Mailén tiene 25 años. Vive en Mar del Plata. La Feliz, como le dicen. Agarra el celular mientras se toma unos mates. Está desempleada. Tiene dos hijas chiquitas. Una tiene seis años y la otra apenas uno. El papá se borró. Mailén hizo una denuncia para que él cumpla con su obligación y pague la cuota alimentaria. No solo no la cumple, sino que además ejerce violencia, la amenaza. Decía, entonces, que agarra el celular y entra a facebook. Scrollea un rato. Mira fotos, publicaciones de amigas, saluda a algún familiar que cumple años, una noticia, publicidades. Y se encuentra con el aviso de una búsqueda laboral. Es para trabajar en un balneario de Punta Mogotes, dicen. Mailén se entusiasma con la oferta. Necesita tener un ingreso, comprar pañales, comida. Vivir. Los contacta. Del otro lado, le piden una foto, y arrancan los trámites para la entrevista. Le ofrecen un traslado. El día pautado para encontrarse, la pasa a buscar un remisero por la puerta de su casa. Allá, la esperan tres hombres.
Ese mismo día, la familia de Mailén se preocupa. Ella no responde los mensajes. No pueden comunicarse. Deciden actuar rápido y se acercan a la comisaría para hacer la denuncia. La policía no les quiere tomar declaración. Contra toda recomendación y los protocolos vigentes respecto a cómo actuar en estos casos, les dicen que esperen. Pero la familia no espera. La buscan ellos mismos, recorren balnearios, entran a su Facebook y rastrean conversaciones. Hasta que la encuentran. Mailén está muerta. Su femicidio vuelve a engrosar una estadística que en Argentina se repite con una frecuencia insoportable: una mujer es asesinada por motivos de género cada 35 horas.
El ajuste no mata. Pero lo que sí hace es gobernar las condiciones en las que se sobrevive. Achica el margen de maniobra. Reduce ingresos, precariza el trabajo, desmantela políticas de cuidado y desarma las redes que amortiguan la caída. La libertad también depende de eso: de tener tiempo para desconfiar, dinero para esperar otra oferta, alguien que cuide a tus hijos, o un Estado que no se retire.
Algunos días después, el presidente de la nación, Javier Milei, le da una entrevista al periodista Luis Majul. Como en otras oportunidades, el encuentro es grabado en el despacho que ocupa Milei en la Casa Rosada. La cámara encuadra a Milei en un plano medio corto, desde un ángulo ligeramente picado. Eso favorece la imagen al presidente, le disimula detalles, le suaviza el rostro, le estiliza los rasgos. Es coqueto el Presidente.
En un tramo de la entrevista, el periodista le plantea una preocupación: “Nunca hubo una brecha tan grande entre las mujeres y los hombres que estén dispuestos a votarlo, porque a las mujeres no les gusta su gestualidad, su nerviosismo, o su -entre comillas- violencia en presentar las cosas. ¿Cree que es un punto para analizar?”
Milei se abalanza sobre su respuesta. La ansiedad se le hace carne adentro suyo. “Nosotros no solo que tenemos los registros de violencias más bajos de la historia, sino que pulverizamos la violencia contra las mujeres. Si hay alguien que hizo algo por el bienestar de las mujeres, somos nosotros. Cuando alguien toca a una mujer, lo agarramos de los pelos y lo metemos preso.” Cuando dice “pulverizamos”, hace una pausa. Un silencio estratégico, milimétrico. Sostiene la mirada sobre Majul durante un instante. Después completa la respuesta y deja escapar una leve risa, casi imperceptible, como si acabara de enunciar una evidencia que no admitiera discusión.
Milei elige un verbo absoluto. Pulverizar, dice. No dice “redujimos”, “disminuimos”. Dice pulverizamos. Milei está diciendo que de la violencia machista solo queda polvo. Clausura, así, la discusión. Porque si algo ya fue pulverizado, entonces no hace falta presupuesto, no hacen falta políticas públicas, no hace falta un ministerio, ni refugios, ni campañas. Es una palabra que legitima el retiro del Estado. Pero la realidad no se deja domesticar por las palabras.
Porque ahí está Mailén. Y detrás de ella, una lista que nunca termina de escribirse: nombres, edades, historias, hijos, familias.
