Fotos: Sol Avena.
Tom Máscolo trabajó para el Estado asistiendo a infancias y adolescencias en situaciones de extrema desprotección, en un área vaciada y mal paga. Como hombre trans, conoce las falencias del sistema desde adentro y desde afuera. Militante de izquierda desde su juventud, también es periodista y participa activamente en la lucha del movimiento LGTBIQ+.
Sostener un servicio privado de salud hoy en la Argentina es casi prohibitivo por los costos. Tom se atiende en el sistema público, en el Hospital Durand. “Tengo 37 años y me hormonizo desde los 24. Todos los años hay faltantes, pero en 2024 tuve que pausar el tratamiento cinco veces”, cuenta. Comprar los medicamentos de forma privada, con un salario mínimo, no es una opción. La marca Nebido (undecanoato de testosterona en solución inyectable de la farmacéutica Bayer), por ejemplo, supera los doscientos dólares. “Para las travestis y personas trans desempleadas o que están prostituyéndose, se vuelve imposible acceder a opciones seguras”, agrega.
La Ley de Identidad de Género (26.743) fue conquistada hace casi trece años. Ésta reconoce el género tal como cada persona lo siente (impidiendo la intervención de jueces o diagnósticos psiquiátricos como ocurría anteriormente) y favorece que se modifiquen los datos registrales a través de un trámite administrativo bastante accesible, según la provincia. El artículo 11 de la Ley refiere al acceso a tratamientos específicos, como la hormonización y las cirugías de afirmación de género, pero también a la atención integral en salud. Tom hace hincapié en este último punto, que incluye el trato digno, el respeto a la identidad y la asistencia adecuada para cualquier condición o cuadro.
La llegada al poder de La Libertad Avanza, partido declaradamente opositor a la mal llamada “ideología de género” y a la Educación Sexual Integral (también conquistada por Ley en 2006), ha significado un embate para la comunidad trans en Argentina. Sumado al lema del oficialismo de “hacer más eficiente el Estado” mediante cierres de oficinas y terminación de programas, los tratamientos que garantizan el respeto a la identidad autopercibida (protegidos por ley) están en riesgo.
“Las mujeres y los grupos marginados están siendo perjudicados por los recortes en las políticas públicas, comenzando con el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que proveía hormonas y bloqueadores a nivel nacional para los procesos de modificación corporal y hormonal”, afirman desde el Colectivo de Trabajadores Sociales de los Equipos de Diversidad de la Capital Federal. Esto marcaría un “retroceso hacia un paradigma anterior”, que conceptualiza la diversidad de género como una “enfermedad” e impone una “normalidad” heteronormativa y binaria, explica el grupo, que incluye a profesionales que trabajan en Centros de Salud Comunitarios (Cesacs) y hospitales como Tornú, Penna, Durand y Fernández, entre otros.
De hecho, un informe publicado por el propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, en sus redes sociales a fines de 2024 reveló que un cuarto de los recortes aplicados por su administración afectó áreas vinculadas a género y diversidad. La “motosierra” del presidente Javier Milei impactó en una larga lista de dependencias, entre las que se incluyen la Dirección Nacional de Políticas Transversales de Género, la Dirección Nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad, la Dirección del Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género, y la Coordinación de Acceso al Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. También sufrieron recortes estructuras clave como la Dirección de Promoción de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Géneros y la Dirección de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad. En total, decenas de áreas destinadas a promover la igualdad y combatir las violencias fueron desmanteladas o significativamente debilitadas.
“Sin datos o metodologías adecuadas, algunos medios publican afirmaciones que socavan derechos adquiridos y estigmatizan a las personas en proceso de transición”, denunció el Colectivo de Trabajadores Sociales.
María Paula García, coordinadora de Igualdad y Diversidad en Amnistía Internacional, señaló que “cuando los discursos de odio provienen de las máximas autoridades de un país, la asimetría de poder entre quienes emiten y quienes reciben esos ataques se vuelve aún más pronunciada”.
María Rachid, quien forma parte de la junta directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), es contundente: “Incluso antes de que Javier Milei asumiera, figuras públicas y funcionarios cercanos al presidente emitían declaraciones violentas contra la comunidad LGBTI+. Esto incluye mensajes explícitos de odio en redes sociales, algunos retuiteados por el propio presidente. Estos discursos empoderan a ciertos sectores y fomentan actos de odio en la vida cotidiana”.
Tom comenta que muchas personas trans como él no saben qué les espera el próximo año porque no tienen obras sociales, ni prepagas de salud. “Los trabajadores de la salud son comprensivos y solidarios, pero no tienen novedades. Ellos también están luchando por mejores salarios y condiciones laborales frente a las políticas de ‘motosierra’”, reflexiona.
