Formosa: ¿por qué se esconden las mujeres wichí?

La indignación en las redes sociales parece una nueva forma de consumo que, en el caso de la situación de las comunidades indígenas, sumó lástima etnocentrista. Muy lejos de eso, Daniela Carrizo habló con distintas personas en Formosa para indagar sobre la distancia entre el sistema de salud y los pueblos originarios. ¿De qué tienen miedo las embarazadas wichis? La policía, acostumbrada al trato violento hacia las comunidades indígenas, tiene un rol protagónico en la cuestión sanitaria. La comunidad está inmersa en incertidumbres, falta de información y miedo. Entre las violencias, identificó la obstétrica. Esta nota aborda los puntos de quiebre en el diálogo intercultural, el miedo a hablar, el miedo a callar, los usos partidarios y la ausencia de autocrítica del gobierno. En una provincia incendiada, quienes se queman siempre son lxs mismxs.

Siete mujeres wichí embarazadas se tapan la cara y dicen que tienen miedo de ser llevadas por la Policía a un centro de aislamiento. Están sentadas de espalda al monte, dicen que es El Potrillo, una localidad ubicada a 544 km de la capital de Formosa. Una de ellas dice que quiere tener un parto normal y que no quiere que le practiquen una cesárea. Dice que si la llevan, pasaría eso. Otra mujer carga en sus brazos a su bebé y habla en su lengua, wichí. Como ella no habla el castellano, su marido traduce. Cuenta que luego de dar a luz la separaron de su bebé. Que el bebé se fue sólo a Formosa y que ella se quedó en Ingeniero Juárez. No se explica cómo ni cuándo pasó. Todo es transmitido por un canal de noticias nacional en cuya agenda tienen muy poco lugar los derechos sexuales y reproductivos, y mucho menos, la cuestión étnica. 

Automáticamente se instala en la opinión pública nacional el peor de los escenarios: persecución, vulneración del derecho a un parto humanizado, vulneración de derechos humanos. La indignación vacía sobre la situación de las comunidades indígenas y la lástima etnocentrista desde la lejanía porteña no tardan en aparecer en twitter. Formosa es, otra vez, tendencia. El informe del medio de comunicación, que hace varios meses viene recortando la realidad de la provincia gobernada por Gildo Insfrán con fines netamente políticos, muestra una visión sesgada y oportunista de una problemática compleja y deja muchos baches sin cubrir. Pero también abre nuevos interrogantes sobre la distancia entre el sistema de salud y los pueblos originarios, incrementada en el contexto de pandemia. ¿Qué pasa en el oeste formoseño? ¿Qué pasa con la Policía? ¿De qué tienen miedo las embarazadas wichis? Las respuestas se construyen de una ida y vuelta que va del presente al pasado y termina en un presente continuo.

“Se escondieron de la Policía”

“Nosotros veníamos denunciando todos los atropellos. Primero viene cuarentena. Hubo fase 1 acá en Ingeniero Juárez y la gente hizo hisopado. Nosotros concientizamos a la gente que se hiciera hisopado pero después, cuando se hace el hisopado, en vez de ir a la mañana o llamar a las personas que tienen positivo, la policía hace otra cosa. A la una de la mañana, a las tres, a las cuatro, ellos van casa por casa  y llevan gente desde su cama, sin llevar ropa, nada, como delincuentes”, cuenta Ercilia Agüero, referente de la comunidad Barrio Belgrano de Ingeniero Juárez, en diálogo con LatFem

Ercilia habla en presente sobre un hecho que ocurrió en enero, antes de que el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti visitara Formosa, en el marco de las reiteradas denuncias por violación de derechos humanos que se dieron en el contexto de medidas sanitarias excesivamente restrictivas.

“Una de las mujeres que estaba con nosotras se preocupó porque la llevaron a su hija embarazada. Nosotras buscamos el paradero de la chica. Nos enteramos que estaba en aislamiento y que su bebé estaba en Formosa. Empezamos a averiguar y entonces empezamos a denunciar. Preguntamos al doctor Fernández que está a cargo del hospital y a la doctora Barrios. Fuimos a hablar con ellos. A parte de eso, nadie sabe dónde estaba la gente que llevaron en aislamiento y empezamos a preguntar”, relata Ercilia Agüero.

Según comenta, la Policía llegaba a cualquier hora y con mucha prepotencia a llevarse a la persona que había dado positivo. Muchas veces, sin que sus familiares sepan a dónde los llevaban. Cuando aislaban a todes, y no quedaba nadie en las casas, ocurrían saqueos. Al regresar, no encontraban nada. 

En enero, cuando Ercilia y otras compañeras exigieron respuestas ante los hechos de violencia y abuso de poder por parte de la Policía en la aplicación de las medidas sanitaria, las detuvieron. Ella estuvo cuatro días detenida en Las Lomitas, a 158 km de su localidad, en condiciones inhumanas por una protesta legítima. Luego la trasladaron a un centro de aislamiento donde estuvo 14 días incomunicada. Le sacaron el teléfono, nunca se lo devolvieron. Cuando volvió a Juárez y le dieron de alta, se enteró de que un grupo de mujeres de la comunidad habían ido al monte a refugiarse. “Ahí me encuentro esta situación, que se escondieron de la Policía”, dice.

