Primero fue el pueblo de Cali quien firmó su posición en el asfalto: “Cali antiuribista”, escribieron lxs manifestantes en letras blancas enormes. El gobierno colombiano definió este gesto como un acto vandálico y desobediente. La caracterización no logró frenar la acción que se replicó con celeridad en otras ciudades: Palmira, Buga, Bogotá, Yumbo y un largo etcétera. Todas se nombraban a sí mismas como “antiuribistas” y ahí se plantaban, como en una marcación de los límites. La impugnación al senador y ex presidente Álvaro Uribe fue también contra su delfín, Iván Duque. El paro nacional empezaba a convertise en un grito sostenido que continúa.
Desde el 28 de abril el pueblo colombiano se manifiesta en las calles de distintos puntos del territorio nacional en contra de la Reforma Tributaria o “Ley de solidaridad sostenible” que Duque presentó el pasado 15 de abril ante el Congreso. Según el informe de la Central Unitaria de Trabajadores, más de 500 municipios colombianos y 50 países del mundo se han movilizado en los últimos cuatro días en contra de las políticas de gobierno del actual presidente.
Con esta ley, el gobierno de Duque pretendía recaudar US$6.300 millones de dólares para enfrentar la crisis económica. Pero el aumento de impuestos previsto recaía sobre lxs más pobres.
Las protestas sociales no fueron espontáneas: han sido organizadas y cuidadas por las organizaciones de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, los colectivos LGTBIQ, feministas y con una importante representatividad comunitaria. Los registros audiovisuales dejan ver la llegada pacífica de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes desde sus territorios rurales hacia las ciudades urbanas para apoyar el paro con exigencias que amplían la lucha de derechos. Durante las marchas no existe una única bandera en el reclamo de la vida: el pueblo colombiano está hablando desde distintas enunciaciones y por esto las banderas de todos los pueblos y comunidades han sido evidentes en las protestas.
En la ciudad de Cali, donde la Alcaldía dictaminó toque de queda hasta el 2 de mayo, lxs manifestantes construyeron una wiphala gigante cuando la población urbana se encontró con los pueblos indígenas del Cauca. La protesta performativa también ha tenido lugar en otros lugares: en Bogotá D.C. y en Medellín se han visto eventos artísticos de la comunidad travestis y trans alrededor de la policía y del ESMAD. En la capital colombiana, los colectivos feministas cerraron las calles para reclamar autonomía de los cuerpos en contra de la violencia patriarcal y el derecho constitucional a la vida que ha sido violentado consecutivamente durante las jornadas con los actos brutales de la fuerza pública del ESMAD y la policía.
Mientras los medios hegemónicos colombianos, en particular la televisión, se encargaban de esconder las denuncias de la población, los medios alternativos se movilizaron en red para presentar información precisa de la realidad en las calles. En las redes sociales se evidenció la situación de alerta roja en la que se encuentra Colombia: la represión y violencia estatal no pudo ocultarse. Usuarixs particulares, organizaciones y organismos difundieron los maltratos, abusos y hasta el asesinato de un joven fue transmitido por Facebook. Otra vez ejecuciones extrajudiciales.
Según el último informe de Temblores.org, desde las 6 de la mañana del 28 de abril (#28A) hasta las 10 de la mañana del 3 de mayo (#3M) se registraron a nivel nacional: 1181 casos de violencia policial, con 142 víctimas por violencia física policial, 26 víctimas de violencia homicida, 761 detenciones arbitrarias en contra de les manifestantes, 216 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 17 víctimas de agresión en ojos, 56 casos de disparos por armas de fuego policial, más de 9 víctimas por violencia sexual y 56 denuncias por desapariciones en el contexto de las movilizaciones. Estas cifras se suman a los reportes de masacres que permanentemente publica INDEPAZ que muestran 33 masacres en el 2021 donde se cuentan a lídereses sociales, defensores de derechos humanos, representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y defensores de los recursos naturales.
El gobierno nacional y distintos actores del poder político dieron órdenes de militarizar las ciudades y así reformar el proyecto de ley tributaria a puertas cerradas de la Casa de Nariño. Finalmente el 30 de abril Duque tuvo que dar marcha atrás cuando anunció que construirá un nuevo proyecto de ley. La noche del 1 de mayo Duque ordenó al Ejército salir a las calles para “evitar más actos de vandalismo”.
Si bien, en un principio, el eje de las protestas fue la exigencia por el retiro de la Reforma Tributaria, el Paro Nacional se ha extendido de manera indefinida porque los pedidos que hace la ciudadanía son más amplios. Piden que se retire, también, el proyecto de la Ley 010 de la reforma a la salud porque es inconstitucional, puesto que no abarca de manera integral este derecho fundamental.
En estos días, varios colectivos y comunidades indígenas y afrodescendientes han pedido la renuncia del Presidente Iván Duque . También han reclamado la falta de responsabilidad política de la alcaldesa de Bogotá Claudia López y de Iván Ospina en la ciudad de Cali, después de vivir la ausencia de los protocolos de seguridad y la falta de control de los casos de violencia a los Derechos Humanos que se reportan a la Justicia Ordinaria en todo el territorio nacional.
Por otro lado, distintas organizaciones defensoras de derechos humanos han enfatizado en que la Fiscalía no omita las denuncias. Al ser remitidas hacia la Jurisdicción ordinaria, los casos pierden la garantía y visibilidad y que además tanto jueces como fiscales deben estar capacitados para identificar que estos casos hacen parte de graves violaciones a los derechos humanos y que no deben ser relacionados como actos del servicio de la función policial. Desafortunadamente lo ocurrido no es novedad: la protesta social ha sido un derecho constitucional que sistemáticamente ha sido violado por la policía nacional y la fuerza pública del Estado colombiano, pese al seguimiento que los defensores de derechos humanos y las organizaciones y colectivos, líderes y lideresas sociales hacen continuamente de las víctimas de abuso de poder de la institución que se hacen cada vez más evidentes.
El debate sobre una reforma policial urgente y estructural queda en evidencia una vez más en Colombia. Un nuevo estallido en la región y el alerta internacional no cesa.
