Acompañamos a leer esta triste historia: el 2024 estuvo marcado por incontrolables incendios forestales, inundaciones y sequías históricas, tormentas extremas y desbordes de ríos que azotaron a la región con una frecuencia y magnitud alarmantes. Estos eventos no son desastres aislados ni caprichos de la naturaleza; son expresiones de una crisis desatendida que encuentra su raíz en un modelo económico extractivista y depredador que no solo no se detiene, sino que se intensifica.
A nivel global, el planeta superó el umbral de 1,5 °C de calentamiento global, una meta fijada en el Acuerdo de París de 2015 para evitar los peores impactos de la crisis climática. Este aumento en la temperatura contribuyó a un promedio de 41 días adicionales de calor peligroso en todo el mundo, según el informe anual de World Weather Attribution y Climate Central. De los 29 fenómenos meteorológicos estudiados en dicho informe, el cambio climático amplifico 26, dejando un saldo devastador de al menos 3.700 muertes y millones de personas desplazadas. Sí, millones.
En ese marco, la situación de América Latina y el Caribe no fue una excepción y experimentó fuertes catástrofes. En el Amazonas y las tierras altas de Colombia y Perú, la sequía está dejando a comunidades enteras sin agua para consumo humano y para sus cultivos, mientras los incendios forestales arrasan con la biodiversidad en Bolivia y Brasil. Estos incendios no solo son consecuencia del cambio climático, sino también de políticas que, directa o indirectamente, facilitan la expansión de la frontera agrícola y la extracción de recursos. Sucede, ni más ni menos que en la Amazonía y sus alrededores, el pulmón del mundo. Porto Alegre, por su parte, vivió en mayo de 2024 la peor inundación en más de un siglo, mientras que tormentas tropicales como Sara devastaron Honduras en particular y a todo el Caribe en general, afectando a miles de familias.
A la par de estas catástrofes, los proyectos extractivistas siguen avanzando sin freno. En los salares altoandinos, donde se encuentra gran parte del litio del planeta, las empresas multinacionales expanden su presencia sin considerar los impactos sobre los ecosistemas y las comunidades locales. La narrativa oficial suele presentar estas inversiones como necesarias para el desarrollo, pero en realidad perpetúan un modelo que explota la región mientras agrava la crisis climática que nos está devorando. Estos eventos no son señales de alarma aisladas; son advertencias de un planeta al límite.
Defensores y defensoras del territorio: una lucha bajo amenaza constante
América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la tierra y el medioambiente. Según el informe anual de Global Witness, en 2023 fueron asesinados 196 defensores y defensoras a nivel global, y el 85 % de esos crímenes ocurrieron en la región, con Colombia, Brasil, México y Honduras como los países más letales. Aunque el gobierno de Gustavo Petro en Colombia logró reducir significativamente los asesinatos respecto a años anteriores, el país sigue encabezando la lista, con 79 víctimas. Honduras, por su parte, mantiene la mayor tasa de asesinatos, consolidándose como un territorio hostil para las comunidades indígenas y afrodescendientes que resisten proyectos extractivistas.
En Honduras, el asesinato de Juan López, líder del Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, expone la vulnerabilidad de quienes luchan contra proyectos extractivos en territorios protegidos como el Parque Nacional Carlos Escaleras. A esto se suma la persistente persecución contra el pueblo garífuna y su lideresa Miriam Miranda, quienes enfrentan desplazamientos y hostigamientos por defender sus derechos ancestrales. La justicia para Berta Cáceres, limitada hasta el momento a los autores materiales, deja en evidencia la falta de voluntad política para abordar las estructuras que perpetúan la violencia contra los defensores.
Este panorama refleja un patrón alarmante: la violencia no es solo un acto individual, sino una estrategia para desarticular resistencias frente al modelo extractivista que avanza sin freno en la región. Los ataques a defensores y defensoras no solo tienen un impacto humano devastador, sino que también destruyen las posibilidades de un futuro justo. Aunque acuerdos como el de Escazú ofrecen herramientas para proteger a quienes luchan por sus territorios, su implementación sigue siendo insuficiente, especialmente en países como Honduras, donde ni siquiera ha sido ratificado. La defensa del territorio continúa siendo una tarea urgente y peligrosa en América Latina y el Caribe.
Resistencias territoriales en un mundo en crisis
En un panorama dominado por la desatención y el saqueo, la resistencia de las comunidades y organizaciones en América Latina y el Caribe emerge como una chispa de esperanza. En Catamarca, Argentina, un fallo histórico de la Corte de Justicia de la provincia suspendió la actividad minera de litio en el Salar del Hombre Muerto hasta que se realice un estudio integral de impacto ambiental. Impulsado por comunidades indígenas y asambleas socioambientales, este logro no solo frenó proyectos en marcha, sino que abrió la puerta a la intervención de organismos internacionales como la CIDH a través de una presentación realizada por la Alianza por los Humedales Andinos en la sede de Washington. En un contexto donde los humedales altoandinos, esenciales para la regulación climática, están bajo amenaza, esta victoria resalta la importancia de proteger ecosistemas clave frente a la crisis climática.
En Guatemala, el retorno de la lideresa Lolita Chávez a su territorio tras años de exilio forzado es un faro de esperanza para defensoras de todo el continente. Este regreso, acompañado de una delegación internacional, no solo marcó la desjudicialización de causas en su contra, sino también una reafirmación del compromiso de las comunidades en proteger sus territorios frente al extractivismo y la militarización. Lolita, feminista comunitaria, recordó que el cuidado de los territorios es inseparable de la justicia para los pueblos indígenas, destacando el rol de las mujeres y disidencias en las luchas contra el despojo.
En Brasil, mientras los incendios y la deforestación devastan la Amazonía, movimientos indígenas y organizaciones ecologistas resisten con fuerza. A pesar de las contradicciones en las políticas del gobierno de Lula, que combina compromisos climáticos ambiciosos con la aprobación de proyectos extractivistas, las comunidades locales luchan para preservar los biomas críticos del país. La COP30, que se celebrará en 2025 en Belém, Amazonía, es vista como una oportunidad para poner en el centro del debate global las demandas de estas resistencias y exponer las contradicciones del modelo desarrollista.
El caso de Berta Cáceres, asesinada en 2016 por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sigue siendo un símbolo de esta resistencia. Aunque se logró condenar a varios de los responsables materiales de su femicidio político, la justicia aún es parcial: los autores intelectuales y las estructuras empresariales que promovieron su asesinato permanecen impunes. El legado de Berta, que defendió con su vida el río Gualcarque y la autonomía de su pueblo Lenca, continúa inspirando a quienes resisten el extractivismo y luchan por la justicia ambiental en toda la región.
Ciertamente el 2024 fue un año marcado por retrocesos alarmantes en materia ambiental y un contexto hostil para quienes defienden los territorios. Los incendios, la sequía, la deforestación y el avance del extractivismo dejaron una huella devastadora en los ecosistemas y en las comunidades que los habitan. Sin embargo, en un escenario desolador, las pequeñas resistencias en América Latina y el Caribe continúan marcando un contraste contra el avance de la crisis. Fallos judiciales, movilizaciones comunitarias y la defensa cotidiana del agua y la tierra son gestos que, aunque insuficientes para revertir el modelo de saqueo, sostienen la lucha por la vida y los territorios.
