De cara a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que se llevará a cabo en Egipto en noviembre de este año, México se perfila para llegar con una agenda diplomática enfocada en adaptación, pérdidas y daños, y derechos humanos, mientras sus compromisos de mitigación continúan suspendidos por un tribunal desde 2021.
“Esta COP27 será muy particular porque no habrá entregables específicos, sino que serán procesos de negociación que culminarán en las siguientes COP, como la meta global de adaptación. Desde México nos enfocaremos en cuatro temas: adaptación; pérdidas y daños; financiamiento climático; y los temas transversales de Acción de Empoderamiento Climático, que incluyen la perspectiva de género, de derechos humanos y respeto de pueblos indígenas”, compartió Camila Zepeda, directora general para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en entrevista para Climate Tracker.
La diplomática aclaró que aún hay cosas por definir y que se están preparando con sesiones técnicas y reuniones con autoridades locales, poder legislativo y dependencias de la Administración Pública Federal para revisar lo que llevarán a la negociación, por lo que a finales de octubre se tendrá la agenda completa.
“Llevarán todos los grandes temas: adaptación, financiamiento, derechos humanos, género y soluciones basadas en naturaleza; excepto mitigación. Los asuntos transversales claramente tienen su importancia, pero nos encantaría ver una actualización más ambiciosa del compromiso de mitigación”, mencionó Anaid Velasco, gerente de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Si bien México es vulnerable a los impactos del cambio climático, también es responsable del problema al ocupar el treceavo lugar de los países más emisores de gases de efecto invernadero (GEI) del planeta —como el dióxido de carbono o el metano, que provocan el cambio climático—.
Pero esa responsabilidad contrasta con los compromisos de mitigación o reducción de GEI que actualmente tiene, y las organizaciones ambientales dudan que para la próxima COP27 el país resuelva esa suspensión y llegue con nuevos compromisos de mitigación.
“Tenemos que ponernos los anteojos de la realidad. Los tiempos legales en México son muy variables, hemos visto que los tribunales especializados, que es donde está nuestro amparo, tienen un aumento de casos, por lo que es difícil saber cuándo se resolverá. Sería más real tener una reelaboración que una sentencia”, dice Pablo Ramírez, campañista de clima y energía de Greenpeace México.
En cuanto a adaptación, los retos no son menores. Si bien en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de México, que está suspendida, se añadieron nuevas acciones como atender los impactos climáticos en el patrimonio cultural tangible, el problema es que no hay indicadores de adaptación. Por ejemplo, tener un número de Atlas de Riesgo publicados no significa que el país esté reduciendo su vulnerabilidad, subraya Velasco.
La delegación mexicana que asistirá a la COP27 estará integrada por representantes de la SRE, incluyendo a Zepeda, quien fungirá como jefa de negociaciones, y a Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Además de cuatro jóvenes —dos mujeres y dos hombres— quienes han sido capacitados para participar en el evento como negociadores.
Las NDC de México siguen suspendidas
En marzo de 2021 Greenpeace interpuso el primer amparo contra el Estado mexicano por no cumplir con el aumento de ambición de sus NDC, que son los compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático que adopta cada país integrante del Acuerdo de París.
De hecho, las NDC deben actualizarse cada cinco años, según mandata el mencionado tratado internacional, con el que 195 países se comprometieron a limitar el aumento de temperatura atmosférica a 1.5°C para evitar peores impactos climáticos en un planeta que ya se ha calentado 1.1°C.
“Ahora mismo las NDC se encuentran en suspensión definitiva por temas de regresividad. Seguimos esperando a que se resuelva el caso”, afirma Ramírez. El integrante de Greenpeace explica que la Secretaría de Medio Ambiente es la institución que formula estas NDC, junto con la asesoría técnica del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la revisión de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que coordina las acciones de 14 secretarías de Estado.
“Que las NDC estén suspendidas, gracias al amparo, no significa que el gobierno mexicano tenga que quedarse de brazos cruzados; debe trabajar para que se aumente esa meta de mitigación”, señala en entrevista Verónica Méndez, abogada del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA).
Las NDC que el país presentó en 2020 fueron solo una ratificación de las que tenía en 2015, cuando se creó el Acuerdo de París: mismos porcentajes de reducción de gases de efecto invernadero (22%) y carbono negro (51%), pero con una variación en la línea base —el umbral con el que se establecen las metas de reducción de emisiones—, lo que permitiría emitir más toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, explica Méndez.
Greenpeace promovió el amparo contra las NDC de México bajo el argumento de que vulneran el derecho al medio ambiente sano por no cumplir el principio de progresividad en el compromiso de mitigación de emisiones. Sin embargo, el tribunal máximo de justicia también incluyó la suspensión de los compromisos de adaptación, por lo que la ONG solicitó una aclaración que aún no se ha resuelto.
“En los hechos, es como si estuvieran vigentes las NDC de 2015, como si no existiera lo que ocurrió en 2020”, menciona Ramírez.
Por su parte, Méndez señala que AIDA presentó un documento (amicus curiae) ante el tribunal en apoyo al amparo de Greenpeace, el cual ofreció argumentos de derecho internacional, como la vinculación entre cambio climático y derechos humanos, que permitieron impugnar que, en aras de garantizar los derechos humanos, las NDC de mitigación tenían que ser más ambiciosas. “No sabemos en qué momento se va a emitir sentencia. Debería ser antes de la COP27, pero los tiempos de los juzgados son relativos”, agrega Méndez.
