Feministas, no son tiempos para ser ingenuas. En estos años crecimos, nos multiplicamos, instalamos en la sociedad miles de preguntas y con ello también creció la reacción a nuestras propuestas transformadoras. Una reacción organizada (y conservadora) que no está dispuesta a perder privilegios. En esa tensión, la cuestión fiscal y presupuestaria fue, es y será central. Ante el discurso que repite, una y otra vez, que no hay plata, la pregunta que se impone es: ¿hay o no hay plata para lo que realmente necesitamos?
Las feministas lo sabemos. Aún en los mejores momentos, la respuesta hacia nosotras siempre es un no. Mientras tanto, vemos pasar por el costado exenciones impositivas a grandes empresas, fugas, blanqueos y condonaciones de deudas millonarias. El contexto nos obliga a ser estratégicas y parte de esa estrategia es perderle el miedo a la discusión sobre la plata. La plata, la guita, un tema del que nos alejan desde chicas; una distancia que se profundiza con los años, con el uso del tiempo, con las oportunidades perdidas y las situaciones vividas, con los temas de conversación dentro y fuera de la casa. Las agrupaciones de la sociedad civil dedicadas a la fiscalidad, que son las que luchan porque haya más plata en los presupuestos estatales para transformar la realidad, están por llegar a un punto culminante. Entre el 29 de julio y el 16 de agosto, los países integrantes de la ONU se reúnen para escribir y votar una Convención Marco de Cooperación Fiscal que se le ponga freno a la evasión y que permita financiar el desarrollo sostenible. Para las reuniones previas a ese hito, la Alianza Global para la Justicia Fiscal trajo a la Argentina a Verónica Serafini, prestigiosa economista feminista de Paraguay. Actualmente es asesora en género y economía y coordinadora de grupo de trabajo de Economía Feminista de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd). En LATFEM, conversamos con ella para entender de qué hablamos cuando hablamos de justicia fiscal feminista y por qué tenemos que perder el miedo a hablar de plata.
— Si tuvieras que explicar por qué es importante vincular las agendas de fiscalidad con las de género, ¿qué dirías?
Porque, en general, las mujeres latinoamericanas han avanzado en las últimas décadas, pero no se han resuelto problemas que tienen que ver, por ejemplo, con las brechas y las desigualdades. Además queda un grupo grande de mujeres rezagadas en contextos de pobreza, de exclusión educativa y de salud. En algunos países hay que avanzar en indicadores que son básicos para la vida de las mujeres —como la mortalidad materna—, pero en muchos otros necesitamos seguir avanzando en términos de autonomía económica. Casi el 50% de las mujeres de la región no están en el mercado laboral, a pesar de que estudian, y toda su vida depende de alguien que generalmente es un hombre. Primero de sus padres, después de una pareja y, en la vejez, de los hijos. ¿Por qué hablo de esto? Porque para garantizar esos derechos y la reducción de desigualdades se necesitan políticas públicas, porque el mercado por sí solo no lo hace, y para financiar esas políticas públicas necesitamos recursos. Esos recursos tienen que venir de sistemas tributarios que sean justos.
En la mayoría de los países de América Latina recaudamos poco y mal. Tenemos bajas presiones tributarias para las necesidades, los niveles de crecimiento y la riqueza que tiene la región. Es decir, tenemos muchos ricos y altos niveles de crecimiento, pero recaudamos poco. Y, por otro lado, nuestros sistemas tributarios son injustos porque están sostenidos por impuestos indirectos, como el IVA, que pesan más en las poblaciones de menores recursos y en la clase trabajadora.
— ¿Cómo podría modificarse esto?
Necesitamos recaudar más, pero transformando las estructuras tributarias. Por ejemplo, necesitamos mirar con atención los privilegios tributarios, que también están concentrados en los sectores más ricos y que restan recursos. Además, tenemos que mirar los casos de evasión y de elusión tributaria: hay algunos datos que nos dicen que alrededor del 10% del PIB de la región está siendo evadido o son privilegios y exoneraciones tributarias. Ese 10% podría financiar lo que América Latina necesita en inversión en educación, en salud, en financiamiento de políticas de cuidado —algo que casi no tenemos—, en universalidad de los sistemas de protección social. Y todavía no estamos hablando de la elusión, es decir, el traslado de beneficios que hacen las grandes corporaciones de un país en el que generan renta hacia guaridas tributarias sin pagar impuestos. En esos casos es más difícil hacer el cálculo de qué porcentaje están eludiendo. Pero lo cierto es que sí hay recursos para financiar los derechos de las mujeres y la reducción de las desigualdades en la región. Por eso, es importante que cuando hablemos de derechos y de desigualdades de género comprendamos, como mujeres y como ciudadanía, de dónde podemos sacar esos recursos y cómo hacerlo de manera justa.
— Y en esa evasión y elusión, ¿hay además un componente de género?
