“Fundamentalmente, soy una militante política”, dice Lucía Campora. Hoy forma parte del tridente feminista y joven de la Legislatura porteña y desde allí levanta las banderas del movimiento estudiantil, del feminismo y del ambientalismo para proponer una ciudad para todos, todas y todes. Asegura que el proyecto del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para vender las 19 hectáreas del predio de Costa Salguero es inconstitucional y que el oficialismo propone un “ambientalismo de cotillon”.
¿Cuál es el proyecto que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pretende desarrollar en Costa Salguero?
– El proyecto del oficialismo se enmarca en el hecho de que el año que viene se vencen las concesiones de Costa Salguero que datan de los ’90 y que nos tienen a los porteños y las porteñas prácticamente aislados de nuestra costanera. Salvo que vayas a un boliche, difícilmente accedas a esa zona. Ante esa oportunidad, en lugar de pensar en hacer un gran parque público, lo que propone el gobierno de la Ciudad, por iniciativa del jefe de gobierno, es primero vender las tierras -algo que ya se aprobó el año pasado con una ley que autoriza al Ejecutivo porteño a vender esas tierras públicas para que pasen a manos de privados- y modificar la normativa urbanística para que allí se puedan construir edificios -que es lo que se está discutiendo ahora-. En conclusión, el proyecto del oficialismo es realizar un proyecto inmobiliario privado para construir un barrio de lujo de edificios de hasta 10 pisos con vista al rio. Sería una especie de nuevo Puerto Madero que, como sabemos, tiene gran parte de sus viviendas desocupadas y cumple una función de especulación inmobiliaria.
Quienes defienden el proyecto del gobierno sostienen que allí se incluiría un espacio verde. ¿Es así?
– No, el poco parque que habría sería en realidad el parque de los edificios, no un parque público. Es decir, sería parte del proyecto inmobiliario y esto nosotros le ponemos mucho énfasis porque ellos hablan del espacio verde que va a tener el proyecto pero es espacio verde que no hace más que aumentar el valor del metro cuadrado de esos departamentos, no un espacio público. Sólo están obligados a dejar un paso y ellos hablan de que sí va a haber un pedacito de tierra en el que los vecinos podrían estar, pero la verdad es que sabemos que después eso no se realiza en el proyecto y que ese espacio solo cumple función de inmediaciones de los edificios. En concreto, lo que sí va a haber es un bloque de cemento entre el resto de la ciudad y el río. La semana pasada, en una de las intervenciones de la audiencia pública que me pareció muy interesante, Fernando Bercovich citaba uno de los argumentos del oficialismo en defensa de este proyecto. Ellos dicen que “esto va a ser mejor que lo que hay hoy porque hoy hay boliches y ahora vamos a pasar a tener una ventanita al río”. Y Fernando decía: ¿por qué nos conformamos con una ventanita y no peleamos por una vista panorámica al río que es lo que podría haber ahí? Me parece que lo que está en juego con este proyecto es qué modelo de ciudad queremos: una ciudad en la que las tierras públicas sean para la especulación inmobiliaria y para el beneficio de los sectores de mayor poder adquisitivo vs. una ciudad con tierras públicas para el disfrute de todos los porteños y porteñas, con todos los impactos sociales, ambientales y de distribución de la riqueza que tiene que ese espacio siga siendo público.
¿Cuál sería ese impacto socio-ambiental?
– Yo creo que hay varios ejes para analizar y todos suman motivos para que allí haya un gran parque público. En primer lugar, hay una cuestión vinculada con los espacios públicos propiamente dichos y la función social y recreativa que tienen, y hasta me animo a decir con su función igualadora, porque en una plaza se sienta en el mismo lugar a tomar mate la persona de mayor poder adquisitivo con la vecina de menos recursos de la ciudad y eso para mi cumple una función igualadora que no es menor en una ciudad y mucho más en una ciudad con el nivel de desigualdad que tiene Buenos Aires. De la mano de esto, está el déficit de espacios verdes que tiene la ciudad, que está por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y de ahí pasamos al eje ambiental y el impacto de los espacios verdes en una ciudad como la de Buenos Aires que hace a la regulación de las temperaturas, la necesidad de superficies absorbentes para prevenir y aminorar las inundaciones, tiene impacto en relación a la flora y la fauna. Ayer justamente una arquitecta y paisajista en la audiencia pública -y retomó la audiencia porque la verdad es que está habiendo intervenciones muy enriquecedoras- hacía énfasis en la importancia en términos ambientales de que la costanera recupere su flora y su fauna nativa para conectar el norte con el sur de la ciudad en términos de costanera. Entonces, hay un impacto ambiental que es importante.
Mencionaste también un impacto en términos de distribución de la riqueza. ¿Cómo sería ese impacto?