Cuerpos en riesgo
Pacientes y profesionales de la salud reportan la escasez de hormonas (estradiol oral y en gel; testosterona inyectable y en gel; y antiandrógenos como espironolactona y acetato de ciproterona). Las cirugías de afirmación de género, incluidas aumentos mamarios, mastectomías y vaginoplastias –ya de por sí limitadas en disponibilidad– prácticamente han desaparecido del sistema público debido a la falta de recursos. Es el caso del Hospital Durand, que recientemente envió un mail a sus pacientes, avisando que “el equipo no cuenta más con prestaciones quirúrgicas”.
Tom también habla sobre la dificultad para conseguir turnos médicos, los cuales se asignan a través de la línea 147. “Desde mediados del año pasado los tiempos de espera se han alargado porque el sistema está saturado. Ahora pueden tardar entre tres y seis meses”, relata.
“Para los hombres trans, interrumpir el tratamiento puede causar el retorno de la menstruación, lo cual genera angustia. También se revierten cambios como la redistribución de grasa, el engrosamiento de la voz y el aumento de vello corporal. Para las mujeres trans, la interrupción del tratamiento afecta la producción de esperma y puede aumentar el riesgo de embarazos no deseados en sus parejas. Esto obliga a las personas trans más vulnerables a buscar alternativas caseras o inseguras, poniendo en riesgo su salud. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales o inyectables puede causar trombosis, embolias o problemas cardíacos. Inyectarse silicona líquida u otras sustancias implica graves riesgos, incluyendo infecciones crónicas”, explica Marina Elichiry, especialista en Medicina General y Cuidados Paliativos, y autora de una guía de terapia hormonal para el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
“Quienes se han sometido a gonadectomías (extirpación de testículos u ovarios) enfrentan riesgos aún mayores si interrumpen los tratamientos. Sin hormonas sexuales naturales, están en riesgo de desequilibrios metabólicos, pérdida de densidad ósea y fracturas relacionadas con osteoporosis a mediano y largo plazo”, continúa Elichiry.
Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), también está preocupada por la creciente tendencia de las personas trans a automedicarse debido a la escasez de hormonas. “Con la Ley de Identidad de Género logramos prevenir la automedicación, que solía ser común y causaba graves problemas de salud como hepatitis. Antes nos inyectábamos hormonas sin control, confiando en las recomendaciones de otras personas sin conocimientos médicos. Esto podría repetirse si no se garantizan los insumos necesarios”, advierte.
“Para niños y adolescentes que han recibido bloqueadores de la pubertad (que consisten en la administración de análogos de la hormona liberadora de gonadotropina), la suspensión de la medicación puede ser especialmente perjudicial, ya que desencadena el inicio de la pubertad alineada con el género asignado al nacer, deshaciendo los esfuerzos por evitar ese desarrollo”, suma una reconocida endocrinóloga.
Respuesta oficial
El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Coordinación de Salud Sexual, VIH e ITS (CSSVIHeITS), es responsable de diseñar estrategias para garantizar el acceso a terapias hormonales en cumplimiento con las leyes vigentes, como la Ley Nacional de Identidad de Género y la Ley 4.238/12 de CABA. Voceros de la dependencia explicaron que este año hubo cambios en la provisión de insumos.
Entre 2020 y 2023, esta tarea era coordinada entre CSSVIHeITS y la Dirección de Género y Diversidad del Ministerio Nacional de Salud. En 2024, “debido a ajustes en la estructura organizacional del Ministerio Nacional de Salud”, surgieron dificultades en la entrega de ciertos medicamentos. Por ello, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a gestionar compras específicas para garantizar la cobertura de la población.
Según el gobierno de la Ciudad, durante 2024 la demanda se cubrió parcialmente utilizando stock remanente de 2023, complementado con compras realizadas por la Ciudad. “Este enfoque permitió continuar los tratamientos a pesar de los ajustes logísticos y presupuestarios durante este período”, señaló un portavoz.
Reconociendo la interrupción en la disponibilidad de medicamentos, afirmó que “se están implementando compras específicas y medidas para garantizar la continuidad de los tratamientos” y que están trabajando para “fortalecer la comunicación con la población trans”.
A pesar de semanas de consultas reiteradas, el Ministerio Nacional de Salud no respondió preguntas sobre si se garantizaría la aplicación de la Ley de Identidad de Género o las razones específicas detrás del cese en la distribución de suministros en varios hospitales nacionales.
Enfrentando desafíos contra todo pronóstico
Para abordar la crisis, algunos profesionales médicos, colectivos y grupos comunitarios han dado un paso adelante. Por ejemplo, la clínica de Diversidad del Hospital Fernández (parte del sistema de hospitales generales de la Ciudad de Buenos Aires), compuesta por un equipo interdisciplinario, a cargo de la doctora Cecilia Calvar. Ella es jefa del Departamento de Endocrinología y coordina el Departamento de Salud Trans de la Sociedad Argentina de Endocrinología.