Es difícil por la opacidad de los sistemas tributarios ponerle cifras y cuantificar. Cuando hablamos de flujos financieros ilícitos, hay algunos estudios que demuestran, por ejemplo, que el flujo financiero tiene un impacto en la trata de personas —que tiene un componente de género marcado en la región—. También son sumamente opacos los privilegios tributarios, que son otorgados fundamentalmente a los sectores más ricos y ahí las mujeres no se benefician, porque no están entre las más ricas del mundo, y privilegian los grandes capitales, de los que tampoco son dueñas las mujeres y diversidades. Ahí hay que hablar de los sesgos en el acceso a la información. Por ejemplo, cuando pensamos en subsidios a los sectores pobres —que sí reciben muchas mujeres—, están las listas, sabemos hasta en qué momento se embaraza una mujer que recibe un subsidio de 30 dólares, cuántos hijos tiene, si cumple o no con el trabajo, sabemos todo de ella. Pero de los subsidios implícitos a los ricos, como las exoneraciones tributarias, no sabemos nada. Aquellos registros que son para los ricos y que son masculinizados, son totalmente opacos, no están abiertos al público. Incluso, las exoneraciones tributarias al cuidado pareciera que están beneficiando más a los hombres porque son los hombres los que pagan esos impuestos personales y salen a comprar servicios de cuidado porque son los que ganan más. Hay un estudio en Brasil que encontró que los hombres blancos son los que se benefician de exoneraciones tributarias al cuidado, por ejemplo, con el IVA reducido al pago de guarderías.
— En Argentina, el Gobierno actual habla de los países desarrollados como países que tienen menos presión tributaria, más liberalización del mercado y menos gasto público. ¿Esto es así?
En cualquier país desarrollado, los impuestos a la renta personal son los que tienen mayor participación en la estructura tributaria. Aun así, la sociedad civil, los estudios y la academia están diciendo que en esos países también hay injusticias tributarias porque el impuesto a la renta personal está pesando más en los trabajadores asalariados y no en el 3% más rico. Entonces, además de la justicia tributaria a través de los impuestos a la renta personal, hay que discutir impuestos a la riqueza y a las grandes corporaciones.
Un país como Paraguay —que está en el extremo de las recaudaciones tributarias bajas con 10% de presión tributaria y 70% de impuestos indirectos— también se ubica entre los siete países de menor calidad de vida en cualquier índice de desarrollo humano y económico. Y, al mismo tiempo, es considerado como un “milagro económico” o como un “ejemplo de economía para las empresas”. Pero, ¿nosotras qué queremos? ¿Qué a las empresas les vaya bien o que a las personas les vaya bien? Un país donde un cuarto de la población vive en pobreza estructural y que no pudo salir de la pobreza aún cuando crecimos en 6% anual durante el periodo del boom de los commodities es un problema grave. Un país donde el 65% de la población trabajadora está en el sector informal, es decir, no tiene ninguna protección del sistema de seguridad social y no va a tener una jubilación.
Entonces, tenemos que preguntarnos en qué clase de país queremos vivir. ¿En países cohesionados, en países donde podamos convivir todos en el mismo lugar, con una estabilidad? Y no hablo solo estabilidad macroeconómica, sino también estabilidad en los hogares. Porque el discurso ortodoxo recalca mucho el rol de la estabilidad macroeconómica, pero se olvida de la estabilidad en los hogares, que está dada por la protección social. ¿O en un continente donde la protección social está muy fragmentada económicamente, donde los trabajadores formales tienen relativamente buena seguridad social, pero los trabajadores informales casi no la tienen —o tienen de menor calidad— y el 45% de las mujeres no accede a nada porque la seguridad social está vinculada al trabajo remunerado? Y todo eso a pesar de que las mujeres están produciendo alrededor del 17% del PIB en trabajo no remunerado. ¿Cómo hacemos que nuestra economía sea solidaria y recíproca con las mujeres que producen el trabajo no remunerado, pero que no reciben ese retorno por parte de las políticas de seguridad o de protección social? Y ahí necesitamos de nuevos impuestos que contribuyan a los sistemas de seguridad social y que brinden protección a toda esa población, independientemente de que entren o no al mercado laboral, porque de hecho están produciendo, están garantizando la reproducción social para que la economía tenga trabajadores productivos, integrados, cohesionados. Porque una economía llena de conflictos y con malestar social tampoco produce ni es productiva.
— ¿Qué es “el mito de los gastos corrientes” y por qué es importante que las feministas conozcan este sesgo?
Hay un discurso de la ortodoxia económica según el cual el gasto corriente —es decir, el gasto público en salarios e insumos— no sirve. Por ejemplo, hay reglas fiscales en la región que ponen topes al aumento del gasto corriente. Incluso en algunos países van más allá y dicen “podemos seguir endeudándonos, pero para gasto de infraestructura y no gasto corriente”. Eso en Europa se llama “regla de oro”. Sacan el gasto corriente de las posibilidades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Se considera que el gasto corriente es una plata que se va y no tiene retorno, cuando la misma ortodoxia económica dice en la teoría del capital humano que la inversión en educación y en salud sí tiene retorno.
