Margarette May Macaulay, la relatora sobre los Derechos de las Mujeres, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habló con preocupación sobre el aumento de los ataques contra las mujeres en toda la región. Fue el último viernes en el marco de la audiencia “Denuncias de asesinatos de mujeres por razones de género en Argentina”. Esta audiencia se abrió de oficio por iniciativa propia de la CIDH en el contexto del 163 Período Extraordinario de Sesiones que se llevó a cabo entre el 3 y el 7 de julio de 2017 en Lima, Perú.
“Hay un aumento en los ataques contra las mujeres en toda la región”, dijo la comisionada jamaiquina ante los organismos de la sociedad civil y representantes del Estado argentino. “Más de 50 asesinatos en 43 días de este año. Es mucho femicidio, demasiado. Las cifras de mujeres que están muriendo muestra una regresión bastante seria ”, expresó con los documentos que le acercaron las organizaciones de la sociedad civil en la mano. Cuando expuso, la titular del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), Fabiana Túñez, dijo que el gobierno argentino tiene el tema en el “tope de su agenda política”. También aseguró que el CNM aumentó su presupuesto en un 485 por ciento respecto 2016. Sin embargo desde la sociedad civil denunciaron dos veces un recorte de ese presupuesto en lo que va del año. El primer ajuste se reparó, pero el segundo aún no. Y a su vez ese supuesto aumento no tiene en cuenta la inflación que sufre el país, por ejemplo.
“El Estado debe recordar que la violencia doméstica no es un tema privado y la capacitación a los funcionarios es urgente”, dijo la comisionada. También pidió a los representantes del Estado argentino que mejores su sistema de recolección de datos. Y preguntó: “¿Qué están haciendo para informar al público sobre el acceso a la justicia?”. Dijo que conocía sobre la línea telefónica 144 que brinda asistencia en todo el país, pero reclamó que se difunda esta línea de ayuda. “La sociedad civil tiene que seguir presionando al Estado”, dijo mirando a las referentes de los organismos.
La primera en exponer fue Natalia Gherardi, titular de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Hizo un recorrido sobre las dificultades del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) de Argentina, la necesidad de jerarquización de este órgano dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y la dificultad del Estado argentino en la producción de datos sistemática sobre violencia contra las mujeres y femicidios. “Es necesario llevar adelante una encuesta nacional. En el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019) está indicada para junio de 2017, sería importante conocer los avances”, señaló. Y en esa misma línea destacó Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM) que se implementó en 2012. “Sería bueno conocer avances”, dijo.
A su vez remarcó con preocupación que el 80 por ciento presupuesto del CNM está destinado a la construcción de 36 hogares refugios. “Un dato que no guarda proporción con las otras áreas que tiene que cuidar”, dijo.
Gherardi habló, además, de la percepción de las violencias entre las mujeres y citó, alarmada, una encuesta realizada en la Ciudad de Buenos Aires en la que se dio a conocer que 3 de cada 10 mujeres sigue creyendo que la violencia machista es un problema privado en la que las terceras partes no tienen que intervenir.
En ese sentido, puntualizó en la necesidad de políticas públicas para trabajar en la prevención. Y mencionó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, creado por ley en 2006, que no se implementa en todo el país con igual intensidad y extensión. “Nos preocupa una iniciativa del ejecutivo de libertad religiosa que puede derivar en que un docente no transmita contenidos de la Educación Sexual Integral”, dijo
En su exposición, Gherardi hizo énfasis en la necesidad de integralidad de las políticas el Estado y la implementación del cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia machista, una legislación propuesta desde el colectivo Ni Una Menos, que se convirtió en ley hace ya dos años pero la gestión de Mauricio Macri aún no puso en marcha. Cuando fue su momento de hablar, la subsecretaria de acceso a la Justicia María Fernanda Rodriguez contestó que el patrocinio jurídico gratuito todavía está en proceso de implementación. Y aportó que las pulseras electrónicas para monitorear agresores-otra de las propuestas hechas desde el colectivo Ni Una Menos en 2015- fueron entregadas en 5 provincias: Córdoba Mendoza Chubut Salta y Buenos Aires. Se entregaron un total de 120 pulseras.
Además, la titular de ELA consultó a los representantes del Estado argentino sobre la extensión y cobertura del programa Ellas Hacen que da recursos económicos para mujeres en situación de violencia. Cuando fue su turno para hablar Fabiana Túñez, titular del CNM, aseguró que ese programa continúa.
Sobre la actuación del sistema de administración de justicia, la titular de ELA mencionó la necesidad de que se valorice la palabra de la mujer. Y dio datos sobre el contexto en el que se dan los casos de violencia machista: el 70 por ciento de las situaciones de violencia psicológica y el 90 por ciento de los casos de violencia física se dan sin la presencia de otras personas. Por lo tanto, la palabra de la mujer que denuncia es fundamental, como así también en los casos de mujeres presas por situaciones de legítima defensa.
Gherardi también hizo foco sobre los femicidios judicializados que reciben condena: menos del 10 por ciento de aquellos ocurridos en 2016 habían recibido sentencia condenatoria. Su exposición fue en representación de ELA pero también de Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y Fundación Siglo 21.
Migrantes
“En Argentina el 53 por ciento de la población migrante somos mujeres”, dijo Ana María Tellez, de Asociación Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUNRA) cuando fue su turno para hablar. “Vemos con preocupación medidas que refuerzan la discriminación y nos exponen aún más a la violencia de género”, resaltó. Esta organización presentó ante la CIDH un informe con 40 asesinatos de mujeres migrantes desde 2009
En su exposición hizo hincapié en las medidas regresivas en la política migratoria, como el decreto 70 de 2017.”Se aumentaron las causales de expulsión y las migrantes no hacen las denuncias correspondientes cuando sufren violencia por miedo a ser expulsadas”, dijo Tellez.
Además, cuestionó la falta de una mirada interseccional en el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres . “Hay un desconocimiento de nuestra situación”, dijo y señaló que el Plan “homogeneiza e invisibiliza las condiciones diferenciales de las mujeres”.
