“Aborto sí, aborto no. Eso lo decido yo”, cantaron las parlamentarias chilenas con remeras verdes en la entrada de la Cámara de Diputadas y Diputados. Las acompañaban, también, un grupo de activistas que se movilizaron para estar presentes en esta jornada histórica: el inicio del debate por la despenalización del aborto hasta la semana 14. La presencia de feministas en el Congreso se repetirá cada miércoles, el día fijado para el debate en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género que, con el empuje de la aprobación del aborto en Argentina, fijó fecha para discutir un proyecto que había sido presentado hacía dos años.
El debate se da en medio de una semana clave para la conformación de las listas de candidatxs para la Convención Constitucional, el órgano que con paridad de género y representación indígena, redactará una nueva Constitución para Chile.
El proyecto de ley en discusión, preparado por Corporación Humanas, busca la modificación de los artículos 342, 344 y 345 del Código Penal para que las penas previstas para la interrupción de los embarazos cuando la práctica no estuviera justificada por una de las causales, tengan vigencia sólo después de las 14 semanas de gestación.
La primera reunión tuvo un carácter mixto: presencial y virtual. Las diputadas escucharon a las representantes de las organizaciones feministas. La encargada del Programa de Seguimiento Legislativo, de la Corporación Humanas, Camila Maturana, aseguró que “la criminalización del aborto viola los derechos humanos de las mujeres, al afectar la autonomía en la toma de decisiones en cuanto a sus vidas y sus cuerpos”. Y compartió lo que es evidencia internacional: las restricciones legales al aborto no disminuyen su práctica ni tampoco la legalidad del mismo aumenta los casos de mujeres que deciden abortar.
También participó Gloria Maira, representante de la Mesa por el aborto, que dijo que la penalización de las actividades del aborto ha generado prácticas que afectan la salud y seguridad de las mujeres. “El aborto en tres causales no ha terminado con las practicas clandestinas”, agregó. Fortalecimiento de la democracia, más justicia y más vida para mujeres y personas gestantes fueron los tres ejes sobre los cuales argumentó.
Las diputadas firmantes de la iniciativa también hablaron. Camila Rojas (Comunes) reforzó la idea de los riesgos ocultos para la salud de las mujeres. “Despenalizar es la posibilidad, el primer paso, para sacar a las mujeres de la clandestinidad”, dijo a su turno.
Mientras que la diputada Karol Cariola (PC) aportó cifras que dan cuenta de los más de 22 millones de abortos inseguros al año a nivel mundial, así como de los más de 150.000 clandestinos que se practican en Chile.
Camila Vallejo (PC) recalcó que este proyecto no permite el aborto libre, gratis y seguro, como es el caso de Argentina, sino que este busca la despenalización de la interrupción del embarazo, hasta la semana 14 de gestión. Y reforzó su compromiso en insistir en una iniciativa en esa línea en un próximo gobierno.
También hablaron parlamentarias que se oponen a esta reforma como Ximena Ossandón (RN), que reclamó datos e información al Ministerio de Salud sobre los casos de aborto y los efectos para la salud de las mujeres; y, a Gendarmería, para que entregue la información sobre el número de mujeres efectivamente condenadas por abortar.
Las parlamentarias acordaron exigir esos datos al gobierno y pedir, además, al Ministerio de Salud estadísticas sobre muertes por abortos inseguros desde 1985 hasta la entrada en vigencia de la ley 20.030, en 2017, que legalizó el aborto por tres causales. Y exigieron, a su vez, números sobre cuántos abortos se hicieron en los últimos cuatro años.
“Nos decían que era imposible la paridad y que era imposible la gratuidad de la educación pero lo que pueda ocurrir en las calles. Y hoy tenemos gratuidad hasta el 70 por ciento y tenemos paridad. Espereo que tengamos una discusión abierta, sorora y fraterna. Un ejemplo en esta Comisión de cómo discutir temas que nos confrontan”, dijo a la salida de la audiencia la diputada Maite Orsini Pascal, presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.
Hasta 2017 en Chile el aborto era castigado sin ninguna excepción, una medida establecida por la dictadura de Augusto Pinochet. Hace tres años se despenalizó por tres causales: peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación. Sin embargo, como sucede en otros territorios las causales siempre son limitantes.