Si nos vamos a la heterodoxia, incluimos también el cuidado que tiene altos niveles de retorno en muchos ámbitos. Por ejemplo, cuando las mujeres entran al mercado laboral se generan retornos en el sistema tributario porque consumen y vuelven a pagar impuestos. Cuando implementamos políticas de cuidados, se generan empleos; empleos que nuevamente, generan retornos y, si son empleos formales, no solamente retornos en el sistema tributario sino también en la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social contributivo. Pero esos retornos no son considerados hoy en el debate de la ortodoxia económica. Y son retornos porque parte de la inversión que se hace en cuidados vuelve por la vía del consumo y el aumento del empleo. Las políticas de cuidados tienen un gran contenido de gasto corriente porque son salarios igual que salud y educación. ¿De qué nos quejamos cuando el sistema de salud no funciona? De que no hay suficientes medicamentos o servicios de laboratorio, y todo eso es gasto corriente. Entonces, hay toda una mitología ahí detrás según la cual el gasto corriente no tiene retornos que nos termina afectando a las mujeres, pero lo cierto es que sí tiene retornos hasta dentro de la ortodoxia económica. Por eso, es importante debatir estos temas y contrarrestar todos estos discursos que no están basados en evidencia. Y cuando hacemos políticas públicas necesitamos hacer políticas basadas en evidencia.
— ¿Cómo ves ahora la discusión sobre la política social en la región?
En algunos países hay un retroceso en los últimos años. Y si no hay un retroceso, hay un estancamiento en el avance de las políticas sociales. Se estancó el gasto social y con la pandemia hubo retrocesos en muchos ámbitos. Entonces, hoy estamos viendo como mínimo un estancamiento que probablemente empeore y derive en un retroceso por el aumento de la deuda y las políticas de deuda que ya en la mayoría de los países están aplicando. Pero, por otro lado, el debate está siendo mucho más rico. ¿Por qué estamos introduciendo desde el feminismo el tema de los cuidados? Y ahí hay un debate muy interesante con relación a la protección social. Creo que son debates muy ricos que no solamente contribuyen a darle calidad al tema políticamente, sino también a la construcción de ciudadanía porque debatir políticas es un medio de construir ciudadanía y de construir el ideal de los derechos universales, que hoy también se están cuestionando.
Yo prefiero pensar que en algún momento todo este debate va a forzar avances o, por lo menos, va a frenar retrocesos. Creo que estamos viendo también las cuestiones más integrales, que los debates están teniendo una mirada más integral. Hoy tenemos que hablar de políticas de cuidado y de qué pasa con la crisis climática; tenemos que hablar de la inflación de alimentos y de la caída de los ingresos reales. Y también tenemos que hablar de cómo esa inflación de alimentos afecta a los cuidados. Creo que una buena señal es la fuerza que está tomando la economía feminista como disciplina, una señal de que estamos viendo las cosas desde perspectivas diferentes y más complejas.
— ¿Cómo analizas el desempeño de las recientes y jerarquizadas áreas de género en América Latina? ¿Logran tener esta mirada integral?
Creo que tenían la mirada, pero no el tiempo. No tuvieron el tiempo suficiente porque son temas muy nuevos. Cuando entramos al sector público, nosotras tenemos que pelear por eso con los propios pares, con aquellos que creíamos que eran aliados, pero que a la hora de la verdad van dejando estos temas rezagados porque siempre hay otras urgencias. Entonces, creo que son procesos y que necesitamos más tiempo.
— Por estos días, en la ONU se está debatiendo una nueva convención internacional para frenar la evasión y la elusión fiscal. ¿Cuál es la importancia de esa iniciativa?
Es una iniciativa fundamental porque hoy, en un mundo globalizado, el nivel de integración es tal que si nosotros queremos tomar medidas tributarias en nuestros países para aumentar las recaudaciones, no son suficientes las medidas a nivel nacional. Y eso es así justamente porque una parte muy importante de la evasión y de la ilusión fiscal se dan en contextos globales, de un país a otro. Y eso solo se puede frenar con normas internacionales porque una parte de nuestro sistema tributario se resuelve afuera de nuestros países. No solamente es importante hablar de la convención fiscal, sino también de la arquitectura financiera de la deuda porque una parte importante de nuestros conflictos de deudas se dirimen en juzgados internacionales.
— ¿Cómo resumirías la situación de América Latina hoy?
Creo que es un momento muy complejo para todos los países porque aún los países de América Latina que tienen gobiernos más o menos progresistas y con líneas claras de una mayor inversión en la gente, están teniendo muchos ataques; porque las élites siempre han sido las que más se han beneficiado y los años más claros de esto han sido el boom de los commodities, donde nuestros países crecieron al 6% o 7%, pero una parte importante de la población quedó en la pobreza y no se pudo redistribuir esa riqueza. Por eso, creo que el rol que tiene el movimiento feminista es fundamental para dar debates, respuestas y miradas alternativas, pero también debe ser en un marco de discusión global, no solamente nacional. Es importante la solidaridad internacional y también crear o trabajar en nuestros países para generar una ciudadanía que demande por sus derechos en un momento en que todo está en cuestión porque se están cuestionando hasta nuestros derechos más básicos. Es un momento en el que hay que poner todo el pensamiento y el cuerpo en disputar el desarrollo y el bienestar para todos.
