La inflación no cesa pero de momento exige soluciones que al gobierno nacional les son difíciles de plantear: cualquier mecanismo de desindexación que busque quebrar la inercia inflacionaria supone elegir ganadores y perdedores y esto acarrea un costo político y necesita plantearse a escala. Un ejemplo es la derogación supuesta de la Ley de Alquileres, es fácil distinguir quiénes perderán. Además el gobierno se ata al acuerdo con el FMI como estrategia para no empeorar las cuentas externas y “como ancla” (ya que propone atenuar desequilibrios macro) y el acuerdo justamente plantea indexar: tarifas, dólar. Esos precios no deben quedar “atrasados” respecto de la inflación entonces, como se dice, el acuerdo es en sí inflacionario. La política social, la moratoria previsional están bajo el ojo de la tormenta. Bajo el firme rechazo del FMI y de momento no encuentran salvoconducto.
Atada de pies y manos, la política se concentra ahora en tornar administrables las tensiones cambiarias: robustecer las reservas del Banco Central para restar presiones sobre el tipo de cambio oficial y así poder abastecer a la demanda de dólares principalmente para importaciones, y además intervenir en los mercados financieros paralelos cuya cotización empieza a impactar también sobre los precios domésticos. Hay buenas noticias, como la puesta en marcha de Vaca Muerta y la caída internacional de los valores de la energía que permitiría ahorrar unos 4.000 millones de dólares netos, y malas noticias como la sequía histórica que redundaría en pérdidas por 15.000 millones de dólares estimados en exportaciones agrarias. Naturalmente las reservas en Argentina presentan una tendencia a la baja, toda vez que la demanda de la divisa verde excede a la capacidad de oferta en el mercado, pero ante la actual coyuntura la tensión cambiaria es mayor y el gobierno advierte que podría ir in crescendo de la mano del nerviosismo que infunde el año electoral.
La coyuntura
El primer trimestre del año fue negativísimo en materia de inflación y reservas, aún así esto no logró horadar el poder político del ministro de Economía, Sergio Massa, quién se mostró activo, buscando respuestas de cara a un abril menos opaco. Como se dijo, el margen de maniobra de la política es bajo en cuanto a la inflación: los precios subieron en promedio 13% en el primer bimestre del año producto del aumento de algunos precios regulados (tarifas de servicios públicos, combustibles, transporte, comunicación vía internet y Tv por cable, salud) y especialmente de los alimentos (carnes, frutas y verduras). La canasta básica alimenticia, con la que se mide la pobreza en Argentina, subió 20% en el primer bimestre. Son variaciones récord que no se veían desde los meses previos a las hiperinflaciones de 1989 y 1991. Si bien no se avecina un desmadre, para marzo las consultoras privadas anticipan un aumento de los precios en torno al 7% mensual, con importantes alzas en regulados (se suma la cuota de colegios privados) y una menor presión del rubro de alimentos.
Aún así las empresas alimenticias presionan cada vez más por quitar los pies del plato de Precios Justos, máxime si el gobierno no entrega los dólares para importar insumos que les había prometido.
En lo que va del año las reservas del Banco Central quedaron en niveles críticos, según estimaciones de la consultora Equilibra se vendieron 5.860 millones de dólares de reservas netas solo en el primer trimestre: alrededor de 2.000 millones se usaron entre enero y febrero y más de 2.000 millones apenas en marzo. Se trató del peor primer trimestre desde que se registran las series históricas a partir de 2003. El Banco Central vendió divisas para pagar deudas provinciales y empresariales, costear importaciones (aunque vienen disminuyendo en los últimos meses) y para asistir a una demanda financiera de empresas e individuos que sigue alta pese a las restricciones vigentes. Por el lado de la entrada de divisas, la liquidación de las exportaciones de productos agroindustriales y derivados se recortó a la mitad respecto del promedio de años anteriores, también se ubica en mínimos históricos.
La situación es de emergencia, todavía no de crisis. Y en ese sentido resultan juiciosas las recientes decisiones de política económica encaradas por Sergio Massa, aún reconociendo sus costos y falencias.
