“El fuego no es solo una tragedia ambiental: es una señal de alarma frente a un sistema que no escucha, no previene y no protege”, dice Cynthia Escares, bióloga y defensora del territorio en la región del Biobío, al sur de Chile. Su voz emerge desde la zona cero de una de las tragedias ambientales más graves que ha vivido el país en los últimos años. En medio del humo y la destrucción, sus palabras no son solo testimonio de lo que pasó, son también un llamado a entender el fuego como síntoma de una crisis mayor.
Desde el sábado 17 de enero y durante más de 15 días, el centro-sur de Chile se convirtió en un infierno. Más de 35.000 hectáreas fueron arrasadas por las llamas en las regiones de Ñuble y Biobío. Se registraron 28 focos simultáneos, más de 50.000 personas fueron evacuadas, 21 personas murieron, 817 viviendas quedaron completamente destruidas y se decretó el Estado de Catástrofe. El país entró en duelo nacional, mientras brigadistas nacionales e internacionales intentaban contener una emergencia que ya llevaba años gestándose.
“Desde el territorio, la sensación posterior a los incendios no es de cierre ni de normalidad, sino de profunda fragilidad. En comunas como Penco y en gran parte del Gran Concepción, lo que vivimos no fue solo una emergencia puntual, sino la materialización de una catástrofe largamente anunciada”, dice Escares. Para quienes habitan allí, la tragedia no fue inesperada: fue la consecuencia previsible de un modelo extractivo sin frenos, de la desprotección institucional y del avance sostenido sobre ecosistemas frágiles.
Una noche bajo fuego
Esa noche, Cynthia no durmió. Vive en Penco, una de las comunas más afectadas. Pasó horas en vela, con una manguera en la mano, intentando mojar su casa mientras las llamas se acercaban. “Mi casa no se quemó porque cambió el viento, pero estuvimos toda la noche tirándole agua, alerta, esperando. Muchas amigas perdieron sus casas”, recuerda. No hubo planificación que alcanzara: la diferencia fue una ráfaga de viento que desvió el fuego a último momento.
Lo que relata no es una excepción: más de 800 viviendas fueron consumidas en pocos días y la capacidad de respuesta colapsó frente a la simultaneidad y velocidad de los focos. La emergencia no encontró un sistema de prevención articulado ni mecanismos efectivos de contención. La comunidad enfrentó las llamas con los recursos disponibles, en muchos casos improvisando rutas de escape o redes de auxilio.
“El fuego no es solo una tragedia ambiental: es una señal de alarma frente a un sistema que no escucha, no previene y no protege”.
Penco y sus alrededores son parte de un ecosistema “ecológicamente diverso y sensible”, explica Cynthia, con quebradas, humedales y relictos de bosque nativo que han sido históricamente relegados en las políticas de uso del suelo. Estos territorios cumplen funciones ambientales esenciales: capturan carbono, retienen agua, regulan temperaturas, previenen deslizamientos e incluso actúan como cortafuegos naturales.
“La crisis climática ha profundizado todas estas tensiones”, advierte Escares. “Vivimos con menos lluvias, suelos más secos, vegetación estresada y temperaturas extremas que convierten el paisaje en un escenario propicio para incendios de rápida propagación”. El riesgo no se limita al calor del verano. Es una acumulación de presiones: falta de planificación urbana, ausencia de restauración ecológica y abandono estatal de zonas rurales y periurbanas.
Bosques industriales y paisajes inflamables
Uno de los factores que agravó la propagación del fuego fue la acumulación de residuos forestales en zonas cercanas a viviendas. Según un reportaje periodístico difundido por El Desconcierto, más de 4.000 hectáreas de desechos madereros —ramas, troncos y restos de tala— se encontraban esparcidas en el Gran Concepción. La Corporación Chilena de la Madera (Corma) había solicitado quemas controladas para eliminarlos, pero la autorización fue denegada debido al plan de descontaminación atmosférica. Las empresas no actuaron por su cuenta, pese a las advertencias.
“Desde los territorios se viene denunciando hace tiempo la ausencia de medidas preventivas reales, pese a advertencias técnicas claras”, sostiene Escares. La inacción no fue casual ni imprevista: “Investigaciones han revelado la existencia de más de 4.000 hectáreas de residuos forestales acumulados en el Gran Concepción, lo que confirma que estábamos frente a un polvorín del cual nadie se hizo cargo”, denuncia.
La responsabilidad fue reconocida incluso por autoridades de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Su director regional en Biobío, Esteban Krause, declaró que la eliminación de desechos era responsabilidad exclusiva de las empresas. Pero el modelo forestal no sólo falló en la gestión de residuos, su lógica misma de ocupación del territorio es parte del problema.
“El modelo forestal nos deja en una situación estructural de vulnerabilidad”, advierte Cynthia. Basado en monocultivos de rápido crecimiento como pino y eucalipto, este sistema transforma el paisaje en una fuente continua de biomasa seca, inflamable y sin biodiversidad. La plantación masiva en laderas y zonas de interfaz urbano-rural incrementa el riesgo y debilita la capacidad de regeneración del ecosistema.
Cynthia explica que en estos territorios existe una historia reciente de resistencia a proyectos extractivos —mineros y forestales— por lo que, para ella, la relación con los incendios no se plantea desde la especulación, sino desde la experiencia acumulada. “El modelo forestal industrial, con grandes extensiones de monocultivos y residuos sin manejo adecuado, ha creado un paisaje altamente inflamable”, afirma.
