo ítem en la categoría sexo de los DNI en donde además de M para masculino y F para femenino, se incluirá la letra X para incluir a las identidades “no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”.
¿Por qué una X?
Siempre me he identificado como una persona no binaria, incluso mucho antes de llevar ese limbo identitario al terreno de mi corporalidad. Hace muchos años hice un renunciamiento a la masculinidad y la categoría varón como expresión de quien soy. Le quite la declinación generizada a mi propio nombre y lo adopte como bandera. Hoy me considero travesti y no me molestaría tener una T en mi DNI, sin embargo tras mucha lectura e investigación me di cuenta que tener un documento con esa T podía responder sólo a una parte de lo que soy y brindar respuestas únicamente para determinados contextos de mi vida. Parte de vivir nuestras libertades travestis es poder imaginarnos en lugares y futuros utópicos, y yo también me he soñado a mi misma, y en esos sueños los documentos son sólo instrumentos.
Debemos preguntarnos qué son y para qué sirven los documentos, para así poder comprender sus límites y especificidades. Los documentos emitidos por el Estado cumplen funciones específicas que lejos están de producir una síntesis acabada de nuestras identidades. Fundamentalmente los documentos son herramientas: sirven al Estado para recabar aquella información considerada de utilidad a los fines de la vida social de las poblaciones. El presidente lo dijo hoy durante el acto de presentación del decreto: “lo que al Estado le interesa es registrar a Alberto Fernández, saber si cumple sus compromisos impositivos, saber si no lava dinero, si no delinque, eso es lo que le importa… ¿por qué le importa el sexo?”. Los documentos producidos en y por el Estado cumplen la función de registrar y dejar constancia de algunos aspectos de sus ciudadanxs que son útiles para la vida en sociedad. Ni más, ni menos.
La cuestión de la identificación de personas excede por mucho a los estados-nación y responde a lineamientos y disposiciones internacionales. En el decreto se mencionan clara y detalladamente cuáles son los acuerdos y convenciones internacionales a los que Argentina suscribe y por ende a los que debe adecuarse para la confección de los DNI. Es importante hacer notar que muchos países han avanzado en este sentido, por ejemplo Canadá, Nueva Zelanda y Australia. También muchos países en donde existen culturalmente otras formas de nominar a los géneros (India y algunos países del Medio Oriente) disponen de una tercera categoría para consignar algo distinto al binario M/F. El 30 de junio de este año el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que el presidente Joseph Biden disponía la pronta implementación de una tercera categoría en sus pasaportes y documentos a fin de respetar los derechos de las identidades no-conformes y la comunidad LGBTIQ+. Todas estas disposiciones internacionales han configurado un escenario gravitante que permite a la Argentina avanzar en un sistema de identificación que consigne otras formas de vivir el género por fuera de la masculinidad y la feminidad hegemónica.
Pero a la vez, este escenario internacional presenta oportunidades y restricciones: los documentos (y en particular los documentos de viaje) deben adecuarse a estándares internacionales y deben poder ser leídos por dispositivos automáticos de acuerdo a las tecnologías actuales. Es por esto que la X emerge como la mejor opción, debido a lo difundido de su uso a nivel internacional. Sin dudas la respuesta que el Estado argentino propone a través de esta X está repleta de limitantes, pero es una respuesta racional, estudiada, mesurada pero segura ante la posibilidad de seguir cometiendo errores que empantanen aún más la situación de quienes reclaman un documento que los represente plenamente. Ya había sido imprudente, aunque audaz, por parte de los registros civiles provinciales expedir partidas que luego no podían ser convalidadas por el ReNaPer dejando a cientos de personas al margen de la ley. ¿No habría sido imprudente expedir también documentos que consignen fórmulas de nominar el género que luego no pudieran ser reconocidas por fuera de las fronteras de Argentina? La decisión tomada hoy y llevada adelante por el Ministerio del Interior se muestra sensata y lógica aunque siga ocultando cuestiones importantes.
¿Al Estado le importa el sexo de la gente?
En su alocución el presidente preguntó a la audiencia: “¿Al Estado le importa el sexo de la gente?”. Resulta que sí, que al Estado sí le interesa el sexo de la gente. Los feminismos llevamos mucho tiempo denunciando las injerencias de los Estados en nuestras vidas y el rol que el sistema capitalista, moderno y patriarcal ha tenido en nuestras experiencias privadas y públicas. El discurso de Alberto Fernández, regado de consignas anexionadas en los últimos tiempos a la clave política de su gestión, nos habla con inocencia del Estado, ignorando que su función ha sido y es la de controlar a sus ciudadanos. El sexo siempre ha sido de su interés. La diferencia sexual es la matriz sobre la que reposan muchas de las desigualdades estructurales -y estructurantes- del sistema. Y esta es una realidad ampliamente trabajada y denunciada, de la que un Estado que se proclama feminista no debería hacer la vista gorda. Lejos de vitorear las palabras de Fernández que proclaman la necesaria abolición del género, debemos observar con cautela el devenir de las políticas públicas.
Si bien como feministas hemos denunciado por siglos el modo en que la diferencia sexual nos condenaba a espacios de segunda y nos colocaba en el escenario de las tareas de cuidado y reproducción, también hemos asentado nuestros activismos sobre esta diferencia y hemos logrado en los últimos años una serie de derechos y conquistas que necesariamente atienden la peculiaridad de nuestras identidades. Sin las categorías de género muchas de las políticas públicas y los derechos conquistados carecerían de sentido. La propia Ley de Identidad de Género no tendría razón de ser, la lucha por ser nombradxs como sujetxs del aborto, las leyes de cupo, la ley de prevención de la violencia de género, etc. Todo el andamiaje de nuestras demandas está asentado sobre la utilización que supimos hacer de las categorías con las que el amo nos subyugaba y que hoy son la plataforma de nuestras luchas.
Y es en ese sentido donde debemos entender que los documentos son una herramienta y no una certificación estatal de quienes somos. Los documentos y las legislaciones nos deben servir para alcanzar esos sueños, debemos poder valernos de ellos para circular, para comprar, para cobrar, para votar, para abortar, etc. En síntesis, deben servirnos para habitar la sociedad y la democracia. Después, nuestra identidad -si hubiera una última y verdadera- es nuestra propiedad más privada. La ponemos en juego en nuestras camas, en nuestros cuerpos, entre amigxs, con nuestrxs hijxs, en los sitios y experiencias que nos importan. Que sea nuestra propiedad, que la podamos retener como íntima y propia es salirnos un poco del panóptico, es escaparle unos metros al poder. En esa X controvertida y discutida, en esa X intrigante y compleja quizás tengamos una salida. Como en una ecuación la X es la respuesta. Nos permite desnudarnos a medias y dejar la duda, la intriga, la pregunta, el secreto. Nos permite seguir siendo habitantes de ese otro mundo, de ese lugar propio, en donde las únicas certezas que tenemos es que deseamos construir otras formas de vivir. La X nos permite hacer trampa y declarar lo que no somos sin decirle a los gobiernos quienes somos y eso está bien por ahora, porque a veces no todo lo que se nombra existe, ni todo lo existente desea ser nombrado.