El hospital comenzó a ofrecer sus servicios en 2012, tras la aprobación de la Ley de Identidad de Género, gracias a una iniciativa liderada por el Departamento de Ginecología. Desde el principio, Calvar y sus colegas se encargaron de capacitar a todo el personal hospitalario, desde recepcionistas hasta médicos, para garantizar el trato respetuoso establecido por ley. Por ejemplo, aseguraron que en los pedidos de laboratorio se respetaran los nombres autopercibidos de los pacientes (y no aquellos que figuraban en sus documentos oficiales).
Aunque la clínica inicialmente se enfocó en adultos, hace casi cuatro años ampliaron la atención a niños y adolescentes. Actualmente, más de 1.700 personas están bajo seguimiento. Conseguir turnos sigue siendo uno de los mayores desafíos. Sin embargo, gracias a los esfuerzos del equipo (que incluso financió personalmente una plataforma de gestión de turnos), se ampliaron los días de atención a tres veces por semana, incluyendo horarios vespertinos. Cada día, Calvar atiende entre 17 y 18 pacientes transgénero.
“Desde el cierre de la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales (DADSE) y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio Nacional de Salud dejó de proveer medicamentos a los centros de salud. Ahora dependemos únicamente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ha asumido la compra de algunos insumos”, explica la médica. A pesar de las complicaciones, agravadas por problemas en los procesos de adquisición, destaca los esfuerzos del personal de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva.
Para la endocrinóloga, uno de los mayores desafíos en el sistema de salud pública es el acceso a las cirugías. La presión sobre un sistema de salud saturado y desfinanciado, con médicos mal pagos, pasa factura. Calvar explica que “aunque hay especialistas capacitados, como cirujanos plásticos y ginecológicos, las listas de espera son extremadamente largas”. En el Hospital Fernández, por ejemplo, no se han realizado mastectomías para hombres trans. La situación es similar para otros procedimientos, como vaginoplastias o cirugías de aumento mamario, que enfrentan listas de espera de hasta tres años.
Al igual que Calvar, el doctor Adrián Helien está alarmado por la situación actual. Es psiquiatra y sexólogo en el Hospital Durand. Desde 2005, incluso antes de la promulgación de la Ley de Identidad de Género, coordina un equipo interdisciplinario dedicado a brindar atención integral a personas transgénero en un hospital público. Trabaja con un endocrinólogo, un cirujano plástico especializado en masculinización y feminización de tórax, profesionales que se especializan en terapia vocal y una sección dedicada a niños y adolescentes. Este grupo incluye pediatras, especialistas en medicina adolescente (hebiatras), endocrinólogos pediátricos, fonoaudiólogos y otros especialistas que apoyan a jóvenes y sus familias en procesos sociales, legales y médicos.
“La Ley de Identidad de Género en Argentina es un marco ejemplar a nivel mundial. Sin embargo, nos preocupa el potencial retroceso, como ha sucedido en otros países. Nos alarma el auge de movimientos transfóbicos y su impacto potencial en el acceso a la salud”, afirma el doctor. Subraya la urgencia de abordar “el sesgo cis-heteronormativo en la formación médica” (o garantizar “que los estudios de género se incluyan en los planes de estudio de las facultades de medicina”), y la necesidad de esfuerzos colectivos para proteger los derechos adquiridos y seguir avanzando hacia un sistema de salud y una sociedad más inclusiva, diversa y verdaderamente equitativa.
Una lucha colectiva
“El cumplimiento del Artículo 11 de la Ley de Identidad de Género nunca se alcanzó completamente. No todos los distritos capacitaron a su personal hospitalario ni garantizaron el acceso pleno a hormonas o cirugías”, explica Rachid, también titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
En 2023, el Observatorio de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+ registró 133 casos. Estos ataques contra la vida y la integridad física forman parte de una cadena de violencia que también incluye al sector de la salud. Según la Primera Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida de las Diversidades Sexuales y de Género de 2023, el 37% de las personas trans y no binarias reportaron un maltrato o trato deficiente en los servicios de salud.
“Hoy, la situación es aún más complicada debido a la escasez de insumos y la retórica anti-diversidad proveniente del Estado”, agrega Rachid. “La demanda por tratamientos no puede ser un tema individual, ni centrarse únicamente en las hormonas. Es necesaria una demanda colectiva que también aborde otras cuestiones como el desempleo, el acceso a alimentos y la pobreza estructural. Muchas compañeras no pueden costear tratamientos privados porque carecen de empleo o vivienda”, señala Romero, desde ATTTA.
“Debemos organizarnos, seguir construyendo redes y luchar contra este plan de austeridad. Hay una decisión política que pone en riesgo nuestra salud. Todos los derechos los conseguimos marchando en las calles, y allí es donde debemos defenderlos”, concluye Tom.
Este artículo es parte del programa Gender x Health Fellowship, impulsado por Internews Health Journalism Network.