– Si, creo que acá hay también una discusión en torno a los recursos y la riqueza. Sabemos que las tierras públicas son un bien escaso, y dejen de estar en manos del Estado y pasen a estar en manos de privados y de los sectores de mayor poder adquisitivo es, en definitiva, una discusión sobre la distribución de la riqueza. El proyecto de Rodríguez Larreta hace a una mayor concentración de la riqueza en la ciudad: son tierras valiosas, que no se podrían recuperar y que dejarían de estar en manos del Estado para estar en manos de los grandes desarrolladores inmobiliarios. porque además estamos hablando de grandes monstruos inmobiliarios, es un proyecto de dimensiones que solo podrían tomar los socios de Macri y de Larreta como IRSA, por poner un ejemplo. La verdad es que es una cuestión que atraviesa muchos ejes y que en definitiva cristaliza una discusión sobre el modelo de la ciudad y eso es lo que creo que se está viendo en la audiencia pública con todos estos argumentos tan diversos que esta habiendo, desde el arquitecto, el paisajista, lxs ambientalistas hasta los vecinos y vecinas que van y dicen “yo quiero tener un lugar para ir a tomar mate y ver el rio” que me parece igual de válido como argumento.
Cuando se votó la ley para autorizar la venta de estos terrenos, hubo una discusión técnica sobre si eran territorios del Estado de dominio público o de dominio privado. ¿Cómo es la situación de Costa Salguero?
– Esa es una discusión que está en el ámbito de la Justicia sobre la constitucionalidad de la ley que autorizó la venta de estas tierras. Es un tema complejo: los bienes del Estado pueden ser de dominio público o de dominio privado. En ambos casos son del Estado pero están sujetos a regímenes distintos. Los bienes del Estado de dominio público son aquellos que son de uso común -por ejemplo, las plazas- y para venderlos se necesita una ley de 40 votos y de doble lectura, es decir, una primera sanción, después una audiencia pública y luego una segunda sanción. Y los bienes del Estado de dominio privado son, por ejemplo, las oficinas donde se llevan adelante actividades administrativas y para venderlos se necesita una ley de 40 votos de una sola lectura, sin audiencia pública. ¿Qué pasó? El año pasado, en la última sesión del año -que iba a ser la última en la que el oficialismo tuviese 40 votos para poder afrontar una ley de doble lectura- consiguieron que una funcionaria presentase un informe técnico que decía que Costa Salguero era un bien del Estado de dominio privado y así pudieron sacar la ley en una sola votación. Ahora, no hay nada que avale esto ni documento que les dé la razón. Es hasta irrazonable pensarlo: ¿a que se parece más? ¿A una plaza o a una oficina? Esto está judicializado por un amparo que presentó la diputada Gabriela Cerrutti. Si este proyecto avanza la Justicia tiene que declarar inconstitucional la ley que autoriza la venta porque no pasó por el procedimiento previsto y dar marcha atrás con todo. De hecho, ya hay una cautelar que le dice al gobierno porteño que no puede vender Costa Salguero hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad de la ley. Para mi ese es un punto central, es clarísimo que Costa Salguero no es un bien de dominio privado y que de ninguna manera se puede haber aprobado la venta con una sola votación. Además, hay un informe técnico de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) que rechaza el proyecto del oficialismo porque las alturas que propone el gobierno no son las permitidas para un terreno lindante a Aeroparque. Esto lo traigo como dos elementos -además de la organización ciudadana, de la audiencia pública y de la militancia- que también abonan a frenar este proyecto.
Desde la llegada del PRO a la Ciudad se perdieron muchas hectáreas de espacio público, ¿por qué crees que este tema generó tanta movilización y participación frente a otros proyectos que pasaban fácilmente para el oficialismo?
– Así es, desde la llegada del PRO al gobierno porteño se perdieron 460 hectáreas de tierras públicas en la ciudad entre ventas y concesiones que pasaron a estar en manos de privados. Yo creo que la venta de Costa Salguero genera una reacción mayor por dos cuestiones que se cruzan. Primero, el componente del río y el emergente de los colectivos ambientales que tienen cada vez más fuerza en la ciudad y en todo el país, y que coincide esta iniciativa de Rodríguez Larrera con un momento en el que la juventud empuja una agenda ambiental que tiene cada vez más peso en el debate público. Lo estamos viendo en las distintas áreas de la agenda política, cómo lo ambiental permea en las discusiones y nos obliga a ponernos el lente de la justicia ambiental para revisar las decisiones que tomamos. Y un segundo eje, que se cruza con el primero, tiene que ver con que en el contexto de pandemia en la ciudad creo que todos y todas hemos dimensionado la importancia de los espacios verdes y, sobre todo, de la falta de espacios verdes en la ciudad. Me parece que esas dos cosas se cruzan, juegan y marcaron una reacción distinta en la ciudadanía. Yo me animo a pensar que es una bisagra en relación a la discusión sobre las tierras públicas en la ciudad. Recién hablábamos del eje ambiental y cuando hablamos de extractivismo urbano hablamos de esto: de cómo en una ciudad sus recursos son cedidos a la especulación y al mercado y no se preservan en beneficio de un desarrollo sostenible.
Sin embargo, el gobierno porteño tiene un discurso de “Ciudad verde”.