Mientras el Presidente pronunciaba esas palabras, el país seguía registrando un femicidio cada 35 horas y organizaciones especializadas advertían sobre el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a prevenir y atender la violencia de género. Los datos desmienten la afirmación de Milei. Es cierto que, a nivel nacional, los femicidios bajaron de 228 en 2024 a 200 en 2025, una reducción del 12,3%. Sin embargo, esa variación se explica, en buena medida, por la caída de casos en algunas jurisdicciones, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde continúan funcionando políticas públicas de prevención, asistencia y acompañamiento para mujeres en situación de violencia. Al mismo tiempo, el Gobierno nacional avanzó en el desfinanciamiento y desmantelamiento de los programas específicos para abordar la violencia de género: el presupuesto destinado a esas políticas cayó un 89%.
El Gobierno nacional avanzó en el desfinanciamiento y desmantelamiento de los programas específicos para abordar la violencia de género: el presupuesto destinado a esas políticas cayó un 89%.
Además, la reducción de los femicidios consumados no implica que la violencia haya desaparecido. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las tentativas de femicidio aumentaron de 218 a 301 casos. Es decir, hubo más situaciones de violencia extrema que pudieron ser detectadas e intervenidas antes de convertirse en asesinatos. Una baja interanual en la cantidad de femicidios no alcanza para sostener que la violencia de género fue “pulverizada”. La violencia persiste, la diferencia puede estar en las herramientas disponibles para prevenirla antes de que sea irreversible.
Las cifras más recientes confirman esa realidad. Según el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, en conjunto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año hubo 147 víctimas letales de violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios. En ese período, una mujer fue asesinada cada 35 horas y se registraron 234 intentos de femicidio, uno cada 25 horas. El 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa y, como consecuencia de estos crímenes, al menos 145 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos.
Este escenario se enmarca en uno mayor. Argentina atraviesa un período de ajuste económico sin precedentes. Cuando el Estado retrocede, no lo hace de manera neutral. Se retira de los espacios donde históricamente amortiguó desigualdades y sostuvo derechos. Y ese retiro deliberado tiene un impacto diferencial sobre las mujeres, que continúan ocupando un status de minoridad.
En Argentina, una mujer es asesinada por motivos de género cada 35 horas. Entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año hubo 147 víctimas letales de violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios. El 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.
Mailén decidió ir en busca de una oportunidad laboral. ¿Lo decidió? Muchas veces pensamos que las decisiones son actos puramente individuales, como si ocurrieran en el vacío. Pero nadie elige desde la intemperie. Se elige desde las condiciones materiales que hacen posible, o imposible, ejercer esa libertad. El ajuste no mata. Pero lo que sí hace es gobernar las condiciones en las que se sobrevive. Achica el margen de maniobra. Reduce ingresos, precariza el trabajo, desmantela políticas de cuidado y desarma las redes que amortiguan la caída. La libertad también depende de eso: de tener tiempo para desconfiar, dinero para esperar otra oferta, alguien que cuide a tus hijos, o un Estado que no se retire. Cuando todo eso falta, la urgencia deja de ser una circunstancia y se convierte en una forma de gobierno sobre la vida cotidiana. Por eso el femicidio de Mailén no puede leerse como un hecho aislado. La falsa entrevista laboral fue apenas el último eslabón de una cadena de vulneraciones que había empezado mucho antes. En una Argentina donde las mujeres concentran los mayores niveles de informalidad, cobran menos, sostienen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado y absorben primero el impacto del ajuste económico, cada derecho que se pierde ensancha y profundiza la vulnerabilidad. La violencia machista encuentra ahí un terreno más fértil. No porque el ajuste produzca femicidios de manera mecánica, sino porque reduce la autonomía, estrecha las salidas y vuelve más difícil decir que no.
Dos pantallas condensan esta historia. En una, Mailén busca un trabajo para llegar a fin de mes desde su celular. En la otra, el Presidente celebra haber pulverizado la violencia de género. En la tensión entre ambas imágenes se sintetiza la realidad de la Argentina contemporánea: un escenario de repliegue estatal donde las mujeres y diversidades quedan expuestas a la vulnerabilidad ante la pérdida de derechos y la erosión de las redes de contención social.
