No solo el fuego avanza en las sierras de Córdoba. Los incendios que recorren bosques nativos, con toda su flora y su fauna, y zonas pobladas, ponen en evidencia la falta de prevención y políticas de protección ambiental efectivas por parte del gobierno provincial, los intereses de poderes económicos avivados por el actual gobierno nacional, así como sospechas y confrontaciones entre los actores que enfrentan el fuego. 

Mientras tanto, en el combate de las llamas que ya lleva una semana cientos de personas trabajan sin descanso y las redes de solidaridad se activan en las comunidades. A los esfuerzos de 800 bomberos voluntarios se suman las brigadas forestales integradas por vecinxs organizadxs para enfrentar los frecuentes incendios en sus regiones. Por otro lado, en los últimos días, el Ejército Argentino se hizo presente y este miércoles, el presidente Javier Milei junto al gobernador Martín Llaryora sobrevolaron las zonas más afectadas en helicóptero.

En lo que va del año, ya son alrededor de 70 mil las hectáreas quemadas. Los funcionarios provinciales reconocen que el origen de los incendios es intencional. Especialistas, brigadistas, y pobladores locales coinciden en que el origen del fuego responde al interés de sectores productivos y concentrados de avanzar sobre el monte nativo.

Maria Laura Daniele es integrante de Sacha Brigada Comunitaria y, recién llegada de combatir el fuego en San Marcos Sierras, señala: “Nos parece sumamente extraño que el fuego se empiece a prender en lugares tan distantes, sin continuidad, la sensación es que lo están prendiendo por todos lados. Los incendios tienen gente poderosa y anónima, detrás”. Por su parte, Nicole Tyler, de las brigadas Chiviquín y Fuegas, de la zona de Sierras Chicas, agrega: “Sabemos que el incendio es la herramienta más rápida para el desmonte y luego instalar proyectos inmobiliarios, agroindustriales, minería, o las mismas autovías. Después de los incendios, viene todo eso”.

Por otro lado, Damián, maestro rural de San Esteban que también está en la línea del fuego, expresaba en un medio televisivo: “Estamos solos, no damos más, los bomberos tampoco dan más, está todo el pueblo evacuado. No entendemos por qué no apagan con avionetas, esto se puede evitar. Esta gran ausencia es incomprensible”. En ese contexto, entre vecinxs y brigadas comunitarias reclaman que se declare la Emergencia Nacional para recibir más recursos, mientras crecen las denuncias y sospechas contra el accionar del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes de Córdoba (ETAC), una entidad provincial que despierta polémica desde su creación.

La mecha

Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios son provocados por la acción humana. En el caso de los actuales incendios en Córdoba, las principales sospechas apuntan al interés de sectores inmobiliarios por avanzar en la región de Punilla, la más afectada y donde en los últimos años se avanzó en la construcción de una autovía resistida por buena parte de la población local. A ello se suma la presión ganadera, así como la agroindustria y la minería. Las dos personas detenidas hasta ahora por ser los supuestos iniciadores del incendio mayor son pobladores de la zona pero no ha habido avances para identificar a lo autores intelectuales.

El primer fuego ocurrió en Dolores, cerca de Capilla del Monte, y logró contenerse en el momento, pero el incendio se reactivó y, a partir del jueves pasado, comenzó a expandirse. Según habitantes de la zona, esta situación fue aprovechada para prender focos en otros lugares de la región. Un brigadista de Punilla, que pide reservar su identidad, cuenta que entre las localidades de La Cumbre y Capilla del Monte se registran incendios intencionales con mucha frecuencia, donde varias veces han acudido los bomberos. Pero esta vez, por la magnitud sumada al nivel de sequía, las altas temperaturas y los fuertes vientos, no lograron contenerlo. 

Así fue que las llamas avanzaron en diferentes direcciones: hacia el este de Capilla del Monte, el cerro Uritorco y la zona de Ongamira, y para el sur hacia La Cumbre, desde donde cruzó hacia la región de Sierras Chicas, en La Granja. El fuego avanzó también hacia el río Pinto, el río Quilpo y la localidad de San Marcos Sierras. Otros focos simultáneamente crecieron en las regiones de Calamuchita y Chancaní.

Este incendio, sin embargo, no es inédito en la provincia. De hecho, en el año 2020 ocurrió un récord histórico, con más de 300 mil hectáreas quemadas. Desde el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, el Doctor en Ciencias Biológicas Juan Argañaraz destaca que el fenómeno actual “llama la atención porque rodea zonas urbanas, con muchas viviendas afectadas, y las imágenes impactan”. Y advierte que la gravedad de la situación “es que tenemos mucha superficie quemada anualmente”, con crecientes dificultades de recuperación ambiental.

Focos y sospechas

Las brigadas forestales comunitarias, que hoy suman alrededor de veinte en toda la provincia, comenzaron a multiplicarse justamente a partir del 2020, cuando en plena pandemia muchos pobladores decidieron actuar frente a los incendios. “Viendo la inoperancia y desidia del sistema, decidimos organizarnos y tomar acción por nuestra cuenta”, dice Nicole.