Incendios en tierras en disputa
Uno de los focos más intensos se registró en la zona de Penco-Lirquén, donde desde hace años se desarrolla una fuerte oposición social al proyecto minero de tierras raras que impulsa la empresa Aclara. Las llamas alcanzaron sectores cercanos a donde la empresa busca instalarse. En paralelo, las comunidades venían organizándose para participar de nuevas audiencias públicas.
“Como habitante del territorio, esta información no me resulta sorprendente, pero sí profundamente preocupante”, señala Cynthia. “Las imágenes satelitales que muestran focos iniciándose casi simultáneamente en distintos puntos refuerzan una percepción que ya existía en las comunidades: esto no fue un evento aislado ni azaroso”, resalta.
Aunque no existen pruebas concluyentes que vinculen los incendios con intereses extractivos, las comunidades insisten en la necesidad de investigar. La bióloga no afirma livianamente que estos incendios tengan una causalidad directa con proyectos específicos, pero sí sostiene que “el fuego opera funcionalmente dentro de un modelo extractivo: degrada ecosistemas, tensiona a las comunidades y facilita procesos de reconfiguración territorial”.
Desde el sur chileno, Escares relata que el avance del fuego se lee con la misma proporción de preocupación como de claridad política: “A medida que las comunidades se organizan, ejercen derechos y cuestionan proyectos extractivos, el territorio se vuelve más tensionado y expuesto”. Para la bióloga, esto no se debe a que las comunidades generen el conflicto sino, todo lo contrario, ya que ponen en evidencia las fallas estructurales del modelo de desarrollo y de la gestión territorial.
“El fuego opera funcionalmente dentro de un modelo extractivo: degrada ecosistemas, tensiona a las comunidades y facilita procesos de reconfiguración territorial”.
El patrón se repite: la destrucción de ecosistemas crea condiciones para que territorios antes protegidos se transformen en “zonas disponibles” para nuevas inversiones. Lo que era bosque, humedal o quebrada, tras el fuego se convierte en terreno degradado, más difícil de defender frente a los discursos del desarrollo.
Organización comunitaria frente al colapso
La respuesta más inmediata y efectiva ante el desastre no vino del Estado, sino de las comunidades. Redes vecinales, organizaciones mapuche, colectivos socioambientales y feministas sostuvieron la logística de evacuación, las ollas comunes, el abrigo y la información. Pero su trabajo no comenzó con el incendio.
“En este territorio, las comunidades mapuche, las asambleas y los colectivos ambientalistas no aparecen de la nada; son el resultado de años de trabajo, de defensa del agua, de los ecosistemas y de los espacios de significación cultural”, explica Cynthia. “Se organizan a través de procesos de información comunitaria, acciones legales, consultas indígenas, redes territoriales y formas de cuidado colectivo”.
Para estas comunidades, el fuego no es una catástrofe natural más, sino una advertencia política. “Existe la sensación de que, a medida que las comunidades se organizan, ejercen derechos y cuestionan proyectos extractivos, el territorio se vuelve más tensionado y expuesto”, afirma. En este escenario, la organización es también una forma de defensa activa.
Un Estado que no llega, una política que retrocede
Tras la tragedia, el gobierno chileno decretó el Estado de Catástrofe y desplegó fuerzas armadas y brigadistas. Pero la falta de preparación previa, de legislación y de presencia en los territorios rurales profundiza la sensación de abandono.
Camila Vallejo, ministra vocera del gobierno, reconoció que la Ley de Incendios lleva más de dos años sin avanzar en el Senado. “Está con urgencia desde hace meses y sigue durmiendo. No ha salido de la comisión de Hacienda”, dijo en entrevista con el canal de streaming Turno. La demora legislativa contrasta con la aceleración de los incendios y la expansión del riesgo.
En paralelo, el presidente electo José Antonio Kast prepara su asunción con una agenda económica centrada en el crecimiento. Su programa promueve la agilización de permisos ambientales, la reducción de impuestos a grandes empresas y la flexibilización de regulaciones. Su visión productivista del desarrollo subordina la protección ambiental al negocio.
No es un fenómeno aislado. En Argentina, el gobierno de Javier Milei sigue el mismo camino: recortes presupuestarios, desfinanciamiento de la Ley de Bosques y ausencia de prevención. En lo que va del verano, ya se registraron más de 40.000 hectáreas quemadas en la Patagonia, mientras se desmantelan los organismos ambientales y se reconfigura la propiedad privada de éstas tierras.
La simultaneidad de los focos, la debilidad institucional y la expansión del extractivismo revelan un patrón regional. El negacionismo climático deja de ser discurso para convertirse en política activa. El resultado es el mismo: ecosistemas devastados, territorios desprotegidos y comunidades abandonadas frente a la emergencia.
Después del fuego
Para Cynthia, la defensa del territorio, la justicia ambiental y el reconocimiento de los saberes comunitarios “no son demandas ideológicas, sino condiciones mínimas para enfrentar la crisis climática y evitar que estas catástrofes sigan repitiéndose”. Lo que ardió en el sur de Chile no fue solo un paisaje: fue también la posibilidad de sostener otras formas de vida.
La reconstrucción no puede limitarse a levantar viviendas o restaurar caminos. Debe incluir una revisión profunda de las políticas ambientales, de la relación entre el Estado y los territorios, y del rol de las comunidades en la gestión y defensa de sus entornos. Si no se transforma el modelo, lo que vendrá después siempre será más fuego.
