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El 30 de agosto la tasa de política monetaria (tasas de LELIQS) cerró en 83,26%, el valor máximo desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri. A principio de mes la tasa ya era muy alta (60,64%) e incompatible con la mayoría de las actividades productivas. Esto tiene su correlato en el nivel de empleo, especialmente en el sector industrial: entre junio de 2019 (último dato disponible) y junio de 2015 se perdieron 150 mil puestos de trabajo en el sector privado registrado. El grueso de la caída se produjo en la industria, con una retracción de 12%. La tasa de desempleo llegó a 10,1% el primer trimestre del año, siendo muchísimo más grave para las mujeres menores de 29 años: casi 1 de cada 4 esta desocupada. En este contexto es razonable el resultado de las elecciones primarias del 11 de agosto, aunque su contundencia haya asombrado a la mayoría de la oposición y el oficialismo. ¿quién diría que el precio de la leche resultó mucho mas significativo para explicar el voto que la protección mediática desplegada y la inauguración de obras?

Agosto de 2019 terminó el 1 de septiembre, cuando el domingo finalmente se anuncia, mediante publicación en el Boletín Oficial y sin mediar declaraciones de ningún funcionario, la reinstalación del control de cambios y obligación de ingreso de los dólares provenientes de las exportaciones. El Decreto de Necesidad y Urgencia 609/2019 asigna la responsabilidad de la crisis desencadenada “al proceso eleccionario”, y sin mas impone el pragmatismo y regresa al punto de partida. O casi…. porque en menos de cuatro años el dólar pasó de $9 a $61 (al viernes 30/8) y sumando la Formación de Activos Externos (coloquialmente conocido como fuga) y el pago de intereses se fueron 150 mil millones de dólares. Volvimos al FMI y la deuda externa vuelve a ser una pesada cruz que condiciona tanto la economía como la política.  Las inversiones prometidas en campaña nunca llegaron, y en cambio, sólo entraron dólares especulativos que ahora se están yendo (o probablemente ya se fueron) en estampida.

Las medidas de control de cambios resultan razonables cuando los dólares de las reservas caen al ritmo de estos últimos días: sólo en agosto se perdieron casi US$ 14 mil millones y el fatídico viernes 30 salieron US$ 1943 millones. Pocos días hubieran durado las reservas de libre disponibilidad a este ritmo, 20 como máximo. Si el control de cambios es razonable en este contexto, el default resulta una medida de lo más irracional y dañina. Tiene un impacto directo sobre la economía real. Además, considerando el curso de las decisiones tomadas, era totalmente innecesario. El default suspende el pago de letras en pesos, lo cual tenía sentido siempre que se intentara frenar la conversión a dólares. Algo que en presencia de control de cambios estaría limitado sin necesidad de entrar en incumplimiento. Por su parte, el pago de las LETES con dólares de las reservas era absolutamente plausible si paralelamente se regulaba la fuga que se produjo los últimos días. Puede apreciarse que los supuestos beneficios del default se diluyeron frente a las medidas tomadas apenas cuatro días más tarde. 

El default (rebautizado reperfilamiento) de las letras de corto plazo anunciado el 28 de agosto por el ministro de Economía Hernán Lacunza generó que Estándard & Poor (S&P) califique como Default Selectivo a las letras involucradas, aunque luego de 24 hs elevara la nota. Otra calificadora (Fitch), por su parte, indicó que se trata de un default restringido. Las consecuencias de este evento se harán sentir al momento de emitir nueva deuda y volver a los mercados, tanto para el Estado como para las empresas argentinas. Consecuencias que se harán notar durante la próxima gestión. Mientras, la acumulación de vencimientos en 2020 le sirve tanto al mercado como al actual gobierno para presionar y condicionar a la oposición en el sentido de aprobar apresuradamente en el Congreso un programa de reestructuración de la deuda de largo plazo y con el FMI en condición de desventaja para nuestro país y en contradicción con su base electoral.

Otras consecuencias de tal reperfilamiento resultan más inmediatas en un país donde un horizonte de 6 meses parece futurista: el capital de trabajo de numerosas empresas se encuentra comprometido, amenazando la cadena de pagos cuando a partir del lunes se deberían abonar sueldos y pagos a proveedores. En una economía inflacionaria, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) constituyen una herramienta de gestión de la liquidez. El funcionamiento es simple: los inversores suscriben cuotapartes, que constituyen una pequeña porción del total del fondo, mientras que los administradores gestionan la política de inversión en diferentes activos. En virtud de la gran cantidad de suscripciones, los FCI permiten la entrada (suscripción) y salida (rescate) de las cuotapartes independientemente del momento. Mientras todo estuviera estable, se permitiría obtener una rentabilidad sobre cualquier capital del que se disponga temporalmente -aunque fuese por unos días- ya que continuamente habría nuevas suscripciones y rescates. Una política muy extendida entre empresas, comercios y hasta entidades públicas y hogares era ir comprando cuotapartes a medida que ingresaban los fondos para rescatarlas al momento de realizar los pagos. De esta manera, el capital de trabajo (que es el capital en efectivo, o líquido) que las empresas deben tener para gestionar el día a día, no se depreciaba frente a una inflación promedio mensual de 3%, siendo posible, incluso, compensar financieramente una parte de la caída en ventas. Al momento de declararse el default, esto afectó especialmente a los FCI que tienen en su cartera altas proporciones de las letras afectadas cayendo la cotización de las cuotaspartes hasta un 65%. En definitiva, si se pretende rescatar el capital invertido, se enfrentarán fuertes pérdidas.

En el mismo sentido, el default dejó expuesta las posiciones financieras de algunas provincias. Según una nota publicada en diario Clarín el 1 de septiembre, fueron diez las provincias atrapadas por un total de US$ 1250 millones. Siendo las más comprometidas las provincias gobernadas por Cambiemos, que según el autor de la nota del periódico citado, invirtieron por pedido expreso de Mauricio Macri. La Provincia de Buenos Aires, con US$ 500 millones, Mendoza US$ 234 millones y CABA US$ 123 millones.

Queda por último destacar que habiendo tomados las medidas a su alcance para condicionar a un futuro gobierno y luego de veinte días de insistir echando nafta al fuego, recién al finalizar agosto y presionado por las circunstancias Cambiemos toma por fin, una decisión atinada. Sin ser el control de cambios la opción más feliz y sin estar exenta de peligros, resulta la más aceptable en el contexto de la emergencia. A pesar de esto, el gobierno insiste en hacer cargo a la oposición por las decisiones erradas que los condujeron a la crisis actual. Sólo enumeraremos algunos ejemplos que hubieran evitado este desenlace:  pudieron no acudir al FMI en 2018, cuando el mercado dejó de prestarnos. O bien, aun habiendo acudido al Fondo pudieron respetar el cronograma de desembolsos pactado inicialmente. Pudieron haber reconstituido el salario real en 2018 después de devaluar y habrían podido bajar la tasa de interés reactivando el consumo y el mercado interno.

Recién después de haber perdido las elecciones primarias como consecuencia de apostar por un modelo de valorización financiera en detrimento de la producción, y en medio de una crisis sistémica, comprobamos duramente que, en política y economía, una vez más la realidad se impone al dogma. Claro que el costo del aprendizaje lo asumimos todos los argentinos -en especial los y las más humildes- midiéndose en Calidad de Vida, puestos de trabajo perdidos, destrucción de la industria y el ahorro, hambre y pobreza.