Ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 el gobierno nacional y los provinciales dispusieron medidas administrativas que facultan a las fuerzas de seguridad a intervenir ante acciones que violen los términos del aislamiento social obligatorio. Pero en algunos casos esos instrumentos legales han potenciado la brutalidad de la policía, quienes arbitrariamente detienen a ciudadanxs valiéndose de los discursos sanitaristas con los que se ha emprendido la lucha contra el coronavirus.
En la mañana del domingo 12 de abril la activista feminista salteña Irene Cari fue detenida por la policía provincial. Los primeros informes llegaron a horas del mediodía a través de las redes sociales y de portales de internet, pero se desconocían los motivos de su detención. Con el paso de las horas se fueron conociendo detalles brindados por las mismas compañeras de Irene Cari, quienes integran el Foro de Mujeres por la Igualdad (FoMuPI). Se pudo conocer que en días previos a su detención Irene había recibido una llamada de auxilio de una menor de edad, que se había fugado de un dispositivo de atención dispuesto por el gobierno provincial, ya que ahí era presuntamente víctima de maltratos. Las compañeras feministas del FoMuPI y de la Fundación “Volviendo a Casa” decidieron darle a la menor acceso a un hogar donde refugiarse, hasta tanto la justicia dispusiera de un acompañamiento que pudiera garantizarle no ser víctima de más vulneraciones. Incluso se puso en conocimiento de la situación a autoridades policiales y de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Mariana Reyes.
Pese a que los procedimientos dispuestos por el FoMuPI y sus integrantes fueron correctos y cautelosos, en la mañana del domingo la policía de la provincia se presentó en el hogar de Irene Cari, se llevó a la menor y la llevó detenida con el argumento que la activista obstaculizaba una investigación judicial y desobedecía a autoridad policial. Irene fue detenida en una comisaría distinta a la que correspondía a su domicilio, lo que obstaculizó tomar contacto ante las restricciones de movilidad y la ausencia de transporte público en la ciudad de Salta. Se la mantuvo incomunicada durante buena parte de la jornada y debido a las medidas de excepción no fue hasta horas de la tarde que las periodistas y militantes tomamos conocimiento de su estado y de la disposición de dirigirla a la alcaidía de Ciudad Judicial para prestar declaración.
Finalmente se dispuso el encarcelamiento domiciliario de Irene Cari, quien en este momento se encuentra en su hogar, acompañada de sus familiares y bajo custodia policial. No le fueron devueltos sus efectos personales, entre los que se encuentra su teléfono celular. En la única comunicación disponible hasta el momento emitida por Irene a través de sus familiares, la activista señaló haber sido golpeada por personal policial al momento de su detención y que se le negó tomar conocimiento de la causa en la que se la involucra. También mencionó conmovida que desconoce el paradero de la menor y a dónde fue enviada por la autoridad policial. Su preocupación por la seguridad de la joven es acuciante, ya que la provincia no dispone de dispositivos capacitados en perspectiva de género para el abordaje de estas problemáticas.
Las organizaciones feministas de la provincia y las redes nacionales han dispuesto desde temprano una serie de medidas para conocer el estado de la compañera activista, una de las firmantes históricas del proyecto de legalización del aborto e incansable luchadora por las niñas y jóvenes víctimas de las redes de trata y las violencias institucionales. Además se dispuso repudiar el decreto de necesidad y urgencia N° 255/2020 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro, ex-militar negacionista de la dictadura quien tiene bajo su control las fuerzas de seguridad de la provincia. El decreto habilita a la policía a intervenir ante los casos en que se violase el aislamiento social obligatorio, pero también la dota de facultades extraordinarias que se traducen en amplios márgenes de arbitrariedad.
Irene Cari pidió en un estremecedor audio que todxs lxs compañerxs de organizaciones feministas y de la disidencia sexual pongamos en conocimiento de los medios de comunicación que su “ único delito fue salvar la vida de una niña que no estaban buscándola, que ella estaba desaparecida de ‘El Acuario’ (un dispositivo de atención de menores en riesgo ubicado en las adyacencias de un hospital psiquiátrico), o sea, ella se escapó de donde tendría que haber estado protegida. No la protegieron y no la buscaron y nosotras la encontramos. La salvamos de la muerte casi segura porque hoy en día las niñas en Salta aparecen muertas”.
Desde las militancias, la detención de Irene Cari se vivió como parte de los avasallamientos que los sectores más vulnerados de la Argentina viven día a día: no más detenciones arbitrarias, no más violencia contra las mujeres y disidencias, no más compañerxs pasando hambre y angustia por la gravísima situación económica en las que la pandemia nos ha sumergido. ¡Libertad para Irene Cari!