Las medidas del gobierno
El viernes 31 de marzo, Sergio Massa adelantaba desde Washington que anunciaría el “dólar agro” a su regreso. En Estados Unidos el ministro limaba las asperezas con el FMI, que no le bajó el pulgar al acuerdo pero tampoco perdonó potenciales incumplimientos fiscales. Consiguió que no se cayera el acuerdo y una consideración sobre las metas de reservas para el primer trimestre, las cuales se tornan necesariamente más exigentes a partir de abril aunque también se revisó la meta anual. El “dólar soja” tendrá vigencia entre el lunes 10 de abril y el 31 de mayo y el “dólar agro” para las economías regionales durará 5 meses, en tanto son contratos de exportación que aún no se celebraron. La cotización será de 300 pesos, lo cual representa una mejora del 42% respecto de la paridad oficial de 210 pesos.
Como cualquier medida de política económica, acarrea sus costos y falencias. Entre los primeros se cuenta la diferencia que abonará el Central pues pagará 300 pesos por cada dólar que le venda el agro pero cobrará 211 por cada dólar que le venda a los importadores, el costo estimado en alrededor de 0,2% del PBI será financiado por el Tesoro (ver más abajo). Por otro lado existen potenciales costos económicos ya que la medida podría redundar en más inflación. Especialmente en el caso de los productos regionales, que inciden de manera directa en la canasta alimenticia: si el exportador pasa a recibir más pesos por cada dólar vendido entonces apuntará a percibir similar ganancia por sus ventas en el mercado interno, es decir subirá los precios. De allí los requisitos que impuso Economía a las empresas que quieran participar del Programa de Incremento Exportador: que además deberán entrar en Precios Justos, mantener los niveles de abastecimiento en el mercado interno y de empleo (todavían restan precisiones respecto de estos criterios).
Entre sus falencias está la duda de si representa un “mecanismo de incentivo mutuo”, que compensará a productores por las pérdidas ocasionadas por la sequía y al Banco Central permitirá asegurarse una buena cantidad de reservas, como lo definió el ministro, o se trata de una medida que tiende a favorecer la concentración de la riqueza y la heterogeneidad al interior de las cadenas de valor, puesto que quienes resultan en verdad beneficiados no son los pequeños productores (primer eslabón de la cadena) sino los grandes exportadores o comercializadoras (que concentran las ventas en el eslabón final de la cadena). Estos son quienes poseen los dólares y estos no fueron los afectados directamente por la sequía. A favor del gobierno se puede aducir que no es posible cambiar la estructura económica de un país previo a lanzar una medida económica y que ha venido atendiendo la situación de emergencia de productores con otras medidas.
Es una transferencia de ingresos desde los sectores con menos recursos –que verán limitada la asistencia del Estado que privilegiará destinar sus escasos recursos a financiar este Programa- hacia los que siempre han concentrado la riqueza del país. Es que la coyuntura, de emergencia, podría empeorar para todxs.
Por otro lado, hacia el 22 de marzo el equipo económico anunció un canje voluntario de la deuda pública en dólares emitida bajo Ley nacional en poder de organismos públicos nacionales, entre los que se destacaba el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Anses, principal financista de la política pública a través de la adquisición de esos títulos. La oposición política otra vez descarriló en sus acusaciones diciendo que se desfinanciaría al sistema de jubilaciones y pensiones, sin entender el sentido original del Fondo ni atender a que el canje en realidad lo beneficiaba. El lado B de esta medida es que aumentará la oferta de esos títulos (mayormente Bonares) en el mercado pues el Tesoro los utilizará, centralizadamente, para abastecer la demanda de bancos, aseguradoras y fondos de inversión en lugar de permanecer inmovilizados, por ejemplo en Anses. Así el gobierno se garantiza fuentes de financiamiento en un año electoral donde la demanda por títulos públicos en pesos suele escasear y adquiere instrumentos que le permiten regular el precio de los dólares paralelos, cuya cotización depende de la paridad de esos Bonares.
Existen costos financieros que el Estado deberá cubrir dada la diferencia de precios al que serán vendidos los Bonares vis a vis el precio al que los adquirió, pero el control del CCL y el dólar Mep siempre involucra costos. En un escenario de escasez de divisas, además, cada vez más empresas se hacen de los dólares necesarios para importar por esta vía de modo que los dólares financieros terminan influyendo sobre los precios domésticos. Por otro lado, las necesidades de financiamiento del Tesoro aumentan en año electoral pari passu cae la demanda por títulos públicos y en el marco de una menor recaudación por retenciones dada la sequía, la desaceleración del crecimiento económico y el Programa de Incremento Exportador. Nuevamente: hay poco margen de maniobra, y el FMI que no afloja.