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Hasta el momento el daño social producido por la criminalidad económica no ha sido asociado a la feminización de la pobreza. Es por esto que proponemos que este sea un punto a tener en cuenta a la hora de diseñar políticas criminales para combatir este tipo de criminalidad.

Una de las características principales de la corrupción es que genera daño social. ¿qué queremos decir con esto? Que genera un daño que “que impacta sobre los sectores mayoritarios, víctimas o sujetos pasivos de los delitos económicos, redefiniendo las relaciones entre el Estado y la sociedad al enriquecer a determinados sectores a costa de excluir a las franjas más débiles de la asignación justa y equitativa de recursos sociales básicos”Hasta acá, repetimos palabras de otros/as. 

Ahora bien, nuestra propuesta es ampliar este concepto desde una mirada feminista. Lo que queremos es visibilizar que la corrupción, entendida como un modo de hacer negocios donde se vinculan el sector público y el privado, inscripto en un universo más amplio que es la criminalidad económica, no solo impacta en los sectores populares sino que lo hace con mayor crueldad sobre las mujeres, lesbianas, travestis, transexuales. 

Los movimientos feministas han sacado del closet que el capitalismo se sostiene mediante la desvalorización de tareas realizadas por mujeres y géneros feminizados. En esta división sexual del trabajo, el conjunto de actividades llamadas “reproductivas” y de cuidado recaen mayoritariamente sobre las mujeres y cuerpos feminizados, a la vez que son invisibilizadas y, por lo tanto, no son remuneradas. Los feminismos han demostrado que sin ellas, las tareas y labores del ámbito productivo son impensables. El trabajo masculino, en contraposición al de las mujeres, fue y es socialmente construido como productivo y pasible de remuneración. De esta forma la pobreza fue y continúa siendo feminizada. 

Hasta aquí podemos visualizar la relación entre el capitalismo y el patriarcado. 

A través de la problematización de la categoría de daño social desde la perspectiva de género(s), sumamos a nuestro análisis la criminalidad económica.

Hasta el momento el daño social producido por la criminalidad económica no ha sido asociado a la feminización de la pobreza. Es por esto que proponemos que este sea un punto a tener en cuenta a la hora de diseñar políticas criminales para combatir este tipo de criminalidad.

Hasta el momento el daño social producido por la criminalidad económica no ha sido asociado a la feminización de la pobreza. Es por esto que proponemos que este sea un punto a tener en cuenta a la hora de diseñar políticas criminales para combatir este tipo de criminalidad.

Corrupción y desigualdad de género(s)

Hasta ahora, hemos visto la conexión entre el patriarcado y el capitalismo. Lo que venimos a plantear es que esta relación también se da cuando pensamos la criminalidad económica. 

Tanto la corrupción como otros delitos económicos generan flujos financieros ilícitos. En la práctica estos flujos financieros ilícitos no están diferenciados de manera precisa de los flujos lícitos, “los mercados criminales, la economía informal y las actividades legales se entremezclan permanentemente”. 

Tanto para quienes generan sus ganancias a partir de actividades legales como para aquellos que las generan a partir de delitos económicos, el sistema bancario y financiero y la industria offshore que gira en torno a los paraísos fiscales cumple un rol central. Aquí se entremezclan los flujos de activos provenientes del lavado, la fuga de capitales,  la evasión de impuestos y los activos provenientes de la corrupción, pero también las ganancias que tienen su origen actividades que son consideradas “legales”. Esta estructura es manejada por una serie de facilitadores: estudios jurídicos y contables, firmas de auditoría y consultoría, bancos internacionales y locales, departamentos contables y jurídicos de las corporaciones transnacionales, entre otros.

En este sentido, podemos observar lo siguiente: tanto la estructura legal como la estructura criminal del sistema capitalista son inescindibles la una de la otra. En las mismas, interactúan los mismos actores (los miembros de las organizaciones criminales, los bancos, los empresarios, los funcionarios, etc) y replican los mismos mecanismos, pero además tienen en miras el mismo interés, a saber: acumular y concentrar ganancias. 

Si como sostuvimos al principio, el sistema capitalista se reproduce a partir de la división sexual del trabajo, que tiene como consecuencia la feminización de la pobreza ¿Qué nos impide afirmar que la criminalidad económica se basa, profundiza o explota las desigualdades de género?

Si volvemos a nuestra primera afirmación, podemos dar cuenta de que los delitos económicos producen un grave y sostenido daño social. Las maniobras de quienes cometen este tipo de delitos requieren la aplicación de marcos regulatorios laxos en materia bancaria y financiera y de nuevos mecanismos de disciplinamiento sobre todos los cuerpos, que faciliten la acumulación y concentración de las riquezas. De esta forma, una gran parte de los flujos de activos se encuentran por fuera del alcance de la estructura formalizada y productiva, y esto reproduce y aumenta los niveles de empobrecimiento de la población, en consecuencia los cuerpos feminizados tienen un mayor impacto. 

Asimismo, la corrupción tiene como principal consecuencia la desfinanciación de las capacidades del Estado. Esto significa que el Estado deja de impulsar, promover y generar políticas públicas como consecuencia del robo de sus fondos.  

Es por todo lo expuesto que creemos que desde el Estado se deben profundizar los estudios sobre cómo las desigualdades de género influyen en la forma en que se acumula, circula y concentra capital. 

En este sentido, una de las propuestas que realizamos desde el Equipo de Investigaciones Feministas sobre el Poder Económico del CIPCE y replicamos en el informe “La corrupción: hacia un remedio institucional” es la necesidad de adoptar las políticas de recupero de activos a las particularidades de cada mercado criminal y hacer un replanteo sobre el destino de los bienes decomisados según el delito de que se trate, para darles una finalidad social que atienda a los impactos diferenciados que los mismos generan en mujeres, lesbianas, travestis, transexuales y transgéneros. En el caso de los delitos de corrupción, sugerimos que se tenga especialmente la perspectiva de género a la hora de decidir el destino de los bienes pero, específicamente, a la hora de definir las políticas públicas en las que se va a reinvertir el dinero recuperado. 

*Martina Cirimele es coordinadora del Equipo de Investigaciones Feministas sobre el Poder Económico del CIPCE.