Lxs brigadistas señalan que buscan articular con todas las instituciones y pobladores para hacer más efectivo el trabajo, pero explican que se diferencian en los objetivos: “Para bomberos lo que tiene prioridad es viviendas y campos privados, en cambio desde las brigadas vamos específicamente al monte”, aclara Nicole desde Chiviquín.

Por estos días, la conflictividad en el territorio está focalizada en la ETAC, entidad de la que circulan testimonios y sospechas por la técnica de contrafuego que están utilizando. Maria Laura Daniele dice al respecto: “No queremos generalizar, pero muchas personas han visto en algunas dotaciones y lugares que las herramientas de contrafuego de ETAC no se están usando como corresponde, entonces un fuego que se prende para frenar, lo magnifica. Si ven que no está funcionando ¿por qué lo siguen haciendo? Eso es lo que nos parece sospechoso”. La mirada de Nicole Tyler sobre este equipo es similar: “La mayor parte lo que están haciendo no son contrafuegos: se ve que prenden y se van, es tremendo. Los mismos vecinos empiezan a filmar, denunciar, por eso salió en las redes”.

Esta entidad ya despertó polémica desde sus orígenes, en el año 2021. Por un lado, la Federación de Bomberos Voluntarios rechazó su creación por parte del gobierno provincial. Por otro, la ETAC estaba bajo la jurisdicción de Diego Concha, ex director de Defensa Civil, que hoy se encuentra en la cárcel luego de ser condenado, el mes pasado, a prisión perpetua por abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña, una bombera que se quitó la vida en 2022, semanas después del ataque. 

“Si bien desde las brigadas tuvimos un gran alivio cuando se condenó a Concha y sentimos que se hizo justicia, sabemos que esto es mucho más grande que él”, expresa Nicole, integrante de Fuegas Brigadistas Organizadas. Y agrega: “Es delicado denunciar porque hay miedo, es un tema difícil y requiere gran organización social y comunitaria”. 

La culpa no es del bosque

El pasado agosto, representantes de la Sociedad Rural de Córdoba declararon en medios de comunicación que las causas de los fuegos reiterados en la provincia son las protecciones que impone la Ley de Bosques. Ayer, en medio de los incendios, se expresaron en este sentido en un comunicado: “Llamamos a una profunda reflexión colectiva sobre el ordenamiento territorial de la provincia (…) para evitar semejantes verdaderas catástrofes ambientales como esta en el futuro. Hace años que bregamos por esto desde nuestras entidades”. 

Ante ello, distintos investigadores y profesionales en ciencias ambientales acaban de publicar un análisis crítico sobre el estudio en que se basa la Sociedad Rural de Córdoba. Allí expresan su “preocupación por la interpretación errónea y sesgada de los datos publicados en el informe”. Uno de los autores de ese análisis es el Doctor en Ciencias Biológicas Juan Argañaraz, quien investiga la evaluación del riesgo de incendios. Respecto de las declaraciones de las entidades agropecuarias afirma:

Algunas leyes vigentes, de cumplirse y controlarse, permitirían detener los incendios intencionales: tanto la Ley de Bosques a nivel nacional y provincial, como la Ley de Manejo de Fuego impiden modificar el nivel de conservación del monte y el uso de suelo en tierras quemadas. Sin embargo, la abogada Marcela Fernández, especialista en ambiente, alerta: “Hay un doble discurso, el gobernador (Martín Llaryora) dice que no se va a modificar el uso de zonas incendiadas pero en catastro se ven las modificaciones. Desde la Secretaría de Ambiente arman los dictámenes a la medida de los desarrollistas”.

Las políticas del gobierno nacional favorecen esta realidad. Ya el presidente Javier Milei había anunciado la derogación o reforma de la Ley de Manejo del Fuego por ser “una violación a la propiedad privada”. Si bien esto aún no ocurrió, la Ley Bases eliminó el fideicomiso para la administración del Fondo Nacional de Manejo del Fuego. Marcela Fernández advierte que la desprotección se agravará con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que el gobernador Llaryora ya anunció que adherirá: “Es lo esperable en esta concepción absoluta del derecho de propiedad privada, pero este derecho no es ilimitado en el Código Civil, está en función de la sociedad, del bienestar, de la vida”.

Mientras tanto, por estos días, diputados nacionales cordobeses presentaron un proyecto de ley para endurecer las penas por provocar incendios. Pero Fernández advierte que esto no es lo central: “Tenemos el delito de estrago por incendios en el Código Penal, el tema es que no lo investigan. Los responsables tienen nombre y apellido y tenemos una justicia cómplice que los protege; no puede ser que no haya causas por cada incendio que ocurre”.  

Detrás de la situación que se vive por estos días en Córdoba, se encuentra una política histórica de los gobiernos provinciales que promueven el avance del modelo agroindustrial y de megaproyectos inmobiliarios con sus graves consecuencias ambientales. Así, entre llamas y cenizas, se reavivan los cuestionamientos de cada vez más comunidades afectadas por la destrucción de un territorio ya profundamente degradado, donde solo queda entre el 3 y el 5 por ciento de su bosque nativo.