A raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el 9 de febrero, y que causó indignación tras la filtración de imágenes de la joven, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para sancionar a los servidores públicos que filtren imágenes.
La fiscal capitalina, Ernestina Godoy presentó en el Congreso local una iniciativa para el artículo 293 Quater del Código Penal, cuyo fin es sancionar a funcionarios que hagan este tipo de difusión.
El documento establece que el servidor público que indebidamente difunda imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un acto que la ley señala como delito, se le castigará con prisión de dos a ocho años y una multa de entre 43.440 (cerca de 2500 dólares) a 86.880 pesos. La pena se incrementará hasta en una tercera parte cuando contenga imágenes de cadáveres.
El crimen conmocionó a México no solo por su crueldad, sino por la filtración de fotos del cuerpo de la chica de 25 años que aparecieron tanto en la prensa como en redes sociales. Tras ello, la Secretaría de Gobernación, informó que se investigará a los medios de comunicación que difundieron las imágenes del cuerpo mutilado de Ingrid.
Para contrarrestar las imágenes grotescas, usuarios en redes sociales decidieron crear una campaña para que cada vez que busquen el nombre de la joven aparezcan imágenes como paisajes o flores.
En México según cifras oficiales, los asesinatos de mujeres en los últimos cinco años han crecido un 137%. Sin embargo, organizaciones civiles creen que el número es mayor ya que en muchas ocasiones no se denuncia. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de los casi 4.000 asesinatos de mujeres reportados en 2019, solo 976 se consideraron feminicidios.