En su relato, Ercilla menciona varias cuestiones que surgirán también en el de otros testimonios que prefirieron no ser nombrados: el maltrato de la policía, su rol protagónico en la cuestión sanitaria, la incertidumbre de la comunidad y la falta de información, la violencia, el miedo. Situaciones que también se dan en la localidad capital. Pero habrá algo más, cuya conexión con el todo es difícil de explicar: la violencia obstétrica. 

El monte como refugio

Desde que empezó la pandemia, la Policía de Formosa asumió un rol inesperado en el sistema sanitario implementado en todo el territorio: trasladar a las personas que ingresaban a la provincia hacia los centros de alojamiento preventivo, coordinar los grupos de WhatsApp de estos espacios, avisar a las personas el resultado de su hisopado, comunicarles que eran un contacto estrecho de alguien que dio positivo, ir a buscarlas a sus casas, hablar con les familiares cuando preguntaban por pacientes afuera de algún centro. De todas estas tareas se encargó esa fuerza de seguridad, además de las que le son propias. 

Este protagonismo –señala un agente sanitario de la comunidad originaria de Las Lomitas- es el eje del problema. “Los policías están adiestrados de otra manera, están adiestrados para delincuentes, matadores. No son enseñados de la parte de la salud, no están capacitados. Creo que por todo esto hubo gente que tuvo mucho miedo y se fue al monte. Tenían miedo que los encierren”, dice.  

El monte es hogar seguro y es refugio. Siempre, ante la adversidad, el lugar de acogida para las y los wichís es el monte. Cuando se decía que el virus estaba en Juárez, empezaron a moverse monte adentro, como acostumbran a hacerlo estas comunidades nómadas. Cuentan empleades del Hospital Distrital de Ingeniero Juárez que, cuando inició la búsqueda activa de casos en esa localidad, como aislaban a las personas en escuelas en la espera del resultado de su hisopado, muchas veces con otras, alejadas de su hogar y corriendo el riesgo de contagiarse en ese centro, tomaron como enemigo al hisopado. Ahí también, hombres y mujeres se fueron al monte. 

Ercilia cuenta que la violencia fue mermando en este último mes: “Se calmó un poco ya, la policía no entra a la comunidad. Pero hay hermanos wichí que se prestan pagados por ellos. Ellos entran y nos hacen asustar”. Por otro lado, señalan que tampoco hay más centros de alojamiento preventivo o de atención sanitaria en Juárez funcionando. Sin embargo, el miedo sigue ardiendo, como el abrazo del monte.

¿Qué pasó en Juárez?

Después del primer caso de coronavirus detectado en Juárez, terminando el año 2020, hisoparon a todo el personal de salud y de servicios del Hospital Distrital Eva Perón. En ese interín asumió el Dr. José Fernández como nuevo director del hospital, que quedó bloqueado cuando 17 trabajadores dieron positivo en los test de covid. Solo quedó en funcionamiento la guardia para cuestiones de emergencia y el resto de las prestaciones pasaron a realizarse en la EPES Nº 12 Mariano Moreno. 

El hospital de Juárez, que es donde se atienden casi todas las mujeres embarazadas de la zona por brindar servicio de ginecología y obstetricia, no volvió a abrir por completo. Tiempo después del bloqueo por cuestiones sanitarias, el director explicó al personal que el edificio permanecería cerrado “por refacciones”, dejando en segundo plano la pandemia. Recientemente, por pedido de las y los agentes de salud, algunas salas fueron habilitadas. Pero en enero, estuvo prácticamente inhabilitado. En ese contexto se dieron los casos denunciados.

En enero, trasladaron a un bebé recién nacido de Juárez al Hospital de la Madre y el Niño de Formosa por presentar problemas respiratorios. Su mamá se negó a hacerse el hisopado y entonces no fue trasladada. El bebé viajó sin su mamá, lo atendieron, le hicieron un test que dio negativo a coronavirus y lo regresaron a El Potrillo, con su madre que no habla español. Muchas mujeres del noroeste provincial sólo hablan su lengua materna. En febrero, otro bebé recién nacido (por cesárea) fue trasladado de Juárez a Formosa sin su mamá, que estuvo dos días sin noticias hasta que también la llevaron a ella. La mantuvieron aislada, porque llegaba de Juárez. El papá del niño no pudo ver ni a la madre ni al niño porque no quería hacerse un hisopado y el hospital no admitía visitas, salvo con un hisopado negativo. Cuando iban a trasladar al niño de regreso a Juárez, el papá, que estaba afuera del hospital, preguntó y supo que era su hijo. Pero no le dejaron viajar con él por el protocolo. 

A estos dos relatos tuvo acceso esta cronista. Dos experiencias traumáticas para quienes la vivieron y suficientes para instalar un temor general entre otras paisanas. Dos experiencias que deben leerse desde una matriz bastante más compleja que la de una persecución policial a embarazadas o cesáreas compulsivas.