– Nosotros le decimos “ambientalismo de cotillon”. Debajo del slogan de “Ciudad verde” nos encontramos con la segunda capital de Latinoamérica con menos espacio verde por habitante. Nos encontramos con un sistema de recuperación de residuos que deja de lado a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y estoy pensando en las cooperativas de reciclaje y de recolección que sabemos que son sistemáticamente postergadas por la política de Horacio Rodriguez Larreta, y que en esta pandemia el gobierno porteño no fue capaz ni siquiera de alcanzarles tapabocas y guantes para que los recuperadores urbanos pudieran continuar con su tarea con mayor protección. Debajo del slogan de “Ciudad verde”, vemos a los vecinos y vecinas de los barrios del sur que conviven con la contaminación del Riachuelo y que no casualmente son los sectores más humildes de la ciudad los que padecen esa contaminación; estoy pensando en los vecinos y vecinas de la Villa 21-24 que todavía no han sido relocalizados, por eso me gusta poner el eje en las discusiones ambientales que nos permiten ver que estamos hablando de una cuestión de justicia social. Yo creo que al rasgar debajo del slogan de “Ciudad verde” del gobierno nos encontramos con que se trata solo de eso: de un slogan y de mucho marketing. De hecho, el gobierno de la ciudad ha invertido más en marketing para hablar de ambiente que en las políticas ambientales propiamente dichas.
¿Y qué pasó con esas políticas verdes tan anunciadas?
– Si hacemos un repaso de estos años, vemos que había una ley de Basura Cero, la incumplieron y, en lugar de reconocer el incumplimiento, modificaron las metas e incorporaron la incineración de basura lo que generó un fuerte rechazo de los distintos colectivos ambientalistas que vinieron a la Legislatura a plantear que no se aprobase ese proyecto. Pienso también en la necesidad de tener un sistema de transporte más sustentable y en la reciente decisión del gobierno de la Ciudad de arancelar el servicio de transporte en bicicleta en un momento en el que claramente sería un transporte que habría que alentar porque sabemos que reduce las situaciones de contagio en el contexto de pandemia y porque, en definitiva, es un medio de transporte sustentable. Pero en lugar de alentarlo lo arancelan, y lo hacen a 2 años de aprobar una concesión que preveía explícitamente que el servicio iba a ser gratuito por 10 años. Realmente, realmente la agenda ambiental no está ni cerca de ser una de las prioridades del gobierno porteño y las medidas que toman atentan contra tener una sociedad más justa en términos ambientales.
¿Crees que con la masividad de la audiencia pública y la movilización se puede revertir este proyecto en Costa Salguero?
– Creo que sí. Ya tenemos una primera victoria -parcial, pero primera victoria al fin- que me parece que es importante destacar y que es que con motivo de la cantidad de inscriptos la audiencia dura tanto -hasta el 27 de enero- que ya el proyecto no se pudo tratar este año en la Legislatura. El proyecto del oficialismo era que hubiese una audiencia corta y que esto se sancione antes de fin de año, y eso se frenó producto de la cantidad de inscriptos, de la reacción ciudadana y de la organización. Para mi eso ya es una primera victoria. Por el momento no hay convocadas sesiones extraordinarias en la ciudad, así que esto queda ya para el año que viene y yo sí creo que se puede frenar. Me parece que hay una reacción que está haciendo mucho ruido incluso entre sectores que quizás son votantes del oficialismo, que están muy interpelados por la agenda ambiental y que ante esto están teniendo un rechazo contundente. Creo que tenemos la oportunidad de frenarlo y, sobre todo, creo que hay que interpelar no sólo al sector más duro de Rodríguez Larreta sino también a los socios permanentes de los bloques de la UCR y el socialismo, que además hicieron campaña hablando del ambientalismo. Estoy hablando de Martin Lousteau y de Roy Cortina que prestaron sus votos para que esto avance y que, si los retiran, el proyecto se frena. Es así de simple. Entonces, esos espacios van a tener que ser coherentes con sus propuestas, con su electorado y con lo que les está reclamando la ciudadanía.
¿Cuál es el proyecto del Frente de Todxs para ese espacio?
– Nosotrxs presentamos un proyecto para que en Costa Salguero se lleve a cabo un gran parque público de acceso irrestricto con flora y fauna nativa, con un centro de estudio y monitoreo ambiental, con espacio para instalaciones recreativas, deportivas y culturales. Estuvimos conversando con la Universidad Nacional de las Artes que tiene un proyecto muy interesante de actividades culturales que podrían llevarse adelante en ese espacio. Planteamos también una gestión del parque que sea participativa, con vecinos y vecinas que quieran integrar ese espacio. Es un proyecto que de alguna manera se construyó partiendo de lo que ya planteamos para ese espacio y también de escuchar lo que vienen planteando muchos ciudadanos y ciudadanas. La verdad es que desde el Frente de Todxs hemos tenido una política contundente de denunciar y rechazar la pérdida de tierras públicas que lleva adelante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y creemos que esta es una oportunidad de ponerle un freno concreto, con toda la fuerza de los vecinos y vecinas, de las organizaciones y en esa pelea estamos.