Al respecto, Zepeda compartió que las NDC están en proceso de consulta para su actualización, pero desconoce si estarán a tiempo para la COP27. Se buscó una entrevista con representantes de la Secretaría de Medio Ambiente, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Este tipo de amparo no ha sido el único en América Latina. En Brasil seis jóvenes activistas de las organizaciones ambientales Fridays for Future y Engajamundo interpusieron una denuncia contra el gobierno de su país por haber disminuido sus metas de reducción de gases de efecto invernadero que habían sido adoptadas en 2015.
“El litigio climático se está viendo como una de las herramientas más efectivas para exigir acción climática a los Estados, en el mundo y en América Latina. Pero en muchos países falta información para que los jueces puedan entender integralmente el cambio climático”, apunta la abogada de AIDA.
“Son un anclaje muy importante para señalar responsables y demandarles a los diferentes actores que reduzcan sus emisiones. La recomendación es especializarnos, porque lo que necesitamos las organizaciones es democratizar el tema”, sugiere Ramírez.
Los objetivos para la COP27
Uno de los objetivos de la COP27 y de la delegación mexicana será impulsar el tema de pérdidas y daños. El Fondo de Adaptación y otros fondos internacionales para financiar la adaptación al cambio climático de los países más vulnerables se centran en proyectos de mediano y largo plazo, pero no en eventos extremos que ocurren en la inmediatez, como sequías o huracanes devastadores. Se requieren esfuerzos no solo para refugios y atención humanitaria, sino para reconstrucción, pérdida de la cultura, daños económicos, señala Zepeda.
“Es fundamental que México comience a exigir que se reparen los daños, siempre y cuando aporte en la mitigación, sobre todo en el sector energético que es la principal fuente de emisiones”, sostiene Ramírez.
Otro de los temas que México buscará mostrar en la COP27 será la movilidad baja en emisiones. En un tuit publicado el pasado 12 de agosto, la periodista mexicana Adriana Pérez Cañedo mencionó que Iker Jiménez, director general de Impulso Económico Global de la SRE, adelantó que la delegación mexicana presentará en la COP27 un avance del mapa de ruta para la electromovilidad, que ha elaborado la cancillería y la Universidad de California para lograr la electrificación del transporte público sin que haya sectores rezagados.
La representante de la SRE puntualizó que, si bien ya solicitaron un espacio dentro de la COP para presentar la estrategia de electromovilidad, todavía esperan la confirmación de los organizadores. También pidieron otro espacio para mostrar avances del plan de acción de género y acción climática, donde darán seguimiento a la política exterior feminista y mostrarán qué han hecho distintos países en sus planes de acción climática.
Para esta COP27 el país implementará por segundo año el programa “Operación COP, juventudes embajadoras por el clima”, donde seleccionaron a cuatro jóvenes: Beatriz Charis, Valeria Horton, Antonio Díaz y Emiliano Reyes, para acompañar a la delegación diplomática mexicana que asistirá a las negociaciones.
“Una de las jóvenes que están participando proviene de una comunidad zapoteca, le pedimos que nos apoye en temas de agricultura y en la agenda de Acción de Empoderamiento Climático, que busca educar y empoderar a la sociedad para que participen en la toma de decisiones de proyectos climáticos. Dos jóvenes se centrarán en adaptación y pérdidas y daños; y uno más nos ayudará con el artículo 6 del Acuerdo de París, a ver, entre otras cosas, los nuevos mecanismos de mercado de carbono”, revela Zepeda.
Operación COP es una iniciativa de The Climate Reality Project América Latina, con apoyo de la UNICEF e instituciones locales, para capacitar a jóvenes que se convertirán en los próximos negociadores climáticos a nivel internacional. Se implementa en 7 países de la región: México, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Chile, Panamá y Paraguay.
México y la COP previa
Tras la COP26 el país se llevó a casa algunos compromisos internacionales a implementar en territorio nacional, como los establecidos en la Declaración de los líderes de Glasgow sobre bosques y usos de la tierra, que firmó junto con otros 144 países con el fin de detener e invertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra de aquí al 2030. En esta declaración, los países se plantearon acciones comunes como restaurar y conservar los bosques, reconocer los derechos de los pueblos indígenas y construir la resiliencia de las comunidades rurales.
Pero también hubo llamados internacionales a los que México no se sumó, por ejemplo, la Declaración Mundial sobre la Transición a la Energía Limpia que busca poner fin a las inversiones al carbón y eliminar este combustible fósil para la década de 2030. La iniciativa solo tuvo 23 países firmantes, incluyendo a Chile, Indonesia, Polonia, Egipto y España. México aún no deja claro si este año se unirá a este compromiso.
Zepeda explica que se trata de declaraciones políticas, que no provienen de un mandato de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es el tratado internacional que tiene como órgano de decisión las COP. Las declaraciones son llamados a la acción que generalmente hacen los países sedes de las COP, que buscan la adhesión de otras naciones. “Cada país tiene su proceso para estudiar y adherirse a esas declaraciones. En México se tiene que consultar a las dependencias de la Administración Pública Federal que tengan competencia en los temas de las declaraciones”, afirma.
Para Velasco, estas declaraciones a las que México se ha unido tienen que aterrizar en acciones concretas de política pública. “El país ya firmó la petición de metano en la COP pasada, ¿qué va a reportar sobre eso? Desde nuestra organización vamos a dar seguimiento a los compromisos de metano y también nos sumaremos a la exigencia del reconocimiento de pérdidas y daños en la COP27”, finaliza la experta del CEMDA.
Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.