“La búsqueda del monte de las mujeres para ocultarse ante la posibilidad de ser trasladadas a otros lugares para aplicarlas medidas de confinamiento sanitario, no es un hecho casual y aislado, debemos leerlos desde los parámetros lógicos y realistas: comunidades sumidas en la pobreza, indigencia, desconocimiento, con el manejo en muchos de ellos sólo de su lengua de origen, a lo que evidentemente se le agrega la falta de respeto a sus creencias, el destrato y la violencia policial ejercida hacia ellos, la ausencia de un Estado que vele por sus derechos”, denuncian en un comunicado la responsable de Mumalá en Formosa Alejandra Soto y la coordinadora provincial Barrios de Pie Beatriz Galeano. 

En esta línea, Antonio Nieva, dirigente de Libres del Sur en Formosa que lleva varios años de trabajo en el territorio, dice que la pandemia fue el escenario que visibilizó un problema estructural de violencia, discriminación y ausencia estatal. Una situación que debe leerse en una relación de opresor-oprimidos, que, en este caso, fue utilizada políticamente por un medio de comunicación  vinculado con la derecha política. “Existe una total desconfianza por tantos años de opresión –hacia la policía y hacia el sistema de salud- y la primera barrera que se presenta es el tema de la lengua”, agrega.

Fracturas 

En la salud pública de Formosa hay profesionales que trabajan o trabajaron con mucha pasión y dedicación en la salud sexual y reproductiva, sobre todo en las comunidades originarias. A estas personas, que en su mayoría son mujeres con formación feminista y de derechos humanos, la noticia de que había mujeres wichi obligadas a parir por una cesárea sin su consentimiento o que eran separadas de sus bebés, les sorprendió y dolió profundamente. Pero en lugar de seguir el camino propio de las autoridades del Gobierno Provincial, negarlo todo, buscaron los puntos de quiebre. 

No se le puede discutir a Gildo Insfrán la construcción de escuelas y hospitales en todo el territorio provincial. En El Potrillo hay un hospital con más de cincuenta agentes de salud y tres laboratorios donde se atienden a más de 7000 personas de la zona. Pero las fracturas están en el sistema.

Es evidente que falla algo básico en la comunicación entre efectores de salud y pacientes, eso que pone en duda el entendimiento sobre la necesidad de trasladar a un niñe que corre riesgos o de hacer una cesárea cuando la circunstancia lo requiera, sobre el porqué de un hisopado. Que pone en jaque el consentimiento cuando las partes acuerdan desde representaciones diferentes. 

De la integración habla Ángel, un agente sanitario de la zona, cuando cuenta que ni bien empezaban a trabajar con la salud sexual y reproductivas de las mujeres, “ellas no se controlaban, pero ahora sí. Fue un proceso”. Del quiebre habla Ercilia cuando explica que las mujeres no quieren tener un parto por cesárea “porque cuando les hacen, se consideran inválidas. Porque ellas son las que buscan agua para su casa, atender su hijo, para ellas se quedan inválidas”; y cuenta que tras intentos por buscar explicaciones y ante la falta de respuestas, la confianza se fue perdiendo.

Existe un problema evidente en el diálogo intercultural, un quiebre que no sólo se ancla en la lengua. Es el paradigma de interpretación. Una rajadura entre la comunidad y el sistema de salud que viene hace tiempo pero la pandemia le puso el peso para romperla. 

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Después del reportaje de las mujeres que transitaban su embarazo en el monte por miedo al contagio, al hisopado, a la cesárea, el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa repudió “una nueva operación mediática” en su contra y abrió una investigación de los hechos denunciados, “a fin de que exista claridad y verdad sobre los mismos”. Dos fiscales se acercaron al barrio Belgrano de Ingeniero Juárez y hablaron con Ercilia Agüero. 

“Uno de Formosa y el otro de Lomitas. Vinieron a corroborar lo que dijimos en la tele. Les dije que es verdad, que hay mucha desnutrición. Hay mucha injusticia. Ellos están acostumbrados a tratarnos como animales, no se preocupan por preguntar”, dice.

Hay una disociación, entre todas las que existen, entre quienes prenden la llama, para quién y quiénes se queman. Hace dos semanas que Formosa está prendida fuego. El fuego es cada vez más grande, ciega, ensordece. De un lado, por la derecha, siguen tirando leña. Desde otros puntos, quieren apagarlo con viento. Soplan ciegos, sordos y sin pausa, y lo enaltecen. En el medio y alrededor, hay personas mirando la tierra, buscando los huecos todavía sanos, atajando el aire para no respirar basura, metiéndose monte adentro, parpadeando seguido para no dejarse atrapar por el baile de la llama. Una llama perversa que tienta, como si quemarlo todo se tratara de un juego. 

“Siempre que hablamos, nos metemos en problemas. Hay hermanos nuestros pagados por el Gobierno que desmienten. Pero la verdad sale”, cierra Ercilia Agüero.