¿Cuánto cuesta comer en Argentina?

Una familia argentina necesitó en junio $28.414 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas y no caer bajo la línea de indigencia, lo que representa un aumento del 57,6% en el último año. Este proceso inflacionario impacta fuertemente sobre las mujeres, lesbianas, travestis y trans, más vulnerables ante la crisis económica. Según datos oficiales, el 70% de las personas dentro del sector de la población que percibe menores ingresos son mujeres. Números que preocupan y la respuesta del gobierno para contener la crisis de cara a las elecciones.

Recientemente el INDEC dio a conocer los valores de la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) de junio en Argentina. Los datos muestran una suba de la canasta básica total del 3,2% respecto al mes anterior y un aumento interanual del 51,8%; mientras que la canasta alimentaria subió un 3,6% en el último mes y un 57,6% en el último año. Lácteos, carne, pollo y pescados impulsaron el aumento, mientras que las frutas y verduras tuvieron una baja. 

Así, una familia tipo necesitó $28.414 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas y no caer bajo la línea de indigencia y $66.488 para cubrir otros gastos como vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera. Este panorama resulta alarmante si consideramos que el Salario Mínimo Vital y Móvil ($25.572) no llegó a cubrir el costo mensual de los alimentos esenciales para una familia de cuatro personas. En junio lxs argentinxs necesitaron más de un Salario Mínimo Vital y Móvil para superar la línea de indigencia (1,1) y más de dos para no caer bajo la línea de pobreza (2,6).

El aumento de ambas canastas está directamente vinculado al proceso inflacionario de la economía argentina, que si bien tuvo una leve desaceleración en junio (3,2%), ya lleva acumulado un 25,3% en el primer semestre del año.

Ingresos por género

Según la última información disponible de INDEC, el 31,6% de los hogares argentinos (7,8% indigentes) y el 42% de la población vive en la pobreza, resultado de una crisis socioeconómica iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri y profundizada por la pandemia de COVID-19. En Argentina la pobreza se calcula a partir de los ingresos familiares,  por lo que, aunque se quisiera, no podemos analizar los ingresos por género. Sin embargo, las feministas sabemos que la feminización de la pobreza —término utilizado por primera vez a finales de los años 70 para señalar que la pobreza afecta de forma diferenciada a mujeres, lesbianas, travestis y trans—, no es algo nuevo. 

En nuestro país las mujeres están sobre-representadas entre lxs pobres y entre las personas con empleos precarios o mal remunerados. Según los últimos datos de la Evolución de la Distribución del Ingreso (EPH) que dio a conocer el INDEC, el 70% de las personas dentro del primer decil de ingresos —es decir, el sector de la población que percibe menores ingresos— son mujeres.

Además, los últimos datos sobre empleo indican que la tasa de desempleo  fue del 12,3% para las mujeres, mientras que entre los varones, se ubicó en 8,5%. Este mapa de la disparidad económica se completa con la brecha salarial: durante el primer trimestre del año, el ingreso medio en varones fue de $48.570, mientras que el de mujeres fue de $36.123, un 25,6% menos. Así, una familia con dos mujeres a la cabeza que reciban un ingreso medio apenas podría superar la línea de pobreza.

La economista Alison Vásconez Rodriguez, responsable de las áreas de Derechos Económicos, Paz y Seguridad de ONU mujeres en Ecuador, ha alzado su voz para señalar la relación directa entre hogares con jefatura femenina y pobreza del hogar, influenciada en gran parte por la monoparentalidad, fenómeno que representa al 11% de los hogares argentinos, de los cuales el 84% están a cargo de mujeres. 

Medidas para paliar la crisis

Los hogares que viven en situación de pobreza suelen depender de las prestaciones estatales, por lo que el gobierno se ve obligado a evitar la caída de la recaudación cueste lo que cueste.  Durante 2020, el gobierno nacional implementó diversas medidas para contener la producción y el empleo: créditos a pequeñas y medianas empresas para el pago de sueldos, la exención del pago de contribuciones patronales y licencias, y el trabajo remoto en el sector público y privado. 

Además, el gobierno nacional decretó un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un programa de ayuda para los sectores más afectados por la pandemia en el cual desembolsó $265.000 millones de pesos. Las mujeres representaron el 55,7% de las personas beneficiarias del programa, incluso muchas que trabajan en condiciones informales, lo que contribuyó a cerrar brechas de ingresos entre varones y mujeres. Además, esta medida afectó positivamente a la Organización Social del Cuidado, al incluir a las trabajadoras de casas particulares. Si la pandemia dejó en evidencia la crisis de los cuidados, el IFE constituyó un potencial reconocimiento a ese trabajo doméstico históricamente no remunerado.

Este año, y de cara a las elecciones legislativas, la administración de Alberto Fernández plantea adelantar para septiembre el aumento del salario mínimo vital y móvil que se prevenía para el próximo año, mientras continúan en acción los planes REPRO II, herramienta para sostener el empleo en sectores con dificultades económicas y se prevé el relanzamiento del programa Ahora 12, que apunta a financiar el consumo, aumentar la capacidad de compra de los sectores populares y fomentar la creación de puestos de trabajo.

Por último, la ANSeS confirmó el pago de bonos para beneficiarios de asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijx, jubilados y pensionados en agosto, y anunció la entrada en vigencia del decreto que reconoce los años de cuidado como años de servicio para los aportes jubilatorios, una medida reparatoria que permitirá que 155 mil mujeres puedan jubilarse en lo inmediato y 30 mil el próximo año. Este programa representa una estrategia en pos de lograr un sistema integral de cuidados, una demanda que toma cada vez más fuerza dentro de los feminismos. El gran desafío de cara a  la reactivación económica será implementar políticas que prioricen la generación de empleo y fomenten la inserción de mujeres en el mercado laboral.